Sentencia 42383 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

Asunto:

EXTRACTOS: «Consideraciones del despacho:

I. Competencia:

El suscrito Magistrado es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la providencia del 12 de septiembre de 2013, mediante la cual un Magistrado del Tribunal Superior de Pasto negó la solicitud de hábeas corpus presentada por el apoderado de Gerardo Chávez Portocarrero y Zamira Vásquez Muñoz, según lo preceptúa el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006.

II. Naturaleza, alcance y procedencia de la acción de hábeas corpus:

1. Como ha tenido oportunidad de precisarse en esta Corte, el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de hábeas corpus, acción que a su vez es reconocida en varios instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

2. Así mismo, resulta oportuno mencionar que el hábeas corpus, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 27-2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 4º de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria de los Estados de Excepción), es un derecho intangible de aplicación inmediata, el cual está reconocido en esa misma dimensión tanto en la Constitución Política como en los instrumentos internacionales que hacen parte del denominado bloque de constitucionalidad.

3. En síntesis, la acción de hábeas corpus emerge como la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad, la cual se encuentra reglada en el artículo 28 de la Carta, norma que de manera expresa reconoce que todo sujeto es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

4. Por tanto, es desde el referido precepto constitucional que se le asigna a la ley la función de regular la garantía fundamental de la libertad, es decir, la potestad de fijar las condiciones bajo las cuales ella puede ser restringida.

5. En esa medida, conviene indicar que a pesar de que el derecho a la libertad tiene consagración constitucional, el mismo no es absoluto, conforme se desprende de lo preceptuado en el artículo 28 de la Norma Fundamental, pues aun cuando es cierto que el hábeas corpus es el medio que por excelencia sirve para la protección de aquella, también lo es que su aplicación debe estar supeditada al debido proceso.

6. En tales condiciones, se hace necesario recordar que el hábeas corpus, como lo establece la Carta y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal, el cual procede en los siguientes casos:

6.1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, esto es, cuando no se hace al amparo de una orden judicial previa (C.P., art. 28 y L. 906/2004, arts. 2º y 297), en flagrancia (L. 600/2000, art. 345 y L. 906/2004, art. 301), por captura públicamente requerida (L. 600/2000, art. 348), por captura excepcional (L. 1142/2007, art. 21) y por captura administrativa (Sent. C-24, ene. 27/94), esta última, con fundamento directo en el artículo 28 de la Carta.

6.2. Cuando obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución o en la ley, en tal supuesto, la acción de hábeas corpus tiene por objeto que el servidor público correspondiente: (i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (por ejemplo: dejar a disposición judicial al capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.); o bien, (ii) adopte la decisión o actuación del caso (verbi gratia, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, presentar el escrito de acusación, instalar el juicio oral, entre otras hipótesis posibles).

7. De otra parte, es preciso señalar que como la acción constitucional de hábeas corpus está orientada a proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o de su indebida prolongación, al juez constitucional, en el caso puesto a su consideración, le está vedado incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so pena de invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural al que la ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desborda la naturaleza de su función constitucional, destinada por excelencia a la protección del derecho fundamental de la libertad.

8. En otros términos, conforme se ha indicado en esta Corte de forma constante, la procedencia de la acción de hábeas corpus se encuentra supeditada a que el afectado con la privación ilegal de la libertad, o con su ilícita prolongación, haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues, reitérese, lo contrario conduce a una injerencia indebida en las facultades que son propias del juez que conoce de la actuación respectiva.

9. Ahora, si bien la acción de hábeas corpus no es necesariamente residual y subsidiaria, también lo es que cuando existe un proceso o actuación judicial en trámite, no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona(1).

10. Por tanto, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario.

Lo anterior, salvo que la decisión judicial por medio de la cual se interfiere en el derecho a la libertad personal, pueda catalogarse como una vía de hecho o se vislumbre la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en las cuales, “aún cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios”(2).

11. En esa medida, para denegar la acción de hábeas corpus no es suficiente con expresar que la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal o que dentro del trámite existan recursos para debatir la situación tildada de lesiva del derecho a la libertad personal, pues en tal evento resulta necesario examinar el caso concreto en orden a establecer si se presenta una vía de hecho, como eventualmente puede presentarse, verbi gratia, cuando cumpliéndose las circunstancias fácticas y legales que hacen procedente la libertad se niega sin fundamento legal o razonable.

Cabe mencionar que frente a la consolidación de las denominadas vías de hecho, la Corte Constitucional ha construido las siguientes posibilidades(3):

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución en detrimento de los derechos fundamentales de las partes en el proceso, situación que concurre cuando el juez interpreta una norma en contra del estatuto superior o se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en aquellos eventos en que ha mediado solicitud expresa dentro del proceso”.

III. El caso bajo examen:

De acuerdo con las precisiones que anteceden, se observa que el amparo solicitado resulta improcedente, por lo que se confirmará la decisión impugnada, de conformidad con las siguientes razones:

1. Si bien el apoderado de Gerardo Chávez Portocarrero y Zamira Vásquez Muñoz, dentro del proceso que se les sigue en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Tumaco (Nariño) por los delitos de homicidio, lesiones personales, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, solicitó, el 24 de mayo de 2013, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Control de Garantías, la libertad de los citados por vencimiento del término para iniciar el juicio oral, la cual se negó y a su vez esa determinación fue confirmada el 23 de agosto de 2013 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad, por lo que en principio se infiere que el abogado de los citados agotó los mecanismos que tenía a su alcance con el fin de obtener la libertad de sus prohijados y de allí que podría decirse que está habilitado para acudir al amparo constitucional, lo cierto es que, como lo señala el tribunal, tales decisiones no envuelven una vía de hecho como lo sostiene el defensor de Chávez Portocarrero y Vásquez Muñoz, pues para llegar a esa conclusión parte del supuesto equivocado de que concurre la causal señalada en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, amén de que como finalmente se evidenciara, en el fondo utiliza el hábeas corpus a manera instancia adicional.

2. El artículo 317 de la Ley 906 de 2004, con las modificaciones introducidas por los artículos 30 y 61 de la leyes 1142 de 2007 y 1453 de 2011, preceptúa:

ART. 317.—Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:

1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.

2. Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.

3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el juez de conocimiento.

4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294. El término será de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados.

5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.

PAR. 1º—En los numerales 4º y 5º se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. En todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya desparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 599 de 2000.

Los términos previstos en los numerales 4º y 5º se contabilizarán en forma ininterrumpida.

PAR. 2º—En los procesos que conocen los jueces penales de los circuitos especializados, para que proceda la libertad provisional, los términos previstos en los numerales 4º y 5º de este artículo se duplicarán” (resaltados fuera de texto).

3. Del contenido del artículo transcrito, se concluye que la causal de libertad provisional prevista en el artículos 5º alude al término que va “de la formulación de la acusación” a la iniciación de “la audiencia de juzgamiento”.

4. En esa medida, conforme lo señala el Magistrado del Tribunal de Pasto, el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 no prevé un término para acceder a la libertad que corra entre la presentación del escrito de acusación y la formulación de esta.

En esa misma perspectiva, en esta corporación se ha expresado:

“Es claro que la inconformidad del accionante es la supuesta prolongación ilegal de la privación de la libertad por no adelantarse el respectivo juicio oral dentro de los 120 días siguientes a la presentación del escrito de acusación conforme lo prevé el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004.

Lo primero que conviene precisar es que la norma aplicable al presente evento es la modificación introducida al artículo en mención por el artículo 61 de la Ley 1453 de 2011.

En dicha normatividad se indicó expresamente, que el término para dar inicio a la audiencia de juzgamiento se contabilizará a partir de la audiencia de formulación de acusación adelantada ante el juez de la causa y no desde la presentación del escrito acusatorio por parte de la fiscalía como equivocadamente lo entiende el accionante”(4).

5. Así las cosas, no le asiste razón al apoderado de Gerardo Chávez Portocarrero y Zamira Vásquez Muñoz, cuando da a entender que en este caso se debe “aplicar por analogía” el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, donde se prevé que hay lugar a la libertad provisional si pasan 240 días después de formulada la acusación sin haberse iniciado el juicio oral en procesos de competencia de los jueces especializados; a los eventos en que corre tal término (240 días) entre la presentación del escrito de acusación y la formulación de esta, pues el legislador no contempló un plazo entre estos dos últimos momentos que dé lugar a la libertad provisional.

Sobre la ausencia de un término para acceder a la libertad provisional entre dos determinadas actuaciones procesales, esta corporación se pronunció en pretérita oportunidad en los siguientes términos:

“... resulta claro y evidente que ninguno de los argumentos presentados por el memorialista como sustento de la petición de hábeas corpus son procedentes, en la medida en que la privación de la libertad de... no es ilegal, toda vez que la misma obedece a una orden emitida por un funcionario judicial competente, es decir, que sobre él pesa medida de aseguramiento y en la actualidad ya culminó el debate oral del juicio...

Ahora bien, es verdad que entre la última fecha en que se celebró la audiencia pública y el día en que se interpuso la acción, ha trascurrido un total de 20 meses y 10 días hábiles después de haberse agotado la multicitada audiencia de juzgamiento; empero, por esa particular razón no se puede predicar que el acusado se encuentra ilegalmente detenido, en la medida en que el supuesto fáctico en precedencia enunciado no constituye causal de libertad provisional y que la misma fue desconocida de facto por los funcionarios judiciales que conocieron del asunto.

Además, de acuerdo con los datos que obran en el diligenciamiento, se sabe que el proceso que adelanta el Juez Penal del Circuito Especializado de Medellín es complejo, al punto que no es posible atribuir al mismo la mora judicial para dictar sentencia, tal como se denuncia en la petición de hábeas corpus.

Es decir, la situación prevista por el accionante no revela el desconocimiento del derecho a la libertad por ilegalidad en la aprehensión o por indebida prolongación de ese derecho, “a pesar de que puedan generar algún traumatismo en el desarrollo del proceso, la acción constitucional de hábeas corpus no es el mecanismo destinado a que se adopte los correctivos correspondientes y, en consecuencia, resulta improcedente”(5)(6).

7. Es claro entonces, que contrario a lo afirmado por el abogado de Gerardo Chávez Portocarrero y Zamira Vásquez Muñoz, no se está ante una situación procesal que legalmente dé lugar a la concesión de la libertad provisional y autorice a decidirse por el amparo constitucional de hábeas corpus, pues se evidencia que no hay una prolongación ilícita de la libertad en relación con los nombrados, pues la ley no prevé como causal de libertad el transcurso de un determinado tiempo entre la presentación del escrito de acusación y la formulación de esta.

8. Sobre vacíos legislativos como el presente, la Corte Constitucional expresó:

“... resulta pertinente reconocer la procedencia de las causales de libertad provisional, mediante las cuales se restringe en el tiempo la duración de la detención preventiva (D. 2700/91, art. 415, nums. 4º y 5º, y L. 600/2000, art. 365, nums. 4º y 5º), cuyos parámetros de aplicación se encuentran estrictamente delimitados por ley... No obstante, las citadas disposiciones encuentran un vacío legislativo consistente en que no existe un límite temporal para obtener la libertad provisional en dos eventos: el primero, en cuanto al término de detención que existe entre la calificación del mérito de la instrucción y la ejecutoria de la resolución de acusación, y el segundo, consistente en el tiempo de detención que existe entre la celebración de la audiencia de juzgamiento y la sentencia definitiva.

Ante el vacío legislativo que existe en cuanto a la procedencia de la libertad provisional en los eventos citados, es preciso condicionar la constitucionalidad de las disposiciones que consagran la figura del cómputo de la detención, en el sentido de limitar, en las circunstancias de vacío legal su término de duración a un plazo razonable, justo y proporcional con el fin de evitar que la medida se convierta en un anticipado cumplimiento de la pena.

Ahora bien, el término razonable, proporcional y justo, debe ser valorado por las autoridades judiciales en cada caso, siguiendo los siguientes parámetros: la efectividad de la duración (amoldar la detención a sus objetivos), el tiempo actual de detención, su duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta punible, los efectos materiales y morales para con el sindicado, la conducta del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma como se ha tramitado, la conducta de las autoridades judiciales, entre otras(7). Mediante esta consagración no taxativa, la Corte pretende garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal ante el vacío legal”.

8. En el caso particular, se observa que el Magistrado del Tribunal de Pasto describió detalladamente un conjunto de circunstancias procesales, valga decir, que en 10 oportunidades se fijó fecha para llevar a cabo la formulación de acusación, la cual no se ha realizado por cuanto se elevaron solicitudes de aplazamiento presentadas por la fiscalía y los defensores; uno de estos fue asesinado, su reemplazo requirió de tiempo para conocer el caso; se tramitó un cambio de radicación, los apoderados de las víctimas también han pedido la postergación de la diligencia; se produjo el cambio de fiscal, se reubicó a los procesados en el establecimiento penitenciario y carcelario del Inpec en Pasto por seguridad; un defensor deprecó una nueva fecha para buscar un preacuerdo con el ente acusador y actualmente se intenta la celebración de la respectiva audiencia a través de videoconferencia.

Adicionalmente, no puede dejarse de lado la complejidad del caso, en la medida que involucra 7 homicidios y 76 lesionados. Además, a la gravedad que de por sí envuelven tales conductas, debe sumarse la forma como se produjo tanto la afectación a los bienes jurídicos de la vida y de la integridad personal, como a la seguridad pública.

9. Lo anterior permite afirmar adicionalmente, que en modo alguno se puede hablar, como lo hace el apoderado de Gerardo Chávez Portocarrero y Zamira Vásquez Muñoz, de que en este caso se haya incurrido en dilaciones injustificadas.

10. Al margen de lo analizado en precedencia con el propósito de establecer que no se ha producido una prolongación ilícita de la privación de la libertad de Chávez Portocarrero y Vásquez Muñoz. Igualmente, es pertinente mencionar que con lo dicho también se desvirtúa la supuesta vía de hecho que pregona el apoderado de los citados, en tanto que como se ha aludido en esta decisión, no tiene en cuenta el verdadero alcance del numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, lo que a su vez obliga a señalar, que en razón de la postura argumentativa sostenida por el abogado de los citados al formular la acción de hábeas corpus, en realidad se evidencia que pretende utilizar esta como una tercera instancia en busca de que sean escuchas sus súplicas, conforme lo vislumbró el Magistrado del Tribunal de Pasto, al expresar que “las derrotas judiciales que ha tenido el litigante en las audiencias preliminares de solicitud de libertad provisional, no lo facultan para acudir al hábeas corpus a fin de imponer su particular interpretación en torno a la forma como debe contabilizarse el término para la procedencia de la causa libertaria reseñada”.

11. En conclusión, el despacho encuentra que no es procedente el amparo constitucional invocado por el apoderado de Gerardo Chávez Portocarrero y Zamira Vásquez Muñoz, puesto que estos se encuentran privados de la libertad legalmente en razón de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario proferida en su contra, sin que a la fecha se haya vencido un específico término legal que dé lugar a su libertad provisional.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia impugnada, por medio de la cual un Magistrado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pasto declaró improcedente la acción constitucional de hábeas corpus incoada por el apoderado de Gerardo Chávez Portocarrero y Zamira Vásquez Muñoz.

2. DISPONER la devolución del expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 26 de junio de 2008, Radicación 30066.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 26 de junio de 2008, Radicación 30066.

(3) Sentencia T-066 de 2006.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 2 de abril de 2009, Radicación 31577.

(5) “Auto del 9 de julio de 2007. Radicado 27855”.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 2 de octubre de 2012, Radicación 40057.

(7) “Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Neumeister y caso Stogmuller”.