Sentencia 42181 de octubre 26 de 2010

 

Sentencia 42181 de octubre 26 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 42181

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Acta 28

Bogotá, D.C., veintiséis de octubre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

La controversia se centra en determinar las normas que regulan la prescripción de los factores salariales que hacen parte del IBL, al momento de liquidar el monto de la pensión de jubilación del actor reconocida a partir del 1º de junio de 1994.

El ad quem para resolver el asunto sometido a su consideración fundamentó su decisión en las preceptivas del Código de Procedimiento Laboral laborales(sic) que estipulan los términos de prescripción y en las sentencias proferidas por esta corporación con radicación 19.557 del 15 de julio de 2003 y 25.426 del 22 de agosto de 2005.

Considera el censor que el sub lite debió resolverse a la luz de las normas del Código Contencioso Administrativo, al ostentar el actor la calidad de empleado público.

Yerra el censor al formular en acusar al mismo tiempo la infracción directa y la interpretación errónea de los artículos 36 y 136 del Código Contencioso Administrativo, pues son excluyentes, toda vez que, en la primera se predica la no aplicación por parte del ad quem de una norma que gobierna un caso específico; y la segunda se acusa cuando habiéndose aplicado la norma correcta el tribunal le da un alcance que no contiene la misma.

Como el cargo está dirigido por la vía directa se ha de partir de los supuesto fácticos de la sentencia del ad quem; y en ningún momento este asumió que fuera funcionario público; y si se admitiera que lo que se controvierte es la calificación tácita de trabajador oficial, nada indica el cargo de por qué un cadenero III al servicio del Ministerio de Obras Públicas no tiene tal calidad; no basta con invocar la naturaleza de la entidad pública del citado ministerio.

Bajo el anterior supuesto se ha de agregar que el ad quem no incurrió en infracción directa, ni interpretación errónea de unas normas que no conviene al caso.

Con todo, no está de más advertir la posición mayoritaria de la Sala que en su reiterada jurisprudencia vigente sobre el punto objeto de la controversia, que hace referencia a un trabajador oficial, pues igual inteligencia ha de darse a los artículos respectivos del Decreto 2127 de 1945 que regulan el sub lite.

Efectivamente el tema planteado ha sido resuelto en múltiples decisiones, entre ellas, la sentencia radicada bajo el número 28904 que data del 19 de julio de 2006, y reiterada en decisión del 21 de marzo de 2007 radicado 29998, la Corte dijo:

“Sin que implique cambio de jurisprudencia —sobre la imprescriptibilidad del derecho pensional en sí— debe precisarse que una cosa es el status o calidad de pensionado, el cual por ser de carácter permanente y generalmente vitalicio apareja la imprescriptibilidad de la acción para su reconocimiento —criterio jurisprudencial que se reitera—; y otra, la de los factores económicos relacionados con los elementos integrantes para la obtención de la base salarial sobre la cual se calcula el quantum o monto de la prestación, en la forma como lo hayan dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes. Pues, en tanto que la titularidad de pensionado se predica de quien reúne los requisitos para ello, y tal situación se puede extender, por ficción legal en ciertos casos y en relación con ciertas personas, hasta con posterioridad a la muerte del causante; el valor de la pensión nace de manera individual y autónoma, con fundamento en la vigencia de los derechos laborales que la comprenden y que el legislador presume terminada con el acaecimiento del fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo para las relaciones individuales del trabajo de carácter particular y que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social amplía a todas ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’ del trabajo.

“Precisa la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda de la pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser imprescriptible (Sent., oct. 21/85, Rad. 10.842), con los derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral y que sirven de base o soporte al cálculo de su valor, los cuales, sí prescriben en los términos de las citadas normas laborales.

(...).

“Y es que, se insiste, fijado el monto de la pensión surge para el pensionado el derecho a que este sea reliquidado por desconocerse algunos de los componentes que constituyeron su base, pero tal reconocimiento está sujeto a la existencia del derecho de crédito que comporta; de tal suerte que, extinguido este por prescripción no es posible volver a hacerle producir efectos jurídicos.

“Las razones expuestas llevan a la Corte a modificar su jurisprudencia —en este aspecto puntual— por ser claro que la prescripción extintiva contemplada en la ley, específicamente en materia laboral, provee la certeza que es necesaria a la relación de trabajo y a las prestaciones recíprocas que de ella se derivan y, en tal sentido, dan claridad, seguridad y paz jurídicas a las partes, saneando situaciones contractuales irregulares que, de otra manera, conducirían a mantener latente indefinidamente el estado litigioso durante toda la vida de los sujetos mientras subsistan beneficiarios de la pensión.

Por lo anterior se desestima por la primera razón indicada.

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 13 de mayo de 2009, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por Eduardo de Jesús Rua contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación dado que no hubo réplica.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».