Sentencia 42401 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 42401

Acta 34

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil trece.

Se decide la impugnación interpuesta el Banco Corbanca Colombia S.A. contra el fallo del 7 de febrero de este mismo año, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte, dentro de la acción de tutela que aquel promovió contra la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de la misma ciudad.

Antecedentes

Plantea el actor que la Sociedad Mundial de Montacarga MC Ltda., presentó demanda ordinaria en contra del Banco Santander de Colombia —hoy Banco Corpbanca Colombia S.A.—, buscando declaración en el sentido que dicha entidad incumplió el contrato de cuenta corriente y de transferencias electrónicas celebrado entre esas mismas partes y que, en ese sentido, es responsable civil y extracontractualmente de la indebida disposición de unas sumas de dinero, hecho ocurrido el día 22 de octubre de 2009 y cuyo reembolso reclama, junto con los intereses y los respectivos perjuicios.

Agrega que Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, mediante proveído del 29 de febrero de 2012, accedió a las pretensiones de la demanda y, por ende, declaró que la demandada en dicho proceso (hoy accionante), incumplió el memorado contrato, condenándola por lo tanto al reembolso de la suma de dinero indebidamente transferida, con la correspondiente indexación; decisión que al surtirse el grado de apelación, fue confirmada por el tribunal acusado en sentencia del 29 de noviembre de 2012.

Así las cosas, señala que ambas decisiones configuran vías de hecho y, por ende, violan su derecho fundamental al debido proceso porque: se basaron en lo descrito en un informe preliminar de las supuestas indebidas transacciones, sin tener en cuenta la totalidad de los documentos aportados al proceso, pues estos informaban de las condiciones contractuales vigentes para cuando ocurrió ese hecho; no se desestimó la legitimidad de las transferencias bancarias; se invirtió el principio de la carga de la prueba sin haber lugar a ello; no se demostró la ilegalidad de los actos autorizados por el banco y, finalmente, porque que los juzgadores accionados le atribuyeron cargas de seguridad y responsabilidad ajenas a sus obligaciones como entidad financiera; razones todas ellas por las cuales solicita que se dejen sin efecto los mencionados fallos y que, en su lugar, se emita una nueva providencia en la que se valoren en debida forma las pruebas allegadas al trámite.

La Sala de Casación Civil de esta Corte, luego de admitir la acción de tutela y notificar a las autoridades accionadas y vinculados, no concedió el amparo deprecado tras concluir que, “a partir del examen de las sentencias que en esta vía se cuestionan, no logra advertirse una vulneración a la garantía invocada, pues las autoridades judiciales accionadas realizaron una legítima interpretación de los hechos demostrados en el proceso, la naturaleza del vínculo contractual existente entre las partes y a partir de allí efectuaron una adecuada aplicación de la normativa y jurisprudencia que regulan la responsabilidad civil derivada de relaciones bancarias”; decisión que, a su vez, fue impugnada por la parte accionante, quien para el efecto argumenta que no se consideraron las pruebas “que sobre el núcleo del debate obran en autos” y, por lo demás, reitera los argumentos consignados en el escrito inicial.

Consideraciones

Si bien es cierto esta Sala de la Corte ha venido considerando que el amparo del artículo 86 de la Constitución Nacional es viable frente a decisiones judiciales, igualmente ha estimado que ello solo procede cuando, en casos concretos y excepcionales, las actuaciones u omisiones de los jueces resultan evidentemente violatorias de los derechos constitucionales fundamentales, como cuando la providencia atacada pueda calificarse de caprichosa, antojadiza, absurda o autoritaria por carecer efectivamente de fundamento objetivo y, por lo tanto, sea el resultado de un juicio abiertamente irrazonable o arbitrario; todo lo cual debe equilibrarse con otros valores del Estado de derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y la seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones proferidas en última instancia, que se concretan en los principios de la cosa juzgada y de la independencia y autonomía del juez.

De la providencia confutada deviene como premisa incuestionable, pues a su disposición fue puesto el expediente que contiene las providencias censuradas, que el tribunal acusado acogió en un todo los razonamientos esgrimidos en sede de primera instancia para confirmar la decisión que accedió a las pretensiones de la demanda, esto es, que de acuerdo con las probanzas recopiladas, especialmente el contrato suscrito entre las partes, resultaba evidente el deber de custodia a cargo de la entidad bancaria demandada, de conformidad con la Ley 1328 de 2009 y la jurisprudencia nacional referida, además del riesgo que implica la transacción de dineros a través de canales electrónicos, no obstante precisar que: “los especiales principios de diligencia y cuidado exigidos a los establecimientos bancarios, al realizar operaciones en desarrollo de su objeto social quedan resguardados si por culpa del cuentacorrentista o de sus dependientes, representantes o cualquier autorizado se produce una transferencias (sic), (...), con base en prácticas fraudulentas o mediante firmas falsificadas o alteradas, evento en el cual, cesa la responsabilidad para el banco si se dan las hipótesis legales para ello”.

Igualmente admitió que, en todo caso, no puede presumirse que el fraude o suplantación proviene del usuario, razonamiento a partir del cual, consideró, que era competencia de la demandada “demostrar efectivamente, la culpa o negligencia del cliente en sus deberes de custodia”, sin perjuicio de considerar que es el profesional experto en tales servicios y sus riesgos, “quien tenía que demostrar que desplegó toda su capacidad investigativa para poder afirmar sin duda alguna, que el cliente faltó a sus deberes de custodia”.

También admitió como certera la conclusión atinente a la responsabilidad que se le podía endilgar a la entidad bancaria demandada por el hecho de no haberse acreditado que el actor hubiera actuado con “negligencia, imprudencia, malas prácticas, antecedentes de hechos similares anteriores, advertencias de mal manejo de claves o contraseñas, mala fe o fraude”, criterio este que adicionó el tribunal acusado diciendo que, paradójico era que “el banco demandado solo advirtiera una operación inusual de la totalidad de transferencias que se efectuaron irregularmente, por lo que dedujo, que tal y como se mencionó en el informe preliminar que reportó esa entidad ante la Superintendencia Financiera, el sistema no está validando de manera adecuada la información” y, además, que “las condiciones particulares y lo inusual de las transacciones que significaron el detrimento patrimonial para la demandante, las que resaltó, se efectuaron en un breve período de tiempo de un mismo día, sugerían suficientes motivos para que el banco adoptara alguna medida que, finalmente ejecutó, para cuando ya se habían perdido las sumas de dinero cuyo reembolso se solicitó por vía judicial”; para luego rematar sosteniendo que: “surge incuestionable llamar la atención respecto de que el banco hubiera ignorado o no hubiera detectado el actuar anómalo, sino después de hacer cinco transacciones a cuentas que no eran de nómina, siendo por lo demás claro que no hay prueba de que existiera suplantación de la firma, o huella de la persona facultada para autorizarlas; que no hubiera detectado que las transacciones eran por un monto considerable, y que todas se hubieran realizado en las horas de la tarde de un mismo día, y en escasamente lapso de una hora; es decir, en este orden de circunstancias, era lógico que con una alta dosis de prudencia, cuidad, y sin negligencia, se detectara el fraude, como finalmente se hizo pero en forma tardía”.

Así lo destacó la Sala de Casación Civil de esta Corte en la providencia impugnada, agregando para el efecto que: “más allá de que la Corte comparta o no la posición de los accionados o la óptica desde la cual decidieron abordar el litigio y cómo, resaltando las calidades y naturaleza de la entidad bancaria, le atribuyeron la carga de probar los hechos que pudieran relevarla de su responsabilidad, su argumentación se sustentó en una debida motivación, en la que se valoraron en forma razonada los hechos demostrados en el proceso, y la jurisprudencia que rige sobre el particular”, perspectiva desde la cual, cumple decirlo, no se avizora la “vía de hecho” que pretende entronizar la parte accionante, en la medida que la decisión allí contenida está soportada en reglas mínimas de razonabilidad sobre el tema tratado, esto es, en tanto obedece a un análisis crítico, no solo de la situación fáctica planteada, sino de las pruebas que informan el asunto, todo ello de cara a las normas legales aplicables al caso examinado, vale decir, que las providencias que por esta vía se censuran son más bien el resultado de una labor hermenéutica propia de los operadores judiciales que la profirieron y que, en modo alguno, entrañan el calificativo de absurdas, antojadizas o de que sean manifiestamente ilegales.

Acorde con lo anterior, se confirmará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar el fallo impugnado.

2. Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.