Sentencia 42086 de julio 4 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42086

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 23

Bogotá, D.C, cuatro de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

La inconformidad del recurrente yace en que se equivocó el tribunal, frente a las normas enlistadas como objeto de la violación, en tanto ninguna contempla la obligación en cabeza de las administradoras de pensiones, de asumir el reconocimiento y pago de la pensión, cuando quiera que el empleador no haya cumplido con su obligación de pagar los aportes al sistema y la administradora no hubiere adelantado las gestiones de cobro pertinentes.

Al respecto, en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala precisando, como en este caso se impone, que el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modifica el 13 de la Ley 100 de 1993, señala que no se podrá acceder a la pensión si lo acreditado no corresponde “a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados”, por manera que si se configura cualquiera de las dos condiciones, esto es, la prestación de los servicios por el tiempo estipulado en la ley, o se tienen las cotizaciones también legalmente establecidas, se podrá acceder a la pensión.

Ello es así en criterio de la Corte, porque tal y como lo adoctrinó en sentencia de 30 de septiembre de 2008, radicado 33476, la cotización se origina “con la actividad como trabajador, independiente o dependiente”. Con otras palabras, los aportes al sistema son consecuencia inmediata de la prestación del servicio en cuyo pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras.

No se trata, como lo sugiere la censura, que la Corte avale el reconocimiento y pago de pensiones a cargo, en este caso del Instituto demandado, desconociendo la obligación del empleador de efectuar las cotizaciones. A la conclusión que cuestiona el recurrente, ha llegado la corporación por el ejercicio hermenéutico de las normas que armónicamente integran el sistema e imponen obligaciones a empleadores y administradoras, para garantizar el derecho a la pensión de los trabajadores, así como para garantizar el equilibrio financiero del sistema en el que insoslayablemente tienen interés las administradoras, no solo para efectivizar su funcionamiento en beneficio propio, sino además y como valor o principio supremo, se itera, para garantizar a sus afiliados el pago de las prestaciones a su cargo. Por todo lo anterior, se impone a las administradoras de pensiones la ineludible obligación de iniciar las acciones de cobro pertinentes, cuando el empleador se sustraiga de su cancelación o de su pago oportuno.

Para el cumplimiento de esa gestión, el sistema de seguridad social le otorgó a las administradoras herramientas jurídicas suficientes, desde el momento mismo en que se causa la cotización, para desplegar control, requerir a los morosos e iniciar acciones de cobro, además de contemplar en su favor, intereses o multas, y para el caso específico del Instituto de Seguros Sociales la facultad de adelantar un juicio de jurisdicción coactiva.

Es por lo anterior, que esta Sala de la Corte ha reiterado, que concurriendo las obligaciones antedichas en empleadores (pago de aportes) y administradoras (cobro de aportes en mora), su incumplimiento no puede afectar al afiliado, que habiendo cumplido con lo propio, esto es, trabajo y cotización descontada por su empleador, se vea avocado a no percibir el derecho pensional por razones no atribuibles a él.

De otra parte, en lo que respecta al Decreto 2665 de 1988, cuya vulneración también acusa la censura, ha de señalarse que conforme se lee en la sentencia recurrida, el tribunal lo interpretó (segundo cargo), y lo aplicó en debida forma (tercer cargo), pues sus reflexiones no solo son acordes con la reiterada jurisprudencia de esta Sala, sino también son exactas en su literalidad, dado que al efecto trascribió lo adoctrinado en la sentencia del 22 de julio de 2008 radicado 34270, que la Corte ahora ratifica y reitera al no tener nuevos elementos que lleven a rectificarla.

Ahora bien, si de lo que se trata es, como lo afirma el impugnante, de la vulneración del artículo 12 del citado Decreto 2665, que en su criterio ha debido tener aplicación, y no fue tenido en cuenta por el ad quem, estima la Sala que tampoco tiene fundamento por razones diferentes.

Una, porque de su texto emana sin dubitación alguna, que la mora en el pago de los aportes exime al Instituto de Seguros Sociales de la obligación de otorgar las prestaciones económicas propias de los seguros de IVM y las trasfiere al empleador, salvo cuando se trate de prestaciones ya causadas, causación que en el sub lite, dada la vía de ataque elegida, no es objeto de discusión, ya que como lo dio por establecido el ad quem el actor al 1º de agosto de 2004, cuando cumplió 60 años tenía 837,8571 semanas cotizadas, a las que sumó 668,5714 causadas durante la vigencia del contrato de trabajo que lo ligó con Agrofil Ltda. desde 16 de junio de 1980 hasta el 30 del mismo mes de 1993, y cuyo pago estaba en mora por culpa de empleador, quien solo hizo los aportes por los primeros 15 días del contrato de trabajo y en tanto que el Instituto de Seguros Sociales, de allí en adelante no adelantó las gestiones de cobro pertinentes.

No está por demás destacar, como lo dijera la Corte en la sentencia del 9 de septiembre de 2009, radicado 35211, que la cotización se causa “en razón de que el afiliado prestó el servicio”, momento en el cual surge para la administradora de pensiones un crédito en su favor, que en caso de no pago, a más de los intereses, le otorga el derecho y, vale decir, la obligación, de iniciar los trámites tendientes al recaudo efectivo de la cotización.

Otra, porque la Corte en la sentencia que cuestiona el recurrente (rad. 34270, jul. 22/2008), no se refirió específicamente al título V del Decreto 2665 de 1988 como lo sugiere la censura, sino que en alusión integral y armónica a ese estatuto afirmó, que se “deben tener por válidas transitoriamente las cotizaciones hasta tanto no se dé por calificada de incobrable la deuda por aportes”, previo trámite que, paso a paso, conforme al mismo decreto explicó en la Sentencia 35777 del 19 de mayo de 2009, también citada por el recurrente.

Dijo en esa providencia esta Sala, que la declaración de incobrable de la deuda por aportes, una vez surtidos los pasos explicados, tendría como efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 75 ibídem, que las semanas en mora no se tendría como cotizadas, ni se acumularía para efectos de las prestaciones, frente a lo cual precisó, con meridiana claridad, que mientras falte “esa declaración las cotizaciones siguen gravitando en la contabilidad de las cotizaciones del afiliado”.

En otras palabras, si no hay una gestión de cobro, no puede existir la declaratoria de “deuda incobrable” y por contera, no se surten los efectos del ya citado artículo 75 del Decreto 2665 de 1988, razones suficientes para declarar impróspero el alcance subsidiario de la impugnación, encaminado a que una vez casada la sentencia, se imponga condena al pago de la pensión en forma provisional.

Como quedó dicho a espacio, y no es objeto de discusión en esta sede, no aparece “demostrado en el plenario que el Instituto de Seguros Sociales realizó las diligencias pertinentes tendientes al cobro de tales cotizaciones como lo señala la ley”, pese a que el empleador solo canceló 15 días y se encuentra en mora desde el año 1980; de modo que tal y como se coligió en la alzada, “[e]l número días no pagados por el empleador Agrofil Ltda., corresponde a un total de 4.680 días, es decir, 668,5714 semanas, que sumadas a las efectivamente cotizadas da un total de 1.506,4285 semanas, las que superan por demás las 1000 exigidas en cualquier tiempo por el Acuerdo 49 de 1990”.

En suma es dable concluir que, no se configuró en la sentencia acusada, ninguno de los yerros jurídicos que le endilga la censura, toda vez que como lo dijo el ad quem, el actor acreditó el requisito de la edad y más de “las 1000 semanas exigidas en cualquier tiempo en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990”, normativa que regula la pensión de vejez deprecada, dado el régimen de transición que ampara al recurrente.

Lo expuesto en precedencia ratifica la línea jurisprudencial que ha venido sosteniendo esta Sala, desde la sentencia del 22 de julio de 2008, radicado 34270, reiterada entre otras, en las del 19 de mayo y 9 de septiembre de 2009, radicados 35777 y 35211, respectivamente, sobre el tema debatido en el presente caso

Por lo visto, la acusación contenida en los tres cargos propuestos no puede prosperar.

Como no hubo réplica, sin costas en sede de casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 26 de marzo de 2009, en el proceso ordinario que en contra del Instituto de Seguros Sociales adelantó Israel Molano Acosta.

Sin costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».