Sentencia 42491 de febrero 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 42491

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El censor se equivoca gravemente al asumir que el tribunal le dio aplicación al principio de la condición más beneficiosa respecto al Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, sólo que realizando una interpretación de dicha norma distinta de la que razonablemente le correspondía.

Contrario a ello, el tribunal negó tajantemente la viabilidad de acudir a dicho principio por cuanto, explicó, “(…) éste solo ha sido aplicado por la jurisprudencia frente a las personas que habiendo cumplido un nivel elevado de cotizaciones antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993, no cumplían con las 26 semanas exigidas en esta normatividad”. Dicha corporación tampoco practicó algún ejercicio de interpretación sobre el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, ni concluyó que las 300 semanas de cotizaciones necesarias para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes allí establecidas, debían reunirse con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y no en cualquier tiempo.

Con fundamento en lo anterior, los reparos del censor en torno a la correcta intelección de las normas incluidas en la proposición jurídica son abiertamente infundados, pues no se corresponden con las reflexiones que soportan la sentencia gravada que, de otro lado, no son controvertidas en el recurso.

Dichas incorrecciones bastan para concluir que el cargo es infundado. Además de ello, frente al raciocinio estrictamente jurídico del tribunal, la posición mayoritaria de esta Sala ha explicado que “(…) no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa ésta frente a la norma remplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez— a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos “plusultractivos”, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32649)”. (Sent. dic. 9/2008, rad. 32642).

Asimismo, a pesar de que en la sentencia del 8 de mayo de 2012, rad. 35319, la posición mayoritaria de esta Sala de la Corte justificó la posibilidad de acudir a la condición más beneficiosa en aquellos casos en los que reclama vigencia la Ley 797 de 2003, por virtud del principio de progresividad y en atención a que no existe un régimen de transición en materia de pensiones de sobrevivientes e invalidez, también se explicó que ello suponía “(…) aplicar la condición más beneficiosa contenida en la norma inmediatamente derogada (…)” mas no “(…) escrutar indefinidamente en el pasado hasta encontrar una condición que pueda ser cumplida por quien alega el mencionado principio que le beneficie” (sent. ago. 14/2012, rad. 41671).

En ese sentido, teniendo claro que la señora María Eloisa Montoya Rodríguez falleció el 11 de septiembre de 2005, en vigencia de la Ley 797 de 2003, el tribunal no incurrió en alguna infracción jurídica al colegir que no era dable acudir al Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, como se peticionaba en la demanda.

Tampoco se reúnen en este caso los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que como ya se dijo, ha sido aceptada su aplicación por la mayoría de la Sala para aquellas situaciones en las que la muerte ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, pues constituye un supuesto fáctico indiscutido que la señora María Eloisa Montoya Rodríguez, no cotizó ninguna semana dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su deceso.

Finalmente, no resulta posible validar la aplicación del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta lo preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues la Sala ha dicho que el régimen de prima media al que se refiere dicha norma es el contemplado en el título II de la Ley 100 de 1993 y no el que era regulado a través del Acuerdo 49 de 1990.

De otro lado, a pesar de que la Sala ha sostenido que si el asegurado era a su vez beneficiario del régimen de transición instituido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y afiliado a prima media, para los efectos previstos en el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, es posible acudir a la densidad mínima de semanas fijada para obtener pensión de vejez en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que por virtud del régimen de transición constituye parte fundamental del régimen de prima media concebido en el título II de la Ley 100 de 1993 (ver la sent. ene. 25/2011, rad. 43218, reiterada en las de abr. 12/2011, rad. 41762, y ago. 23/2011, rad. 41533), en este caso la señora María Eloisa Montoya Rodríguez no era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que, de acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante a folio 9, no tenía más de 35 años para el momento en el que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, ni acumulaba más de 15 años de cotizaciones para el 1º de abril de 1994, de conformidad con los listados de semanas cotizadas obrante a folios 46 a 54.

Así las cosas, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones de pesos m/cte. ($ 3.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 17 de junio de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor Johnatan Andrey Restrepo Montoya contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se estiman en la suma de tres millones de pesos m/cte. ($ 3.000.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»