Sentencia 42392 de febrero 20 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42392

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 05

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

La inconformidad del recurrente yace en que el tribunal confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia a cargo directo de las sociedades fiduciarias Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A., “sin especificar que esa orden y condena, debe (sic) recaer, únicamente, sobre el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en liquidación PAR, administrado por el consorcio” integrado por las demandadas recurrentes, “de acuerdo con el objeto del fideicomiso y de acuerdo con la finalidad encomendada en ese negocio mercantil”.

Tiene razón la censura en los errores que le enrostra al tribunal, dado que como lo enseña la doctrina(1) y lo ha reiterado esta corporación en distintas oportunidades, “si bien es cierto que por regla general solo pueden ser parte en un proceso las personas jurídicas y las naturales (CPC, art. 44). (...) también se ha admitido como sujetos procesales, con capacidad para comparecer en causa judicial como demandantes o como demandados, a los denominados patrimonios autónomos, los cuales, de acuerdo con la doctrina, son unos bienes que por ficción jurídica tienen un representante legal, como por ejemplo entre otros, la herencia yacente, la masa de bienes del ausente, la masa de bienes del quebrado y el patrimonio de la fiducia, los cuales constituyen una nueva especie de sujetos de derechos y obligaciones que, igualmente pueden ser partes en los pleitos judiciales”(2) (resalta la Sala).

Bajo la misma orientación, posteriormente(3) se pronunció esta corporación y previo el análisis de la situación fáctica, sostuvo:

“La Fiduciaria Tequendama S.A., fue llamada al proceso en su propia condición; en su lugar la demanda debió ser dirigida contra el Patrimonio Autónomo constituido mediante el contrato de fiducia mercantil (fls. 150 y ss.), a través de su representante legal de conformidad con las normas comerciales, en especial el artículo 1234, numeral 4º, esto es, la Fiduciaria Tequendama S.A.

Para corroborar lo anterior resulta pertinente la remisión a jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta corporación, concretamente a la sentencia de 8 de agosto de 1994 radicado 4231, en que sostuvo refiriéndose a la posibilidad de que la sucesión pudiera demandar o ser demandada, lo siguiente:

“Mediante la teoría del ‘patrimonio autónomo’ ello es posible, pero siempre a través de los herederos, quienes como gestores, a términos de conocidas enseñanzas de doctrina, asumen el debate judicial para proteger intereses en razón a ese oficio de administradores de un patrimonio autónomo para hacerlos valer, sin que en tal caso se pueda decir ‘ni que esté en juicio en nombre propio (ya que no responde personalmente), ni que esté en juicio en nombre de otro (ya que no hay tras de él un sujeto de quien sea representante)’...”.

El Patrimonio Autónomo Edificio El Gran Mochuelo estaba constituido por los inmuebles sobre los cuales se iría a construir el edificio, más los recursos financieros y de otro orden transferidos por el fideicomitente beneficiario y los demás beneficiarios por virtud de los contratos de promesa de compra venta previstos en el contrato de fiducia mercantil aludido.

Es el patrimonio autónomo, el responsable directo de las obligaciones que se contrajeran en desarrollo de la realización del objeto de la fiducia mercantil; y en especial en materia laboral, por cuanto él prescindió de contratistas independientes para la ejecución de la obra y optó por asumirla directamente a través de un administrador delegado; a este correspondía la vinculación del personal a cargo y por cuenta del patrimonio autónomo”.

Las citas jurisprudenciales precedentes debieron ser atendidas por el tribunal al proferir su decisión, máxime si como se observa al plenario (fls. 362 a 369), tales argumentos fueron sustento de la apelación. En breve, el contrato de fiducia suscrito por las recurrentes con el Consorcio Remanentes Telecom, hace directo responsable de la condena impuesta a favor de Ospina Ospina, al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas, PAR.

Por lo visto, se equivocó el tribunal y el cargo prospera.

Como no hubo réplica, no se impondrán costas en sede de casación.

En instancia, a más de las consideraciones expuestas en sede de casación, basta agregar que la condena al pago indexado de la indemnización por terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo que otrora existió entre Guillermo Ospina Ospina y Teletolima S.A. ESP, en cuantía de $ 55’263.660, recae, únicamente, sobre el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en liquidación PAR, dado que las sociedades Fiduciaria Popular S.A., Fiduagraria S.A., no obraron en nombre propio sino como voceras del susodicho patrimonio y administradoras de los bienes fideicometidos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida el 30 de junio de 2009, por la Sala Laboral de del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Guillermo Ospina Ospina contra Fiduciaria Popular S.A., Fiduagraria S.A. y contra el consorcio conformado por las dos fiduciarias denominado Consorcio Remanentes Telecom.

Sin costas en el recurso de casación, tal como se indicó en la parte motiva.

En sede instancia, RESUELVE:

1. Revocar los numerales tercero, cuarto y sexto de la decisión apelada.

2. Condenar al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas PAR, administrado por el consorcio conformado por Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A., al pago indexado de la indemnización por despido injusto en la suma de $ 55’263.660, a favor de Guillermo Ospina Ospina.

3. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.

4. Costas en la primera instancia a cargo del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas PAR administrado por el Consorcio conformado por Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A. Sin costas en la alzada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Morales Molina, Hernando, Curso de derecho procesal civil, undécima edición, Bogotá, Editorial ABC, 1991, pág. 229.

(2) Corte Suprema de Justicia, Laboral, 26 de marzo de 2004, radicado 21124.

(3) Corte Suprema de Justicia, Laboral, 10 de mayo de 2004, radicado 22371.