Sentencia 42258 de octubre 16 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 343

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Como los censores plantean temas comunes, la Corte abordará su estudio conjunto para no incurrir en repeticiones innecesarias, iniciando, primero, con los ataques relacionados con el delito de falsedad en documento privado; en segundo lugar, con los atinentes al de estafa y, finalmente, los dirigidos contra la condena en perjuicios, con la advertencia que no se ocupará de las falencias en las que pudieron incurrir, toda vez que ellas fueron superadas con la admisión de las demandas.

Así mismo, recuerda que, como se dejó dicho en el auto del 26 de septiembre del año en curso, las solicitudes hechas por algunos de los no recurrentes, dirigidas a que se case la sentencia de segunda instancia, resultan improcedentes.

1. La condena por un delito distinto al endilgado en la resolución de acusación.

1.1. En los tres libelos, bajo las causales segunda y tercera de casación, se reprocha al tribunal porque condenó a los procesados por falsedad en documento privado, delito disímil al de fraude procesal, por el cual fueron llamados a juicio.

Según dicen los recurrentes, dicho proceder lesionó la legalidad, las formas propias del juicio y el derecho de defensa y reparan en que no era viable acudir al precedente contenido en la sentencia dictada por esta Sala de Casación el 21 de abril de 2010 (Rad. 31.848), porque en esta ocasión la fiscalía compulsó copias para investigar el primero de los punibles.

1.2. Razón le asiste a los demandantes en torno a que la resolución de acusación se profirió por los punibles de fraude procesal y estafa y que el ad quem los condenó por este último reato y por el de falsedad en documento público. Sin embargo, se equivocan al afirmar que la conmutación hecha en segunda instancia lesionó el principio de congruencia y los derechos de sus clientes. Obsérvese:

1.2.1. Acertó el juez colegiado al concluir que en esta ocasión no se configura un fraude procesal.

Tal como lo sostuvo la Corte en la sentencia de 21 de abril de 2010 (Rad. 31.848) —en la cual se soportó el ad quem—, dicho punible solo se materializa cuando la conducta se realiza en una actuación judicial o administrativa, no notarial; los notarios no administran justicia, ni siquiera en forma excepcional y menos tienen la calidad de autoridades administrativas.

Dijo así la Sala en el proveído citado y que ahora se reitera:

“Significa lo anterior que cuando el notario adelanta por petición de las partes una sucesión, no ejerce funciones jurisdiccionales. Su labor tampoco reviste naturaleza administrativa, pues, como se dijo, no ostenta la condición de autoridad de esa estirpe. En esas condiciones, no es viable predicar aquí la estructuración del delito de fraude procesal, en cuanto ese comportamiento implica la pretensión de obtener sentencia, resolución o acto administrativo, cuyas decisiones no se encuentran bajo el resorte de los notarios”.

1.2.2. No obstante lo expuesto, el comportamiento desplegado por los acusados no resulta atípico frente a la ley, pues se adecua perfectamente al tipo penal de falsedad en documento privado y así lo precisó el tribunal.

En torno al punto, basta con recordar lo que en la providencia referenciada manifestó esta corporación:

“Comparte la Sala, en cambio, la manifestación del Ministerio Público acorde con la cual dicho comportamiento tipifica el delito de falsedad ideológica en documento privado. Así, advertido sea, lo consideró la Corte en reciente sentencia, al avalar la adecuación típica en ese mismo sentido efectuada por los falladores de instancia dentro de un caso análogo al que ahora se decide(17).

Se ratificó de la anterior manera la postura expuesta por la Corte en pretéritas decisiones, consistente en que el artículo 289 del Código Penal no solamente reprime la falsedad material de documento privado sino también la falsedad ideológica, aun cuando frente a esta última exigiendo para su configuración que la ley, en forma expresa o tácita, establezca al particular el deber de decir la verdad. Dicho criterio, prohijado nuevamente en esta oportunidad, lo condensó la Sala en la sentencia del 16 de marzo de 2005, en la cual sostuvo:

‘Uno. La falsedad ideológica en documento privado sí se encuentra definida como delictiva, tanto en el Código Penal de 1980 como en el del 2000.

‘Dos. Para hablar de falsedad ideológica en documentos privados, al principio se requería que el autor faltara a la verdad y originara daño a un tercero o, al menos, que lo hiciera con la intención de propinarlo.

‘Luego, ante el ostensible y necesario cambio de óptica sobre el alcance y contenido del bien jurídico fe pública, no fue imprescindible incluir esos elementos en la definición típica, porque era obvio que si una persona falsificaba un documento con suficiencia para vulnerarlo una vez sometido al torrente del tráfico jurídico, incurría en delito, siempre que, desde luego, afectara real o potencialmente el decurso normal de las relaciones socio jurídicas.

‘Tres. Por lo anterior, aun cuando los tipos penales de 1980 y del 2000 no lo requieren en forma expresa, se sigue hablando del deber de verdad que debe acompañar al autor para que pueda cometer esa conducta delictiva. Esa determinación es atendible, porque, en verdad, un documento ideológicamente falso que solamente vincule y produzca efectos exclusivamente entre particulares, no genera riesgo ni perjuicio a la fe pública por cuanto esta se halla en cabeza de la ‘colectividad’, es decir, del ‘interés de la generalidad social’. Sin embargo, si esa mentira entre dos o más personas trasciende y arriba al terreno de la pluralidad poniendo en peligro o dañando el habitual y normal entramado jurídico, el simple embuste particular, privado, se convierte en delito.

‘Cuatro. El deber de verdad resulta de dos fuentes. La primera es la ley. Sucede cuando esta, concebida en sentido lato, frente a una relación social, afirma expresamente que las personas están obligadas a obrar con la verdad; es el denominado deber legal de verdad, o deber expreso de decir la verdad; la segunda es la que surge de la demostración de que en el caso concreto con la conducta desplegada —falsedad y uso— se ha creado un riesgo para el ‘bien jurídico social’ conocido como fe pública, o cuando se comprueba que lesionado el carácter probatorio del documento, efectivamente, se ha ofendido ese bien ‘colectivo’. Es la obligación tácita, sobrentendida o deducida de decir la verdad’(18).

En el caso materia de análisis, existe obligación legal de decir la verdad para quien acude a un notario a adelantar el trámite de liquidación de una sucesión, pues el Decreto Legislativo 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, normatividad que regula dicha actuación, señala en su artículo 2º que los peticionarios o sus apoderados ‘deberán afirmar bajo juramento que se considera prestado por la firma de la solicitud, que no conocen otros interesados de mejor o igual derecho’, estableciendo adicionalmente que su ocultación ‘hará que los responsables queden solidariamente obligados a indemnizar a quienes resulten perjudicados por ella, sin perjuicio de las sanciones que otras leyes establezcan’”.

1.2.3. Esa jurisprudencia sirvió de base para que el tribunal variara la calificación, pues, luego de valorar todo el material probatorio, determinó que los procesados cometieron una falsedad ideológica en documento privado cuando en los poderes otorgados faltaron a la verdad y negaron conocer a otros herederos con igual o mejor derecho en la sucesión de Alonso Jiménez y Azucena Giraldo, muy a pesar de que sabían de la existencia de los familiares de esta última. Esa mentira se consignó luego en la escritura pública 988 del 11 de abril de 2003, de liquidación de la sucesión doble e intestada de los esposos Alonso Jiménez y Azucena Giraldo, en donde participaron 20 de los acusados, en calidad de solicitantes, bajo la asesoría del abogado Wilson Guizado. Así quedó probado en el plenario.

1.2.4. No se quebrantó el principio de congruencia.

Este constituye un límite al Estado a la hora de definir el proceso penal, e implica que solo se puede condenar a una persona por los cargos que en forma clara y específica se le hayan formulado en la resolución de acusación, en tanto ella es pieza fundamental dentro de la actuación y marca los linderos fáctico y jurídico en que se desarrolla el juicio.

Ahora bien, aunque la consonancia exige correspondencia entre la sentencia y los cargos imputados en la acusación, no se puede perder de vista que la calificación jurídica hecha en aquella es provisional, toda vez que la definición del asunto siempre radica en el juez de instancia.

En efecto, el Código de Procedimiento Penal de 2000, en su artículo 404, previó la posibilidad de introducirle cambios a la acusación en lo que corresponde a la imputación jurídica, las circunstancias en que se cometió el comportamiento y la calificación jurídica de este, o, lo que es igual, su adecuación típica, manteniendo siempre el núcleo fáctico.

No obstante, la regulación respecto de la mutación se previó exclusivamente para hacer más gravosa la condición del imputado y garantizar así sus derechos de defensa y contradicción; pues, de advertir la fiscalía o el juez, que el acusado debe responder por una conducta de menor gravedad, siempre que se respete el núcleo central fáctico de la imputación, solo habrá de solicitarlo, la primera, y declararlo, el segundo(19).

Acorde con lo expuesto, es ostensible que el delito de falsedad en documento privado, desde la óptica del monto punitivo establecido en la ley para su sanción —1 a 6 años(20)—, resulta menos gravoso —o más favorable como se indicó en la providencia— para los procesados, que el fraude procesal —con pena entre 4 y 8 años—.

1.2.5. Se respetó el núcleo fáctico de la acusación y, en ese orden, los encartados no vieron restringidos sus derechos de defensa y contradicción.

Tanto en las indagatorias como en el acto de llamamiento a juicio, se hizo alusión a las manifestaciones mentirosas que, bajo juramento hicieron los procesados —herederos de María Luisa Jiménez—, en torno a la inexistencia de otras personas con igual o mejor derecho en las sucesiones —los miembros de la familia Giraldo—, así como la participación que en ese entramado tuvo, como artífice, el abogado Guizado Hernández.

Véase cómo relató la fiscalía delegada ante el tribunal superior el devenir fáctico respecto del punible de fraude procesal:

“Sobre los trámites sucesorales que en últimas son los que han dado origen a la investigación, se tiene: a instancias del abogado Guisado (sic) Hernández, su colega Nancy Liliana Pineda Correa inicia el trámite correspondiente a la sucesión de Alonso Jiménez Hernández, para lo cual recibe los poderes otorgados por los supuestos herederos de Jiménez Hernández firmados y autenticados de manos del doctor Guisado (sic), recuérdese que la abogada no los conocía hasta ese momento. Por supuesto estos dos profesionales del derecho sabían de qué estaba conformada la masa herencial, no solo los bienes inmuebles, sino también los dineros representados en certificados de depósito a término en varias entidades bancarias Colpatria, banco de Bogotá, entre otras.

(...).

De lo dicho en precedencia y perfectamente probado, se concluye que en ese momento se excluyó de la sucesión a los herederos de Azucena Giraldo Ramírez, constituyéndose aquí la primera de las múltiples y graves irregularidades que se avistan en la actuación y es que los herederos de Alonso Jiménez Hernández, bajo juramento señalaron en los poderes otorgados a la abogada Pineda Correa que eran los únicos y verdaderos herederos y desconocían absolutamente la existencia de otros. Esto por supuesto con la coadyuvancia del señor Guisado (sic) Hernández que fue quien confeccionó tales documentos.

Situación totalmente contraria a la realidad, pues son los mismos procesados y herederos de Alaonso (sic) quienes en sus indagatorias sostienen que conocían a la familia de Azucena Giraldo vale decir hermanos y sobrinos, desde que contrajeron matrimonio aquella con Alonso Jiménez, llegando a compartir algunos momentos de la cotidianidad y que inclusive todos asistieron a los funerales de Azucena y también hicieron lo propio al fallecimiento de Alonso. Sobre los poderes claramente señalan que el abogado Guisado (sic) los elaboró y ellos firmaron, algunos sin leer el contenido”(21).

En las indagatorias consta que a los acusados se les preguntó si, con anterioridad a iniciar los trámites de la sucesión doble e intestada de Alonso Jiménez y Azucena Giraldo, conocían a los familiares de esta última, si otorgaron poder al abogado Wilson Guizado y a otra profesional para adelantar actuaciones relacionadas con aquel legado y si admitían, como suyas, las firmas allí plasmadas(22). Vale la pena destacar que, en algunos de los memoriales poder que en dicha diligencia se les puso de presente, los que estaban orientados a iniciar la sucesión de Alonso Jiménez y Azucena Giraldo, se lee: “Desconozco la existencia de otros herederos presuntos o reales, legatarios, albaceas con tenencia de bienes, con igual o mejor derecho...”(23).

De otro lado, se observa que en los alegatos de conclusión, los defensores de los acusados se ocuparon de ofrecer explicaciones en punto de la elaboración de los poderes y del endilgado ocultamiento de otros herederos(24).

1.2.6. Los censores aseguran que era inviable seguir el precedente fijado por la Corte en la mencionada sentencia del 21 de abril de 2010, porque la fiscalía de segunda instancia, en el pliego acusatorio, dispuso expedir copias para investigar el punible de falsedad en documento privado, razón por la cual la condena impuesta infringe el principio non bis in idem y es al interior de la nueva actuación en donde se ejercen los derechos de defensa y contradicción.

No les asiste razón en su crítica porque, si bien es cierto en el numeral séptimo de la parte resolutiva de la acusación la fiscalía 11 delegada ante el tribunal ordenó la “compulsa de copias (...) con destino a la dirección seccional de fiscalías de Medellín para que se investiguen las probables conductas de concierto para delinquir y falsedad en que pudieron incurrir los aquí procesados”(25), también lo es que ello respondió a comportamientos distintos al de manifestar bajo juramento en los mandatos, contrariando la verdad, desconocer otros herederos.

Lo anterior surge con facilidad de la propia estructura de esa determinación, cuya parte considerativa posee tres segmentos: uno, los recursos de la parte civil dirigidos contra la decisión de precluir investigación contra los ahora acusados; dos, la apelación propuesta por el abogado de Gloria del Socorro Escobar Jaramillo —para ese momento la única llamada a juicio—, y, tres, la admisibilidad de la demanda de parte civil reclamada por Colpatria.

El aparte uno —el que interesa en este momento—, se subdivide, a su vez, en: primero (fls. 21-30(26)), donde, a la luz de la jurisprudencia, se recuerdan los elementos del fraude procesal, la estafa y el falso testimonio; segundo (fls. 30-51(27)), en el que, frente a las pruebas, se examina la configuración de los punibles de fraude procesal y estafa; tercero (fls. 51-58(28)), allí se analiza lo atinente a la situación jurídica de los encartados y a la viabilidad de imponer medida de aseguramiento; cuarto (fls. 58-60(29)) se verifica lo relativo a la conducta de falso testimonio, y, quinto (fls. 60 y 61(30)), se estudian las peticiones elevadas por la parte civil.

Es precisamente en el aparte cuatro, esto es, después de que se destacaran las ficciones consignadas en los poderes, cuando la fiscal advierte que compulsará copias para averiguar por otros comportamientos disímiles. Véase la determinación:

“Ahora bien, lo que sí vislumbra este despacho es que a la par de las conductas por las que aquí se profiere resolución de acusación en contra de los procesados herederos de Alonso Jiménez y sus abogados, es que se pudieron haber consumado otro tipo de conductas, así:

Sin duda los delitos de fraude procesal y estafa, perfectamente delimitados aquí, necesariamente tuvieron que ir acompañados de otras probables conductas que aún no han sido objeto de investigación, es que el engranaje mismo de toda la actividad desplegada para la elaboración de las sucesiones, significó un mayor esfuerzo por parte de los actores y la unificación de voluntades con propósitos ilícitos claros, lo que podría enmarcarse en la conducta de concierto para delinquir. A la par y en virtud a las posibles irregularidades que alegan los representantes de la parte civil con respecto al árbol genealógico que presentan los herederos para demostrar el parentesco, cabe destacar situaciones como aquella de la madre que tuvo tres hijos a los 8 o 9 años, 11 y 14 y en general las múltiples inconsistencias en cuanto a nombre y fechas que de manera ordenada y detallada los apelantes en diferentes estadios de la investigación han destacado. Igualmente, amerita hacer una investigación profunda respecto del trámite y constitución de los certificados de depósito a término en el banco Colpatria, situación que también ha sido materia de preocupación de los recurrentes y que en aras de buscar la verdad y la justicia, sería importante instar en ello.

Conforme a lo dicho en precedencia se dispondrá la compulsa de copias para que el fiscal competente de Medellín, adelante las investigaciones a que haya lugar con el fin de establecer si probables conductas como concierto para delinquir, falsedad u otras pudieron haberse presentado en el trámite de las sucesiones de marras...”(31).

Lo anterior pone en evidencia, y así lo destacó la delegada de la procuraduría, que la compulsa de copias hecha en instrucción, por la posible falsedad, excluyó la conducta punible de esa naturaleza cometida al otorgar los poderes, por la cual el tribunal profirió condena, y se concentró en otras, tales como el árbol genealógico exhibido por los herederos y las inconsistencias en cuanto a nombres y fechas.

De manera que, ninguna usurpación de competencias se evidencia por parte del juez colegiado y se conservó la unidad procesal, que nunca sufrió ruptura por ese aspecto.

Ahora, que el juez de primera instancia haya previsto la remisión de copia de su sentencia para investigar, eso sí, el comportamiento descrito, no comporta dificultad alguna, toda vez que allí se condicionó la orden a la ejecutoria de la determinación, lo que obviamente no ha tenido lugar por virtud de los recursos de casación interpuestos.

En ese orden de ideas, no prosperan los cargos primero, así propuestos en las tres demandas y tercero formulado en la última por el defensor de Guizado Hernández.

2. La antijuridicidad de la conducta de falsedad.

2.1. En la segunda censura del libelo 2(32) el apoderado cuestiona la sentencia por violación directa, por falta de aplicación del numeral 6º del artículo 3º del Decreto 902 de 1988, lo que derivó en el inadecuado empleo de los artículos 9º, 11, 52 y 289 del Código Penal.

Dice el recurrente que el ad quem, al ocuparse del delito de falsedad en documento privado, no tuvo en cuenta que los herederos de la familia Giraldo sí intervinieron en la actuación sucesoral cuando hicieron el pacto que se reflejó luego en la nueva repartición de bienes. En ese sentido, la mentira contenida en los poderes carece de peligro en el tráfico jurídico y, por ende, de antijuridicidad.

2.2. Cuando se elige esta vía de ataque es imperioso que se admitan los hechos, las pruebas y la valoración que de ellas hizo el sentenciador, motivo por el cual no es factible discutir cuestiones de facto, toda vez que la impugnación es de estricto orden jurídico y recae sobre la ley sustancial. Así mismo, la falta de aplicación impone al actor la carga de demostrar porqué la norma que echa de menos era la llamada a resolver el caso y, por ende, debía guiar el examen jurídico.

En ese orden de ideas, el planteamiento del profesional tiene serias falencias.

2.2.1. Menospreció por completo que el bien jurídico protegido es el de la fe pública, como acertadamente lo dijo el sentenciador, al tiempo que excluyó los argumentos que en el fallo se expusieron en torno a la configuración de la falsedad, toda vez que el juez colegiado explicó cómo, a su juicio, el proceder de los acusados era típico, antijurídico y culpable. Así concluyó:

“De cara al elemento ‘aptitud probatoria’ contenido en el tipo penal, la idoneidad de la falsedad ideológica para producir efectos jurídicos o interferir irregularmente en las relaciones, es incuestionable. Con esas exposiciones falsas, la notaria quinta de Medellín, doctora María Victoria Maya Maya, dio inicio al trámite de liquidación el 20 de marzo, publicó el edicto general, imprimió fuerte celeridad en el trámite y autorizó las escrituras, todo por efectos de la falsedad documental”(33).

“Establecida para los demás la realización de una conducta típica, es evidente su antijuridicidad y culpabilidad. El bien jurídico de la fe pública, que en esta particular tipificación protege la veracidad de la prueba apta para producir efectos jurídicos, esencial para el tráfico jurídico, se amenaza cuando se falta a la verdad bajo juramento al desconocer a unos herederos en un trámite notarial sucesoral y por esta vía se producen engaños, de haberse conocido la existencia de otros herederos la actuación hubiese sido diferente. Esta actuación fue sin justa causa, actuaron con conciencia de la ilicitud y siendo imputables, debían de haber obrado en forma diferente a la vista”(34).

De manera que la materialización de la falsedad tuvo lugar cuando en los poderes, tantas veces referenciados, los procesados consignaron un hecho alejado de la verdad, de la cual, para ese momento, tenían pleno conocimiento, esto es, la existencia de otros herederos, los de Azucena Giraldo. Mentira que se introdujo luego en la escritura pública 988 del 11 de abril de 2003, por la cual se liquidó la herencia de Alonso Jiménez y Azucena Giraldo.

Por consiguiente, con independencia del acuerdo de voluntades realizado con posterioridad entre los herederos de una y otra familia, que conllevó a adicionar la escritura mencionada en precedencia, fue claro para el ad quem que la conducta fue típica, antijurídica y culpable. Son, entonces, dos momentos distintos y claramente diferenciables, como lo declaró el juez plural; el segundo no desvirtúa la existencia de la falsedad, y por ello le dio al pacto efectos disímiles. Sobre este punto la Corte se detendrá en capítulo ulterior.

2.2.2. El letrado parece olvidar que la falsedad ideológica en documento privado, endilgada por el tribunal, es un delito de peligro abstracto, en el que el legislador presume la posibilidad de daño para el bien jurídico tutelado y, por contera, no requiere de un quebranto efectivo de aquel, basta su peligro efectivo, el cual, como se vio, quedó plenamente comprobado. Los procesados acreditaron, con los mandatos, que no existían otros herederos, más que ellos, en la sucesión de Alonso Jiménez y Azucena Giraldo. Se alteró así la credibilidad de esos memoriales, que iban dirigidos a lograr un acto notarial, declarativo de derechos dentro de una sucesión.

Resulta importante traer a colación lo que, sobre la materia, ha sostenido la Sala:

“De acuerdo con la categoría dogmática de la antijuridicidad, la conducta no solo debe contrariar el ordenamiento jurídico considerado en su integridad (antijuridicidad formal), sino que además, debe lesionar o poner efectivamente en peligro el bien jurídico protegido por la ley (antijuridicidad material), de manera que no todo daño o peligro comporta un delito, pero sí, todo delito supone necesariamente como condición insustituible la presencia de un daño real o por lo menos, de un peligro efectivo para el interés objeto de protección jurídica.

Ese bien jurídico tutelado se erige en un elemento de interpretación en punto de la órbita de protección de los preceptos que cobija, de modo que permita al intérprete desentrañar el ámbito protector de cada disposición, y a partir de ello constatar la antijuridicidad que pueda o no predicarse de la conducta analizada.

Para ello suele diferenciarse entre delitos de lesión y delitos de peligro. Los primeros son aquellos que comportan la destrucción o mengua del bien jurídico protegido, como ocurre por ejemplo, con los establecidos en los artículos 103 (homicidio - vida) o 239 (hurto - patrimonio económico) de la Ley 599 de 2000, respectivamente.

Por su parte, los delitos de peligro se caracterizan porque la conducta comporta la amenaza o puesta en riesgo del bien jurídico objeto de protección. Se dividen en delitos de peligro presunto y delitos de peligro concreto o demostrable.

En los delitos de peligro presunto (a diferencia de los segundos, en los cuales es menester acreditar la efectiva ocurrencia del riesgo para el bien jurídico protegido. V. gr. el incendio establecido en el art. 350 de la L. 599/2000, el cual requiere que la conducta de prender fuego en cosa mueble se produzca con peligro común) el legislador presume la posibilidad de daño para el bien jurídico tutelado, como ocurre, entre otros, con los establecidos en los artículos 471 (conspiración), 434 (asociación para la comisión de un delito contra la administración pública), y 365 (porte ilegal de armas) de la Ley 599 de 2000, así como con el delito por el que se procede aquí, esto es, el punible de falsedad en documento privado, dispuesto en el artículo 289 del mismo ordenamiento”.

(...).

“... en el delito de falsedad en documento privado, para superar el juicio de tipicidad objetiva, el instrumento debe tener aptitud para servir de prueba, es decir, que a partir de su utilización puedan producirse efectos jurídicos en el sentido de establecer o modificar una relación de derecho.

Tal requisito se sustenta en la necesidad social de tener fe y confianza en los instrumentos privados dentro del tráfico jurídico, entendido como la circulación de documentos dentro de una organización, en oposición a la falta de credibilidad que podría derivarse de su falseamiento en las relaciones sociales, pues se derrumbaría el principio de confianza y las expectativas de la sociedad tendrían que afianzarse sobre supuestos contrafácticos como la mala fe, en desmedro de la agilidad propia de los negocios y complejas operaciones contemporáneas.

El delito de falsedad en documento privado tiene dos connotaciones, una, producto de su alteración material, como puede ocurrir cuando alguien enmienda, tacha, borra, suprime o de cualquier manera altera su texto. La otra, la falsedad ideológica, tiene lugar cuando el particular consigna en el documento privado hechos o circunstancias ajenas a la realidad, es decir, cuando falta a su deber de verdad sobre un aspecto que comporta quebrantamiento de relaciones sociales con efectos jurídicos.

No sobra señalar que en sede de antijuridicidad es necesario que la alteración material del documento privado lesione o ponga en peligro del bien jurídico de la fe pública, pues recuérdese que desde la escuela clásica del derecho penal toda conducta para ser antijurídica supone la existencia de un daño, así todo daño no comporte un comportamiento delictivo.

Es claro que si el documento privado con aptitud probatoria en el cual se efectuaron enmendaduras, como ocurre en este asunto, no solo se introduce en el tráfico jurídico, sino que es efectivamente utilizado, por ejemplo para efectuar con base en lo que allí se acredita un nombramiento en la administración induciendo en error a un servidor público, se configura un nuevo delito, esto es, de fraude procesal, concursante con el mencionado punible contra la fe pública”(35).

2.2.3. De otra parte, afirma el impugnante que el tribunal dejó de aplicar el numeral 6º del artículo 3º del Decreto 902 de 1988, pero no explicó el motivo por el cual era esa disposición y no otra la que debía gobernar el asunto y cómo ella excluía el empleo de los artículos 9º, 11, 52 y 289 del Código Penal.

Adicionalmente, tampoco le asiste razón en sus apreciaciones.

La normativa referida es del siguiente tenor:

“ART. 3º—Para la liquidación notarial de la herencia y de la sociedad conyugal cuando fuere el caso, se procederá así:

(...).

6. Si después de suscrita la mencionada escritura aparecieren nuevos interesados, estos podrán hacer valer ante el juez competente sus derechos, o solicitar al mismo notario, conjuntamente con los que intervinieron en la anterior liquidación, que esta se rehaga, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los numerales anteriores. Para efectos de la liquidación notarial adicional no es necesario repetir la documentación que para la primera se hubiere presentado, ni nuevo emplazamiento”.

Pasó por alto el profesional que el aludido decreto va dirigido a los notarios, así se desprende de su epígrafe: “[p]or la cual se autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales vinculadas a ellas ante notario público y se dictan otras disposiciones”. De manera, pues, que, en el evento de que aparecieren nuevos herederos, el proceder allí descrito es el que deben seguir los escribanos, no el juez. Y, en esta ocasión, como bien lo destacó el tribunal, el delito se materializó, no porque con posterioridad surgieren nuevos herederos, sino, justamente, por ser estos ampliamente conocidos por los acusados; fueron ocultados en sus poderes y tal guardado se incluyó luego en una escritura pública.

El cargo, entonces, no prospera.

3. La prescripción de la acción penal por el delito de falsedad.

3.1. En el segundo cargo de la demanda 3 se acusa la sentencia por violación directa, bajo el argumento que el ad quem pasó por alto que la acción penal derivada de la conducta de falsedad en documento privado estaba prescrita, habida cuenta que esta no fue incluida en la resolución de acusación.

3.2. El recurrente no solo equivocó el camino de ataque sino que falló en sus apreciaciones.

En primer lugar, aunque adujo que el yerro acaeció por falta de aplicación de las normas que regulan la prescripción, no las especificó y menos explicó cómo tuvo lugar aquel. Tampoco se ocupó de ilustrar a la Corte cómo tales disposiciones, confrontadas con aquellas que prevén la sanción para el punible de que se trata, conducían a arribar a la conclusión planteada, la cual no resulta clara respecto del momento en el que supuestamente el Estado perdió su potestad punitiva, es decir, ninguna operación matemática hizo para sustentar su reclamo.

Ahora, si pretendía denunciar que dicho fenómeno se consolidó durante la fase instructiva, ha debido proponer el reparo al amparo de la causal tercera —nulidad—, toda vez que, por haber continuado el proceso penal a pesar de estar prescrita la acción, la actuación sería inválida.

En segundo lugar, es notorio su dislate en torno al contenido de la acusación y a la forma de contabilizar los términos de prescripción cuando el tipo penal se modifica durante el juicio. En dichos eventos, la jurisprudencia ha sido pacífica en sostener que, si bien el delito contemplado en el fallo de instancia, con todas sus circunstancias, señala la pauta para determinar la prescripción de la acción, es claro que para tales fines —sea en juicio o en instrucción— el plazo ha de contarse atendiendo la fecha en la que el llamamiento a juicio adquirió ejecutoria.

Con el propósito de esclarecer el panorama, vale la pena recordar lo sostenido por la Sala:

“La calificación sumarial impartida en la resolución de acusación no obstante su carácter provisorio se convierte en ley del proceso, pues es el hito fundamental a partir del cual el Estado garantiza al acusado el derecho de defensa y se desarrolla la actividad defensiva durante el debate del juicio, pero a la vez está sujeta a las resultas de este, materializadas en la sentencia de las instancias.

Esta, cuando es condenatoria y se pronuncia bajo los parámetros del debido proceso y concordante con la resolución acusatoria, es el único pronunciamiento judicial dentro de la fase ordinaria del proceso con categoría de definitividad en la imputación penal, sea que la mantenga en los mismos términos de la acusación fiscal o que le introduzca variaciones de menor compromiso penal, de donde se colige que es el tipo penal contemplado en el fallo de las instancias con las circunstancias específicas declaradas, el que establece el término de la prescripción de la acción penal”(36).

3.3. En todo caso, ninguna razón le asiste al profesional porque, de computar los términos a partir de la fecha que menciona en el libelo, esto es, 14 de febrero de 2003, surge que los 6 años —límite superior de la pena fijado para el punible de falsedad y máximo con el cual cuenta el Estado para la instrucción— no se alcanzaron a cumplir para el momento en que la resolución de acusación adquirió ejecutoria, hecho que ocurrió el 28 de octubre de 2008.

A juicio de la procuradora tercera delegada en lo penal, ese plazo sí se consumó, pero ello pudo ser un error de cálculo porque si se cuentan esos 6 años desde el día en que se confirieron los poderes iniciales —7 de enero de 2003— hasta el 28 de octubre de 2008 —ejecutoria de la acusación—, solo trascurrieron 5 años y 9 meses.

El cargo, entonces, no prospera.

4. Los reproches atinentes al delito de estafa.

4.1. Antes de abordar el estudio de las críticas propuestas por los demandantes, encaminadas por vía de la nulidad y la violación directa e indirecta, la Corte debe recordar la situación fáctica que dio lugar a configurar el tipo penal referido.

Alonso Jiménez Hernández y Azucena Giraldo de Jiménez contrajeron matrimonio católico el 28 de noviembre de 1955 y no dejaron descendencia. Esta falleció el 31 de diciembre de 2001 y aquel, violentamente, el 26 de diciembre de 2002. Alonso tenía una hermana, de nombre María Luisa Jiménez Hernández, quien murió el 7 de abril de 1993(37).

Únicamente con el deceso de Alonso Jiménez y, con ocasión del hallazgo de 11 certificados de depósito a término del banco Colpatria, por valor de $ 9.303.215.846.36 —en los cuales figuran como beneficiarios Alonso Jiménez y Azucena Jiménez—, que fueron encontrados por algunos de los procesados cuando subrepticiamente, en compañía del abogado Guizado Hernández, ingresaron a la casa de Alonso Jiménez, los acusados(38) decidieron abrir las sucesiones intestadas. Primero, la de María Luisa Jiménez y, luego, la doble de Alonso Jiménez y Azucena Giraldo, con la cual se liquidó la sociedad conyugal existente entre los últimos.

En la de María Luisa Jiménez, tal como consta en las escrituras públicas 362 y 396 del 12 y 14 de febrero de 2003, respectivamente —esta última adicionó la primera(39)—, ambas de la notaría quinta de Medellín, solo se incluyeron como activos los CDT referidos en precedencia, los cuales fueron adjudicados a los encartados. De la existencia de estos cartulares no se comunicó a los familiares de Azucena(40). Sobre sus características, la Sala se detendrá más adelante.

Seguidamente, los recurrentes abrieron la sucesión doble e intestada de los esposos Jiménez Giraldo, en donde, como se dejó consignado en acápites precedentes y bajo la asesoría de su abogado Guizado Hernández,ellos faltaron a la verdad y excluyeron a los herederos de Azucena Giraldo. No les informaron a estos sobre tal proceder y menos los pusieron al tanto de los bienes que debían ser objeto de reparto. En dicha ocasión se incluyeron 46 inmuebles y otros dineros contenidos también en CDT, pero de entidades bancarias distintas a Colpatria. La escritura pública por tal legado correspondió a la número 988 del 11 de abril de 2003 de la notaría quinta de Medellín.

Con posterioridad a ese acto notarial, una abogada de los Giraldo, Gloria Patricia Bedoya Ramírez, advirtió la anomalía descrita y la exclusión de los herederos de Azucena Giraldo. Fue entonces cuando iniciaron conversaciones con el abogado de los acusados, en orden a lograr el reconocimiento de sus derechos frente a los bienes de la sucesión, lo que finalizó con un “acuerdo de voluntades” suscrito por ambas familias, que dio lugar a elevar la escritura pública de adición 1215 del 13 de mayo de 2003 de la notaría quinta de Medellín, en la cual, los Giraldo ratificaron las adjudicaciones hechas en la escritura 988, pero en donde tampoco se incluyeron los 11 CDT del banco Colpatria, de los que se ha venido hablando.

4.2. El tribunal halló configurado el engaño cuando los acusados, durante el trámite sucesoral inicial omitieron poner en conocimiento de los abogados representantes de la familia de Azucena Giraldo, la actuación que adelantaban, a efectos de hacer un adecuado reparto patrimonial, y actuaron a espaldas de estos últimos. Adicionalmente, advirtió que, si bien con posterioridad esos profesionales se contactaron con sus colegas que representaban a la familia de los encartados y suscribieron todos un denominado “acuerdo de voluntades”, tampoco se les enteró de la existencia de los CDT del banco Colpatria ($ 9.303.215.846.36).

Los errores producidos por ese acto engañoso, los determinó el ad quem en la ritualidad legal y específica que a ese proceder le imprimió la notaria quinta del círculo de Medellín y al subsiguiente registro; así como a la neutralización de los representantes judiciales de la familia Giraldo “quienes actuaron convencidos de la ausencia de la sucesión y de otros bienes, y por consiguiente no asumieron ninguna conducta de reclamación en su momento”(41).

El provecho económico ilícito lo halló el juez plural en que a los procesados se les autorizó la sucesión y lograron un incremento en su capital que no les correspondía en derecho y, adicionalmente, en el apoderamiento impropio de los referidos CDT y su posterior adjudicación con la sucesión de María Luisa, en la que —se insiste— solo participaron ellos.

En lo que toca con el consenso al que arribaron los integrantes de la familia Jiménez (acusados) y de la familia Giraldo (parte civil), el fallador de segundo grado determinó que no desconfiguraba la tipicidad de la estafa porque:

“Todos sus elementos conservan vigencia. Por ejemplo, en algunas hipótesis que evaluamos, no se trata de una tentativa desistida, ya que los acusados fueron sorprendidos en el quehacer criminal, no hubo una renuncia voluntaria a interrumpirlo, el iter criminis continuó y se consumó con los registros en los folios de matrícula inmobiliaria, los cuales conservaron vigencia, a más de la apropiación del dinero de la primera sucesión. Nada de esto fue revocado”(42).

Tampoco le dio a ese pacto el alcance de una conciliación, puesto que no fue autorizado por algún servidor público o particular facultado para el efecto, pero sí le otorgó validez en lo que toca con la aceptación que se le dio a la adjudicación de las 46 propiedades y a sus réditos, además que se dejó la opción de denunciar o reclamar otros bienes que no hiciesen parte del convenio, tal como lo disponen las normas relacionadas con las sucesiones ante notaría.

4.3. Hasta aquí la Corte comparte a plenitud los razonamientos expuestos por el sentenciador, pues no otra cosa demuestran las pruebas documentales y testimoniales válidamente aportadas. Entre otras, obra la declaración de la abogada Gloria Patricia Bedoya Ramírez, apoderada judicial de algunos integrantes de la familia Giraldo, quien relató que los acusados de manera oculta hicieron la sucesión de los esposos Jiménez y Giraldo, en la cual se adjudicaron bienes. Recalcó cómo con posterioridad se adelantaron conversaciones con ellos y se logró un acuerdo con sus representados, no conciliación, en el cual intervino activamente el abogado Guizado Hernández(43), documento que se exigió para poder adicionar la sucesión inicial y en la que nunca se incluyeron los 11 CDT(44).

4.4. Sin embargo, y aquí se encuentra la disparidad de los censores, la colegiatura no le dio a ese consenso el alcance de una reparación integral, en los términos del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, y, por contera, no declaró la cesación de procedimiento. La razón, porque, como con tino lo destacó el juez plural, ese acuerdo solo versó sobre los bienes adjudicados en la escritura pública 988 de 2003, de la notaría quinta de Medellín —la correspondiente a la sucesión doble e intestada de Alonso Jiménez y Azucena Giraldo de Jiménez—, no así sobre los títulos nominativos del banco Colpatria, que se adjudicaron con la sucesión de María Luisa Jiménez. Al respecto adujo:

“Nótese que hace parte de este proceso penal la acción civil dirigida a reclamar ese haber patrimonial que quedó por fuera del acuerdo de voluntades alusivo a esa primera sucesión y es objeto de petición patrimonial específica en la demanda de constitución de parte civil que ‘respecto a los once títulos alternativos referidos en el literal (c) del hecho séptimo de esta demanda y por valor global de $ 9.303.215.846.36. al habérselos adjudicado exclusivamente los herederos de Alonso y desconociendo la participación que les correspondía a los ocho herederos de Azucena, cada uno de mis cinco representados sufrió un daño cuantificado en la suma de cuatrocientos sesenta y cinco millones, ciento sesenta mil, setecientos noventa y dos pesos ($ 465.160.792)’. Entonces, no hay duda que hace parte por la vía civil del conflicto que estudiamos y que quedó sin solución”(45).

De manera, pues, que lo allí pactado, al no contemplar todo el haber patrimonial correspondiente a los herederos de Azucena, dio al traste con el reconocimiento ahora pretendido por razón de indemnización de perjuicios. Es más, si bien no se tuvo como tal para efectos de cesar procedimiento, lo cierto es que, al momento de dosificar la pena, sí fue objeto de reconocimiento como circunstancia de menor punibilidad (indemnización parcial), en los términos del artículo 55, numeral 6º, del Código Penal.

4.5. La Sala no tiene reparo alguno en tal conclusión. Empero, sí debe aclarar que a ella arribó la colegiatura, justamente, porque, a pesar de que no lo explicó con suficiencia, esos CDT hacían parte de la universalidad de bienes surgida con el fallecimiento de Alonso Jiménez y, además, fueron adquiridos con dineros de la sociedad conyugal.

Con las pruebas obrantes en el expediente, no es posible afirmar tajantemente que tales certificados hacían parte del patrimonio propio de Alonso Jiménez, toda vez que los mismos son renovaciones de títulos anteriores constituidos mucho antes del deceso de Azucena Giraldo de Jiménez —su cónyuge—.

Si bien el tribunal sostuvo inicialmente que eran títulos nuevos, constituidos en el año 2002, y reconoció que no pudieron ser constituidos con recursos de María Luisa Jiménez, en tanto ella había fallecido años atrás (1993), y durante su vida no se le conocieron rentas ni bienes, por lo que podrían ser bienes propios de Alonso Jiménez, lo cierto es que concluyó que los acusados ocultaron su existencia a los familiares de Azucena Giraldo y, a partir de allí, encontró configurada la estafa.

De tal razonamiento emerge que admitió que los mismos fueron adquiridos, si no durante su vigencia, sí con dineros de la sociedad conyugal, y esa inferencia lógica fue luego corroborada cuando, al tasar los perjuicios ocasionados con el delito, señaló que la suma contenida en los carturales hacía parte de ese haber, tanto así que reconoció gananciales a favor de Azucena Giraldo. Obsérvese que en el acápite 5 del fallo, intitulado “Los daños y perjuicios”(46), adujo:

“5.4. En cuanto a las sumas de dinero consignados (sic) en unos certificados de depósito a término por la suma total de $ 9.303.215.846.36(47) procede su liquidación, teniendo en cuenta que en la Ley 600 de 2000, la asignación de daños y perjuicios es admisible inclusive oficiosamente, salvo que se hubiera demostrado la promoción del proceso civil o de otra naturaleza contra los mismos demandados en forma independiente, tal como lo señala en especial el artículo 56 de tal codificación.

Los herederos de Azucena Giraldo tendrían derecho a la mitad de dicha cuantía, que sería lo que le correspondería a la citada señora a título de gananciales de la sociedad conyugal, o sea la suma de $ 4.651.607.923. Dicho valor se divide en cinco partes alusivas a los hermanos...”(48).

Así las cosas, los reparos que en tal sentido hacen los demandantes responden a una inexactitud del ad quem, que en modo alguno incide en la declaratoria de condena. Y es que, a juicio de esta Sala, a pesar de que los títulos tienen fechas de expedición de diferentes meses del año 2002, es válido concluir que ellas se refieren a la última renovación realizada por el banco.

Consta en el plenario que la mayoría de ellos son alternativos, en tanto aparecen como titulares Alonso Jiménez o María Luisa Jiménez, salvo dos que carecen de la conjunción “o”, y que quien acudía a actualizarlos era directamente Alonso Jiménez.

Los aludidos carturales son(49):

Nº CDTNº CertificadoFecha de expediciónFecha de vencimientoPlazoValor
102268631710000923032002-11-082003-03-104 meses$ 38.000.000
10226853170000922142002-11-052003-03-054 meses$ 74.000.000
102268771710000924432002-11-182003-03-184 meses$ 4.500.000.000
102268731710000924002002-11-152003-03-174 meses$ 832.000.000
102268461710000920522002-10-282003-02-284 meses$ 430.104.836,94
102268641710000923112002-11-082003-03-104 meses$ 733.000.000
102267751710000914392002-10-042003-02-044 meses$ 511.000.000
102314251710000929232002-12-092003-04-094 meses$ 835.667.520
102268271710000919862002-10-242003-02-244 meses$ 652.000.000
102267671710000913662002-09-272003-01-274 meses$ 335.000.000
102268361710000920602002-10-282003-02-284 meses$ 362.443.489,42
Valor total    $ 9.303.215.846,36

 

Que fuesen renovaciones, se constata con (i) la certificación que en tal sentido expidió un empleado del “servicio interno pasivo” de Colpatria al juzgado 12 de familia de Medellín (ofi. mayo 19/2004)(50); (ii) lo depuesto por Imelda Arias González, gerente banca personal(51) y Mónica Tatiana Hernández Estrada, gerente banca familiar y gerente banca empresarial(52) de Colpatria Medellín, quienes aseguraron haber manejado las cuentas de Alonso Jiménez, la primera desde “hace 5 años que yo fui gerente banca hasta el 31 de diciembre de 2001”(53) y la segunda a partir del 2002. Afirmaron que, además, de las cuentas de ahorro, Alonso tenía unos títulos a nombre de él y de su hermana, a la cual nunca conocieron, porque era Alonso el que siempre iba a la entidad a hacer las renovaciones. Imelda agregó que su cliente le comunicó que su hermana vivía en los Estados Unidos y tanto para la constitución de los CDT como para la renovación se exigía fotocopia de la cédula de uno de los beneficiarios, y, en este caso, bastaba con la de Alonso, y (iii) la fotocopia de varios certificados de la misma naturaleza y banco, expedidos a favor de María Luisa Jiménez y Alonso Jiménez Hernández en época anterior, con plazos también muy cortos y por cuantiosas sumas de dinero(54). Así, entre muchos otros, se aportaron fotocopias de títulos expedidos durante los años 1995(55), 1996(56), 1997(57), 1998(58), plazo 120 días; 1999, plazos 90(59) y 150 días(60), 2000, plazo 3(61) y 4 meses(62) y 2001, plazo 4 meses(63).

Lo anterior permite colegir, en igual sentido que lo hizo la delegada para la casación penal, que eran renovaciones y, en ese orden, se presumen como pertenecientes a la sociedad conyugal existente entre los cónyuges Alonso Jiménez y Azucena Giraldo.

La precisión que se acaba de hacer, lejos de debilitar la sentencia que se objeta, le da fortaleza, en tanto —se itera— el tribunal consideró que el acuerdo de voluntades hecho entre los herederos de una y otra familia solo abarcó los bienes adjudicados en la escritura pública 988 de 2003, pero no comprendió los incluidos en la sucesión de María Luisa Jiménez, esto es, los 11 CDT descritos en precedencia y fue esa la razón para no precluir o cesar procedimiento. No obstante —se insiste—, sí atendió su contenido como una reparación parcial, y otorgó sus efectos al momento de dosificar la pena y de fijar los perjuicios.

4.6. Acertó, entonces, el fallador en su decisión, porque la extinción de las acciones penal y civil tiene lugar, entre otros eventos, por indemnización integral, la cual no se verificó en esta ocasión.

Para que opere esa causal es imperioso que exista manifestación de conformidad por la víctima frente a la reparación que hace el procesado, ya sea por estar complacida con el dictamen pericial de perjuicios realizados o porque medie acuerdo entre las partes sobre ese específico tema. Pero, en el caso en estudio, ello no aconteció.

El consenso hecho aquí por ambas familias —Giraldo y Jiménez— no comprendió los certificados a término mencionados y el mismo no puede admitirse como conciliación, menos como manifestación inequívoca de las víctimas de sentirse reparadas. Sin duda, estos no se consideraron indemnizados, tanto así que no hubo una estipulación en tal sentido en el documento y, adicionalmente, acudieron al proceso penal, dentro del cual se constituyeron como parte civil exigiendo reconocimiento de perjuicios.

4.7. Ahora bien, resulta necesario destacar que, en el campo civil, la situación tiene un matiz distinto, toda vez que no existe problema alguno y, por el contrario, es un imperativo para la entidad crediticia que expide un certificado a término, pagar valor a la persona que lo posea.

De manera que, si los CDT que aquí se mencionan se crearon a nombre de María Luisa Jiménez o Alonso Jiménez —con la precisión hecha antes— cualquiera de ellos —acreedores— podía reclamar el pago del monto allí representado al banco. Si la sucesión es uno de los modos de adquirir el dominio, era correcta, desde ese punto de vista, la actuación de Colpatria, esto es, pagar a los herederos de María Luisa Jiménez (hoy acusados) el valor de los títulos, lo que en efecto ocurrió. Ello porque estos exhibieron una escritura pública de la notaría quinta de Medellín, contentiva de la sucesión de María Luisa Jiménez, en la cual se les adjudicó los mentados certificados.

Fue esa la razón aducida por la Sala de Casación Civil de esta corporación en la sentencia del 26 de julio del año en curso, Expediente 05001-31-03-009-2204-00263-01, para casar la sentencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario adelantado por los herederos de Azucena Giraldo(64) contra el banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. y, en su lugar, confirmar la de primera instancia, que no condenó a la entidad bancaria. De lo allí expuesto, resulta valioso lo que, en punto al tema de los títulos, se adujo:

“b. Cuando en la emisión de un título valor de tales características, se consigna como beneficiaria a una sola persona determinada, el momento de su pago no revela ninguna dificultad, como en algunos eventos podría surgir, si de él son titulares dos o más sujetos.

Para estos supuestos, la praxis mercantil ha acudido con éxito al empleo de enlaces individuales, como ‘o’ e ‘y’, o a la reunión de ambos ‘y/o’, lo que ha generado diferentes criterios interpretativos, entre ellos, que en el primer caso, la disyuntiva permite que la distribución se realice indistintamente a una u otra; en el segundo, que la conjunción implica efectuar la solución a las dos; y el tercero, mezcla de los anteriores, comporta que la obligación cartular puede descargarse por el deudor a cualquiera de ellas e inclusive a ambas, con absolutos poderes liberatorios.

La Sala, en sentencia de 3 de febrero de 2009, Expediente 2003-00282-01, a más de aludir a lo acabado de exponer, se refirió a la interpretación que la Sección Cuarta del Consejo de Estado efectuó de la expresión ‘y/o’, en su fallo de 14 de abril de 1994, al decir:

‘Es inadmisible que la entidad bancaria alegue contradicción, inconveniencia o duda frente a la cláusula ‘y/o’, que inveteradamente se ha utilizado en los títulos valores, pues al hacerse efectivo el derecho incorporado en el título valor por parte de uno de los beneficiarios, automáticamente se excluye a los demás. Cuando el girador la utiliza, su voluntad es, al redactar así la orden impartida al girado, que este se libere de su obligación de pagar efectuando el pago a los beneficiarios o a uno de ellos. Restringir los alcances de la cláusula equivale a modificar la intención del girador y, como lo consagra el artículo 1620 del Código Civil, el sentido en que una cláusula puede producir efectos debe ser preferido a aquel en que no los produce. Aceptar la posición del actor implica que la cláusula así expresada por el girador solo tenga desarrollo cuando el cheque es cobrado por los beneficiarios conjuntos, y esa no es su intención, y conocida esta, a ella debe ceñirse la conducta del girado’.

c. El numeral 4º del precepto 127 del estatuto orgánico del sistema financiero, al regular lo atinente a los ‘depósitos conjuntos’, dispone:

‘Cuando se haga un depósito en nombre de dos personas y en forma tal que deba ser pagado a cualquiera de ellas, o a la que sobreviva, tal depósito y las adiciones que a él se haga después por cualquiera de dichas personas, será propiedad de los dos conjuntamente, se mantendrá con sus intereses, para el uso exclusivo de aquellas, y podrá pagarse a cualquiera de las dos, mientras vivan ambas, o a la sobreviviente después de la muerte de alguna de ellas. Tal pago y el recibo de aquel a quien se haya hecho, serán descargos suficientes y válidos para el establecimiento, siempre que este no haya recibido, antes de efectuarse dicho pago, una orden escrita para que no lo verifique, de acuerdo con los términos del contrato de depósito’.

Por su parte, el 1643 del Código Civil establece que ‘[s]i se ha estipulado que se pague al acreedor mismo, o a un tercero el pago hecho a cualquiera de los dos es igualmente válido. Y no puede el acreedor prohibir que se haga el pago al tercero, a menos que antes de la prohibición haya demandado en juicio al deudor o que pruebe justo motivo para ello’.

d. Los medios persuasivos evidencian que con excepción de los CDT 10226246 y 10231425 en los que se insertaron como acreedores a María Luisa Jiménez - Alonso Jiménez Hernández, sin conjunción o disyuntiva, los restantes títulos materia de esta controversia judicial, fueron creados alternativamente a nombre de “Luisa Jiménez María o Alonso Jiménez Hernández”, lo que de acuerdo con lo antes expuesto, habilitaba su pago a cualquiera de tales acreedores”(65).

Dado que las jurisdicciones penal y civil tienen campos claramente diferenciados y diferenciables, el hecho que allí se admita como válido el pago realizado, no presupone la inexistencia de comisión de conductas punibles durante esa actuación.

Que las normas civiles, comerciales o notariales prevean mecanismos para que los herederos ignorados no se queden por fuera de una sucesión o para que con posterioridad ingresen a ella bienes no denunciados, para nada desdibuja la comisión del punible de estafa y menos agota el dolo en el proceder de los aquí encartados.

Por consiguiente, no había lugar a declarar la cesación de procedimiento, como lo reclaman los letrados.

4.8. Habida cuenta que uno de los impugnantes repara en que el tribunal erró porque la inducción en error recayó sobre la notaria y no en los integrantes de la familia Giraldo, motivo por el cual la víctima sería aquella y no estos, la Corte recuerda, como bien lo consignó el fallador, que el engaño puede proyectase en persona distinta a quien recibe el perjuicio.

Al respecto, se trae a colación lo dicho por esta corporación en la sentencia del 14 de octubre de 2009 (Rad. 28.188).

“En efecto, la conducta punible de estafa bien puede estructurarse sin que el timador llegue a tener contacto directo con la víctima, como ocurre cuando el engaño se proyecta sobre persona distinta de quien recibe el perjuicio, tesis que es la prohijada lacónicamente en la sentencia atacada, al advertir que las maniobras engañosas desplegadas por la acusada, consistentes en la obtención del levantamiento del gravamen de la buseta de placas SCB 665, así como la cancelación de la matrícula y tarjeta de operación de la misma, por la supuesta destrucción del citado rodante, indujeron en error a las autoridades de tránsito, accediendo a emitir tales actos, permitiendo el consecuente ingreso de otro vehículo de similares características en el cupo de aquel, vendido artificiosamente a Bárbara León de Tolosa”.

A lo anterior, hay que agregar que el fallador concluyó que ese ardid se proyectó igualmente a los abogados de los Giraldo, con el silencio que tuvieron los procesados durante las conversaciones previas al trámite sucesoral “quienes actuaron convencidos de la ausencia de la sucesión y de otros bienes, y por consiguiente no asumieron ninguna conducta de reclamación en su momento, fueron eficazmente neutralizados...”(66).

4.9. El apoderado de Guizado Hernández reprocha el fallo condenatorio por considerar que incurrió en violación indirecta por falso juicio de existencia. No obstante, ninguna mención concreta hizo en torno a las pruebas que presuntamente se dejaron de valorar. Y, si bien expresó su discrepancia con la indemnización de perjuicios, olvidó encauzar la censura al amparo de las disposiciones que para tal efecto prevé el ordenamiento procesal civil, a más de que su divergencia quedó en un simple enunciado, carente de desarrollo.

Por las razones expuestas, no prosperan los cargos segundo y tercero de la demanda 1; tercero del libelo 2, y cuarto y quinto de la demanda 3.

5. La indemnización de los perjuicios.

5.1. Dos de los demandantes(67), acudiendo a las disposiciones civiles, y bajo consideraciones similares, cuestionan la sentencia por violación directa, debido a que, al ocuparse de la indemnización de perjuicios, se desconocieron normas del Código Civil que regulan la sucesión intestada.

5.2. Antes de examinar el punto, la Corte debe precisar que si bien al juez penal no le compete liquidar una sociedad conyugal y menos un legado, en tanto ello corresponde a jurisdicciones distintas y, en lo que toca con lo segundo, también a funciones notariales, en casos como el presente y solo para efectos de determinar los perjuicios, es preciso que se remita a lo que para tales fines contempla el ordenamiento civil, pero, únicamente, con el objeto de atender las previsiones allí consagradas y no lesionar derechos patrimoniales.

5.3. El tribunal, para fijar los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible de estafa y en perfecta armonía con las consideraciones expuestas, al estudiar la configuración de ese delito, tomó como base el valor de los CDT del banco Colpatria, esto es, $ 9.303.215.846.36, suma que, indicó, fue el tope fijado en la demanda de constitución de parte civil. Señaló luego que, de dicho monto, a Azucena Giraldo le correspondía la mitad, a título de gananciales de la sociedad conyugal ($ 4.651.607.923) y el restante 50 % lo dividió en cinco, para asignar una quinta parte a cada uno de los hermanos de aquella: José Ulises, Bernardo, Ana Mélida, Manuel Antonio y Jesús María Giraldo Ramírez. Aclaro, sin embargo, que a pesar de que los dos primeros no se constituyeron como parte civil, como los daños fueron demostrados, era viable su asignación oficiosa.

A partir de los montos indicados, determinó cuánto recibirían los hijos de aquellos por razón de la representación.

5.4. Frente al razonamiento anterior, la Corte constata que, como con acierto lo sostuvo la delegada para la casación penal, le asiste razón a los recurrentes porque el ad quem desatendió las normas civiles que regulan la herencia, relevantes para fijar las cuantías y reconocer los perjuicios. Obsérvese:

El artículo 1047 del Código Civil estatuye:

“Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide la mitad para este y la otra mitad para aquellos por partes iguales.

A falta de cónyuge, llevarán toda la herencia los hermanos y a falta de estos aquel.

Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos” (destaca la Corte).

De acuerdo con lo trascrito y debido a que Alonso Jiménez falleció después de Azucena Giraldo, era necesario liquidar primero ficticiamente la sociedad conyugal, solo en punto de los CDT ($ 9.303.215.846.36). En ese sentido, correspondería el 50% a Azucena ($ 4.651.607.923,18) y el otro 50% ($ 4.651.607.923,18) a Alonso, por concepto de gananciales. No obstante, conforme a la norma trascrita, relativa al tercer orden hereditario, y toda vez que, según se probó en el proceso, Alonso y Azucena no tuvieron hijos, tampoco dejaron padres, las personas con vocación herencial y llamados a sucederla eran: Alonso (cónyuge) y los hermanos de aquella —los Giraldo—, en partes iguales.

Como Alonso no alcanzó a aceptarla o repudiarla, es claro que sus herederos sí materializaron tal derecho cuando iniciaron la sucesión doble e intestada de los cónyuges, y tenían la opción, como bien se expuso en el concepto del Ministerio Público, a optar por gananciales (C.C., art. 1014).

De modo que, sobre los $ 4.651.607.923,18, Alonso tenía derecho al 25%, que equivalen a $ 2.325.803.961,59 y los herederos de Azucena al otro 25 %, esto es, $ 2.325.803.961,59.

Así las cosas, del total de los CDT, Alonso, en realidad, alcanzaría un 75% ($ 6.977.411.884,77) y los hermanos de su cónyuge el restante 25% ($ 2.325.803.961,59), suma que, para efectos de reconocer perjuicios, se dividirá en cinco partes iguales para cada uno de los hermanos de aquella: José Ulises, Bernardo, Ana Mélida, Manuel Antonio y Jesús María Giraldo Ramírez. Empero, atendiendo que por los tres últimos se acude en representación, en los términos de los artículos 1042 y 1043 del Código Civil, se subdividirá tal monto en partes iguales para cada sobrino de la causante.

Por consiguiente, se casará parcialmente la sentencia para revocar parcialmente su numeral quinto y, en su lugar, fijar los perjuicios así:

A José Ulises y Bernardo Giraldo Ramírez, se asignará, como daños, para cada uno de ellos $ 465.160.792,32.

A Carmen Rubiela y Henry Giraldo, en representación de su padre Manuel Antonio Giraldo, la suma de $ 232.580.396,16 para cada uno.

A Luz Stella y Omar Alonso Giraldo Ortega, en representación de su padre Jesús María Giraldo, la suma de $ 232.580.396,16 para cada uno.

Leiston Fredy y Herley Adolfo Ramírez Giraldo, en representación de su madre Ana Mélida Giraldo, $ 232.580.396,16 para cada uno.

En lo demás, el numeral quinto se mantiene.

En consecuencia, prosperan los cargos cuartos propuestos en las demandas 1 y 2.

5.5. Finalmente, la Corte advierte, oficiosamente, que la determinación del tribunal, consistente en dejar sin efectos las escrituras públicas 362 y 396 del 12 y 14 de febrero de 2003, respectivamente, de la notaría quinta de Medellín, contentivas de la sucesión de María Luisa Jiménez, debe ser revocada, toda vez que la base de la reparación de perjuicios fue justamente el valor de los CDT que allí se adjudicaron irregularmente, los que ya fueron pagados por Colpatria, en actuación hallada ajustada a derecho por la Sala de Casación Civil de esta corporación. En ese orden, tal determinación deviene inane y no representa efecto útil al derecho.

Por consiguiente, se casará oficiosa y parcialmente el fallo impugnado, solo en lo que toca con el numeral séptimo, que se revocará.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar la sentenciacproferida por el Tribunal Superior de Medellín el 20 de mayo de 2013, por razón de los cargos formulados en la demanda de casación presentada en favor de Wilson Alberto Guizado Hernández.

2. No casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 20 de mayo de 2003, por razón de los cargos primero, segundo y tercero de las demandas promovidas a favor de (i) José Orlando, Luis Fernando, Luz Marina, Ligia del Socorro, Martha Nelly, Nury Cecilia, Elcy de Jesús, William, Juan Bautista, Jaime de Jesús, Fabio de Jesús y Beatriz Elena Grajales Jiménez; Consuelo Inés, Juan Bautista y Carlos Augusto Jiménez Vargas; y (ii) Juan Bautista Jiménez Hernández, Javier de Jesús, Marleny del Socorro y María Gladys Parra Jiménez.

3. Casar parcialmente la sentencia referida, por la prosperidad de las censuras cuartas de las demandas de casación presentadas a favor de (i) José Orlando, Luis Fernando, Luz Marina, Ligia del Socorro, Martha Nelly, Nury Cecilia, Elcy de Jesús, William, Juan Bautista, Jaime de Jesús, Fabio de Jesús y Beatriz Elena Grajales Jiménez; Consuelo Inés, Juan Bautista y Carlos Augusto Jiménez Vargas; y (ii) Juan Bautista Jiménez Hernández, Javier de Jesús, Marleny del Socorro y María Gladys Parra Jiménez.

En consecuencia, revocar parcialmente, en los términos de esta providencia, el numeral quinto del fallo impugnado para, en su lugar, fijar la condena en perjuicios así:

A José Ulises y Bernardo Giraldo Ramírez, se asignará, como daños, para cada uno de ellos $ 465.160.792,32.

A Carmen Rubiela y Henry Giraldo, en representación de su padre Manuel Antonio Giraldo, la suma de $ 232.580.396,16 para cada uno.

A Luz Stella y Omar Alonso Giraldo Ortega, en representación de su padre Jesús María Giraldo, la suma de $ 232.580.396,16 para cada uno.

Leiston Fredy y Herley Adolfo Ramírez Giraldo, en representación de su madre Ana Mélida Giraldo, $ 232.580.396,16 para cada uno.

En lo demás, el numeral quinto se mantiene.

4. Casar oficiosa y parcialmente el fallo recurrido, en el sentido de revocar el numeral séptimo.

En lo demás, aquel permanece incólume.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

(17) Cfr. Sentencia del 12 de marzo de 2008, Radicación 25059.

(18) Radicación 22407.

(19) Sobre el punto puede consultarse, entre otras, la providencia del 27 de julio de 2007 (Rad. 26.468).

(20) Artículo 289 del Código Penal.

(21) Folios 35 y 36 de ese proveído.

(22) Folios 18, 25, 35, 40, 45, 54, 64, 65, 71, 73, 82, 85, 95, 96, 118, 131, 132, 156, 168, 182, 197, 208 y 227 del cuaderno 5; 272 y 292 cuaderno 4) .

(23) Folios 146, 148, 151, 167 y siguientes del cuaderno 1.

(24) Folios 287 del cuaderno 15 y 5, 21 y 27 a 30 del cuaderno 16.

(25) Folios 83 y 84 de la decisión, 108 del cuaderno de segunda instancia 1.

(26) Folios 45 a 52 del cuaderno de segunda instancia 1.

(27) Folios 52 a 75 id.

(28) Folios 75 a 82 id.

(29) Folios 82 a 84 id.

(30) Folios 84 y 85 id.

(31) Folios 58 a 60 de la providencia, 82 a 84 del cuaderno id.

(32) Juan Bautista Jiménez Hernández, Javier de Jesús, Marleny del Socorro y María Gladys Parra Jiménez.

(33) Folio 40 de la providencia.

(34) Folio 50 id.

(35) Sentencia del 25 de mayo de 2010 (Rad. 28.773).

(36) Cfr. Auto del 9 de abril de 1999 (Rad. 13.165).

(37) Fechas extraídas de las escrituras públicas 988 y 362 del 12 de febrero de 2003.

(38) Hermanos y sobrinos de Alonso y María Luisa Jiménez.

(39) Cuaderno anexo 7.

(40) Hermanos y sobrinos.

(41) Folios 53 y 54 del fallo objetado.

(42) Folio 60 del proveído.

(43) Folios 251 a 262 del cuaderno 9.

(44) Folios 16 a 25 del cuaderno 6.

(45) Folio 70 del fallo.

(46) Folio 77 del proveído.

(47) Tope fijado también en la demanda de constitución de parte civil.

(48) Folios 80 y 81 de la sentencia.

(49) Cuaderno 4.

(50) Cuaderno segunda instancia original 2 y cuaderno 6, folio 199.

(51) Folios 104 a 106 del cuaderno 4.

(52) Folios 196 y 197 id y 287 del cuaderno 9.

(53) Folio 106 del cuaderno 4.

(54) Algunos por $ 210.000.000; $ 240.000.000; $ 240.000.000; $ 282.000.000; $ 297.796.743,72; $ 241.000.000 y $ 223.051.092,30.

(55) Folio 28 del cuaderno anexo 2 Colpatria.

(56) Folio 30 id.

(57) Folio 27 id.

(58) Folio 26 id.

(59) Folio 1 Id.

(60) Anexos 3 Colpatria.

(61) Folio 5 del cuaderno anexo 2 Colpatria.

(62) Cuaderno anexos 3 Colpatria.

(63) Folio 11 id.

(64) José Ulises y Bernardo Giraldo Ramírez, Leiston Fredy y Herley Adolfo Ramírez Giraldo, Henry y Carmen Rubiela Giraldo Ortega, Luz Stella y Omar Alfonso Giraldo Arroyabe.

(65) Texto extraído de la relatoría de la Sala de Casación Civil, página web de la Corte Suprema de Justicia.

(66) Folio 54 de la sentencia.

(67) Primera y segunda demanda.