Sentencia 42256 de febrero 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42256

Acta 5

SL2051-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « V. El recurso de casación

Inconforme con la decisión, el actor interpuso el recurso extraordinario, que no fue replicado, en el que le pide a la Corte que case parcialmente la sentencia del tribunal, en cuanto absolvió “de las restantes peticiones de la demanda”, para que en sede de instancia proceda a “revocar el numeral cuarto y, en su lugar, condene a la demandada al pago de horas extras diurnas y nocturnas, domingos y festivos laborados y la indemnización por no haber disfrutado de los correspondientes compensatorios, así como al pago de las reliquidaciones deprecadas y al pago de la indemnización moratoria que de las mismas se deriva, debiendo confirmar los numerales primero a tercero incoados por el promotor de la litis”.

Con ese objetivo formula un cargo.

VI. Único cargo

Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida los artículos “65, 159, 165, 168, 172, 177, 179, 180, 183, 192, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 10 de la Ley 52 de 1975, artículos 55, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo dentro de los parámetros contemplados en los artículos 213 y 251 del Código de Procedimiento Civil, como normas de medio”.

Sostiene que el desconocimiento de la ley se produjo porque el juzgador incurrió en los siguientes yerros fácticos:

1. No dar por demostrado, en contra de las pruebas que obran en el proceso, que la demandada omitió el pago completo y oportuno de las horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivas del actor y causadas en vigencia del contrato de trabajo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que existen las planillas de cumplimiento del trabajo firmadas por el ex trabajador, de las que fácilmente se deduce cuáles son las horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivas, que no se reconocieron entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de julio de 2001.

3. Dar por probado, sin estarlo, que el actor debía precisar cuáles horas extras diurnas y nocturnas, domingos y festivos quedaron pendientes de pagar, so pretexto de no verificar la abundante prueba documental que se acompañó con la diligencia de inspección judicial.

4. Dar por demostrado, en contra de las pruebas que obran en el proceso, que el demandante debía probar a que (sic) lapso correspondía (sic) los pagos que efectuó la empresa en el documento que obra al folio 200, cuando del mismo se desprende que se referían a la totalidad del tiempo laborado.

5. No dar por probado, estándolo, que resultaba fácil calcular el valor de las horas extras laboradas por el accionante en domingos y festivos, con los las planillas de cumplimiento suscritas por el demandante, y que permitirían al juez conocer con precisión el trabajo suplementario que no fue remunerado y el que se caneció en forma errada.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el a quo estaba obligado a hacer los cotejos y comparaciones de las horas extras diurnas y nocturnas, domingos y festivos laboradas por el actor con la abundante prueba documental que obra en el expediente.

7. No dar por probado, estándolo, mes a mes el valor del reajuste correspondiente a las prestaciones sociales adeudadas, teniendo en cuenta el número de horas extras diurnas y nocturnas, domingos y festivos que se omitió liquidar.

Como pruebas mal apreciadas señala las nóminas de pago del demandante (fls 19 a 20), el sistema integrado de nómina del actor por la compañía (fl. 200) y la demanda en los hechos 25 a 27 (fl. 6). Y como probanzas pasadas por alto el contrato de trabajo (fls. 179 a 185), la confesión de la demandada contenida en el interrogatorio de parte (fl. 279), las fotocopias de los libros de minutas de entrada y salida del personal desde el 2 de junio de 1998 al 6 de septiembre de 2006 y los testimonios de Luis Orlando Martínez Montenegro y Omar Eduardo Nieto Fandiño.

La demostración del cargo se puede condensar de la siguiente manera:

1. Nóminas de pago

Afirma la censura que en estos documentos que obran a folio 19 del proceso, y que corresponden a los meses de marzo y abril de 1999 “se liquida por horas extras diurnas la suma de $ 91.764; y, en las nóminas de julio y septiembre de la misma anualidad (fl. 20), no se reporta pago alguno por estos conceptos, a pesar que el ad quem, tuvo por cierto sin estarlo que la empresa canceló en estos periodos (sic) los conceptos debatidos, cuando ratifica el dicho de (sic) juez de primera instancia para no impartir condena por estas reclamaciones”.

2. Relación de sistema integrado de nómina

Aduce que esta probanza discrimina el valor que le fue cancelado por “horas extras festivas diurnas, horas extras diurnas y nocturnas, festivos y descansos remunerados en cuantía de $ 2.594.242, y pese a que el tribunal señaló que dicha documental no precisaba a qué lapso correspondía, lo cierto es que una escueta revisión del texto lo habría conducido a tener por demostrado que las sumas allí liquidadas corresponden al término de duración del contrato, esto es, del 1 de enero de 1998 al 31 de julio de 2001”.

3. Escrito inaugural del proceso

Asevera que cuando en los hechos 25 a 27 se indica que él debía trabajar horas extras diurnas y nocturnas, domingos y festivos y que algunos no fueron cancelados, “el tribunal al comparar las sumas canceladas al actor frente a los días realmente laborados y que se discriminan detalladamente en las planillas de cumplimiento suscritas por el demandante, habría reconocido que los pagos que se hicieron no corresponden al realmente efectuado, debiendo entonces a (sic) hacer los cotejos y comparaciones respectivas, lo que dicho de otra manera, significa que estos documentos tienen la suficiente vocación de acreditar por sí solos, que el actor laboré (sic) determinadas horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos, en la cantidad allí establecida”.

4. Contrato de trabajo

Dice que en el convenio se pactó que el accionante laboraría en una jornada convencional de 47 horas semanales distribuidas de lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm y los sábados de 7:30 am a 12:00 m; “sin embargo, sí el ad quem lo hubiera apreciado habría determinado que se faltó a la lealtad debida entre las partes, por cuanto la jornada pactada no fue la realmente prestada, y naturalmente habría efectuado el reajuste de salarios y prestaciones deprecado, de acuerdo a la normatividad vigente sobre el particular”.

4.(sic) Interrogatorio de parte de la demandada

Para el recurrente el representante legal de la sociedad citada al proceso “confesó al dar respuesta a la pregunta cuarta que el actor sí laboró en jornada dominical autorizada previamente, sin que se acompañara el permiso emitido por la autoridad respectiva, pese a que como se anotó anteriormente nunca se pactó que se trabajaría en domingos ni festivos”.

5. Registros aportados en la inspección judicial

Sostiene que los documentos allegados en la práctica de esta prueba (fl. 842), “contraevidencian de manera patente la conclusión del tribunal sobre la omisión del actor de probar el trabajo suplementario y el realizado en días de descanso obligatorio, pues le permitían conocer al tribunal en forma concreta, discriminada y lógica, la totalidad de las horas extras, así como los dominicales y festivos laborados por el accionante, haciendo el cotejo de manera ordenada, pormenorizada y cronológica”.

6. Testimonios

Afirma que demostrado el dislate del fallador de segunda instancia en relación con la prueba calificada, resultaba procedente acudir a la declaración de “Luis Orlando Martínez Montenegro, al afirmar que el actor laboró todos los domingos y festivos sin que recibiera descansos compensatorios; así como el testigo Omar Eduardo Nieto Fandiño quien señaló que el demandante casi siempre prestó sus servicios en domingos y festivos y que la jornada terminaba a las cuatro de la tarde pero que se prolongaba hasta las seis y treinta o siete”.

VIII. Consideraciones de la corte

Como se asentara cuando se hizo el itinerario procesal, la Sala sentenciadora confirmó la decisión absolutoria de primer grado, pues estimó que el actor no honró el deber de precisar cuáles horas extras diurnas y nocturnas y cuáles dominicales y festivos, “quedaron pendientes de pago”.

Por su parte, el recurrente enjuicia el acto jurisdiccional, porque, en su sentir, está “plenamente probado que la empresa demandada omitió efectuar el pago completo y correcto de los conceptos debatidos, so pretexto de que la carga de probar estaba en cabeza del demandante, escollo que contrario a lo dicho por el juzgador de instancia era salvable, de haberse efectuado una correcta valoración de las pruebas”.

Desde ya, menester resulta memorar que cuando el ataque apunta a demostrar equivocaciones en el ámbito de la investigación y determinación de los hechos, no es cualquier desatino del juez el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquel que tenga la connotación de “manifiesto”. Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de dislates en el examen de la plataforma probatoria, ya bien por haber apreciado equivocadamente la prueba, ora soslayado.

No basta con que el recurrente dé explicaciones, así sean razonables, sobre los eventuales asertos erróneos del fallador, o que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de este, sino que además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible, debe acreditar, con base en el contenido de las probanzas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial.

Bajo las aristas en precedencia, entonces, procede la Sala a analizar los diferentes medios probatorios que el cargo ataca, lo cual arroja el siguiente resultado:

1. Nóminas de pago.

Afirma el impugnador que en los documentos obrantes a folio 19, y que corresponden a los pagos de los meses de marzo y abril de 1999 “se liquida por horas extras diurnas la suma de $ 91.764; y, en las nóminas de julio y septiembre de la misma anualidad (fl. 20), no se reporta pago alguno por estos conceptos, a pesar que el ad quem, tuvo por cierto sin estarlo que la empresa canceló en estos periodos (sic) los conceptos debatidos, cuando ratifica el dicho de juez de primera instancia para no impartir condena por estas reclamaciones”.

Dijo el sentenciador que “[a]demás, en los folios indicados por el a quo están relacionados unos pagos por dichos conceptos, incluso los registrados en el folio 200 obedecen a pagos de varios períodos, sin especificar, lo que imponía el deber probatorio de que se precisara a qué lapso correspondía para poder hacer las comparaciones y análisis del caso”.

No es del todo cierto que el tribunal hubiese tenido por probado que la demandada le canceló al actor horas extras durante los meses de julio y septiembre, pues lo que echó de menos el juzgador fue el “deber” del promotor del litigio de concretar con “exactitud”, en el libelo incoativo, las horas extras, dominicales y festivos que “quedaron pendiente de pago”.

Ahora, y solo en gracia de discusión, de entenderse que el juez de segundo grado dio por probados, en contra de la evidencia, unos pagos por concepto de horas extras durante los meses de julio y septiembre, como lo aduce el recurrente, no hay duda que le correspondía a este demostrar con total certeza que en dichos períodos efectivamente laboró tiempo extraordinario, dominicales y festivos, así como la cantidad; faena que, precisamente, tal como lo concluyó el juez de alzada, brilla por su ausencia.

2. Demanda inaugural.

Por venir al caso, debe recordarse la consolidada doctrina trazada por esta corporación, en torno a que el escrito inicial del juicio puede ser acusado en la casación laboral como pieza procesal y no solo en cuanto contenga confesión judicial. La demanda es medio escrito, que representa la voluntad de quien pone en actividad la jurisdicción. También es acto del proceso, desde luego el primero, y en tal condición es susceptible de generar en la casación laboral el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o tergiversada ostensiblemente, el dicho error puede conducir a la violación de la ley sustancial, como que el sentenciador puede producir un fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en la apreciación del petitum o de los hechos, o por su desconocimiento), o desatendiendo los fundamentos fácticos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de la parte demandada (CSJSL, Sent. rad. 8.616. ago. 5/1996).

Los supuestos fácticos de la demanda, controvertidos por el recurrente, rezan:

25. El trabajador debía laborar horas extras diurnas y nocturnas que en algunas ocasiones no fueron pagadas.

26. El demandante trabajó algunos domingos que no fueron pagados.

27. El demandante trabajó algunos festivos que no fueron pagados.

Como se recuerda, el tribunal sostuvo:

(…) en el hecho 25 del libelo el demandante manifiesta que laboraba horas extras diurnas y nocturnas que “en algunas ocasiones no fueron pagadas”, y en los hechos 26 y 27 que trabajó algunos dominicales y festivos, quiere decir que claramente y está aceptando que algunas horas extras fueron pagadas y otras no y que laboró solamente algunos dominicales y festivos, lo que le imponía el deber de precisar unas y otros, indicando con exactitud cuáles quedaron pendientes de pago, para que tanto el juzgado como esta Sala pudieran hacer los cotejos y revisiones del caso, pero también para que la entidad demandada pudiera ejercitar adecuadamente su derecho de defensa.

Pues bien, en sentir de la Corte Suprema de Justicia, no se evidencia ningún yerro en la valoración de esta pieza procesal, pues no se exhibe carente de sindéresis lo inferido por el juez plural, en el sentido de entender que la demandada efectivamente le reconoció al actor unas horas extras, dominicales y festivos durante la relación laboral y, en ese orden de ideas, le adeuda otras, que en realidad el demandante no identificó en el libelo genitor.

A propósito de este tema, bien vale la pena traer a colación lo también enseñado por esta Corte, en cuanto a que el denominado principio dispositivo del Derecho procesal, en materia de los procesos del trabajo, está gobernado por la regla que impone al interesado en la resolución de un conflicto jurídico de esta naturaleza, el deber de precisar al incoar el proceso, el tema de decisión y establecer los hechos en que funda su pretensión. Y a tales límites debe estarse el juzgador, quedando a salvo la facultad que en nuestro ordenamiento procesal habilita a los jueces de primera y única instancia para decidir extra y ultra petita–artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, por excepción al fallador de segundo grado. Por manera que es el actor quien marca el thema decidendum.

En el presente asunto le asiste entera razón a la sala sentenciadora, en cuanto a que el actor omitió delimitar la causa petendi soporte de las súplicas, al igual que estas, al haber planteado la controversia en términos genéricos, sin precisar marcos temporales, causas de la mala liquidación y menos aludir a parangones entre lo pagado frente a lo que ha debido ser, lo cual condujo a que se aludiera de manera abstracta como soporte de las súplicas.

Es que en verdad la demanda se exhibe débil e inconsistente, toda vez que si el actor aspiraba a obtener en un juicio laboral el pago de horas extras, dominicales y festivos y, por ende, el reajuste de sus prestaciones sociales, era menester asumir la carga procesal de indicar, en forma diáfana y cristalina, las razones y báculos de su disconformidad. Las súplicas generales o abstractas, a no dudarlo, y como bien lo puso de relieve el juez plural, lesionan frontalmente los derechos de defensa y contradicción, ya que ponen a la contraparte en la imposibilidad de asumir una oposición congruente frente a lo que se implora.

Obsérvese que en la pieza procesal, bajo análisis, el promotor del litigio adujo que la llamada a juicio debía reliquidarle las prestaciones sociales “con el valor de las horas extras diurnas y nocturnas y el valor de los domingos y festivos trabajados”, ya que en algunas ocasiones los había laborado y “no fueron pagados”; lo que a las claras corrobora lo antes dicho, en relación a que sus peticiones no fueron concretas, y mucho menos acreditó cuáles de ellos no fueron tenidos en consideración por la demandada al momento de liquidar las acreencias laborales.

Así, entonces, al soslayarse lo estatuido en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no le es dable al juzgador dilucidar si le asiste o no al actor el derecho sustancial deprecado por él.

3. Interrogatorio de parte de la demandada.

En lo que concierne al interrogatorio de parte, vale precisar que no constituye prueba calificada en casación del trabajo sino en la medida que entrañe confesión.

Puntualiza el impugnante que el tribunal no se percató que el representante legal de la sociedad citada al proceso “confesó al dar respuesta a la pregunta cuarta que el actor si (sic) laboró en jornada dominical autorizada previamente, sin que se acompañara el permiso emitido por la autoridad respectiva, pese a que como se anotó anteriormente nunca se pactó que se trabajaría en domingos ni festivos”.

En relación a la pregunta cuatro, consistente en que “diga si es cierto que el demandante trabajaba de siete de la mañana a once del día y de once y treinta de la mañana a seis de la tarde, los domingos que laboró”, el representante legal de la demandada contestó: “[n]o es cierto, los domingos que laboraban ocacionalmente (sic) eran unas horas determinadas autorizadas previamente, los domingos no tienen horario, los domingos que trabajaban depende de la necesidad”.

En sentir de la Corte, el juez de apelación no incurrió en los desaguisados que le enrostra el cargo, puesto que si en gracia de debate, de la respuesta en precedencia emanara que la accionada aceptó que el actor laboró ocasionalmente domingos y festivos, lo cierto es que también le correspondía al actor la faena de acreditar fehacientemente los días efectivamente trabajados, laborío que, se reitera, no se cumplió.

De suerte que, las declaraciones dadas por el representante legal de la demandada en el interrogatorio de parte no tienen el suficiente peso y alcance para derruir las conclusiones a las que arribó el juez de segundo grado para negar el reconocimiento y pago de las horas extras, dominicales y festivos.

Llegados a este punto, se recuerda, lo que en muchas oportunidades ha sostenido esta corporación, atinente a que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o festivos, las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no dejen duda alguna acerca de su ocurrencia; es decir, el caudal probatorio sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión, de forma que no le sea necesario al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias, para determinar el número probable de las que estimen trabajadas (Sent. Rad. 27.064. ago. 9/2006).

4. Contrato de trabajo.

El contrato de trabajo no ayuda a dilucidar el meollo del asunto, porque si bien aflora el acuerdo a que llegaron las partes sobre la jornada, no es dable inferir las horas extras, dominicales y festivos, laborados por el actor y cuáles fueron reconocidos y pagados por la demandada.

En ese horizonte, no se avizora yerro alguno del juez plural en su conclusión.

5. Registros aportados en la inspección judicial.

No son de recibo las acusaciones del ataque, toda vez que se muestran genéricas. En efecto, el recurrente denuncia que “los registros que se aportaron en la visita judicial (842)” le permitían “conocer al tribunal en forma concreta, discriminada y lógica, la totalidad de las horas extras, así como los dominicales y festivos laborados por el accionante, haciendo el cotejo de manera ordenada, pormenorizada y cronológica”, pero sin realizar esfuerzo demostrativo alguno encaminado a dejar en evidencia la equivocación del tribunal, confrontando el contenido de los medios probatorios con los razonamientos plasmados en el cuerpo de la decisión. Además de ello, los documentos que fueron aportados en la inspección judicial reposan en varios cuadernos que constan de más de 2.000 folios.

De todas maneras, recuérdese, aún a riesgo de fatigar, que el juez de alzada estimó que el actor no honró el deber de precisar con exactitud cuáles horas extras, dominicales y festivos quedaron pendientes de pago, y en verdad esta cardinal conclusión no es posible derruirla con los documentos en precedencia, pues de ellos no brota cuáles horas extras, dominicales y festivos efectivamente le fueron reconocidos y pagados al demandante y cuáles se adeudan.

Ello porque el actor en su libelo genitor afirmó que laboró horas extras diurnas y nocturnas, y aceptó palmariamente que “en algunas ocasiones no fueron pagadas”.

Por último, se impone traer a colación la sentencia del 23 de marzo de 2001, radicación 15.148, en cuanto a la carga que la ley le impone a quien recurre en casación por el sendero indirecto, así:

En lo que tiene que ver con los errores fácticos y con la apreciación probatoria, debe recordarse que el hecho de no compartir la censura la razonable estimación efectuada por el fallador a las pruebas existentes en el expediente no constituye necesariamente un yerro ostensible.

En efecto, cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió esta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.

Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, ha dicho la jurisprudencia, es deber del censor en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas. Es decir, en el cargo ha debido quedar claro qué es lo que la prueba acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que compromete la técnica propia del recurso extraordinario.

Entonces, no se acredita el yerro enrostrado al tribunal.

5.(sic) Testimonios.

Teniendo en consideración que no quedó acreditado ningún error de hecho con alguna de las tres pruebas calificadas en casación, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-140 de 29 de marzo de 1995, no le es dable a la Corte adentrarse al estudio de los testigos denunciados en el ataque.

De suerte que, auscultado el cargo, no se evidencian los yerros fácticos achacados al juez de apelación, por lo que no afloran méritos para quebrar la sentencia controvertida.

Sin costas en el recurso extraordinario, toda vez que no hubo oposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 29 de enero de 2009, en el proceso ordinario laboral instaurado por Gilberto Jiménez Ramírez contra la Empresa de Telecomunicaciones de Girardot S.A. E.S.P.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen»