Sentencia 42411 de marzo 21 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42411

Acta 09

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá D. C, veintiuno de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VII. Se considera

Aunque la demanda de casación exhibe algunos dislates técnicos, lo cierto es que pueden ser superados a la luz de lo estatuido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

No constituye materia de disconformidad los siguientes aspectos fácticos: i) que el actor desempeñó el cargo de músico de Banda “B” código 6055 grado 14 de la Banda Sinfónica Nacional, desde el 16 de noviembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002; ii) que la última asignación mensual devengada por el demandante fue de $1.063.948, y iii) que la desvinculación obedeció a la supresión del cargo, ordenada mediante Decreto 3210 de 2002.

Como se recuerda, la Sala sentenciadora llegó a la conclusión de absolver a la demandada porque el actor no acreditó que la actividad desarrollada estaba encaminada a la construcción, mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, por ende, no demostró la calidad de trabador(sic) oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968.

La principal discrepancia de la censura con la sentencia recurrida gira en torno a la conclusión a la que arribó el juez de alzada sobre la naturaleza jurídica del vínculo que ató a las partes en contienda, habida cuenta que el juzgador consideró que era empleado público, como quiera que su condición de trabajador oficial no fue materia de discordia durante el proceso sino que por el contrario fue aceptada por la demandada.

Para demostrar el error, el recurrente destaca que el Tribunal no tuvo en consideración para decidir la controversia lo establecido en el artículo 72 de la Ley 397 de 1997.

El tema puesto a escrutinio de la Corte lo definió esta sala de casación el pasado 29 de junio de 2011, radicación 37448, en los siguientes términos:

El artículo 72 de la Ley 397 de 1997 precepto instituye: “De la planta de personal del Ministerio de Cultura. Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Cultura tendrá una planta de personal global, que será distribuida mediante resolución, atendiendo a la estructura orgánica, las necesidades del servicio y la naturaleza de los cargos:

Los empleados del Ministerio de Cultura serán empleados públicos, de régimen especial, adscritos a la carrera administrativa, excepto aquellos que sean de libre nombramiento y remoción determinados en la estructura del Ministerio, así como los cargos actuales de la estructura del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, ocupados por trabajadores oficiales, sin perjuicio de los derechos adquiridos convencionalmente.

Así mismo formarán parte del Ministerio de Cultura la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional.

Los profesores integrantes de la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional se vincularán a la administración pública mediante contrato de trabajo”.

Por su parte, el artículo 37 del Decreto 2616 del 2 de diciembre de 1975, por medio del cual se aprobó la modificación de los estatutos del Instituto Colombiano de Cultura, estatuyó que “todas las personas que prestan sus servicios al Instituto [Colcultura] son empleados públicos y, por tanto, estarán sometidos al régimen legal vigente para los mismos. No obstante lo anterior, conforme al artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, podrán vincularse mediante contrato de trabajo las personas que desempeñen las siguientes actividades: músicos de la Orquesta Sinfónica de Colombia, y Mantenimiento de obras y parques arqueológicos”.

De los preceptos en precedencia fluye de manera paladina que efectivamente el Tribunal incurrió en los errores que le enrostra el impugnante, habida cuenta que si el actor desempeñó el cargo de músico, lo fue mediante contrato de trabajo y en calidad de trabajador oficial, por expresa disposición de las normas transcritas.

A este propósito es más que necesario memorar la parte pertinente del concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el 16 de octubre de 1997, radicación 1041, en el que sostuvo:

“(…) 1. La Ley 397 de 1997 establece en su artículo 72 un régimen especial para el Ministerio de Cultura consistente en que pueden existir en su planta de personal trabajadores oficiales, así no tengan la naturaleza de trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas.

Como consecuencia, pueden vincularse mediante contrato de trabajo a la planta de personal del Ministerio de Cultura, las personas que cumplen actividades de mantenimiento de obras y parques arqueológicos y que al entrar en vigencia la ley desempeñaban dichos cargos en la estructura del Instituto Colombiano de Cultura. Así mismo, los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional.

Excepcionalmente, las personas que teniendo la profesión de músicos ejerzan funciones de naturaleza predominantemente administrativa o asesora, podrán ser vinculadas como empleados públicos.

2. El inciso final del artículo 72 de la Ley 397 estableció para los profesores integrantes de la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional, un procedimiento de vinculación a la administración pública mediante contrato de trabajo, que les permite celebrar convenciones colectivas; la situación constituye en el Ministerio de Cultura una ampliación del concepto de trabajadores oficiales.

El vocablo “profesores”, empleado por la norma precitada, es aplicable a los directores, miembros o músicos de aquellas dos instituciones, la orquesta y la banda, pues el legislador no lo limitó al director de la organización sinfónica o al grupo de personas que posean título universitario.

3. La expresión “régimen especial” se refiere a la clasificación de los servidores del Ministerio de Cultura, esto es, a la manera como se distinguen los empleados públicos del personal vinculado por contrato de trabajo, así como al tratamiento que se les otorga en la planta de personal global.

4. Como consecuencia de lo expuesto, el “régimen especial” hace referencia, entre otros casos particulares, al de los músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional (…)”.

Puestas en ese escenario las cosas, fluye con total nitidez que el promotor de la litis fue trabajador oficial y, en ese horizonte, queda evidenciado el yerro que el recurrente le enrostra el juzgador.

En otro orden de consideraciones, nótese que la calidad de trabajador oficial afirmada por el impugnante en la demanda, no fue controvertida por la convocada al proceso, quien al contestarlo, afirmó, entre cosas, que “me opongo, como quiera que el cargo de trabajador oficial que desempeño (sic) el demandante fue legalmente suprimido”.

De manera que, el tema concerniente a la naturaleza del vínculo laboral que unió a las partes en contienda, quedó fuera de discusión en las instancias, luego el debate estaba limitado a establecer si era procedente o no el reintegro convencional del demandante y al estudio de las peticiones elevadas en forma subsidiaria, de ser el caso.

Pese a lo anterior, y a que encuentra la Corte que el sentenciador incurrió en los yerros fácticos endilgados, la sentencia recurrida no será casada, toda vez que tales inadvertencias del juez de la apelación, aunque notorias, no son transcendentes, porque, prontamente, en sede de instancia, se observaría que la decisión a adoptar sería la de absolver a la demandada, con los efectos de cosa juzgada, por las siguientes razones:

1. Nulidad de la terminación del contrato por despido colectivo

Aduce el actor que la terminación de la relación laboral es ineficaz, toda vez que la demandada no solicitó permiso ante el Ministerio de la Protección Social, hoy de Trabajo, para proceder al despido de manera masiva.

En lo que atañe al tema en discusión, la Corte Suprema de Justicia tiene adoctrinado que en tratándose de trabajadores oficiales no es imperioso obtener permiso o autorización previa del Ministerio de Trabajo para efectos de los despidos colectivos a los que se refiere el artículo 67 de la Ley 50 de 1990.

En sentencia de 8 de marzo de 2005, radicación 23.764, esta Sala razonó:

“la discusión consiste en establecer si la institución jurídica de los despidos colectivos es predicable tanto frente a los trabajadores oficiales como a los particulares y si la circunstancia de que el Ministerio del Trabajo haya declarado como colectivo un despido de trabajadores oficiales hace intocable esa decisión para la jurisdicción laboral por cuanto sobre la misma sólo puede pronunciarse la jurisdicción administrativa, como sostuvo el Tribunal, o si aquella figura no es aplicable a los trabajadores oficiales ni a las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, y además es posible que, en determinadas y excepcionales circunstancias, la jurisdicción del trabajo deje de aplicar un acto que calificó un despido como colectivo, como pregona el recurrente.

Sobre el primer punto, esto es el alcance de la figura del despido colectivo, esta Sala se pronunció recientemente en fallo del 26 de febrero de 2004 (radicado 21.710), proceso en el que dicho sea de paso se demandaba a la misma entidad y se debatía igual punto de derecho, donde reiteró el criterio doctrinal que había sido expuesto en sentencias del 30 de enero de 2003, radicación 19108; 27 de marzo de 2003, radicación 19281; 30 de abril de 2003, radicación 19947; 13 de agosto de 2003, radicación 20199 y 20 de septiembre de 2003, radicación 20845. Allí se dijo concretamente:

“…a través del tiempo se ha considerado que la figura del despido colectivo, consagrada antaño en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, no es aplicable a los trabajadores oficiales. No hay que olvidar que cuando el gobierno nacional trató de modificar esa regla, mediante el artículo 37 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, la sección segunda del Consejo de Estado en sentencia del 25 de julio de 1985 anuló la expresión “trabajadores oficiales”.

Para mayor ilustración se transcribirán los segmentos con mayor relevancia de la decisión de la alta Corporación de lo contencioso administrativo con el fin de tener una visión panorámica de la misma y conocer en detalle los razonamientos que condujeron a ella. “Para fijar los exactos alcances del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 es preciso acudir a todo su contexto normativo y no a una sola de sus palabras aisladamente consideradas. En otros términos, no basta considerar los vocablos de patrono o empresa, que son alusivos a personas jurídicas y naturales de carácter particular o de entes jurídicos estatales (Nación, departamento municipio… establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado), sino todo el contexto de sus supuestos jurídicos. Si la labor hermenéutica se efectúa de la manera indicada, fácil será entender que al tomar como punto de referencia la hipótesis jurídica de “causas distintas de las previstas en los artículos 6º, literal d), y 7º de este decreto”, o sea, del 2351 de 1965, el amparo en caso despidos colectivos se circunscribe a los sujetos de las relaciones individuales de trabajo gobernadas por el Código Sustantivo del Trabajo, pues es incontrastable que dichos artículos 6º y 7º son preceptos subrogantes de los cánones 61, 62 y 63 del mencionado código.

“Ahora bien, como por regla general las relaciones individuales de trabajo de los trabajadores oficiales no se someten al Código Sustantivo del Trabajo en su parte de derecho individual de trabajo (arts. 3º, 4º, 491 y 492), infiérese necesariamente que, en principio, no es extensible la protección consagrada en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965…, a los trabajadores oficiales, vinculados a las distintas entidades del estado por un vínculo contractual-laboral, a menos que exista norma legal que expresamente disponga lo contrario.

“Desde este ángulo de enfoque no le cabe duda a la Sala que el Gobierno Nacional al haber extendido, por medio de la norma enjuiciada, la protección del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 a los trabajadores oficiales, quebrantó esta norma y los artículos 3º, 4º, 491 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo. Consecuentemente, desbordó la potestad reglamentaria, contenida en el artículo 120-3 de la Constitución Política.

“En el anterior orden de ideas se concluye que la norma impugnada es parcialmente nula en cuanto prescribe que todos los trabajadores oficiales quedan comprendidos por la protección del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, parte integrante del Código Sustantivo del Trabajo, siendo que la mayoría de aquellos no se gobiernan, en lo que respecta a relaciones y conflictos individuales de trabajo, por dicho estatuto.

“A propósito de relaciones individuales de trabajo y de los conflictos que surjan como motivo del desenvolvimiento de estas relaciones, la Sala no puede estar de acuerdo con el planteamiento de la agencia fiscal, en el sentido de que la protección en caso de despido colectivo “pudiera ubicarse dentro del derecho colectivo de trabajo”. El vocablo “colectivo”, utilizado en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 no implica que el instituto allí contenido sea de naturaleza colectiva ni que los conflictos que surjan de los despidos masivos de trabajadores sean conflictos colectivos de trabajo, entre otras poquísimas razones porque en la parte 2ª, título ii del Código Sustantivo del Trabajo se especifican las controversias de esta clase y en ellas no se comprende la figura sub examine. Por lo demás, la doctrina de tratadistas de derecho laboral, tan autorizados como Guillermo Cabanellas, “Derecho de los conflictos laborales…, avala la tesis de la Sala, así:

“En ocasiones, la legislación positiva define qué se entiende por conflictos de trabajo y los clasifica en individuales y colectivos. El problema está en que la naturaleza del conflicto no se determina por el número de personas que participan en el mismo, sino por la naturaleza de los intereses en pugna.

“En tal sentido, por ejemplo, no se consideran como colectivos los conflictos que derivan del despido de un trabajador cuando se invoque justa causa, puesto que este conflicto es individual. Puede darse la simultaneidad de despidos en un establecimiento, todos ellos con justa causa, motivada por la falta de trabajo, en cuyo caso nos encontramos en presencia de un conjunto de conflictos individuales, sin que la suma de estos los convierta en un conflicto colectivo. ”El hecho de que se produzcan simultáneamente en una empresa numerosos conflictos individuales no cambia la naturaleza de éstos. “(Subrayas de la Sala)””.

Esta Sala se identifica plenamente con tal análisis en lo que tiene que ver con los motivos que impiden hacer extensibles a los trabajadores oficiales las ventajas o garantías de una prerrogativa consagrada a favor de los trabajadores particulares; y agrega, como razón adicional para sustentar su posición que la disposición reglamentaria en comento, una vez se produjo la declaración de nulidad parcial quedó en los siguientes términos, excluyendo obviamente la expresión entre paréntesis: “Cuando alguna empresa o empleador, que tenga a su servicio trabajadores (oficiales) o particulares, considere que necesita hacer despidos colectivos…” Norma que resulta consonante con la norma reglamentada (D. 2351/65, art. 40), de conformidad con lo antes visto, y con lo que queda patente que a la luz de la disposición reglamentaria copiada la figura allí contemplada tiene como destinatarios únicamente a los servidores particulares.

Es cierto, de otra parte, que el artículo 40 citado no estaba vigente para la fecha en que se produjo el hecho que motiva el presente proceso, pero esa circunstancia no desvirtúa el enfoque hermenéutico que acaba de trazarse porque la Ley 50 de 1990, sobre todo su artículo 67, antes que alterar los sujetos a quienes se dirigía la norma anterior, se limitó más bien a fijar unas pautas objetivas y concretas tanto para el otorgamiento del permiso para despedir como para la calificación del despido, finalidad que quedó explícita en la exposición de motivos de la ley cuando en ella se dijo que las modificaciones propuestas en materia de despidos colectivos iban dirigidas a precisar dicho concepto jurídico, así como a regular el cierre de empresas para que la protección de los trabajadores por estos aspectos no quedara al arbitrio de un funcionario del ministerio del ramo, sino que obedeciera a principios de equidad previamente definidos en las leyes; de ahí que los cambios normativos se hayan circunscrito a estos aspectos.

Para reforzar lo que viene de decirse basta hacer un parangón entre los incisos 1º del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 y 67 de la nueva regulación para advertir que los cambios introducidos en ésta se limitan a sustituir la expresión “patrono o empresa” por “empleador”(lo cual es consonante además con el artículo 107 de la citada ley que dispuso que la expresión patrono sería cambiada por la de empleador) y adicionar la locución de que copia de la solicitud de despido colectivo se comunicará a los trabajadores, manteniéndose el resto del enunciado normativo en términos similares. Valga dejar en claro que el cambio de palabras a que se aludió en ningún caso significa que la nueva locución: empleador, implique que se entiendan incorporados los empleadores oficiales o que ello haya sido el propósito implícito o expreso del legislador, porque, se repite, lo que resulta evidente es que se trató de un simple cambio gramatical, sin ninguna repercusión sobre el contenido de la disposición. Es elemental suponer que si la nueva ley pretendía hacer una inclusión de la envergadura a que se refieren el Tribunal y el opositor, tal intención habría quedado consignada expresamente en la exposición de motivos o en la discusión de la ley en el Congreso, pero nada de ello con respecto a la disposición reseñada.

De manera que los elementos interpretativos que se reprodujeron arriba, conservan validez aun en presencia de la nueva normativa, más si se tiene en cuenta que ésta alude también a los artículos 5º literal d) y 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, o sea normas aplicables a los trabajadores particulares, sin que por ningún lado aparezcan mencionadas los estatutos reguladores de la relaciones de los trabajadores oficiales, elemento crucial para inferir que sus destinatarios no son éstos sino aquellos.

En cuanto al argumento relativo a que la institución del despido colectivo es aplicable al sub lite toda vez que la disposición que se refiere a los despidos colectivos se encuentra incorporada en la parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo que se denomina precisamente “derecho colectivo del trabajo” y el artículo 3º de la misma codificación dispone que ese capítulo, con todos sus derechos y obligaciones, se aplica tanto a los servidores particulares como oficiales, debe decirse que en rigor ese planteamiento no es cierto. En realidad, el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, que se refirió a la figura del despido colectivo propiamente dicho, es decir, no vinculado a un cierre parcial o total de empresas, jamás formó parte, orgánicamente hablando, del Código Sustantivo del Trabajo ni mucho menos de su articulado, situación que se reafirma con la lectura de los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990 pues mientras el primero reza “El artículo 466 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así”; el segundo dice: “El artículo 40 del Decreto-Ley 2351 de 1965, quedará así:”. De otro lado, es verdad que la Ley 50 de 1990 está dividida en dos partes una individual y otra colectiva y que el artículo 67 forma parte de esta última, pero ello no es motivo suficiente para darle la razón al Tribunal, porque esa segunda parte también está conformada por otras regulaciones que nada tienen que ver con el derecho colectivo, como todas aquellas que van del artículo 71 en adelante, y que aluden específicamente a las empresas de servicios temporales, intermediación laboral, vigilancia y control y auxilio de cesantía. Es más, según el criterio simplista de determinar la naturaleza de las instituciones por su simple ubicación dentro de los códigos o de los ordenamientos normativos, se tendría que la regla contenida en el artículo 70 de la Ley 50 en mención, de indudable estirpe colectiva, dejaría de tener este carácter porque la ley dispuso su incorporación en la parte tercera del código, que no está referida a los asuntos individuales ni colectivos. Al margen de lo anterior, es bueno anotar que si bien la ubicación de una disposición, en algunas oportunidades, importante elemento que ayuda a desentrañar su alcance y naturaleza o determinar su efecto o clasificación, sin embargo el ejercicio interpretativo no siempre puede agotarse en esa mera constatación pues a veces resulta necesario ir más allá, como evidentemente ocurre en el presente caso, echando mano a otros mecanismos y técnicas de hermenéutica jurídica.

Además, suponer que la figura de los despidos colectivos es aplicable a los trabajadores oficiales implica hacer nugatorias las disposiciones constitucionales y legales que autorizan a las autoridades públicas para suprimir empleos, pues de ser así esta facultad no podría utilizarse sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo, cuando el número de afectados rebase el tope previsto en el numeral 4º del artículo 67 de la Ley 50 ibídem. Desde luego que en el sub examine no se está en un evento de supresión de empleos, pero eso no modifica la visión que se acaba de exponer, porque no tiene presentación ni resulta coherente sostener que la figura de despidos colectivos es aplicable a los trabajadores oficiales en unos casos y en otros no, pues no hay ningún fundamento plausible para admitir esa postura.

De manera que la posición actual de la Corte en materia de despidos colectivos es la que aquí se deja bosquejada, que ya había sido expuesta en los fallos de casación inicialmente señalados.

Así las cosas, es evidente que el Tribunal incurrió en los yerros jurídicos enrostrados cuando concluyó que la institución de los despidos colectivos era extensible a los trabajadores oficiales y que en el caso de despidos masivos de éstos es necesario solicitar el permiso previo al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, hoy de la Protección Social”.

De suerte que, la demandada no tenía que acudir ante el Ministerio de la Protección Social, en aras de solicitar autorización para proceder a la terminación del contrato de trabajo de la demandante.

2. Terminación de la relación laboral durante el periodo de vacaciones.

Para el recurrente el retiro efectivo del ente demandado “se produjo el día 4 de febrero de 2003, [ya que] para la época del despido (…) se encontraba en vacaciones colectivas (…) desde el 16 de diciembre de 2002 hasta el primer lunes de febrero”.

Para dar respuesta a los planeamientos en precedencia, basta traer a colación lo sostenido por esta Corporación en sentencia de 31 de marzo de 2009, radicación 31817:

“El Tribunal, tácitamente, admitió que al actor se le notificó la terminación del contrato de trabajo el día 6 de junio de 2000, y, a continuación, expresamente manifestó: “…resta por esclarecer si esta terminación es válida”, por lo que, en desarrollo de tal incertidumbre jurídica, aludió a la naturaleza de ser descanso remunerado las vacaciones, y del derecho del trabajador a disfrutarlas, y estimó que no podían ser suspendidas sino por causa justificada, conforme al artículo 188 del Código Sustantivo del Trabajo.

Consideró, entonces, que no había existido causa justificada para la interrupción de las vacaciones concedidas al actor y expresó que, por ello, se debía tener, como fecha de terminación del vínculo laboral, la de 13 de junio de 2000.

Es patente que no fue explícito el ad quem en concretar cuál era la interrupción a la que se refería, y por qué se consideraba tal. El contexto secuencial de su argumentación, sin embargo, indica que consideró que el despido, cuya validez analizaba, interrumpía las vacaciones sin justa causa, por lo que el contrato, entonces, no culminaba sino con posterioridad a ese descanso, el 13 de junio de 2000, cuando se presentó a laborar y no se le permitió hacerlo.

Estima la Sala que cabe razón a la censura al enrostrar al sentenciador la aplicación indebida del artículo 188 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que, su objetivo tuitivo y garantista del debido y restaurador descanso vacacional del laborante, interrumpido justificadamente, implica, perentoriamente, la continuidad del vínculo y, por ende, gobierna circunstancias bien diferentes de las del caso que ocupa la atención de la Corte, en el que la decisión del empleador extingue el nexo laboral y no va encaminada a posponer aquel lapso.

De tal norma no se desprende, pues, la invalidez de la terminación sin justa causa, del vínculo laboral, tomada por el empleador durante el período vacacional, que era el asunto sobre el cual, se recuerda, indagaba el ad quem, por la notificación al trabajador hecha el 6 de junio de 2000, cuando sus vacaciones terminaban el 12.

El razonamiento del Tribunal, en esencia, consistió en considerar que, como las vacaciones, derecho-deber del trabajador, no pueden ser interrumpidas sino por justa causa (CST, art. 188), al haberse despedido durante ellas, sin justa causa, el despido las interrumpió y es inválido.

Es patente que no es factible asimilar el acto de despido, así sea injusto, extintivo de la relación de trabajo, con el de interrupción de vacaciones sin causa justificada que, aunque irregular, no afecta la vigencia de aquella vinculación”.

En definitiva: si el contrato de trabajo terminó el 31 de diciembre de 2002 y no como lo aduce la censura el 4 de febrero de 2003, no son procedentes las pretensiones en torno al incremento salarial y la reliquidación impetradas por el promotor del litigio.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto la acusación fue fundada, aun cuando el cargo en definitiva no prosperó

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de mayo de 2009, por el señor Leonardo Parra Ríos contra la Nación-Ministerio de Cultura.

Sin costas en el recurso de casación.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».