Sentencia 42225 de junio 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 42225

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., cinco de junio dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se Considera

Se estudiarán conjuntamente los tres cargos, dado que acusan idénticas normas, desarrollan similares argumentos y persiguen el mismo objetivo, que no es otro que el de solicitar el reintegro del demandante, por ser beneficiario de la figura del fuero circunstancial, debido a que para la época del despido, existía un conflicto colectivo, y el sindicato del cual es parte, había presentado un pliego de peticiones.

Cuatro fueron los soportes de la decisión acusada: (i) el fallo arbitral que resolvió el conflicto y que quedó en firme el 15 de enero de 2004; (ii) la denuncia no pudo surtir los efectos legales del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que se presentó antes de la firmeza del fallo arbitral; (iii) para la fecha de terminación del contrato de trabajo, esto es, para el 18 de enero de 2004 (fl. 40), no existía el conflicto colectivo, del cual emana el fuero circunstancial y; (iv) lo anterior fue comunicado por la entidad demandada al sindicato, como respuesta al promover este el pliego de peticiones, el 22 de diciembre de 2003, y avalada por el Ministerio de Protección Social cuando se abstuvo de sancionar al banco.

Contra el último soporte no se dirigió ataque, pues además de tener un aspecto fáctico, no propio de la vía directa por la que se encaminó la acusación que en principio le daría razón al replicante, lo relevante es que al negarse la entidad accionada a recibir a los delegados de los trabajadores para iniciar las conversaciones en la etapa de arreglo directo provocada por la presentación del pliego de peticiones (CST., art. 433), negativa que fue respaldada por el Ministerio de Protección Social, mediante las resoluciones 1260 y 3651 de 29 de marzo y 24 de septiembre de 2004 respectivamente (fls. 183 y 353 cdno. Ppal.), pierde todo sustento legal el denominado fuero circunstancial —puntal de la demanda de reinstalación deprecada—, máxime si la sola presentación del pliego de peticiones no permitió el avance de las conversaciones de arreglo directo por el presunto incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo.

No se avizora allí, entonces, el conflicto colectivo que le da amparo al fuero circunstancial alegado por el accionante, y por ende, no se deduce la equivocación que se le enrostra al sentenciador de segundo grado, por la falta de aplicación o infracción directa (primer cargo), errónea interpretación (segundo cargo) e indebida aplicación de la norma procesal acusada como violación medio (tercer cargo), como se pasa a analizar.

En efecto, al margen de los defectos advertidos y dado que los ataques se encaminan por la senda directa, tanto la acusación como el fallo del tribunal coinciden en los siguientes supuestos fácticos denunciados en la demanda inaugural del proceso:

i) El 30 de abril de 2002, se profirió el laudo arbitral con el cual se dirimió el conflicto colectivo de trabajo entre el banestado y sintrabanestado;

ii) El 29 de noviembre siguiente, el sindicato denunció parcialmente el laudo arbitral;

iii) El 3 de diciembre del mismo año, la mencionada agremiación presentó pliego de peticiones, “promoviendo de este modo, un conflicto colectivo de trabajo con el empleador”;

iv) El 25 de abril de 2003, el ministerio del ramo integró el tribunal de arbitramento, por medio de la Resolución 929;

v) El 23 de octubre del referido año, se profirió el correspondiente laudo arbitral, el mismo que fue objeto de recurso de anulación;

vi) El 15 de diciembre siguiente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decide no anular el laudo (fls. 71 y 244);

vii) El 19 del mismo mes y año, el representante del sindicato, presentó ante el Ministerio de Protección Social la denuncia parcial del laudo arbitral proferido el 23 de octubre anterior;

viii) El 22 de diciembre de 2003, sintrabanestado presentó el pliego de peticiones a su empleador;

ix) El 26 de aquel diciembre la empleadora se negó a negociar;

x) El 31 de idéntico mes y año el Sindicato reiteró el inicio de conversaciones y el 7 de enero de 2004, nuevamente obtuvo respuesta negativa de la empleadora, por el presunto incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo;

xi) El 9 de enero de 2004 el sindicato promovió querella, para conminar a su adversario “a hincar conversaciones”, la cual concluyó el 29 de marzo del mismo año, sin que se tomaran las medidas policivas administrativas contra el banco, decisión que fue recurrida sin éxito en reposición y en subsidio apelación;

xii) El 16 de marzo de 2004 elevó la reclamación administrativa.

Naturalmente que conforme al recuento anterior, una situación es la que surge del conflicto colectivo a raíz del pliego de peticiones elevado por los trabajadores el 3 de diciembre de 2002, y otra muy distinta, es el conflicto que hoy pregona el demandante con la presentación del pliego de peticiones el 22 de diciembre de 2003.

Al respecto huelga repetir, que el primero nació previa denuncia, el 29 de noviembre de 2002 del laudo proferido el 30 de abril de ese año, el cual fue convocado por el Ministerio de Protección Social el 25 de abril de 2003, definido el día en que se pronunciaron los árbitros —23 de octubre de 2003—, ora en la fecha que adquirió firmeza la sentencia de la Corte en sede de anulación —15 de enero de 2004, punto de derecho que controvierte el recurrente, en orden a precisar si para la fecha en que fue desvinculado—18 de enero de 2004— el actor gozaba o no de fuero circunstancial, cuestión que pende necesariamente de establecer si para esta última fecha existía o no conflicto colectivo.

Esta corporación ha adoctrinado que el conflicto colectivo y por ende, el fuero circunstancial que surge a raíz de la vigencia de aquel, perdura desde la presentación del pliego hasta el día en que las partes lo definan mediante la firma de la convención o pacto, o hasta cuando quede ejecutoriado el laudo arbitral, en su caso.

Así lo tuvo por sentado, entre otras, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2002, radicación 19170, en la que también tuvo la ocasión de distinguir entre el conflicto que se desenvuelve normalmente, esto es, con el pleno cumplimiento tanto de sus etapas como de sus términos y plazos, de aquellos otros eventos, como el presente, en que se incumplen esos pasos y términos, que a la postre hacen imposible la continuación del curso normal del diferendo.

Esto expresó:

“Ciertamente el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978 estipula que la protección a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 se inicia con la presentación del pliego de peticiones al empleador y termina cuando se ha solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o el pacto, o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral.

Una interpretación literal, gramatical o exegética de ese texto puede llevar a aseverar, como de suyo lo hace el recurrente, que en todos los casos y circunstancias en que se presente un pliego de peticiones al empleador empieza a regir el denominado fuero circunstancial, el cual solo se extingue cuando se firma la convención o el pacto colectivo, o queda en firme el laudo arbitral, si fuere el caso; según dicho entendimiento entonces si no se presenta ninguna de estas últimas hipótesis el conflicto sigue latente y la protección foral se perpetúa y continúa surtiendo todos sus efectos.

Dicha exégesis resulta inobjetable, pero únicamente en aquellos trámites en que el conflicto se desenvuelve normalmente, con pleno cumplimiento por las partes negociadoras tanto de las etapas respectivas como de los términos y plazos establecidos en la legislación laboral para cada una de ellas.

Empero, si hay incumplimiento de alguno de esos pasos y ello por su gravedad hace imposible la continuación del curso normal del trámite del diferendo, naturalmente no puede suponerse que el conflicto sigue existiendo y de paso también la protección foral, mucho menos si aquella situación se produjo en virtud de un acto administrativo proferido por la autoridad del trabajo, que se presume legal y válido mientras no sea anulado o suspendido por la jurisdicción contencioso administrativa, y además una de las partes no muestra interés en sanear la irregularidad en que la otra ha incurrido ni en zanjar las diferencias por el mecanismo de la autocomposición (...)”.

De tal suerte que en atención a lo anterior, se impone predicar que el conflicto que dio origen al pliego de peticiones presentado el 3 de diciembre de 2002, culminó con la ejecutoria de la sentencia dictada al resolver el recurso de anulación, esto es, el 15 de enero de 2004, lapso igual al del fuero circunstancial del demandante. Por consiguiente, como la ley laboral no contempla la coexistencia de conflictos, por cuanto el recurrente pretende que su conflicto se provocó el 22 de diciembre de 2003, es por eso que la garantía foral para el actor no podía comenzar antes de la ejecutoria del laudo que resolvió el conflicto anterior de 2002.

Por otro lado es inadmisible la posición del impugnante en aras de controvertir la del fallador de segunda instancia, pues, si bien es cierto que el laudo arbitral pone punto final al diferendo, no es menos cierto, que tanto el mismo como la sentencia dictada en sede del recurso de anulación forman un todo indisoluble, de tal suerte que no puede pregonarse como lo hace el recurrente, que la ejecutoria de la sentencia de la Corte, correría solo para unos cuantos asuntos, los que incumben a la corporación —revisión de los vicios de nulidad o excesos u omisiones de los árbitros—, o que “la ejecutoria del laudo arbitral solo tiene efectos respecto de la extensión de la medida de amparo que surge desde el momento de la presentación del pliego de peticiones y no en relación con la vigencia y la terminación del conflicto colectivo provocado, el cual finaliza, de una, con la emisión del respectivo laudo arbitral y en los términos de vigencia fijado por dicha corporación”.

Tal perspectiva, desconoce que mientras esté pendiente la resolución del recurso de anulación, el laudo no puede ejecutarse en su integridad, sin que se genere algún vacío normativo, en tanto que la convención o el laudo anterior “continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención”, dado que ese es el efecto que el numeral 2º del artículo 479 le otorgó a la denuncia.

En este orden, no es dable confundir la denuncia de la convención, pacto o laudo, con el pliego de peticiones; aquel como acto previo de este, es el medio que se encuentra al alcance de las partes para impedir que la convención, pacto o laudo se prorrogue automáticamente por ministerio legal (CST., art. 478), a través del preaviso que una parte le hace a la otra acerca de su terminación, con la antelación anotada en la citada disposición.

La denuncia es acto que atañe directamente con el acuerdo vigente; en cambio el pliego de peticiones, se refiere a la aspiración de los trabajadores de modificar parcial o totalmente las condiciones laborales existentes, mediante la suscripción de una nueva convención o pacto. De tal manera que la falta de denuncia, que equivale a la prórroga automática del comentado acuerdo, es incompatible con el ulterior pliego de peticiones que se presente al empleador.

Por lo expuesto, no encuentra la Corte desatino alguno en el razonamiento jurídico que esbozó el tribunal, pues, mal hace el recurrente enrostrarle a aquel la falta de aplicación de normas que si tuvo en cuenta, así no las haya identificado expresamente, amén de que la exégesis de las mismas se acompasa con el sentido que el juzgador les atribuyó, y tampoco peca de indebida aplicación al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, acusado como violación medio.

Aparte de las consideraciones dichas la sentencia atacada no podría casarse, dado que, como se expresó inicialmente, el conflicto suscitado aparentemente el 22 de diciembre de 2003, no tuvo un cabal desarrollo; es más, su punto muerto se presentó desde su comienzo, con la negativa de la empresa a conversar con el sindicato, por razones que el propio Ministerio de Protección Social respaldó. En tales condiciones pregonó esta Sala de la Corte, en la sentencia ya citada, radicación 19170:

“Conviene señalar, finalmente, que lo ideal es que los conflictos colectivos de trabajo alcancen su cabal desarrollo y sean resueltos, bien por las partes directamente ora con la intervención de terceros, y a ello debe prestar el Estado todo su concurso por así mandarlo la Carta Política en su artículo 55; sin embargo, no puede pasar desapercibido que en algunas ocasiones, como aquí ha acontecido, el proceso se trunca irremediablemente sin que quepa ninguna posibilidad de solucionarlo por las vías normales; ahora, cuando a tal situación se llega por causa imputable a los trabajadores debido a que no adoptaron las decisiones en los términos y condiciones señaladas en las regulaciones legales, no puede concluirse que el conflicto queda en estado de latencia, con todas las consecuencias que de ello se derivan, como ya se dijo.

Sería realmente absurdo que una situación propiciada por negligencia de los propios trabajadores o de su organización sindical terminara favoreciéndolos con la perpetuación del llamado fuero circunstancial; ello constituye un contrasentido y una violación del viejo principio de derecho que reza que nadie puede beneficiarse de su propia torpeza (...)”.

Lo reproducido pone aún más de manifiesto en esta actuación la sinrazón de la acusación, si se repara que efectivamente el sindicato fue consciente de su irregularidad, al subsanarla mucho más tarde –el 20 de Junio de 2004 (fl. 331 cdno. 1) con la presentación de la “denuncia parcial del laudo arbitral proferido el 23 de octubre de 2003 en relación con el laudo arbitral de fecha abril 30 de 2002” al cual se anexó el pliego de peticiones (fl. 333), a lo que contribuyó el banco con la respuesta del 7 de julio de ese año (fl. 343); conversaciones que culminaron exitosamente con la suscripción entre las partes del “acta de acuerdo final”, el 19 de agosto de 2004, y que milita a folio 344 del cuaderno principal.

Las costas en casación a cargo del recurrente, dado que hubo réplica. Las agencias en derecho se estiman en la suma de $ 3.000.000.

Por lo expuesto la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de marzo de 2009, en el proceso promovido por Marco Antonio Barrera González contra Banco del Estado S.A. —Banestado En Liquidación—.

Costas a cargo de la parte de la parte recurrente. Las agencias en derecho serán de $ 3.000.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».