Sentencia 42466 de abril 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42466

Acta Nº 13

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá D.C., treinta de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Se Considera

Como se puede observar, los cargos persiguen que se determine jurídicamente, que el tribunal se equivocó al concluir que la entidad demandada había actuado de mala fe al no pagar al demandante, a la terminación del contrato de trabajo, los créditos que darían lugar a la indemnización moratoria, sin sujeción a alguna de las pruebas obrantes en el proceso, pues no se basó en ninguna de las oportunamente allegadas. No es posible con fundamento en una sentencia proferida en otro litigio, que solo tiene efectos interpartes, dar por acreditado el proceder de la aquí empleadora, quedando así demostrada la transgresión de las normas que integran la proposición jurídica, en especial el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 que regula lo concerniente a dicha sanción moratoria para el sector oficial.

Pues bien, como primera medida cabe recordar, que esta clase de indemnización moratoria, por tener su origen en el incumplimiento del empleador de ciertas obligaciones, goza de una naturaleza eminentemente sancionatoria y como tal su imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador.

Lo anterior significa que, como de tiempo atrás se ha venido sosteniendo, para la aplicación de esta sanción, en cada caso el sentenciador debe analizar si la conducta remisa del empleador estuvo justificada con argumentos que, pese a no resultar viables o jurídicamente acertados, sí puedan considerarse atendibles y justificables, en la medida que razonablemente lo hubiesen llevado al convencimiento de que nada adeudaba por salarios o derechos sociales, lo cual de acreditarse conlleva a ubicar el actuar del obligado en el terreno de la buena fe.

La ‘buena fe’ equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del empleador frente a su trabajador, que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos; lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud.

En el sub lite, vista la motivación de la sentencia impugnada, se tiene que el tribunal no se ocupó de estudiar las pruebas pertinentes, de cara a determinar el proceder de la demandada y definir si en el caso específico del demandante esta actuó o no de buena fe. Se limitó a remitirse a lo dicho sobre el tema de la indemnización moratoria en un pronunciamiento judicial anterior, que si bien tiene que ver con la declaración de la existencia de un contrato de trabajo por virtud de la primacía de la realidad y sus consecuencias, no resulta suficiente para inferir con certeza que en este asunto la conducta del Instituto demandado tampoco estuvo revestida de buena fe. Además, la argumentación de que el ISS hizo caso omiso a las directrices o enseñanzas contenidas en otras decisiones judiciales, lo cual para la segunda instancia era un signo de mala fe, no es de recibo mientras no se compruebe que en esta nueva contienda sometida a la justicia ordinaria laboral, la conducta remisa del demandado no estuvo justificada. Ello lógicamente conforme al material probatorio recaudado en el examine, análisis que en esta oportunidad brilla por su ausencia.

En otras palabras, el tribunal debió como primera medida efectuar el examen de los elementos subjetivos, relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador convocado al proceso, y de acuerdo a lo inferido según su libre formación del convencimiento (CPT y SS, art. 61), poder reforzar su propia conclusión con lo adoctrinado por la Sala en litigios anteriores seguidos contra el mismo ISS que guarden cierta simetría. Pero no basarse exclusivamente en lo analizado probatoriamente en otros asuntos, para con ello colegir también una mala fe de la empleadora en el asunto ahora a juzgar como aquí aconteció.

En un caso reciente de contornos similares al presente, en el que igualmente el demandado ISS alegaba la presencia de contratos de prestación de servicios, sobre el punto de la indemnización moratoria, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 13 de marzo de 2013, Radicado 38799, se puntualizó:

“(...) Para resolver la controversia, considera la Sala necesario rememorar lo dicho en su pronunciamiento de diciembre 7 de 2010, Radicado 38822, porque con base en una sola sentencia en la que se declaró la existencia de un contrato de trabajo y se fulminaron las condignas condenas, no es dable inferir que se haya presentado reticencia sistemática de parte de la entidad de adecuar su comportamiento a los resultados de múltiples procesos judiciales en los que se ventilaron situaciones similares a las que ahora son materia de análisis.

De manera que de lo anterior aflora que el cargo es fundado, porque de esa sola prueba no era posible deducir que la conducta de la demandada no estuvo revestida de buena fe”.

En este orden de ideas, el tribunal cometió el yerro jurídico endilgado, los cargos prosperan y habrá de casarse parcialmente la sentencia impugnada, solo en cuanto confirmó la condena por indemnización moratoria.

IX. Sentencia de instancia

Como consideraciones de instancia a más de las expresadas al estudiarse los cargos, debe decirse que al abordar el estudio de los medios de prueba, queda al descubierto que a folio 38 a 43 del cuaderno principal, aparece certificación expedida por el jefe del departamento de recursos humanos seccional Norte de Santander del Instituto de Seguros Sociales, en la que se hace constar los diferentes contratos que suscribieron las partes. El último de ellos fue el V.A. 003186 de 2003, como enfermero clínica ISS, por el término de dos (2) meses y quince (15) días contados a partir del 16 de abril de 2003, siendo en consecuencia la fecha de vencimiento el “30 - junio de 2003” tal como reza en la cláusula segunda de dicho contrato (fls. 192 a 195, ibíd.).

Lo anterior significa, que para el momento en que operó la escisión del ISS el 26 de junio de 2003, por virtud de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003 que comenzó a regir a partir de su publicación que lo fue en el Diario Oficial 45203 de esa misma fecha, el demandante pasó de ser trabajador oficial de dicho instituto a empleado público de la Empresa Social del Estado que se creó, sin solución de continuidad, y en estas condiciones así se tome como fecha de corte para liquidar las prestaciones sociales a favor del actor el 25 de junio de 2003, lo cierto es que por ministerio de la ley la prestación del servicio continuó, aun cuando ya lo fue en calidad de empleado público ante el cambio de naturaleza jurídica de su vinculación contractual, y así mal podría atribuírsele al ente demandado una mala fe por no haber pagado prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, resultando improcedente en este caso en particular la condena por indemnización moratoria contemplada en el Decreto 797 de 1949, artículo 1º.

En la misma sentencia atrás rememorada de la Corte Suprema de Justicia Laboral, 13 de marzo de 2013, Radicado 38799, se concluyó:

“(...) De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1750 de 2003, que escindió el Instituto de Seguros Sociales y creó unas empresas sociales del Estado, especialmente los artículos 16, 17, 19 y 23, el actor pasó de ser trabajador oficial del ISS a empleado público de la ESE Francisco de Paula Santander sin solución de continuidad, es decir, que fue por ministerio de la ley el cambio de la naturaleza jurídica de su vinculo contractual, y ello descarta que su contrato de trabajo inicial hubiera sido terminado por decisión unilateral e injusta del Instituto de Seguros Sociales.

Por tanto, si el contrato de trabajo que lo ligó con el Instituto de Seguros Sociales no se terminó por la decisión del ente estatal empleador, sino que por la voluntad de la administración central se mutó la condición de trabajador oficial a empleado público, existiendo continuidad en la prestación de los servicios del actor, mal puede atribuírsele al Instituto de Seguros Sociales una mala fe por no haber pagado salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a la terminación del contrato de trabajo, cuando ha quedado visto que eso jamás ocurrió, por lo que la consecuencia inexorable es la improcedencia de la condena a la indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949”.

Por lo dicho, se revocará el literal e) del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para en su lugar absolver al Instituto de Seguros Sociales de la súplica de la indemnización moratoria.

Como la acusación salió triunfante no hay lugar a costas en el recurso extraordinario de casación, ni en la alzada por no haberse causado, y las de primer grado quedarán a cargo de la parte vencida que lo fue el ISS.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 9 de julio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso adelantado por Rafael Antonio Estupiñán Monsalve contra el Instituto de Seguros Sociales, solo en cuanto confirmó la condena por indemnización moratoria.

En sede de instancia, se REVOCA el literal e) del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para en su lugar ABSOLVER al Instituto de Seguros Sociales de la súplica de la indemnización moratoria.

Costas en el recurso de casación y en las instancias como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».