Sentencia 42213 de marzo 21 de 2012

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42213

Acta: 09

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C, veintiuno de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

Desde el pórtico se impone anotar que el alcance de la impugnación de la demanda exhibe la impropiedad de pedirle a la Corte que una vez case la sentencia del tribunal, la revoque (fl. 7, cdno. 2), lo que lógicamente no es posible, pues de infirmarse el fallo por razón de la prosperidad del recurso, es apenas lógico que, por sustracción de materia, no sea dable revocar una decisión que ha sido anulada. Pero, tal deficiencia puede disculparla la Corte, habida cuenta de ser posible entender que lo que en últimas persigue la recurrente con el recurso, es la casación del fallo del tribunal y, en instancia, que se confirme el de primer grado que le fue totalmente favorable.

Como se dejó visto, la disconformidad de la sociedad recurrente con la sentencia fustigada, en esencia gravita alrededor de los siguientes yerros: (i) dar por acreditado que entre las partes en contienda existió una relación laboral; (ii) no dar por demostrado que el contrato fue de prestación de servicios, y (iii) no dar por demostrado que el comité directivo, era un ente autónomo no perteneciente al CEGA.

Aquí y ahora, resulta de mucha utilidad rememorar que para los efectos del recurso de casación la Corte ha de presumir que la decisión del juzgador es acertada, de forma que si en el presente caso este infirió que la prestación de servicios del actor César Abelardo García De La Torre fue subordinada, y dado el sendero escogido por la recurrente, es carga del impugnador derruir esta deducción fáctica, para lo cual debe demostrar que el sentenciador se equivocó en la contemplación o en la falta de apreciación de determinadas pruebas, de modo que del haz probatorio que cite se desprenda sin sombra de duda los yerros enrostrados y, en últimas, si ellos tienen la suficiente fuerza para quebrar la conclusión a la que arribó el juzgador de segundo grado, en cuanto a la naturaleza jurídica del vínculo que ligó a las partes en diferencia.

Así las cosas, procede la Corte al análisis de las pruebas señaladas por la recurrente, de cuyo examen emana lo siguiente:

1. La contestación del escrito introductorio del proceso, no contiene para los efectos del cargo confesión alguna, dado que las afirmaciones allí incluidas no reportan consecuencias jurídicas adversas a la demandada o favorables a su contraparte.

Ahora, si bien la contestación de la demanda puede ser acusada en la casación laboral como pieza procesal y no solo en cuanto contenga confesión judicial, y en tal condición es susceptible de generar en el recurso extraordinario el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad de la parte llamada a juicio es desconocida o tergiversada ostensiblemente, el dicho yerro puede conducir a la violación de la ley sustancial. Sin embargo, en el asunto bajo examen no se presenta ninguno de ellos, ni mucho menos la confesión a que alude el cargo para deducir que hubo independencia y autonomía en la ejecución del vínculo que ató a las partes, lo cual se aleja del concepto de la figura jurídica de la confesión y de sus requisitos legales, en el sentido de que “verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria” (CPC, art. 195).

2. Repetidamente ha dicho la jurisprudencia que el interrogatorio de parte no es un medio de convicción calificado en la casación del trabajo, sino en la medida que entrañe confesión. Asimismo, resulta inadmisible pretender que el interrogatorio vertido por la parte en el proceso constituya prueba en su favor y, por supuesto, menos aún, que las afirmaciones que allí haga el deponente sirvan para fundar un error fáctico en el recurso extraordinario, pues, como se dijo, la confesión debe versar sobre hechos personales que favorezcan a la contraparte o que perjudiquen a su declarante (CPC, art. 195).

Es que en el interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la parte demandada, la declarante se limitó a reconocer los términos en que se había establecido la relación civil de prestación de servicios entre las mismas partes, y a desconocer el vínculo laboral con el demandante; por manera que de allí no es dable deducir confesión alguna de los hechos que relaciona el cargo y que específicamente extrañó el juez de segunda instancia, que como según se anotó, lo fue la ausencia de autonomía e independencia en los servicios prestados por el accionante.

3. Aunado a lo anterior hay que decir que la censura atribuye al sentenciador desaciertos que no cometió, toda vez que le enrostra que no tuvo en cuenta que el comité directivo estaba conformado por personas que no tenían vinculación alguna con la demandada, cuando el fallador, al referirse al documento denominado “memorando de entendimiento entre el comité directivo del programa de biotecnología y el Centro de Estudios Ganadores y Agrícolas- CEGA” (fl. 143) precisamente expresó que “el comité directivo mencionado estaba integrado por 10 miembros, entre ellos, el secretario quien ostenta la calidad de funcionario del CEGA y quien tiene su sede en las instalaciones de esta entidad”; probanza esta que inclusive la impugnante no se ocupa de controvertir.

Reiteradamente ha explicado la Corte, que es obligación cuestionar todos los sustentos jurídicos y probatorios de la sentencia recurrida, pues si el recurrente deja huérfana de ataque una de las varias conclusiones que constituyeron el báculo de la decisión, es razón suficiente para que aquella permanezca incólume.

4. En cuanto a los documentos de folios 251, 252, 269 a 274 y 289 a 293 repárese en que, en verdad, ninguno de ellos, permite concluir, en forma lógica y razonable, que el demandante ejecutó la labor a la que se había comprometido con total independencia y discrecionalidad, que debía responsabilizarse íntegramente de las operaciones realizadas por su cuenta y riesgo, que no recibía ni acataba órdenes de la accionada (características inherentes al contrato de prestación de servicios de naturaleza civil), ni mucho menos de dicho elenco probatorio fluye la manera cómo se desarrollaron las actividades desempeñadas por el actor. Lo que sí es fácil de avizorar es que el demandante efectivamente le prestó sus servicios a la demandada CEGA y en virtud de tal se le retribuyó.

Entonces, si el elemento “prestación personal del servicio” está plenamente acreditado, a más de que no es materia de discusión, en sentir de la Corte el tribunal no incurrió en un error protuberante, habida consideración que estimó, tras el análisis del elenco probatorio, que la convocada a juicio no logró desvirtuar la presunción estatuida en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo.

Dimana de lo precedente, que el juez de apelación no se equivocó en el examen fáctico, toda vez que la existencia de la relación laboral no depende necesariamente de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encontraba.

Juzga conveniente la Corte recordar lo que de antaño ha adoctrinado en torno a que en los asuntos en donde se discute la existencia de un contrato de trabajo, el deber del juez no se contrae a observar solamente la forma, es menester auscultar todo el acervo probatorio para llegar a la verdad real y encontrar, de ser el caso, el contrato realidad en oposición a un contrato formal, tal como lo instituye el artículo 53 de la Constitución Política que establece en forma concreta que impera “la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”, y esa fue precisamente la labor desarrollada por el juzgador.

5. En vista de que la parte recurrente no logró con la prueba calificada demostrar previamente alguno de los errores de hecho endilgados en el cargo, no es posible que la Sala evalúe las declaraciones rendidas por terceros, si se tiene en cuenta que estos medios de convicción no son aptos dentro del recurso extraordinario para configurar un yerro fáctico, conforme la limitación establecida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, pues, se repite, es necesario que aparezca acreditado de manifiesto en los autos un yerro fáctico por falta de apreciación, o apreciación errónea, de un documento auténtico, de una confesión judicial o una inspección judicial.

Valga decir que si el tribunal le otorgó mayor credibilidad a unos medios probatorios que a otros, esa circunstancia no constituye un desacierto evidente de hecho, por motivo de que los sentenciadores de instancia gozan de la potestad legal de apreciar libremente la prueba para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos, con base en aquellos elementos probatorios que más los induzcan a hallar la verdad real y no la simplemente formal que aparezca en el proceso, prevista en el artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. Las inferencias del juzgador mientras sean lógicas y aceptables quedan abrigadas por la presunción de legalidad, tal como se dejó sentando por esta corporación en sentencia del 13 de noviembre de 2003 Radicado 21478, reiterada entre otras en las del 2 de agosto de 2007 y 6 de noviembre de 2008, radicados 30368 y 33786, respectivamente, en la que se dijo:

“(...) Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo, el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.

Por lo dicho, las conclusiones que hace el tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del tribunal”.

En consecuencia, como en definitiva la censura no logró demostrar los yerros fácticos que le enrostró al tribunal, el cargo no prospera.

Como el recurso extraordinario no salió avante y hubo réplica, las costas serán a cargo de la sociedad recurrente, para lo cual se fija la suma de seis millones de pesos moneda corriente ($ 6.000.000 m/cte.) a favor del demandante opositor, que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 29 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Cesar Abelardo García De La Torre contra el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas —CEGA— y otra.

Costas en el recurso de casación como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese».