Sentencia 4243 de noviembre 27 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

FALLOS DE NULIDAD

EFECTOS

EXTRACTOS: «De conformidad con lo preceptuado por el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada”.

Lo anterior significa como reiteradamente ha dicho la Sala, que el fallo de nulidad contenido en la sentencia es de tal suerte decisivo, que necesariamente debe aplicarse a situaciones jurídicas que no se hubieren consolidado de manera definitiva en vigencia de la norma, ya que la sentencia produce efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se expidió el acto anulado. Y por lo tanto las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de la expedición del acto. Por lo que las situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria son afectadas por la decisión tomada en esta última.

Por consiguiente los efectos de las sentencias de nulidad proferidas el 13 de junio de 1989, Expediente 2222 y 1o de junio de 1990, Expediente 2440, que anularon el parágrafo 3º del artículo 24 y el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 21 de 1983, respectivamente, se retrotraen a la fecha de expedición del Acuerdo 21 de 1983, esto fue el 9 de diciembre de 1983, y afectan por lo tanto las situaciones jurídicas que no se hubieran consolidado durante su vigencia.

En el caso sub lite la situación jurídica referente a la determinación del impuesto a la sociedad actora no se consolidó de manera definitiva, en virtud de los recursos que contra el acto administrativo interpuso la interesada por lo que, el fallo de nulidad afecta la situación configurada pero no consolidada, contenida en los actos administrativos acusados.

De otra parte, declarada la nulidad de las disposiciones que sirvieron de sustento al acto administrativo, es decir, del parágrafo del artículo 20 del Acuerdo 21 de 1983 del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, mediante la sentencia del 1º de junio de 1990, y del parágrafo 3º del artículo 24 del mismo acuerdo, por sentencia del 1º de octubre de 1991 de esta misma Sala, implica que las mismas fueron retiradas del ordenamiento jurídico desde tales fechas y que al carecer de vigencia no pueden aplicarse con posterioridad para definir situaciones que por estar sub judice, no se consolidaron de manera definitiva, así se hubieran gestado durante su existencia.

Resulta inadmisible la posición adoptada por el apoderado judicial de la entidad demandada en el sentido de solicitar la aplicación de las normas anuladas para decidir el caso sub-lite, pues ello implicaría permitir que una norma anulada continuara produciendo efectos hacia el futuro, en contravención no sólo de la ley, sino del principio de la cosa juzgada».

(Sentencia de noviembre 27 de 1992. Expediente 4243. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).