Sentencia 42075 de mayo 28 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL6916-2014

Rad.: 42075

Acta: 18

Magistrada Ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá D.C., veintiocho de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación.

Pretende la parte demandante que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, «en cuanto modificó en perjuicio del demandante el numeral primero de la sentencia del Juzgado y en cuanto fijó la cuantía mensual de la pensión en $1.062.481.00 a partir de marzo de 2009», para que, en sede de instancia, reforme la del a quo «en el sentido de fijar en la suma de $417.246.00 (sic) la cuantía de la mesada desde el mes de octubre de 1995 y se incremente sobre esa base el valor de la condena contenida en el numeral 1 (reajuste pensional o retroactivo pensional)» y se provea sobre «las costas de este recurso y por las de la segunda instancia. Las de la primera instancia deben quedar como las ordenó el juzgado».

Con fundamento en la causal primera de casación propuso dos cargos, que merecieron réplica y que conforme lo permite el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998 serán estudiados conjuntamente.

VI. Primer cargo.

Atribuye a la sentencia recurrida la violación de la ley por la vía directa, bajo la modalidad de aplicación indebida, del «artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 21, 31 y 33 del mismo estatuto, 53 de la Constitución Política y 20, 21, 41 y 46 del Decreto 692 de 1994; y por la consecuencial aplicación indebida de los artículos 33 de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto 758 de 1990 (Acu. 49/90, arts. 12 y 21)».

En su sustento y luego de «resumir» los hechos que dio por demostrados el tribunal, dijo:

El cargo denuncia la sentencia del tribunal pues al establecer el período que utilizó para encontrar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, tuvo en cuenta un espacio de tiempo de 453 días, lo cual resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con lo que dispone el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, pues el tiempo que hace falta para adquirir la pensión debe tomarse en forma completa y en el caso de los afiliados al Seguro Social debe comprende hasta la última semana de cotización, hasta la desafiliación, por lo que aquí el período a indexar es de 453 días y no de 415, el de 415, el que erradamente utilizó el sentenciador.

Importa observar que ese error está en la propia sentencia del tribunal y nada tiene que ver con la cuestión fáctica, pues no fue consecuencia de la falsa lectura de ninguna prueba ni de la pretermisión de alguna de las que obran en el proceso. Y en el asunto se propuso oportuna y regularmente por el mecanismo previsto por el artículo 310 CPCP(sic) y no fue resuelto satisfactoriamente, eso procesalmente significa que la casación es la única opción para la impugnación de la sentencia de segunda instancia.

VII. Segundo cargo.

Por la senda de puro derecho, acusa la sentencia recurrida de haber «violado directamente», por interpretación errónea, «el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 4º y 53 de la Constitución Política, y por la consecuencial aplicación indebida de y (sic) por la consecuencia aplicación indebida (sic) de los artículos 33 de la Ley 100 de 1993 y 1º del Decreto 758 de 1990 (Acu. 49/90, arts. 12 y 21)».

En sustento de la acusación aduce que el Tribunal debió aplicar el «IPC mensual acumulado» y no el «IPS Nacional e Índices», ya que aquel es más favorable para el trabajador.

Apunta que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no indica cuál de esas «dos certificaciones aludidas es la que debe utilizarse».

Explica que el IPC mensual acumulado anualmente «es la variación mes a mes de los precios que afectan la canasta familiar y con el cual se incrementan las pensiones a 1º de enero de cada año» y que el IPC mensual nacional acumulado «es la variación de precios total ponderado nacional y no solamente comprende los precios de la canasta familiar sino una gama adicional de productos».

En consecuencia, precisa que conforme al principio de favorabilidad y condición más beneficiosa, se debe optar por la interpretación más favorable del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, agrega que «cuando el tribunal actualiza los devengos del espacio de tiempo señalado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deja por fuera de la actualización monetaria el último año que ha debido indexar, y por ende no reajusta la medida de tiempo en el 100% del período ordenado, y, además, no ordena pagar indexado el resto del año en que se reconoce la pensión. En este caso del demandante, no se indexan los meses posteriores al reconocimiento de la pensión».

VIII. La réplica.

Frente al primer cargo, expone la censura que el recurrente se equivocó al señalar que el tribunal no efectúo la indexación respecto a 453 días, por cuanto del cuadro que aparece en la sentencia se desprende que la realizó sobre ese número de días. Agrega que el mandato del artículo 13 del Acuerdo 49 de 1990 según el cual para la liquidación de la pensión de vejez «se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo», no debe aplicarse en su literalidad «pues lo impide los trámites administrativos que imperativamente las administradoras de pensiones deben cumplir para reconocer la prestación y el plazo que la ley les concede».

En lo concerniente a la segunda acusación, asevera que la decisión del tribunal de utilizar el índice de precios al consumidor anual expedido por el DANE se ajusta a La actualización que regula el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

IX. Se considera.

1. Conviene destacar en primer lugar, las contradicciones en que incurre el recurrente, pues en el párrafo en donde se concreta la acusación, se menciona que el período que utilizó el Tribunal para determinar el ingreso base de liquidación fue de 453 días, y a su vez —se dice— que no utilizó tal lapso sino 415 días, pero que «el período a indexar es de 453 días»; todo lo cual hace que el ataque sea inane por desconocer un principio básico de la argumentación (de no contradicción) cuya expresión ontológica es que «nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido».

En consecuencia, el primer cargo se desestima.

2. En lo relacionado con el segundo reparo orientado a que el tribunal se equivocó en la indexación de los salarios bases de cotización pues utilizó como referente para realizar tal procedimiento el «IPC mensual nacional acumulado», siendo que debió tomar el «IPC mensual acumulado anual», debe precisarse lo siguiente:

El inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas beneficiarias del régimen de transición que les faltaré menos de 10 años para adquirir el derecho es:

«[…] el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE» (Negrillas propias de la Sala).

Siguiendo los parámetros legales referenciados, se tiene que para calcular el ingreso base de liquidación (IBL) deben promediarse los ingresos base de cotización actualizados anualmente de acuerdo a la variación del IPC que certifique el Departamento Nacional de Estadística, DANE; y, resulta que de esas certificaciones que emite tal entidad, sirven para efectos de actualizar los salarios base de cotización las siguientes:

i) El Índice de Precios al Consumidor (IPC) –Índices– Serie de empalme.

ii) El Índice de Precios al Consumidor (IPC) (variaciones porcentuales).

Lo anterior significa que los ingresos base de cotización pueden actualizarse utilizando cualquiera de los dos siguientes métodos:

a) Con base en la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior, es decir, incrementando anualmente los ingresos bases de cotización hasta llegar a la fecha de la última cotización realizada [operación que se realiza con el certificado Índice de Precios al Consumidor (IPC) – (variaciones porcentuales)].

b) Multiplicando el salario base de cotización por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor del acumulado a diciembre de la anualidad anterior a la fecha de causación de la pensión entre el índice inicial del acumulado al mismo mes de la anualidad anterior a la fecha de cotización de cada salario base [operación que se realiza con el certificado de Índice de Precios al Consumidor (IPC) – Índices –Serie de empalme)].

Cabe anotar que independientemente del método que se utilice para actualizar los salarios base de cotización, siempre que sean aplicados correctamente, arrojan el mismo resultado; pues, la diferencia entre uno y otro radica en que el segundo permite la actualización en un solo paso, es decir, no es necesario realizar cálculos de actualización de cotizaciones de cada anualidad, como ocurre con el primer método.

La Sala de Casación Laboral a partir de la sentencia CSJ SL, 6 dic. 2007, rad. 32020, por razones prácticas, ha optado por el segundo método, expresado en la siguiente fórmula:

42075-1
 

De donde:

VA = IBL o valor actualizado

VH = Ingreso base de cotización

IPC Final = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad de la fecha de causación de la pensión.

IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad para cada ingreso base de cotización.

Conclúyase entonces, que no pudo el Tribunal haber incurrido en error, pues utilizó los indicadores nacionales certificados por el DANE —que conforme al artículo 191 del Código de Procedimiento Civil son un hecho notorio—, que reposan en la página de internet www.dane.gov.co, de acceso libre al público, y que son los únicos que sirven para los efectos de la actualización de los salarios de que trata el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, en lo concerniente a que el juez colegiado dejo por fuera de la actualización monetaria el último año que ha debido indexar -y que la Sala entiende que es el que cobija el período transcurrido entre el 1 de enero de 1996 y el 28 de febrero del mismo año-, se debe aclarar que el Tribunal sí actualizó los salarios base de cotización de ese período, solo que lo hizo anualmente —y no mes a mes como lo propone el recurrente—, utilizando para el efecto el método indicado en el literal b), es decir, tomando como IPC final, el acumulado a diciembre de la anualidad inmediatamente anterior a la fecha de causación de la pensión, y como IPC inicial, el acumulado a diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha del salario base de cotización, operación que se ajusta a la disposición legal estudiada y a la doctrina de esta corporación.

Por lo expuesto, el segundo cargo tampoco prospera.

Dado que hubo réplica, las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos ($3.150.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de abril de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso adelantado por Humberto Buriticá Lemos contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».