Sentencia 42438 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP1457-2014

Radicación 42438

(Aprobado acta 40)

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Habida cuenta que inadmitida la demanda presentada por el defensor del acusado Carabalí Carabalí, venció en silencio el término para promover el mecanismo de insistencia, procede la Sala a verificar si los juzgadores de instancia observaron el principio de legalidad de la sanción, al imponerle al mencionado la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

2. El artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 6º, tanto del Código Penal como de la Ley 906 de 2004, consagra el principio de legalidad, de acuerdo con el cual «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».

El contenido de este postulado se concreta en (i) la legalidad de los delitos, pues a nadie se le puede juzgar por una conducta que previamente no se haya establecido como tal en el ordenamiento jurídico; (ii) el agotamiento del trámite respectivo debe estar previamente definido, así como el o los funcionarios encargados de adelantarlo; y, (iii) la pena correspondiente a la infracción ha de determinarse antes de la comisión del comportamiento, a efectos de que sea posible imponerla a quien resulte declarado responsable en el juicio respectivo.

Frente a este último aspecto, conviene advertir que el principio de legalidad no solo involucra las penas «principales» de prisión, multa y «las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial» del Código Penal, según lo dispone su artículo 35, sino que también abarca las «accesorias».

3. En ese orden, se observa que el artículo 135 del Código Penal que consagra el delito de homicidio en persona protegida, establece como penas principales las siguientes: prisión de 30 a 40 años, multa de 2.000 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 15 a 20 años.

Ahora bien, como los hechos investigados acontecieron en el año 2007, y en el lugar donde se consumó el delito ya había entrado en vigor la Ley 906 de 2004, resulta aplicable el incremento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, vigente a partir del 1º de enero de 2005, que dispone:

Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley. (…). (Resaltado no original).

Significa lo anterior que en punto de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, de conformidad con el citado incremento, se establece entre 20 años en el mínimo y 30 años en el máximo.

No obstante, según lo señala el canon 51 del estatuto punitivo, la duración máxima de dicha pena, sea principal o accesoria, puesto que la norma no distingue, será de «veinte (20) años».

Cabe anotar, que la regla en comento no cobija el supuesto normado en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, vale decir, cuando el penalmente responsable es un servidor público por delito contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso la sanción es intemporal, en cuanto hace a los derechos políticos relacionados en el referido precepto(1), pues en relación con otras prerrogativas de esa índole, distintas a éstas, la inhabilitación para su ejercicio es por el mismo término de la pena de privativa de la libertad.

3. Establecida la duración máxima de la sanción principal de la cual se viene tratando, corresponde determinar si en el caso particular se respetó la misma.

En el fallo de primer grado, mediante el sistema de cuartos, el juzgador fijó la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas «por un término de 280 meses de prisión», es decir, veintitrés (23) años y cuatro (4) meses.

Por su parte, el tribunal al confirmar integralmente la decisión de primera instancia, mantuvo inalterable la situación descrita.

En esa medida, es claro que al rebasarse el límite máximo de veinte (20) años de la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, previsto en el inciso primero del artículo 51 del Código Penal, sin que, sea oportuno resaltar, se verifique alguna de las excepciones previstas en la Constitución o la ley, fuerza concluir que se desconoció el principio de legalidad, garantía fundamental que por consiguiente debe ser restablecida.

Por lo tanto, como en la sentencia se dispuso fijar la pena principal en cuestión en veintitrés (23) años y cuatro (4) meses, en razón del límite de veinte (20) años conforme ha quedado expresado, a este lapso se concreta su duración para salvaguardar el principio mencionado.

Finalmente, conviene precisar que salvo lo aquí decidido, las demás determinaciones del fallo se mantienen incólumes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado, exclusivamente con la finalidad de fijar la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en veinte (20) años al procesado Julián Andrés Carabalí Carabalí, Cabo del Ejército Nacional.

2. PRECISAR que en lo demás el fallo se mantiene incólume.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Devuélvase al tribunal de origen.»

(1) Ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, elegidos, designados como servidores públicos o celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado.