Sentencia 42291 de abril 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42291

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta Nº 10

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil trece.

Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento “CODHES” contra el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de enero de 2013, dentro de la acción de tutela que Aura Lucía Nivia Manotas promovió contra quien impugna y, asimismo, contra la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo “AECID”.

Antecedentes

Por conducto de apoderada judicial, Aura Lucía Nivia Manotas pidió la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad, a la vida, y a la dignidad humana, que consideró conculcados por las entidades accionadas.

Señaló que estuvo vinculada mediante contrato de prestación de servicios profesionales, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo “AECID”, desempeñándose como asistente técnica, desde el mes de junio de 2007, en principio contratada directamente por esta, luego a través de la Corporación de Desarrollo Solidario CDS y, por último, desde el año 2009, por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento “CODHES”, siempre prestando sus servicios a la “AECID”; que el último de esos contratos fue suscrito el 1º de junio de 2011, con pagos mensuales de $ 6’000.000.

Que pese a lo anterior, lo que se dio fue un contrato realidad de trabajo, porque prestó sus servicios en forma continua e ininterrumpida como asistente técnica de proyectos, en las instalaciones de la “AECID”, con equipos y elementos de trabajo y bajo el mando de los jefes inmediatos de la misma; porque además cumplía un horario de 8:30 a.m., a 5:00 p.m., de lunes a viernes, a excepción de este último día que salía a las 2:00 p.m., debiendo estar disponible en ese horario, existiendo siempre subordinación y dependencia; que cada año le concedían vacaciones remuneradas por un término de 15 días hábiles, de acuerdo con la legislación colombiana y que debía asistir a reuniones, foros y viajes.

Que estando en ejecución el último contrato de trabajo, quedó en estado de embarazo y de esa situación dio aviso verbal y en forma inmediata, el 24 de julio de 2012, al coordinador general de “AECID”, advirtiéndole sobre la próxima culminación de ese contrato, el 31 de octubre de 2012, y con el fin de que se le buscara una alternativa para su renovación; que el director de la agencia le manifestó que ello no era posible por falta de recursos e hizo referencia a la “crisis española” y que esa agencia no tenía contrato civil o laboral firmado con ella; que de su estado también informó al director de la “CODHES”, entidad que nunca se ha manifestado al respecto.

Que además del proyecto que desarrollaba, había otro en ejecución por la unidad de víctimas, en la que la “CODHES” sería la gestora de los recursos concedidos por la “AECID”, pero a pesar de que intentó reunirse con el director de aquella, no fue posible hacerlo porque nunca le señaló fecha para el efecto. Agregó que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo “AECID” tramitó otro proyecto o subvención en el que la “CODHES” sería la entidad gestora de los recursos; que la accionante participó en ese proyecto, y en el mismo podría seguir su contrato de asistencia técnica.

Que una vez comunicó su estado de embarazo, se le comenzó a dar trato discriminatorio; que fue excluida de la información de los proyectos que llevaba a cargo y de las reuniones, de manera que seguía laborando en un ambiente tenso, lo cual comenzó a desestabilizar su salud, al punto que en septiembre enfermó, siendo incapacitada en varias ocasiones; que en razón a esa situación, pidió las vacaciones que tenía pendientes, pero la administradora de la “AECID” le manifestó que esa entidad no era la contratante y que, por demás, tenía independencia contractual, por lo que esa figura no era aplicable a su caso; sin embargo, en el año anterior había renunciado a un periodo de vacaciones que le fue otorgado por la “AECID”, por necesidades del servicio; que a consecuencia de estos hechos el médico tratante le diagnosticó migraña severa y acoso laboral.

Que el 29 de septiembre de 2012, fue citada a la sede de la “CODHES”, donde le propusieron la terminación del contrato vigente y que, en su lugar, estudiarían la posibilidad de celebrar un contrato laboral, directamente con esa entidad; que como con la propuesta se le rebajaría el salario a un poco menos de la mitad de lo que devengaba dos años atrás, no se llegó a ningún acuerdo; que como consecuencia de la no renovación de su contrato, se encuentra en estado de indefensión, en su calidad de madre soltera, cabeza de familia, lo cual amenaza su mínimo vital y el de su bebe, y su estado de embarazo le dificulta la consecución de otro empleo.

Con apoyo en los hechos descritos en precedencia, solicitó al juez de tutela impartir orden tendiente a que se renueve el contrato de prestación de servicios o se suscriba otro con las mismas características salariales, se ordene su reincorporación a otro cargo de igual o mejor categoría, con reconocimiento de los salarios dejados de percibir vacaciones y demás emolumentos causados desde la fecha en que no fue renovado el contrato que tenía y hasta cuando se produzca el reintegro.

Mediante providencia del 21 de enero de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá avocó conocimiento de la acción y ordenó oficiar a las accionadas para que presentaran informe sobre los hechos de la misma y ejercieran su derecho de defensa.

El coordinador general de Cooperación Española en Colombia contestó que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo “AECID” es una entidad adscrita a la embajada de ese país en Bogotá, que se halla protegida con inmunidad de jurisdicción “iure imperi”, en los términos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, por lo que cualquier notificación debe realizarse mediante carta rogatoria dirigida al embajador del Reino de España, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; que mientras ese trámite no se surta entienden como no recibido el documento citatorio.

Por su parte el representante legal de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento “CODHES”, informó que: i) dentro de sus objetivos está contribuir a la promoción y protección de la población desplazada, a través de investigación, desarrollo de sistemas de información, análisis y formulación de alternativas institucionales, y construcción de soluciones sociales; ii) cuenta con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo “AECID”, en cuyo marco de contribución aprueba o no los proyectos que le son presentados y presta apoyo económico, y a través de su plan maestro de cooperación internacional, prioriza las metas de trabajo para Colombia, de acuerdo con las metas del milenio, superación de la pobreza y otros tratados internacionales para países en desarrollo; iii) establece las metas, pasos y procedimientos para desarrollar un proyecto específico, el cual una vez aprobado, solo se puede ejecutar conforme al proyecto inicial, sin que se puedan modificar tiempos, recursos, objetivos, o personas. Por tanto, “CODHES” basa su financiamiento en procesos de gestión, con cooperación internacional en la modalidad de donaciones puntuales por proyecto.

Frente al caso de la accionante indicó que en el proyecto denominado “Programa de apoyo a la consolidación de los derechos de las víctimas en Colombia. Fase III”, en el cual figuraba la actora como contratista, la “CODHES” se limitaba a desempeñarse bajo administración delegada y que, aunque figura como su contratante, ese contrato se desarrolló con la “AECID”, sin que “CODHES” haya ejercido intervención alguna, pues solo firmó el contrato de servicios y ejecutó el pago de sus honorarios; que, en esa medida, aseguró, no tiene información sobre si, el dicho de la accionante, es cierto o no.

Manifestó que al terminarse el proyecto o sus recursos, termina la causa y materia del mismo, y así mismo, la relación contractual; que el último contrato de prestación de servicios celebrado con Aura Lucía Nivia Manotas tuvo como término de duración el 31 de octubre de 2012, cuando se dio cumplimiento al objetivo propuesto; “CODHES” quiso apoyarla por su estado de embarazo, pero como no contaba con recursos propios ni excedentes presupuestales, le propuso la implementación de un contrato de trabajo de carácter laboral, por el término de un año, con un salario mensual de $ 3’000.000, que con el factor prestacional se llegaba a un desembolso por $ 4’560.000 mensuales, para cuyo logro la entidad debería hacer enormes esfuerzos, incluida la prescindencia del elemento humano en otros proyectos.

Alegó la improcedencia de la acción de tutela para revocar o modificar la naturaleza de una relación contractual por servicios a contrato laboral, para lo cual existen las acciones laborales ordinarias. Finalizó diciendo que la estabilidad laboral reforzada no aplica para un contrato de naturaleza civil.

Mediante fallo del 31 de enero de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tuteló los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad, y a la dignidad humana, y le ordenó a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento “CODHES” le restablezca a al accionante la relación contractual en el cargo que desempeñaba o a uno igual o superior, junto con el pago de los montos dejados de percibir durante la interrupción contractual. En esta providencia excluyó de la acción a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo “AECID”, por ser una entidad adscrita a la Embajada de España y goza, por tanto, de inmunidad de jurisdicción de los Estados.

Consideró que si bien es improcedente la tutela para obtener el reintegro laboral, dada la existencia de otros medios de defensa judicial, sí procede para aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Que tal es el caso de las mujeres embarazadas a quienes por su condición les terminan la relación contractual por prestación de servicios “toda vez que no fue prorrogado, cuando la accionante había informado de su estado de gravidez”; que en este caso Aura Lucía Nivia Manotas comunicó antes de la terminación del contrato, su condición de embarazada, anexando la prueba médica.

Estableció que se configuraron los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha señalado para que proceda el amparo de la estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada, independiente de la forma de relación contractual que tenga, contenidos en la Sentencia T-987 de 2008 y los encontró cumplidos, por lo que procedió al amparo.

La anterior decisión fue impugnada por la accionante, quien insistió en los argumentos de la contestación a la acción, y aclaró además que para el “Programa de apoyo a la consolidación de los derechos de las víctimas en Colombia”, la “AECID” emitió tres subvenciones, en las fases I, II, y III. La “CODHES” procedió a ejecutar los recursos a través de los correspondientes proyectos. Todo el personal técnico y especializado del proyecto se ocupó mediante contratos de prestación con las entidades asociadas al mismo, así; la Alcaldía Mayor de Bogotá, contrató a 10 analistas; Redepaz, contrató a 4 profesionales; la Fundación Social contrató a 4 profesionales; la Corporación Nuevo Arco Iris contrató a 5 profesionales; la Liga de Mujeres Desplazadas contrató a 4 mujeres técnicas; la “CODHES” contrató a 6 profesionales y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo “AECID” contrató a una profesional, que fue la accionante, para el seguimiento técnico de los objetivos.

Aseguró que todos los anteriores profesionales iniciaron y terminaron su labor en la misma época, por la finalización total del proyecto; que las labores de la accionante culminaron el 31 de octubre de 2012; que no es cierto que haya sido despedida o que la causal del eventual despido haya sido su estado de gravidez, porque al haberse desarrollado el proyecto en su totalidad, la causa del contrato desapareció y no puede ser renovado por inexistencia actual de la misma. Por tanto, finalizó, ese requisito de procedibilidad de la tutela no aplica en este caso, porque la labor de la accionante estaba supeditada al desarrollo del proyecto.

Pidió revocar el fallo impugnado, integralmente.

Consideraciones

Se advierte a folio 101 del cuaderno de tutela, que manifiesta la accionante haber suscrito sendos contratos de prestación de servicios, siendo el último, desde el año 2009, con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento “CODHES”, pero que, en realidad, lo que hubo fue un verdadero contrato de trabajo, en consideración a que los elementos para su configuración, se dieron de la forma como allí lo señaló, esto es, prestando sus servicios personales a la parte accionada, cumpliendo un horario de trabajo y bajo su continua subordinación.

En el presente caso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, tras advertir que “a folio 33 del expediente se encuentra copia del otro sí al contrato de prestación de servicios realizado por la accionante con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, por medio del cual se prorrogó dicho contrato a partir del 1º de junio de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012” y encontrar probado que la actora comunicó oportunamente su estado de gravidez, consideró que se le habían vulnerado sus derechos “al negar la prórroga del contrato de prestación de servicios que vencía el 31 de octubre de 2012”.

Esta Sala de la Corte, con ocasión del fallo de tutela proferido el 18 de febrero del año en curso, en un caso similar al que ocupa ahora su atención, señaló lo siguiente:

“Acorde con lo anterior y comoquiera que, según lo dicho, el trasfondo del asunto tiene que ver con los efectos del pretenso “contrato de prestación de servicios” a que alude la actora y, además, con que los elementos que configuraron la relación laboral alegada por la actora presumen la existencia de un verdadero contrato de trabajo, menester es concluir que el amparo deviene improcedente porque esta situación escapa por completo del ámbito constitucional del amparo de tutela, ya que, como se sabe, existen mecanismos ordinarios idóneos, eficaces y efectivos para la dilucidación de tales circunstancias y, por ende, para la definición de las pretensiones económicas de la accionante, no sobrando rememorar al respecto que, en un asunto donde se reclamó el reintegro de una servidora pública desvinculada en estado de gravidez, dijo esta Corte lo siguiente:

“Descendiendo al caso que nos ocupa, considera la Sala que la presente impugnación no está llamada a prosperar, por cuanto, la determinación sobre la procedencia de las pretensiones que aquí se reclaman son asuntos que en manera alguna son de competencia del juez de tutela, a quien no le es dado arrogarse funciones que competen a otras autoridades, sino que estos pronunciamientos se logran mediante las acciones o recursos conducentes, donde sea el juez o las entidades competentes las que indiquen si le asiste o no la razón a la peticionaria, y en este orden de ideas mal podría predicarse vulneración de derecho fundamental alguno.

“Lo anterior máxime cuando no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener el reintegro de la accionante al cargo que desempeñaba como auxiliar de administrativo 5120-04, junto con el pago de los salarios y acreencias laborales que de dicho cargo se derivan, con ocasión de su desvinculación, por ser la legalidad del acto de desvinculación, un asunto de exclusivo conocimiento del juez natural, ante quien deberá instaurarse la acción judicial pertinente”(1).

(…).

Así las cosas, es claro que, por este aspecto, tampoco tiene vocación de prosperidad la acción de tutela y, por ende, se proveerá revocar el fallo confutado, para en su lugar denegar el amparo solicitado”.

Resulta pertinente remitirse, en este preciso caso, a lo dispuesto en precedencia, pues existe prueba documental que da cuenta no solo de la existencia de un contrato de prestación de servicios, sino del nexo entre la duración del mismo con el proyecto apalancado financieramente por la “AECID”, para el cual fue contratada la petente (fls. 31 a 33), lo cual descarta de plano la procedencia de la acción de tutela, ante la existencia de un verdadero conflicto de carácter jurídico que no puede ser dilucidado en sede de tutela.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar el fallo impugnado y en su lugar denegar la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia.

2. Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

(1) T-37725 del 17 de abril de 2012.