Sentencia 42419 de enero 22 de 2013

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42419

Acta 01

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Primer cargo

Dice el recurrente:

“Acuso la sentencia (....) por la causal primera (...) porque infringe por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como violación de normas fin; y los artículos 27, 28 y 30 del Código Civil como violación de normas medio”.

En la demostración del cargo, en resumen asevera, que la postura interpretativa del tribunal en torno a la inaplicación de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a las pensiones de origen convencional, es ilegal e inconstitucional porque arbitrariamente vulnera el derecho de igualdad.

Refiere luego, con exactitud, las mesadas pensionales que no les fueron canceladas oportunamente a los recurrentes, con fin de indicar que así se les causaron graves daños y perjuicios a ellos y a sus familiares.

Trascribe parcialmente el multicitado artículo 141 y afirma que su claro tenor “ha caído en un oscurantismo y confusión de interpretación de tipo legal”, que debe dilucidarse “dentro de un sano y equilibrado ejercicio de hermenéutica jurídica”, conforme a las reglas básicas establecidas en los artículos 27, 28 y 30 del Código Civil que también trascribe.

Indica que se actúa de manera arbitraria si se encasilla la interpretación de la norma “tan solo al tenor literal”, porque de esa manera se deja de consultar su espíritu que incluso debe buscarse en “el compendio de otras normas legales o constitucionales que nos ayuden a aclarar su significado, como sería el caso de los artículos 13, 46 y 53 de la Constitución Nacional”.

Acusa que la interpretación del ad quem según la cual el artículo 141 ibídem aplica a partir del 1º de abril de 1994, únicamente para las pensiones otorgadas bajo el sistema de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, mas no a las pensiones convencionales, “rompe con la filosofía jurídica y social por la cual fue diseñada (...) pues su finalidad específica es proteger a todos los pensionados de los graves perjuicios que se les ocasionan por la tardanza arbitraria e irresponsable en que incurren las empresas o las entidades de seguridad social en el pago de las mesadas pensionales (...)”.

Apoya su discurrir en la Sentencia C-601 de 2000 y agrega que la acusada avala “que los intereses moratorios (...) solo es un derecho monopolizado para un grupo privilegiado de pensionados estatuidos por la Ley 100 de 1993”, que deja por fuera a quienes se pensionaron antes de su expedición o con fundamento en acuerdos convencionales, interpretación que insiste, es arbitraria, discriminatoria y contraria a la jurisprudencia constitucional.

Continúa con su largo discurrir, para repetir lo dicho por el tribunal, insistir en su errada hermenéutica y concluir, que así queda demostrada la violación directa de la ley en la modalidad de errónea interpretación, que implica el quiebre de la sentencia acusada y el pago de los intereses moratorios demandados.

VI. Se considera

Dada la vía directa escogida, ha de señalarse que no existe discrepancia en las cuestiones de hecho que halló probadas el tribunal, esto es, que a los demandantes les fue reconocida pensión de jubilación convencional por parte de las empresas públicas municipales de Buenaventura; que en el acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el municipio demandado con sus acreedores, no se estipuló el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el pago atrasado de las mesadas pensionales, y que lo acordado fue un interés del 2% nominal mensual sobre el capital adeudado al 5 de junio de 2001.

En ese contexto, se reduce el asunto objeto de elucidación a establecer, si como lo afirma la censura, los recurrentes tienen derecho a que la demandada les reconozca y cancele los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, por el contrario, si como lo coligió el juez de apelaciones, hay lugar a la confirmación de la sentencia absolutoria de primer grado, dado que la pensión de que son titulares, “esta (sic) identificada en preceptos distintos” a los del sistema general de pensiones previsto en la citada ley.

Quedó dicho al rememorar los antecedentes del litigio, que el tribunal para apoyar su decisión confirmatoria, se refirió en extenso a la Sentencia 25247 del 19 de noviembre de 2005, emanada de esta corporación, según la cual, los intereses moratorios no se causan respecto de pensiones reconocidas con fundamento en normativas diferentes a la Ley 100 de 1993.

Pues bien, la fundamentación de la sentencia acusada es suficiente para dar al traste con la acusación, toda vez que el discurrir jurídico del colegiado se exhibe bajo una inteligencia razonable que acompasa en un todo con la hermenéutica que esta Sala de la Corte Suprema de Justicia le ha impreso al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en múltiples providencias en las que ha dejado sentado que en casos como el sub judicie, en los que la pensión reconocida a los actores es de origen convencional, es improcedente imponer la condena por los intereses moratorios, dado que este precepto estipula que se causan únicamente “en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley” (resalta la Sala).

La doctrina en comento se ha mantenido invariable y pacífica durante más una década, conforme se aprecia en las providencias que bajo la línea en comento profirió esta corporación, entre otras, en la sentencia del 28 de noviembre de 2002, radicado 18273; en las posteriores del 2003, radicados 20271, 20242 y 20939, en su orden, del 6 de junio, 11 de agosto y 29 de octubre de esa anualidad, más recientemente en las radicadas bajo los números 39440, 41539, 43797 y 38513, los dos primeras del 9 de junio y las últimas del 29 del mismo mes de 2010; 33785, 41250, 46068, 42420, 44924, 39069, 47594 y 50681, del 5 de abril, 17 de mayo, 21 de junio, 12 de julio, 24 de agosto, 19 de octubre, 1 y 22 de noviembre, respectivamente, del 2011; y en el 2012 en las sentencias 41780 del 29 de mayo, 39647 del 13 de junio y 43897 del 20 de junio, doctrina que en el sub judice se reitera y mantiene, en razón a que la recurrente no le ofrece a la Corte motivos que justifiquen cambio de criterio.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

VIII. Segundo cargo

Lo formula en los siguientes términos:

“Acuso la sentencia (...) por la causal primera de casación (...) porque infringe por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida los artículos 1º del Decreto 797 de 1949 que sustituye el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, relacionado con el artículo 11 de la Ley 6ª de 1945”.

Al sustentar el cargo manifiesta que “el tribunal advirtiendo equívocamente falencias probatorias que le impidieron liquidar la correspondientes indemnización moratoria demandada”, negó las pretensiones encaminadas a su reconocimiento y pago, y considera que así “se advierten graves falencias y ostensible errores de hecho en relación con las pruebas documentales allegadas al expediente, las cuales no le permitieron concluir que al analizar el diverso acervo probatorio de manera ‘integrada, conjunta y armónica’”, sí se acreditó que los pagos fueron efectuados por la extinta empresa de servicios públicos de Buenaventura, al tiempo que agrega que si existía suficiente “lucidez y claridad con la relación laboral que los demandantes tuvieron” con dicha empresa y “no con el municipio”.

Agrega que también había claridad en relación con la fecha de causación de los derechos reclamados, porque fueron causados durante la vigencia del contrato de trabajo. Por manera que “al momento de la terminación de la relación laboral (...) al menos a partir de esa fecha había suficiente prueba desde que (sic) fecha se podía (sic) hacer las operaciones aritméticas pertinentes para condenar por la indemnización moratoria”, lo que en consecuencia le hubiera llevado a advertir la ‘mala fe’ en que incurrió el ente demandado al proceder al pago tardío de las diversas acreencias laborales, en el me (sic) de julio 31 y agosto 5 del año 2002”.

A continuación, señala los siguientes errores de hecho:

— “No dar por demostrado estandolo (sic) que conforme a las documentales (...) si podían establecerse con exactitud y certeza las fechas de exigibilidad de las obligaciones laborales adeudadas a los demandantes, y las fechas en que efectivamente fueron canceladas tardíamente por el municipio, para efecto del conteo de los días que duro (sic) la mora y realizarse la respectiva operación aritmética pertinente, y la liquidación de la correspondientes indemnización.

— No dar por demostrado estandolo (sic) que al haber quedado establecida la fecha de exigibilidad conforme a las certificaciones de pago de acreencias laborales (...) y la fecha de pago tardío de las obligaciones adeudadas, siendo posible el conteo de los días de mora, (...) el ente demandado se hizo acreedor de la correspondiente indemnización moratoria por no haber justificado razón ‘atendible y excusable’ que hubiera permitido desvirtuar la presunción de ‘mala fe’”.

Incluye en la narrativa de los errores enlistados, sin precisar si fueron dejadas de valorar o estimadas con error, las documentales de folios 84 a 89; 121 a 125; 224 a 225 y 268 a 269.

Agrega luego:

“De esta manera, señalizando los errores de hechos cometidos por el tribunal en relación con cada uno de los ex trabajadores recurrentes acerca de las pruebas documentales allegadas al expediente, estos se determinan de la siguiente forma (...)”.

En relación con Pedro Rentería, acusa la “Apreciación errada” de los folios 92, 174, 225, 269 y 242 y la “Falta de apreciación”, de los folios 84 a 89 y 121 a 125.

Luego de trascribir parcialmente la sentencia (fl. 338), señala que lo dicho por el tribunal “no refleja con exactitud lo que realmente las pruebas documentales están indicando, porque al apreciar correctamente dichos medios probatorios, en armonía, y conjuntamente con las otras documentales (...) inapreciadas (...) si se puede establecer la fecha de exigibilidad de las obligaciones”, porque las EPM de Buenaventura, “por su dificulta (sic) presupuestal, hacía pagos parciales o abonos a los ex trabajadores demandantes por tal razón los valores adeudados nunca van a tener relación o conexión, como también las fechas de su efectiva cancelación es clara, precisa y exacta, y no es que lo diga el Acta 2 del 26 de diciembre de 1997, también lo corrobora y lo demuestra (sic) las certificaciones” de folios 90 a 94, 171 a 175, 224 a 225 y 268 a 269.

Indica que la documental de folio 242 certifica que el ex trabajador demandante prestó sus servicios a las empresas municipales por espacio de 4 años, 10 meses y 7 días y que su contrato de trabajó terminó el 31 de diciembre de 1997.

Al referirse a las pruebas dejadas de apreciar, aduce que en el Acta 2 del 26 de diciembre de 1997, suscrita por las EPM de Buenaventura (fls. 121 a 125) consta que se reconoce a favor de los trabajadores valores adeudados por concepto de dotaciones e indemnizaciones “y otros rublos (sic) laborales causados”; que en las probanzas de folios 225 y 269, se discriminan individualmente los valores sufragados y “que para la fecha de cancelación de la (sic) acreencias laborales se le estaba adeudando al ex trabajador saldo por los siguientes valores ($ 1.161.083 y 640.000)”.

Afirma que al folio 86-reglón 82 del expediente, obra prueba de la relación de pagos que el municipio demandado, en virtud de la Ley 550 de 1999 efectuó a favor del demandante en cuantía de $ 4.515.124 y que ese valor corresponde con la documental de folios 225 y 269 que relacionan los conceptos objeto de pago.

Continúa la censura con extensos galimatías para afirmar que lo anterior, “es suficiente para determinar al menos el día desde cuando comenzaron a hacerse exigibles las obligaciones laborales por este concepto, puesto que en definitiva lo que se discute en el cargo, no es en si el reconocimiento y cuantificación de la indemnización y la dotación canceladas, sino desde cuando periódica y progresivamente comenzaron hacerse exigibles para efectos de poder determinar efectivamente ‘el conteo de los días en mora”.

Para concluir señala que conforme al análisis “conjunto, integrado y armónico” de las probanzas relacionadas, se determina con certeza que:

“(...) la relación insoluta de la deuda por Indemnización y dotación se dio por cuantía de ($ 1.161.083 y 640.000) correspondiente a saldo cancelado y adeudado a la terminación del contrato de trabajo el día 31 de diciembre de 1.997, teniéndose entonces, que la fecha de exigibilidad de las obligaciones laborales por este concepto comenzó a partir del 1º de enero de 1998”.

(...) De esta manera, partiendo del 1º de enero de 1998 hasta el día 31 de julio de 2002, el tiempo de retardo para efecto de la indemnización moratoria sería entonces de 4 años y 7 meses, previo descuento que se haga de los (90) días de gracia legales”.

Por último, agrega que igualmente erró el tribunal al no advertir con las probanzas indicadas, “la mala fe” del municipio demandado, que a su vez no demostró “‘razón atendible y justificable de buena fe’ que lo hubiera podido exonerar de la correspondiente indemnización moratoria”.

VIII. Se considera

Aunque la recurrente presenta el cargo por violación directa la ley, el planteamiento es propio de la vía indirecta, en tanto en su desarrollo se individualizaron los errores de hecho que se le atribuyen al tribunal, así como las pruebas que se acusan de errónea valoración y falta de apreciación, con lo cual la Corte queda habilitada para asumir su estudio.

Quedó dicho al historiar los antecedentes, en lo que estrictamente a este cargo corresponde, que en la demanda los accionantes solicitaron la indemnización moratoria consagrada en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, “por cada día de retardo que actualmente se debe y que se generaron como consecuencia de horas extras de los años 1993, 1994 y 1995, a partir del 1º de enero de 19994 (sic) , auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de vacaciones y otros conceptos laborales adeudados, correspondientes a prestaciones sociales (cesantías) año 1997 (...)”.

Sin embargo en sede de casación, lo pedido en el alcance de la impugnación es sustancialmente diferente, dado que se concreta en “la indemnización moratoria a razón de ($ 13.227.08) diarios por la indemnización reconocida y la dotación que se le estuvo adeudando, liquidada a partir del 1º de enero de 1998, hasta el día 31 de julio del año 2002, o subsidiariamente liquidada a partir de los (90) días siguientes de terminado el contrato de trabajo el 31 de diciembre de 1997, hasta el 31 de julio de 2002”.

Siendo ello así, el petitum de la demandada en el recurso extraordinario configura un medio nuevo inadmisible, puesto que aceptarlo comportaría la variación de la causa petendi, así como la violación del principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, y por contera, la violación al principio constitucional del debido proceso, que implica el respeto de derechos, también de raigambre superior, tales como el de contradicción y defensa.

De otra parte, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de pruebas calificadas como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial, caso en el cual le es imperativo al impugnante exponer de manera clara qué es lo que ellas acreditan en contra de lo inferido por el tribunal y cómo incidieron tales falencias en los yerros evidentes denunciados. Esta demostración ha de estructurarse mediante un análisis razonado y crítico de los medios de convicción, confrontando la conclusión de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la resolución judicial.

El censor no cumple con esa carga procesal de derruir los argumentos del colegiado. En efecto, en relación con Pedro Rentería único recurrente al que se refiere el cargo, específicamente se acusa la errónea apreciación de la documental de folios 92, 174, 225, 242 y 269 y no obstante al revisar el fallo impugnado se observa, que en lo que a dicho demandante corresponde, el juez de alzada únicamente valoró las probanzas de folios 92 y 242 del expediente, de manera que mal pudo incurrir en el equivocado juicio de valor del que se le acusa en relación con las de pliegos 174, 225 y 269, las que por contera ha debido señalar como pruebas no estimadas.

Y en lo que corresponde a los medios probatorios cuya omisión valorativa se endilga, encuentra la Corte que: (i) el folio 121 es inexistente en el plenario y, (ii) que las documentales que van de las páginas 84 a 89 y 122 a 125, no demuestran que al recurrente se le adeudara suma alguna por concepto de “horas extras de los años 1993, 1994 y 1995, a partir del 1º de enero de 19994 (sic) , auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de vacaciones”, así como tampoco la indemnización y dotación que mencionó en la alzada, de modo que no erró el tribunal cuando así lo plasmó y afirmó en la sentencia impugnada.

Ahora bien, el colegiado al confirmar la decisión absolutoria de primera instancia, a más de lo dicho en precedencia, adujo en este puntual aspecto, concretamente en lo que corresponde al recurrente Pedro Rentería, que en la apelación lo pedido por indemnización se sustenta “‘en la perdida (sic) de la capacidad laboral’ cuando ni en la demandada ni en el proceso hay mención que al accionante se le adeudara dicha indemnización por tal concepto”, aserto que además de responder a la verdad procesal, quedó huérfano de ataque e incólume la conclusión.

Adicionalmente, si como lo afirma el tribunal y se lee en la demanda primigenia, la acción se formuló en contra de la entidad territorial demandada y dado que no fue próspera la pretensión de la declaratoria de existencia del contrato de trabajo entre la activa y la pasiva, sin dubitación ha de colegirse que el municipio de Buenaventura no tenía obligación alguna de carácter laboral con los accionantes; por ende, no pudo incurrir en el incumplimiento que se le endilga, y por contera, no es posible atribuirle la condena moratoria invocada.

Finalmente, precisa recordar que es un deber de la Corte en su condición de tribunal de casación, en todos los casos en que no se configure error de hecho notorio, protuberante o manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas que de las probanzas haga el juez de alzada, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social goza de la potestad de libre apreciación de la prueba.

Por lo expuesto, el cargo no sale avante.

Como no hubo réplica, sin costas en sede de casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de diciembre de 2008, en el proceso ordinario que adelantaron Pedro Rentería Angulo, Nicomedes Caicedo y otros, en contra del municipio de Buenaventura.

Sin costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».