Sentencia 42489 de marzo 21 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Ref.: Exp. 42489

Acta Nº 09

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de M... M... O... V..., quien actúa en nombre propio y en representación de la menor D... V... V... O..., contra la sentencia de 22 de mayo de 2009, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que las recurrentes adelantan en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Previamente se reconoce personería al abogado Orlando Becerra Gutiérrez identificado con c.c. 4’216.880 y T.P. 60.784 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de Instituto demandado de conformidad con el poder obrante a folio 34 del cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES

1. M... M... O... V..., actuando en nombre propio y en representación de su menor hija D... V... V... O... demandó a la entidad de seguridad social señalada, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes indexada, de origen común, en razón de la muerte de su compañero y padre respectivamente, F... J... V... Y.... Pidió el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como apoyo de su pedimento indicó la demandante que convivió con el causante en unión marital de hecho, por espacio de 23 años y hasta el fallecimiento de su compañero. Procrearon tres hijos, y la última de ellos menor de edad a la muerte del padre ocurrida el 13 de noviembre de 2005. El causante era afiliado al Instituto y cotizó 665 semanas. El Instituto les negó la prestación mediante Resolución Nº 013460 de 22 de junio de 2007, bajo el argumento de que no efectuó cotizaciones en los tres años anteriores al deceso y acreditó 408 semanas en toda la vida laboral, por lo que no cumplía los requisitos de la Ley 797 de 2003 no obstante satisfacer el porcentaje de fidelidad al sistema. El beneficio pensional es procedente en aplicación del principio de condición más beneficiosa, que permite acudir a la reglamentación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese año, pues el afiliado contabiliza 150 semanas en los últimos 6 años anteriores a su muerte, y más de 300 semanas en toda su vida laboral antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. El Instituto le reconoció sólo a la menor la indemnización sustitutiva por valor de $ 2’071.278,oo, pues estimó que en su caso como compañera, el derecho estaba prescrito.

2. En la contestación de la demanda la entidad convocada a proceso frente a la mayoría de los hechos manifestó no constarle su existencia y la necesidad de ser probados; se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que no se cumplen los requisitos legales para acceder a la prestación, por cuanto el causante no cotizó al Instituto ninguna semana en los tres años anteriores al fallecimiento, requisito exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal b) del numeral 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que era la legislación vigente al momento del óbito. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, inaplicabilidad del criterio de condición más beneficiosa, imposibilidad de condena en costas por buena fe, prescripción y compensación.

3. Mediante fallo de 31 de octubre de 2008, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, absolvió al Instituto demandado de todas las pretensiones de la parte actora.

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, confirmó la sentencia del Juzgado en su integridad.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estimó el Sentenciador de segundo grado que el causante falleció por causas de origen común el 13 de noviembre de 2005; que cotizó durante toda su vida laboral 408 semanas y ninguna dentro de los tres años anteriores al fallecimiento; que acreditó un porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema de 25,8%; que no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, ni 26 en el año inmediatamente anterior al deceso, toda vez que su última cotización fue en el año de 1996; y que a 1º de abril de 1994 acredita 304,57 semanas de aportes.

Luego de transcribir el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que consideró era el precepto aplicable a esta controversia teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento, señaló el juzgador que “Si revisamos la norma anterior, en el caso del señor F... J... V... Y... no se cumple el requisito de semanas necesarias para causar la pensión, toda vez que el causante, realizó su última cotización al sistema general de pensiones en el año 1996 (fl. 19); cumple si, el requisito de la fidelidad, sin embargo, este por sí solo no causa el derecho a la pensión de sobrevivientes, porque para que haya lugar al reconocimiento y pago de dicha prestación económica es necesaria la concurrencia de ambos presupuestos normativos” y citó en apoyo de su razonamiento la sentencia de 11 de febrero de 2009, radicación 33233.

Por último sostuvo que “no es posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa pretendida, puesto que el causante falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003, y no cumple con los requisitos establecidos en la norma”.

III. RECURSO DE CASACIÓN

Inconforme con el fallo anterior, la parte demandante interpuso recurso extraordinario, el cual concedido por el tribunal y admitido por esta Sala, se procede a resolver previo estudio de la demanda de casación y su réplica.

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia acusada y en sede de instancia revoque la de primer grado y en su lugar, acceda a las súplicas de la demanda.

Con tal fin propuso tres cargos, así:

CARGO PRIMERO. Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de “interpretación errónea del artículo 12, parágrafo 1º de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1º, 2º, 11, 12, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

En el desarrollo afirma el censor que no discute que el causante no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, ni 26 dentro del año anterior al deceso, y que no aplica en este caso el principio de condición más beneficiosa.

Agrega que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, contempla varias hipótesis para que los derechohabientes accedan a la pensión de sobrevivientes, las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores al deceso y la fidelidad, pero también haber satisfecho el número mínimo de semanas cotizadas en el régimen de prima media.

Manifiesta que “Cuando la norma habla de que el ‘… afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento …’, indudablemente se está refiriendo al régimen del ISS, es decir, se reitera al citado acuerdo 049 de 1990 en armonía con el 36 de la Ley 100 de 1993 que exige como densidad mínima de aportes 500, porque con ese número de aportes se obtiene una pensión de vejez en el régimen de prima media, por lo menos para hasta el año 2010 o hasta el 2014 según el caso, fecha última en que definitivamente fenece el régimen de transición pensional.

“Es notorio, entonces, el desvío interpretativo del ad quem, pues indudablemente le está restringiendo el alcance a la norma acusada, al no encontrar en ella sino una de las dos posibilidades que existen para acceder al derecho pensional de sobrevivientes reclamado, alcance que, además, no se compadece con los fines y objetivos que persiguió el legislador al regular la institución de la pensión de sobrevivientes”.

El cargo segundo es similar al anterior aunque en la modalidad de infracción directa del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y se sustenta en forma muy semejante al anterior.

El Instituto demandado replicó en forma conjunta estas dos acusaciones y adujo que no se dio la equivocada hermenéutica del precepto, sino que “no se acreditó en este caso el cumplimiento de los requisitos exigidos para tener derecho a la pensión de sobreviviente, porque el causante no cotizó al sistema 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Corte estudiará en forma conjunta las dos primeras acusaciones propuestas contra el fallo del ad quem, en atención a que se orientan por el sendero de puro derecho, citan similar elenco normativo y persiguen idéntico objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998.

Fueron hechos establecidos por el tribunal y que se entienden admitidos por el impugnante dada la orientación jurídica de estos ataques, que F... J... V... Y... falleció por causas de origen común el 13 de noviembre de 2005; que cotizó durante toda su vida laboral 408 semanas; que acreditó un porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema de 25,8%; que no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, ni 26 en el año inmediatamente anterior al deceso, toda vez que su última cotización la realizó en el año de 1996; y que a 1º de abril de 1994 acredita 304,57 semanas de aportes.

Establecida la anterior situación fáctica, estima la Corte que tal como lo tiene precisado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (Sentencias de 10 de junio de 2009, rad. 36135; 1º de febrero de 2011, Rad. 42828; 23 de marzo de 2011, Rad. 39887; y 3 de mayo de 2011, Rad. 37799, entre otras).  

En este caso, en atención a que el causante falleció el 13 de noviembre de 2005, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los cargos aceptan que el causante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, por lo que la prestación no se causó con sustento en la previsión general del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y que tampoco procedía en el sub examine la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el debate jurídico que se plantea a la Corte se circunscribe a la determinación de si se consolidó el derecho cimentado en el parágrafo 1º de la disposición antes citada que es del siguiente tenor:

“PAR. 1º—Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos de esta ley”.

Es cierto que de conformidad con ese precepto es posible acceder a la pensión de sobrevivientes en otra hipótesis, y es cuando el causante hubiere cumplido el número mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para la prestación por vejez, y que en el caso de las personas en régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cobijadas por los reglamentos del Instituto, es el número mínimo de cotizaciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de ese año, que forman parte del régimen de prima media con prestación definida. 

En sentencia de 31 de agosto de 2010 rad. Nº 42628, reiterada en las de 25 de enero y 22 de febrero de 2011, radicados números 43218 y 46556 respectivamente, sostuvo esta Corporación que cuando el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 hacía alusión al número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media, comprendía para los beneficiarios del régimen de transición, las previstas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, que naturalmente incluye la hipótesis de las 500 semanas. Esto dijo textualmente la Sala:

“Así las cosas, conforme se anotó con antelación, debe entenderse que la alusión efectuada al número mínimo de semanas de que trata el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es el fijado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la propia Ley 797 de 2003. 

“Sin embargo, ello será así siempre y cuando que el afiliado no sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en tal caso, y en tratándose de un afiliado al Seguro Social, por razón de los beneficios de ese régimen se le debe aplicar, en materia de densidad de cotizaciones, el régimen al cual se encontrara afiliado para el 1 de abril de 1994, que lo es el Acuerdo 049 de 1990, en particular su artículo 12, por así disponerlo el señalado artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

“Y lo anteriormente expuesto es así porque, en primer término, como quedó visto, las normas vigentes de ese acuerdo forman parte del régimen de prima media con prestación definida y, en segundo lugar, deben utilizarse en materia de edad, número de semanas cotizadas y monto de la prestación, para los beneficiarios del régimen de transición pensional”. 

No obstante que el legislador contempló esta otra forma de acceder a la prestación periódica de supervivencia, naturalmente quien pretenda acogerse a los beneficios del parágrafo en comento debe demostrar que cumple los requisitos allí exigidos, esto es, que el afiliado tenía acumulado en su haber el número de aportes exigido en el régimen de prima media para consolidar el derecho a la pensión de vejez. Y la demostración de esos supuestos es la que se echa aquí de menos, pues dado que se trata de cargos encaminados por el sendero de puro derecho, ha de tenerse por admitida la conclusión del fallo gravado de que el causante cotizó en toda su vida laboral 408 semanas, cantidad a todas luces insuficiente tanto en el régimen de los reglamentos del Instituto como en el de la Ley 100 de 1993 (art. 33), para aspirar a la pensión por vejez.  

Por lo demás, ni siquiera está establecido en esta causa, que el de cujus fuera beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones —1º de abril de 1994—, tenía 31 años y había cotizado 304,57 semanas que equivalen a 5,84 años. Con arreglo al artículo 36 de esa normatividad estaban amparados por el régimen de transición, quienes “al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados”.

Al no haberse demostrado que se cumplen los supuestos normativos del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la pensión de sobrevivientes en este caso no está regida por esa disposición, y en esa medida no se configuraron los yerros jurídicos que denuncia el recurrente.

En consecuencia, no prosperan los cargos.

CARGO TERCERO. Acusa la sentencia por vía indirecta, por “aplicación indebida del parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1º, 2º, 11, 12, 46, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993. Artículos 177 y 197 del Código de Procedimiento Laboral, y 145 del Código de Procedimiento Laboral. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Cita como error evidente de hecho:

“— No dar por demostrado, siendo evidente, que el asegurado… cotizó al ISS 616 semanas antes del fallecimiento”. 

Denuncia como erróneamente apreciada la historia laboral del ISS (fls. 19 a 25).

En la sustentación estima el impugnante que en los folios 24 y 25 se indica que el causante entre 1982 y 1994 sufragó 313 semanas; a folio 19 aparece que aportó 60 semanas; en el folio 20 se consignan 132 semanas y en el folio 22, 111 semanas, para un total de 616 semanas.

Luego expuso que “si como quedó acreditado con la prueba documental aludida, el asegurado fallecido aportó al sistema 616 semanas cotizadas antes de su deceso y esa densidad de cotizaciones son más de las mínimas para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media que antecedió a la Ley 797 de 2003, es pertinente concluir que la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada”.

El opositor dice que no se configuran los yerros endilgados, pues el tribunal examinó cada una de las pruebas allegadas al proceso e hizo la interpretación adecuada de las mismas. Y el análisis de la Historia Laboral indica que “el causante no cotizó 50 semanas dentro de los tres años previos al fallecimiento, que es lo relevante dentro de este asunto”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Revisada la historia laboral de cotizaciones al Instituto del afiliado F... J... V... Y..., encuentra la Sala que en ningún error evidente de apreciación respecto de esa documental incurrió el tribunal, pues ella muestra que en toda la vida laboral sufragó a pensiones 407,42857 semanas.

Por lo demás, no pueden incluirse en la contabilización de semanas en su haber las que aparecen registradas a folios 20 a 23, pues surge con nitidez que ellas pertenecen a otra cotizante “L… M… E…, c.c. xxxxxxx”, por lo que resulta imposible incrementar el número de cotizaciones con aportes de una afiliada distinta.

Y de todas maneras así se hubiera encontrado que el número de aportes era de 616 semanas como lo alega el censor, dicha equivocación sería intrascendente, en cuanto como se dijo con ocasión de los cargos precedentes, no está demostrado que el causante fuera beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que hubiera podido acceder a la pensión por vejez con 500 semanas de aportes en el lapso previsto en los reglamentos del Instituto.

Así las cosas, no prospera el cargo.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 3’000.000,oo. Por secretaría tásense las demás costas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 22 de mayo de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por M... M... O... V..., quien actúa en nombre propio y en representación de la menor D... V... V... O... contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal.

Magistrados: Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.