Sentencia 42315 de abril 3 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 42315

Acta 10

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Se considera

La regla general, por virtud de la cual no es procedente acción de tutela contra una determinación adoptada en similar trámite constitucional, tiene su excepción, y así lo ha considerado esta Sala de la Corte, cuando aparezca palpable el quebrantamiento al debido proceso, garantía fundante del Estado social y democrático de derecho.

Tal excepción obedece a la necesidad de preservar el orden jurídico y, por sobre todo, a la imposibilidad de que se desconozca la existencia de nulidades insaneables, que ni siquiera por este excepcional mecanismo pueden pasar inadvertidas, menos cuando se adelantan procedimientos que deciden sobre aspectos tan trascendentes como la declaratoria de derechos patrimoniales definitivos a cargo del erario, y con gran impacto en el presupuesto de la nación o de cualquier ente territorial.

Revisada la documental aportada al plenario se evidencia que la Asociación de Educadores de Sucre, filial Fecode —CUT— promovió tutela contra el departamento de Sucre; que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, en auto de 29 de agosto de 2012, asumió el conocimiento, ordenó notificar al ente accionado y vinculó al Ministerio de Educación Nacional, al considerar que se trataba de un tercero con interés directo; que el 11 de septiembre de 2012 accedió a lo pretendido; según el ente accionado, le fue notificado el 24 de septiembre de 2012 por Oficio 1372, por lo que impugnó el 27 siguiente; que el expediente se remitió a la Corte Constitucional sin agotar el trámite establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.

Lo anterior evidencia, y así lo ratifican las copias obrantes en el expediente, que el juzgado persistió en la negativa de resolver al ministerio lo relativo a la impugnación, en lugar de esclarecer las irregularidades en el acto de notificación de la tutela y del fallo emitido, que luego también alegó el departamento y que lo llevó a denunciar penalmente tales circunstancias (fls. 101-105), en atención a que ante el desconocimiento del trámite, y por la orfandad de recursos para debatir la determinación, se le impuso el pago de “ciento diez mil millones de pesos”, situación que exigía una especial atención de aquel funcionario, quien, además, y allí radica el yerro por el que procede el amparo, bajo un entendimiento equivocado del contenido en el Decreto 1382 de 2000, se encontró habilitado para adelantar la tutela. En lo pertinente, el artículo 1º, numeral 1º de la mencionada norma dispone:

“1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.

(...).

Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral”.

Ninguno de los planteamientos que esgrimió el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre - Sucre, en la providencia cuestionada, para habilitar su conocimiento, se pueden acoger para validar su asunción de competencia, pues las reglas generales de reparto consignadas ese decreto, son claras y no le era dable variarlas, menos cuando respecto de ellas existió pronunciamiento de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, desde la sentencia del 18 de julio de 2002, e incluso ello lo puso de presente el Procurador Cuarenta y Cuatro Judicial II Administrativo actuando como agente especial del Ministerio Público, para solicitar la nulidad íntegra del trámite, sin que sus argumentos tuvieran el eco debido.

Ello quiere decir que si se adelantó la acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Sucre, aun cuando existieran otros accionados de inferior jerarquía, por fuero de atracción, correspondía su conocimiento a los tribunales y no, como lo estimó el juzgado, asumirlo sin estar autorizado para ello, con lo que incurrió en una nulidad insaneable por falta de competencia funcional, que conllevó a la violación al debido proceso, alegada por el ente ministerial y coadyuvada por el departamento.

Encuentra esta Sala que el hecho de que el tribunal, en la pasada queja constitucional, no advirtiera estas circunstancias jurídicas, y acudiera al argumento de la ausencia de utilización de otras vías procesales, no fue acertado, no solo porque las providencias que citó, esto es la T-1007 y T-1012 se referían a otros supuestos de hecho y de derecho, sino porque no es posible argüir que la revisión en la Corte Constitucional sea un recurso, dado que, y así lo refieren los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, es un simple mecanismo para “aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave” y al ser su naturaleza opcional para la citada Corte, no puede estimarse como idóneo, de la manera en que lo hizo el organismo judicial, ni menos con aquellos soslayar las consecuencias de la pluricitada nulidad funcional.

Tampoco puede predicarse que las sentencias de tutela aquí debatidas hicieron tránsito a cosa juzgada material, por su exclusión de la citada revisión pues, como atrás se decantó, al existir irregularidad insaneable en tales procedimientos aquí enjuiciados, por falta de competencia funcional, ello también repercute sobre dicho efecto, de allí que esta decisión también deba comunicarse a la Corte Constitucional para lo pertinente.

No debe ignorarse, en punto al debate que dio inició a la primigenia acción, relativo al reconocimiento de derechos prestacionales que, como lo impone el decreto que lo reglamenta, esta vía no puede abrirse paso cuando existen mecanismos idóneos de discusión, pues en ningún momento se edificó para suplir los procesos, ni al juez natural que está convocado a resolverlos dado que de así admitirse se vaciaría de contenido la labor jurisdiccional y se atentaría contra las prerrogativas de la contraparte quien, como lo dispone el artículo 29 de la Constitución Política, requiere que se adelante el juzgamiento “con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se concederá el amparo solicitado, se dejará sin efectos toda la actuación adelantada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre dentro de la acción de tutela que promovió la Asociación de Educadores de Sucre filial Fecode - CUT contra el departamento de Sucre y el Ministerio de Educación Nacional, incluyendo las que correspondan al cumplimiento de la orden impartida en sentencia de 11 de septiembre de 2012, para que se rehaga el trámite observando a plenitud el debido proceso, en especial respetando las reglas de reparto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas; en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales invocados por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con las razones expuestas.

2. DEJAR sin efectos toda la actuación adelantada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre), dentro de la acción de tutela que promovió la Asociación de Educadores de Sucre filial FECODE - CUT contra el departamento de Sucre y el Ministerio de Educación Nacional, incluyendo las que correspondan al cumplimiento de la orden impartida en sentencia de 11 de septiembre de 2012, para que se rehaga el trámite observando a plenitud el debido proceso.

3. REMITIR las diligencias a la oficina de reparto, para que la misma sea conocida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, de conformidad con lo dispuesto en la presente providencia.

4. COMUNICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».