Sentencia 42300 de septiembre 18 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42300

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 33

Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

Como la orientación del cargo está dirigida por la vía directa, ninguna discusión existe en torno a los fundamentos fácticos que dio por demostrado el tribunal, esto es, que el ISS le concedió a la demandante pensión de vejez a partir del 24 de mayo de 2002, de modo que adquirió su condición de pensionada el 25 del mismo mes y año; que “tenía derecho al incremento aquí reclamado por tener hijos que dependían económicamente de ella”; y que presentó la reclamación administrativa, el 09 de junio de 2005.

En ese contexto, el objeto de la controversia se centra en determinar si el derecho al incremento pensional por personas a cargo se encuentra prescrito, tal como lo dedujo el tribunal, o si por el contrario, se configuró el equivocado ejercicio hermenéutico que endilga el censor respecto de las normas denunciadas, en cuanto se trata de una obligación no susceptible de extinguirse por ese fenómeno, al ser accesoria de la principal.

Al confrontar los fundamentos que le sirven de soporte a la decisión acusada, observa la Corte que el sentenciador de alzada no incurrió en la interpretación errónea de las normas relacionadas en la proposición jurídica, al declarar la prescripción de los derechos reclamados por concepto de incremento pensional por personas a cargo, dado que la jurisprudencia de esta Sala, así lo ha adoctrinado.

En efecto, ha señalado la corporación que la calidad del pensionado es permanente y vitalicia, y es en consecuencia imprescriptible la acción para impetrar su reconocimiento. Pero igualmente ha precisado la doctrina de esta Sala, que una es esa condición del individuo cuya titularidad del derecho pensional no fenece con el transcurrir del tiempo y, otra diferente, la constituyen los derechos derivados de ese status, tales como el pago de las mesadas pensionales o, en el caso en estudio, los incrementos reclamados, los que en criterio de la Corte sí prescriben en los términos del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y del 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así lo dijo y ahora se reitera, en la Sentencia 27923 del 12 de diciembre de 2007, que en lo pertinente puntualizó que la decisión final del juzgado que declaró prescrito el derecho a reclamar los incrementos por personas a cargo, es acertada, toda vez que:

“(...) el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 prevé que los incrementos por persona a cargo ‘no forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales’ es lógico que no pueden participar de los atributos y ventajas que el legislador ha señalado para estas, entre ellas el de la imprescriptibilidad del estado jurídico del pensionado y que se justifican justamente por el carácter fundamental y vital de la prestación, reafirmado por la Constitución de 1991, y además por el hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general, y de carácter vitalicio.

No puede negarse que los incrementos nacen del reconocimiento de la pensión de vejez, pero ello no quiere decir que formen parte integrante de la prestación, ni mucho menos del estado jurídico del pensionado, no solo por la expresa disposición normativa, como ya se apuntó, sino porque se trata de una prerrogativa cuyo surgimiento no es automático frente a dicho estado, pues está condicionado al cumplimiento de unos requisitos, que pueden presentarse o no.

La alusión normativa atinente a que el derecho a los incrementos ‘subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen’, antes que favorecer la imprescriptibilidad, obran en su contra por cuanto implícitamente parte de la hipótesis de que se trata de un derecho que no es vitalicio en tanto su persistencia requiere que se sigan dando las causas que le dieron origen, de modo que aunque, parezca redundante, la desaparición de estas provoca su extinción.

De ahí que a juicio de esta Sala bien puede aplicarse para efectos de estos incrementos la tesis de que los mismos prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles desde el momento en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez”.

En este orden de ideas, a la luz de la jurisprudencia antes citada, aparece entonces razonable afirmar la extinción del derecho a incrementar la pensión en los porcentajes señalados en los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, por personas a cargo, por el acaecimiento de la prescripción, al haberse cumplido el plazo trienal establecido por la ley, al punto que no es posible considerar su existencia para ningún efecto, porque al desaparecer del ámbito jurídico entran al terreno de las obligaciones naturales que, como sabe, no tienen fuerza vinculante.

En suma, el tribunal no incurrió en el yerro hermenéutico que le endilga la censura y, en consecuencia, el cargo no prospera.

Como hubo réplica, costas en sede de casación a cargo de la recurrente, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos m/cte. ($ 3’000.000.00).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 30 de junio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, en el proceso ordinario promovido por María de las Mercedes Montoya Penagos contra el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».