Sentencia 42299 de junio 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42299

Acta Nº 19

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá D.C., cinco de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

Primeramente cabe recordar, que según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de las pruebas calificadas como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial.

En segundo lugar, cabe anotar, que no es materia de controversia que el demandante siendo afiliado del Instituto de Seguros Sociales, cotizó en forma “discontinua” para los riesgos de vejez o pensión desde el 1º de enero de 1967 y, que lo hizo hasta el año 2002. Igualmente, es un hecho indiscutido que tuvo varios empleadores que le efectuaron aportes.

El debate en sede de casación gira en torno a la contabilización de las semanas realmente cotizadas por el actor, en la medida que el tribunal concluyó que solamente alcanzó durante toda la vida laboral a cotizar un total de 959,85 semanas válidas, que resultan de sumar 845,57 semanas aportadas desde el año 1967 hasta 1994, y 114.28 semanas que aportó después del año 1995; mientras que el recurrente sostiene que cotizó “1038,70 semanas”, al estimar que también se debió computar 867 días equivalentes a 123.85 semanas que se aportaron antes del año 1995 y que el ISS no tuvo en cuenta por una supuesta “mora” que no existió.

En el desarrollo del cargo, la censura explica que los 867 días o lo que es lo mismo 123,85 semanas que cuestiona, corresponden a los siguientes ciclos: “16 de marzo de 1971 al 10 de noviembre de mismo año, el 12 de noviembre de 1971 al 12 de diciembre del mismo año, 13 de noviembre de 1971 al 3 de diciembre de 1973, del 28 de septiembre de 1970 al 15 de abril de 1971”, con los cuales alcanza más de las 1000 semanas exigidas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

Planteadas así las cosas, es indispensable entrar a revisar las pruebas denunciadas para verificar si el tribunal dejó de contabilizar algún ciclo o periodo en que el demandante hubiera cotizado para el riesgo de vejez o pensión y que sumara para obtener el total de semanas aportadas, en especial durante el tiempo que refiriere el censor, como a continuación se pasa a detallar:

1. Respecto a la Resolución 978 del 25 de septiembre de 2003, por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales negó la prestación por vejez (fl. 3, cdno. ppal.), el tribunal la apreció correctamente, por virtud de no desprenderse de su texto periodos que el ISS hubiera dejado de tener en cuenta, pues allí lo señalado fue “Que según el certificado de semanas y categorías, el asegurado ha cotizado un total de 828 semanas, de las cuales 296 corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida”. En consecuencia no era posible de esta prueba extraer semanas faltantes por contabilizar.

2. De la solicitud de corrección de la historia laboral que elevó el afiliado por conducto de apoderado (fls. 4 y 5 ibídem), que el recurrente asevera no fue apreciada, vista la motivación de la sentencia impugnada, se tiene que esa documental sí fue valorada. Es así que el tribunal pone de presente que la parte demandante solicitó “corrección al ISS” por 123 semanas que se decía se encontraban en “mora”, pero que esa alegación no tenía respaldo probatorio ni desvirtuaba lo establecido en la historia laboral aportada.

Además, es de anotar que esa documental contiene las afirmaciones del accionante, que se traducen en una manifestación de parte, que para cuya comprobación se requiere estar corroborada o acreditada con otro medio de convicción, que fue lo que no encontró demostrado el fallador de alzada. Por el contrario, determinó que lo allí aseverado no concuerda con lo que se verificó en la historia laboral o reporte de semanas cotizadas de dicho afiliado, obrante en el plenario.

3. Respecto a la historia laboral del afiliado demandante, que contiene los periodos o ciclos en que este cotizó al ISS para pensión, visible a folios 8 a 13 y 33 a 40 del cuaderno del juzgado y 14 a 20 del cuaderno del tribunal, al analizarla encuentra la Sala, que el señor José Miguel Prado Barrera entre el 1º de enero de 1967 al 31 de diciembre de 1994, efectuó cotizaciones con algunas interrupciones por un total de 845,57 semanas, y del 1º de febrero de 1995 al 31 de agosto de 2002 cotizó en forma discontinua un número de 119,42 semanas, para un gran total de 964,99 semanas, de las cuales solo 313,85 semanas aportó en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 60 años, si se tiene en cuenta que nació el 10 de octubre de 1940 según aparece en el registro civil de nacimiento de folio 7 del cuaderno principal.

Lo anterior es dable condensarlo en los siguientes cuadros:

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Como puede verse, el accionante no reúne el requisito de semanas cotizadas consagrado en la norma aplicable para acceder a la pensión de vejez del régimen del Instituto de Seguros Sociales, esto es, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, cuyo literal b) exige un mínimo de 500 semanas pagadas durante los últimos 20 años que anteceden al cumplimiento de la edad, o 1000 semanas sufragadas en cualquier tiempo.

Debe aclararse que los ciclos que refiere el recurrente, como aquellos que se dejaron de incluir por el ISS y que el tribunal no tuvo en cuenta en la sumatoria de semanas, correspondientes a 867 días o lo que es lo mismo 123,85 semanas cotizadas para el “16 de marzo de 1971 al 10 de noviembre de mismo año, el 12 de noviembre de 1971 al 12 de diciembre del mismo año, 13 de noviembre de 1971 al 3 de diciembre de 1973, del 28 de septiembre de 1970 al 15 de abril de 1971”, no es dable considerarlos, por la potísima razón de que se trata de semanas aportadas de manera simultánea con otros empleadores, es así que en el anterior cuadro de semanas válidas se refleja por esos mismos periodos aportes entre el “14/08/1970” y el “29/01/73” por 900 días o 128,57 semanas.

De tal modo que independiente de que los aportes que reclama la censura estuvieran o no en mora, lo cierto es que no es dable sumarlos al total de semanas cotizadas, habida cuenta que el ISS subroga el riesgo por un mismo periodo y no por tiempos dobles. Por tanto, en los eventos de servicios prestados por el asegurado en forma simultánea a varios empleadores, los diferentes aportes se tienen en cuenta únicamente “para establecer el promedio del salario de base correspondiente, para efectos del pago de las prestaciones económicas, sin que sobrepase el salario base máxime asegurable al momento de causarse el derecho” conforme lo dispone el artículo 81 del Acuerdo 044 de 1989 aprobado por el Decreto 3063 del mismo año, es decir, incrementa el ingreso base de cotización más no aumenta el tiempo de cotización o semanas aportadas.

Adicionalmente, revisado lo aportado después del 1º de enero de 1995, aparecen otras “semanas simultáneas” con varios empleadores, para el periodo habido del 1º de junio al 31 de octubre de 1995 y en los meses de agosto y noviembre de 2001, que equivalen a 200 días o 28,57 semanas, tiempo que ya está comprendido en lo cotizado del “01/02/1995” al “31/12/1995” y de los ciclos “08” y “11” de 2001, según se puede observar en el cuadro de semanas válidas antes reseñado, y que como se dijo no es posible sumar.

El total de semanas simultáneas que asciende a 152,42 y que no es factible tener en cuenta, se puede discriminar en el siguiente cuadro:

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De otro lado, como lo puso de presente el tribunal, hay un ciclo en el cual aparecen cotizaciones solo por salud y no para pensión, y por consiguiente tampoco suma. Ese ciclo, de acuerdo a lo que se extrae de la historia laboral, corresponde a 30 días o 4,28 semanas, del mes de mayo de 1997 (fl. 20, cdno. del tribunal).

De suerte que, la densidad de semanas que aparecen efectivamente cotizadas por el demandante para el riesgo de pensión, la verdad no supera las 1000 semanas requeridas para acceder a la prestación por vejez, y en estas condiciones la prueba documental relativa a la historia laboral del afiliado fue correctamente apreciada.

En definitiva, el tribunal no cometió ninguno de los yerros fácticos endilgados, resultando infundado el cargo.

IX. Primer cargo

Acusó la sentencia impugnada por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, respecto de los artículos “12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el artículo 1º de la Ley 758 de 1990; artículos 259 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 48 y 53 de la Constitución Política, artículo 34, 35 de la Ley 100 de 1993, modificado el 1º de estos por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003”.

Para el desarrollo de la acusación, el recurrente presenta la misma argumentación esbozada en el segundo cargo, haciendo énfasis en que la historia laboral del afiliado demandante de folios 14 a 20, muestra que se aportó con “varios patronos”, pero el ISS no tuvo en cuenta 867 días equivalentes a 123,85 semanas cotizadas “por supuesta mora”, que corresponde al tiempo trabajado en los periodos que a continuación se detallan:

“1. Ingenio la Argentina Ltda. 240 días del 16 de marzo de 1971 al 10 de noviembre de mismo año.

2. Trascañas Ltda. 31 días del 12 de noviembre de 1971 al 12 de diciembre del mismo año.

3. Transp (sic) de caña 414 del 13 de noviembre de 1971 al 3 de diciembre de 1973.

4. Adicionalmente del 28 de septiembre de 1970 al 15 de abril de 1971 laboró con dos empresas que a la fecha están desaparecidas correspondiente a los patronales 04280104277 y 04170105498 reportando con ellas una mora de 182 días; lo que registra un total de 867 días en mora, equivalentes a 123.85 semanas, las cuales deben tenerse en cuenta por varias razones:

a. Porque siendo la mora atribuible al patrono, por cuanto en la fecha que se registra el aporte era como dependiente, mal haría en no tenerse en cuenta, además la ley 100 de 1993 artículos 22, 23 y 25 (sic) le impone al patrono y al ente asegurador efectuar el pago oportuno y adelantar las acciones legales pertinentes para obtener el pago con los ajustes de ley a cargo del empleador moroso.

b. Por (sic) de conformidad a la solicitud que obra a folios 4, 5, del cuaderno original 1 y folios 12 al 13 del cuaderno del tribunal se solicito (sic) al departamento financiero de la demandada la corrección de la mora registrada en la historia laboral para habilitar las semanas que no se tuvieron en cuenta al definir la pensión de vejez, negada en la Resolución 00978 de 2003 vista a folio 3 del cuaderno primero”.

Y remató diciendo, que al sumar los anteriores aportes supuestamente en mora, se cumple en este asunto a cabalidad el requisito de semanas cotizadas de más de 1000, debiéndose concluir que el actor es beneficiario de la pensión de vejez pretendida.

X. La réplica

Por su parte, la entidad opositora manifestó que este cargo no puede prosperar, porque no satisface las exigencias de técnica propias del recurso de casación, dado que plantea reparos a las conclusiones “fácticas” del tribunal, lo cual es completamente ajeno a la vía directa escogida; y de otro lado, lo argumentado por el censor es más un alegato de instancia que la sustentación adecuada de esta clase de impugnación. Además, que el pilar fundamental de la sentencia de segundo grado, sobre la falta de suficientes cotizaciones para poder acceder a la prestación por vejez, no fue atacado con eficiencia, permaneciendo incólume lo decidido.

XI. Se considera

Como lo advierte la réplica, este cargo orientado por la senda directa controvierte aspectos fácticos que resultan ajenos a los discernimientos jurídicos que debe contener el ataque impetrado por la vía escogida, pues básicamente el censor está cuestionando el contenido de las pruebas obrantes en el plenario.

Lo que es dable rescatar de la acusación y que podría entenderse como una inconformidad meramente jurídica, sería el determinar que las “cotizaciones en mora” se deben tener en cuenta y por tanto contabilizar para obtener el número de semanas exigidas por los acuerdos del ISS, por motivo de que dicha mora es atribuible al patrono y no al trabajador, además que las administradoras de pensiones conforme lo preceptuado por los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, pueden hacer uso de los mecanismos legales para adelantar las acciones de cobro contra el empleador moroso.

Sin embargo, esta argumentación es completamente intrascendente, si se tiene en cuenta, que como quedó visto al desatarse el segundo cargo, en esta oportunidad no estamos frente al caso de “aportes en mora” que no se hubieran considerado, sino de semanas simultáneas, cotizadas por servicios prestados a varios empleadores en un mismo periodo, que no es posible sumar como tiempo doble, situaciones totalmente disímiles.

Así las cosas, el tribunal no pudo incurrir en los yerros enrostrados y por consiguiente el cargo no puede prosperar.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos moneda corriente ($ 3.000.000), que se incluirán en la liquidación del crédito que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de julio de 2009, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el proceso ordinario adelantado por José Miguel Prado Barrera contra el Instituto de Seguros Sociales.

Las costas del recurso de casación como quedó indicado en la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».