Sentencia 4239 de octubre 7 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SENTENCIA NÚMERO 4239 DE 1999

Consejero Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Ref.: Exp.: 4239

Santafé de Bogotá, D.C., siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Después de promulgada la Constitución Política de 1991, los créditos adicionales, en el orden nacional, solamente pueden ser decretados por el Congreso de la República; a nivel departamental, por las asambleas, y en los municipios, por los concejos, de manera que en el caso del Distrito Capital, dicha competencia corresponderá al Concejo Distrital, de acuerdo con los artículos 5º y 313, numeral 5º, constitucionales y 136 y 12, numeral 4º, del Decreto 1421 de 1993, en concordancia con el artículo 52 de la Ley 179 de 1994.

De su parte, el numeral 5º del artículo 313 constitucional le asigna a los concejos municipales la facultad de “dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos”, la cual es reproducida textualmente para el Distrito Capital por el numeral 4º del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, y luego desarrollada por el artículo 136 ibídem, cuyo texto establece “el concejo distrital, a iniciativa del alcalde mayor y de conformidad con la Constitución Política y la ley orgánica del presupuesto, regulará lo relacionado con la programación, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto distrital y de los fondos de desarrollo local.

“De igual manera el concejo distrital, a iniciativa del alcalde, expedirá el presupuesto anual”.

Las normas orgánicas del presupuesto distrital están sujetas a los principios de la ley orgánica del presupuesto, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 352 y 353 constitucionales, los cuales han sido desarrollados por el artículo 52 de la Ley 172 de 1994, vigente para la época de expedición del Acuerdo 024, cuyo texto rezaba: “las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas deberán seguir las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la ley orgánica del presupuesto en lo que fuere pertinente”.

El texto legal que acaba de transcribirse indica con claridad que las entidades territoriales están condicionadas en la expedición de sus normas orgánicas por los principios de la ley orgánica del presupuesto, de manera que las limitaciones predicables de ésta lo serán también de las normas orgánicas territoriales y en el caso sub judice, de las normas orgánicas distritales.

De allí que cuando la Corte Constitucional declara la inexequibilidad del artículo 71 de la Ley 88 de 1993, en cuanto contempla la posibilidad de que el gobierno pueda abrir créditos adicionales, bajo la consideración de que en épocas de normalidad la reforma del presupuesto sólo corresponde al Congreso de la República, según los términos de la sentencia C-357, de 11 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr. Arango Mejía, citada por el tribunal a quo, el principio que sirve de fundamento a tal declaración es aplicable al Distrito Capital, de manera que los créditos adicionales a este nivel deberán ser aprobados por el concejo y no por el alcalde.

Dentro de esta perspectiva resulta irrelevante la consideración de la recurrente en el sentido de que el alcalde es el gobierno, con capacidad para abrir créditos adicionales, sujeto a los parámetros normativos dispuestos en el acuerdo distrital, o de que sea el alcalde quien se comprometa como representante legal ante personas jurídicas nacionales e internacionales, o de que se corra el riesgo de hacer la administración inoperante, pues conforme al principio constitucional destacado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, citado supra, a partir de la Constitución Política de 1991, los créditos adicionales no pueden ser abiertos por el gobierno, ni por los gobernadores, ni por los alcaldes sino, en su orden, por el Congreso de la República, las asambleas de los departamentos y los concejos municipales, de manera que la norma acusada, en cuanto autoriza al gobierno distrital para tales menesteres, resulta contraria a la Constitución y a la ley».

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