Sentencia 42265 de octubre 16 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 42265

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 37

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil doce (2012).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El tribunal cimentó su decisión en las previsiones contenidas en los artículos 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, y 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, por lo que no incurrió en la “falta de aplicación” de dichas disposiciones que denuncia el censor y que la Corte asimila a la modalidad de infracción directa de vulneración de la ley sustancial.

De cualquier manera, el tribunal tampoco habría podido incurrir en la infracción directa del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, puesto que dicha norma no estaba vigente en el momento en el que se otorgó la pensión de jubilación convencional y, en tal medida, no podía establecer condiciones para su reconocimiento.

En lo que tiene que ver con el desconocimiento del parágrafo del artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, en la sentencia recurrida no se desechó la posibilidad de que las partes establecieran, por mutuo acuerdo, la compartibilidad de pensiones extralegales causadas con anterioridad a su vigencia. El ad quem afirmó en este punto que las prestaciones “(...) otorgadas por el empleador con anterioridad a dichas disposiciones, son en principio compatibles con la de vejez reconocida por el Seguro Social, salvo que en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se disponga lo contrario”.

No obstante, el tribunal no encontró demostrada alguna disposición convencional que dispusiera la compartiblidad y le negó a la Resolución GG 4682 del 19 de agosto de 1982 la idoneidad suficiente para erigirse en un mutuo acuerdo entre las partes, capaz de modificar las estipulaciones de la convención colectiva de trabajo, en punto al reconocimiento de la pensión de jubilación, pues estimó que “(...) este es un acto unilateral de dicha entidad”.

Las anteriores inferencias son de carácter fáctico y, por lo mismo, ajenas al sendero por el cual el censor encamina su acusación, como lo reclama la censura, además de que, en todo caso, se encuentran acordes con la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de la Corte en torno al tema, de acuerdo con la cual “(...) la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación convencional carece de idoneidad jurídica para reformar las estipulaciones de una convención colectiva en punto a la compatibilidad o incompatibilidad de una pensión de naturaleza convencional con la legal de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales”. (Sent. sep. 9/2009, Rad. 35281. Ver también las sentencias de feb. 23/2010, Rad. 36324, y de jun. 8/2011, Rad. 46538, entre muchas otras).

Finalmente, vale la pena destacar que la Corte ha justificado la existencia de dos pensiones derivadas de una misma relación laboral, en vigencia de las normas que gobiernan la situación del actor. En la sentencia del 28 de septiembre de 2010, Rad. 42600, la Corte insistió en que “(...) bajo la vigencia del Acuerdo 224 de 1966, no era posible que se compartiera una pensión extralegal con la de pensión de vejez del ISS, pues esta entidad no había asumido la subrogación de los empleadores frente a la primera, ya que ninguna de las disposiciones legales o reglamentarias posibilitaban o hacían admisible dicha figura. Quiere decir lo anterior que era posible, en consecuencia, que una misma relación de trabajo podía constituirse en fuente de dos pensiones, si una la reconocía directamente el empleador por acto voluntario suyo o por lo dispuesto en el contrato individual o en el colectivo, y la otra la otorgaba el ISS de acuerdo a las cotizaciones exigidas por sus reglamentos y que debían ajustarse a la ley”.

Con fundamento en lo anterior, el cargo es infundado.

Segundo cargo

Denuncia la sentencia recurrida por “(...) ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta por la aplicación indebida por falta de aplicación del artículo 29 de la Carta Fundamental, de los artículos 18 del Acuerdo 49 de 1990 del ISS (aprobado por D. 758/90), el artículo 5º del Acuerdo 29 de 1985 del ISS (aprobado por D. 2879/85) que conduce a una aplicación indebida de los artículos 19, 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Precisa que la infracción descrita se habría producido como consecuencia del “(...) yerro protuberante y gravísimo en que incurre la sentencia impugnada al no darle pleno valor a la Resolución GG 4682 del 19 de agosto de 1982 por la cual se reconoció la pensión de jubilación al demandante por parte de la caja agraria industrial y minera (fls. 146 y 273, cdno. ppal.), en donde las partes establecieron las condiciones de reconocimiento de la pensión de jubilación convencional al demandante y la posibilidad de que la misma se compartiera con el ISS, según lo establecido en el artículo tercero de la misma”.

Así mismo, enuncia como pruebas “defectuosamente apreciadas” la demanda y sus anexos, la contestación de la demanda de la Caja Agraria y sus anexos, la Resolución GG 4682 del 19 de agosto de 1982, la contestación de la demanda del Instituto de Seguros Sociales y su Resolución 1322 de 2002, así como el escrito de apelación de la sentencia de primera instancia.

Para demostrar su acusación, expresa que el tribunal examinó inadecuadamente los documentos anteriormente descritos y, concretamente, la resolución por medio de la cual se le otorgó al actor la pensión de jubilación convencional, en la medida en que el artículo tercero de dicho documento estableció que la prestación quedaba sujeta al reconocimiento de la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales.

La réplica

Afirma que el censor no especifica cuál habría sido el alcance que le dio el tribunal a las pruebas que considera indebidamente apreciadas, ni ataca las reales conclusiones incluidas en su decisión, pues, argumenta, la fuente de la pensión reconocida al actor es la convención colectiva de trabajo y allí no se previó alguna condición de compartibilidad como la que se reclama en el cargo.

Consideraciones de la Corte

El tribunal descartó la posibilidad de que la compartibilidad de las prestaciones percibidas por el actor encontrara su fuente en la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, puesto que, al haberse causado con anterioridad al 17 de octubre de 1985, esa previsión solo podía emanar de la convención colectiva, el laudo arbitral, el pacto colectivo o el acuerdo entre las partes.

Al mismo tiempo, concluyó que dicho acto administrativo constituía una manifestación unilateral de la entidad y, por lo mismo, carecía de la aptitud suficiente para erigirse en un mutuo acuerdo entre las partes.

Tras dicha inferencia, para la Sala el juzgador de segundo grado evaluó adecuadamente el citado documento y no le dio un alcance diferente del que su texto consagra, esto es, que el empleador declaró unilateralmente que la prestación sería compartida y que nunca fue demostrada una condición de compartibilidad pactada por acuerdo entre las partes. En tales condiciones, no se cometieron los errores protuberantes de hecho que se denuncian en el recurso, a la par que la labor valorativa del tribunal se muestra razonable.

Vale la pena reiterar, por otra parte, las consideraciones expuestas al resolver el primer cargo, en cuanto esta Sala de la Corte ha definido que “(...) la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación convencional carece de idoneidad jurídica para reformar las estipulaciones de una convención colectiva en punto a la compatibilidad o incompatibilidad de una pensión de naturaleza convencional con la legal de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales” (Sent. sep. 9/2009, Rad. 35281).

Así mismo, ha subrayado que la condición de compartibilidad de pensiones extralegales reconocidas con anterioridad al 17 de octubre de 1985, solo puede provenir de un acuerdo válido entre las partes, plasmado en el mismo instrumento normativo que consagra la prestación, como por ejemplo la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral. En la sentencia del 23 de febrero de 2010, Rad. 36324, se indicó al respecto:

“En efecto se equivoca el tribunal al señalar, para una pensión de estirpe convencional reconocida con anterioridad al 17 de octubre de 1985, la compartibilidad con la concedida por el ISS argumentando para ello que si bien la regla general, para dichas circunstancias, el efecto que correspondía era el de la compatibilidad, en el sub lite, como la empresa estableciere en el acto de reconocimiento del derecho pensional que descontaría de este valor el del monto de la pensión de vejez, debe deducirse la consecuencia jurídica contraria esto es la compartibilidad pensional.

La equivocación entonces radica en atribuirle a la resolución de reconocimiento la virtualidad de modificar el derecho pensional de procedencia convencional, fuera este acto administrativo un acuerdo entre las partes, que no lo es en razón a no advertirse manifestación alguna de la voluntad del trabajador en este sentido, o una decisión unilateral como si se desprende de su contenido; puesto que ningún acto jurídico diferente a aquel de donde emana el derecho tiene esta capacidad jurídica.

En consecuencia debe establecerse la compatibilidad de ambas pensiones al no acreditarse, por quien se opusiera a esta pretensión, pacto convencional que consagrare el efecto contrario de la compartibilidad”.

Lo anotado es suficiente para concluir que el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de seis millones de pesos m/cte. ($6.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de abril de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor Libardo Arbeláez Aranzazu contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero - En liquidación y el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se estiman en la suma de seis millones de pesos m/cte. ($6.000.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».