Sentencia 42520 de enero 22 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado Acta 011

AP080-2014

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta Colegiatura es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la providencia proferida el 31 de julio de 2013 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual accedió a la acumulación procesal reclamada por la fiscalía.

El asunto objeto de discusión consiste, en esencia, en determinar si es procedente en este momento procesal la acumulación de los procesos, por frentes del mismo bloque, como así lo reclama la fiscalía, y si se reúnen los presupuestos para ello.

Pues bien, desde ahora esta Colegiatura anticipa su postura, en el sentido de que confirmará la determinación recurrida. Las razones son las siguientes:

1. Antes de abordar la solución del asunto que ocupa la atención de la Corte, es necesario precisar lo referente a la competencia de la Sala de Justicia y Paz de Medellín para atender la solicitud de acumulación, así como la legitimidad de la defensa para oponerse a la pretensión acumulativa de la fiscalía.

1.2. En cuanto a lo primero, dígase que la mencionada Sala estaba legitimada para conocer y resolver en primera instancia la decisión de acumulación, en la medida en que su competencia para atender los diversos procesos que se pretenden acumular proviene del factor territorial, en cuanto el concierto para delinquir y los hechos atribuidos a los frentes Turbo y Arlex Hurtado del Bloque Bananero tuvieron lugar en el departamento de Antioquia. Por tal motivo, su competencia está regulada por lo dispuesto en el Acuerdo PSAA 11-8034 del 15 de marzo de 2011, según el cual le corresponde tramitar la etapa de juzgamiento de los hechos ocurridos en los distritos judiciales de Quibdó, Antioquia, Medellín, Montería, Armenia, Manizales y Pereira, a excepción de los que antes de la entrada en vigencia de dicho acto administrativo hubieran sido avocados por la Sala respectiva de Bogotá.

Así las cosas, ningún reparo se presenta frente a la existencia de más de una actuación en contra del mismo postulado en distintas salas de Justicia y Paz, si estas asumieron su competencia conforme con lo dispuesto en su momento en el citado acuerdo y en el PSAA 7726 del 24 de febrero de 2011, que definieron la competencia de las salas de Medellín y Bogotá, respectivamente. En el caso presente ninguna dificultad existe para que esta situación se configure, si se tiene en cuenta que Veloza García no solo delinquió como comandante de uno de los frentes del Bloque Bananero, sino también como comandante del Bloque Calima, circunstancia que en su momento activó la competencia de las dos salas, sin que se pueda perder de vista que en su momento la asignación de casos al conocimiento de la Sala de Bogotá se debió a una especial situación logística, pues no se había creado aún la Sala de Medellín. Por este motivo, debe excluirse que esta situación hubiere generado la investigación o juicio del mismo hecho por las dos salas simultáneamente, en detrimento de la prohibición de doble juzgamiento.

2. Respecto de la legitimidad de la defensa para oponerse a la petición de acumulación formulada por la fiscalía debe decirse que aun cuando el artículo 51 de la Ley 906 de 2004(1), norma aplicable al proceso de Justicia y Paz por razón del principio de complementariedad consagrado en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, hace recaer la facultad de reclamar la acumulación en la fiscalía y también en la defensa, lo cierto es que esta última solamente podría oponerse a la iniciativa del acusador en aquellos casos en que la acumulación solicitada le acarree al procesado postulado una grave violación de garantías fundamentales, sin que las irritualidades intrascendentes o las solas formalidades procesales sean por sí mismas idóneas para legitimar la formulación de una discrepancia frente a la petición de la fiscalía. Tal conclusión es la que se desprende de los precisos roles que cumplen los intervinientes en el especialísimo proceso de Justicia y Paz.

En apoyo de la conclusión precedente es preciso recordar que es a la Fiscalía General de la Nación a la que, de manera exclusiva y excluyente, le corresponde diseñar las vías procesales a través de las cuales se han de alcanzar los fines del régimen transicional. Tal cosa significa que es al acusador a quien le compete establecer la cantidad y jerarquía de los procesados que serán objeto de acusación ante el tribunal de conocimiento, elaborar un pronóstico sobre la cantidad de sentencias que cubrirán el accionar del bloque o frente, cuáles casos han de priorizarse y los criterios de tal selección, esto es, si se avanzará en casos por razón de la naturaleza de los hechos, de la jerarquía del postulado, su pertenencia a uno y otro bloque o frente, o bien por la condición de las víctimas; entre sus atribuciones más relevantes, le compete también la configuración del contexto de macrocriminalidad y macrovictimización.

En igual sentido, podrá determinar si el contexto de los hechos y de la dinámica violenta de los grupos armados habrá de fijarse por frentes de bloque, pues tal es una de las maneras de alcanzar los fines de la justicia transicional. En últimas, el éxito o fracaso del proceso de Justicia y Paz recae de manera principal en la estrategia planteada por la fiscalía para alcanzar la condena.

Se sigue de lo anterior que no todos los intervinientes en el proceso de Justicia y Paz son los llamados a diseñar o planear los cauces procesales mediante los cuales se busca concretar los propósitos de la justicia transicional, sino solamente la Fiscalía General de la Nación. Así lo ha señalado la Sala en precedente que hoy reitera:

“En principio, hay que precisar que el proceso transicional, operativamente, está soportado en la iniciativa del fiscal, quien por tanto actúa como requirente de la mayoría de las decisiones trascendentales de su dinámica (destacado del texto original):

a) Es el encargado de verificar los requisitos de elegibilidad y la voluntad permanente del postulado dirigida a ser beneficiario de la pena alternativa, en consecuencia, a escucharlos en versión libre, a buscar y oír a las víctimas de cada desmovilizado y por tanto a ubicar y traer para el proceso transicional aquellos adelantados en la justicia ordinaria por delitos perpetrados en su accionar armado, a solicitar la medida de aseguramiento por cada delito confesado (auto de dic. 9/2010, Rad. 34606), las medidas cautelares sobre los bienes entregados con fines de reparación y restitución, a elaborar y desarrollar el programa metodológico, a imputar y formular los cargos surgidos, lo mismo que a solicitar su legalización; a gerenciar el incidente de reparación integral, y en general, a cumplir con las cargas procesales que le asignó la Ley 975 de 2005.

b) En este contexto, es la Fiscalía General de la Nación la que debe contar con un mapa general de los objetivos de la justicia transicional, que a esta altura de su desenvolvimiento, ha de tener, por lo menos inventariados los hechos y delitos confesados, las víctimas generadas por ellos, el perpetrador o victimarios que responden por cada uno, las pruebas con fundamento en las cuales se los imputará, acusará y solicitará condena, aquellas con las cuales se acreditarán los perjuicios, y las medidas de reparación, tanto efectivas como simbólicas, individuales y colectivas.

c) En torno de ello debe proyectar los apoyos a las víctimas, al proceso y a su legalidad, a la investigación, a la garantía de los derechos de quienes intervienen ofrecidos por las otras instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales nacionales como internacionales, a los defensores de confianza, a los representantes contractuales de las víctimas, a peritos, etcétera’.

‘En ese cometido asignado fundamentalmente a la Fiscalía General de la Nación, esta Sala, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 975 de 2005, en materia de unidad procesal, ha facilitado progresivamente su labor: primero, señalando que la imputación podría ser excepcionalmente parcial, luego que las imputaciones así realizadas debían juntarse en la audiencia de legalización de cargos (auto de Justicia y Paz de sep. 21/2009, Rad. 32.022), y posteriormente —criterio que actualmente se mantiene—, admitiendo la posibilidad de emisión de sentencias parciales (CSJ, autos de Justicia y Paz de dic. 13/2010, Rad. 33065 y jul. 23/2008, Rad. 30120)’.

Todo en aras de permitirle a la Fiscalía que fuera ella la que dispusiera, en su calidad de gestora, gerente y requirente dentro del proceso transicional, el rumbo del mismo; pues dicha institución es la que debe indicarle a los magistrados encargados de orientar los procedimientos, cómo proyectan la distribución de la totalidad de los casos que habrán de reflejarse en las sentencias. Es, de hecho, la que selecciona el orden en que se presenta, tanto los cargos como los desmovilizados a los efectos de las distintas audiencias’.

d) Lo que se espera de dicha entidad, por tanto, es que tenga un plan general, una visión sistemática, de contexto, de aquello que está imputando y acusando, estableciendo la prioridad que la gravedad de los delitos, las condiciones y la cantidad de víctimas, un patrón o designio común, sus sitios de ubicación, la época de su comisión, la alarma social que causaron, la condición de mando de los perpetradores, entre otros aspectos, hagan más aconsejable’.

Es también la Fiscalía la que califica los delitos —actividad en la cual se han presentado más discusiones de las necesarias habida consideración de tratarse de una justicia transicional—, para lo cual ha de tener —o estar en proceso de— una contextualización de la macrocriminalidad, especificando cuál es atribuible a los grupos subversivos y cuál a los paramilitares, dividiendo y especificando por bloques, o por lo menos por frentes, para ir decidiendo en cuántos procesos y en cuáles, y cuántas sentencias proferidas contra quiénes, se irá conteniendo la verdad que el país espera de este proceso de reconciliación’.

Por supuesto, elemental lógica nos invitaría a sostener que es suficiente y conveniente una sola sentencia en razón de los hechos relacionados con el conflicto armado, por lo menos en lo relativo a la violencia producida por los grupos paramilitares, sino fuera porque la complejidad y el tamaño de dicha violencia lo hacen imposible; luego, es competencia de la Fiscalía, en presencia de un plan integral que cubra la totalidad, ir indicando las acumulaciones y las parcialidades cuyo decreto encuentra necesarias para cumplir con su deber. Es, en síntesis este sujeto procesal el único que está legitimado para ejercer dicha facultad’.

‘Sin embargo, como viene afirmándose, tales solicitudes deben originarse en un plan completo de proyección de fallos, que de manera posible pueda cumplirse, buscando la acumulación de tantos delitos como aconseje la prudencia y la posibilidad real de sentencias prontas, siempre que se acrediten además los factores de conexidad que hagan viable la medida’”(2) (destacado de la Corte).

Fue por lo anterior que, en providencia del 29 de mayo del año en curso (Rad. 41035), la Sala precisó que el apoderado de las víctimas carece en principio de legitimidad para intervenir, mediante la solicitud de acumulación de procesos, en el diseño de esa estrategia procesal que solamente le incumbe al acusador. También, en decisión del 17 de octubre de 2012 (Rad. 39269) se excluyó de tal posibilidad al Ministerio Público y en la del 18 de abril del mismo año (Rad. 38526) se precisó que dicha facultad no la puede ejercer de manera oficiosa la Sala de Justicia y Paz de conocimiento. Lo propio cabe predicar ahora de la defensa, pues, se insiste, la gerencia y el planteamiento de los cauces procesales mediante los cuales habrán de conseguirse los propósitos de la justicia transicional —y para ello la acumulación resulta ser una herramienta procesal efectiva— le competen al acusador.

Es necesario mencionar que la competencia de la Fiscalía General de la Nación para planear o diseñar los cauces procesales, a través de los cuales enfrentará el proceso de justicia transicional, cobra mayor protagonismo a partir de la Directiva 0001 del 4 de octubre de 2012, emitida por el Fiscal General de la Nación, pues allí se plantea que en función de las facultades que le asisten a dicho organismo en el diseño de la política criminal del Estado, le corresponde regular los aspectos fácticos o técnicos del proceso de investigación, fijar prioridades, parámetros o criterios institucionales para el ejercicio de las actividades investigativas, según así se desprende de las sentencias de constitucionalidad C-873 de 2003 y C-979 de 2005, así como aplicar metodologías que van más allá del análisis jurídico, según las políticas y criterios de priorización trazados.

En estas condiciones, pregonar, como lo hace el apelante en representación de algunos de los postulados, que con la acumulación se viola la competencia de las salas de Justicia y Paz resulta ser un argumento que, aun cuando tuviera algún sustento, carece de toda aptitud para acreditar alguna irregularidad en un proceso que, como el transicional, está diseñado ‘a la medida de las víctimas’ y no a proteger formalidades procesales o resguardar la presunción de inocencia del postulado, puesto que solamente un razonamiento que acredite un evidente perjuicio a las víctimas, la negación de los propósitos de la justicia transicional, o bien una transgresión intolerable a la estructura del proceso o a las garantías del postulado puede ser idóneo para oponerse al mecanismo que propone la fiscalía para gerenciar el camino que la conducirá a obtener una sentencia que satisfaga las pretensiones de verdad y justicia.

Es así que la violación de la competencia territorial de las salas de Justicia y Paz, aún de existir, no sería en este caso más que una irregularidad intrascendente para los intereses del procesado postulado, más aún en el caso de Hebert Veloza García, quien se encuentra extraditado en los Estados Unidos de América, razón por la cual ningún perjuicio le representa que la condena venga de una u otra Sala.

3. Por otra parte, tampoco el supuesto desconocimiento del momento procesal en que sería procedente disponer la acumulación de procesos que cursan bajo los lineamientos de las leyes 975 de 2005 y 1592 de 2012, debe tenerse como una situación por sí misma suficiente para oponerse a la pretensión de acumulación del acusador, pues, una vez más, aquella constituye un acto de parte, encaminado a orientar el proceso transicional, lo que, en principio, excluye el interés de los demás intervinientes para oponerse a ella, como no sea para precaver un grave perjuicio a las víctimas o a los fines del proceso transicional.

En particular, dígase que la jurisprudencia de la Sala ha previsto las situaciones en que procede la acumulación, en particular cuando opera entre un proceso de Justicia y Paz y el o los que se tramitan ante los jueces penales ordinarios. Así mismo, con fundamento en la Ley 975 de 2005, la Sala ha definido que la acumulación que se produce entre procesos de Justicia y Paz debe tener lugar después de la legalización de cargos (auto de oct. 17/2012, Rad. 39269, citada y reiterada en la providencia de mayo 29/2013, Rad. 41035). Pero la ley ni los precedentes de esta Colegiatura han abordado el tema de la acumulación, en vigencia de la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012.

Conforme esta última norma, la solución de la cuestión se orienta de manera distinta, pues, al margen de la regulación de la acumulación en el proceso penal ordinario (L. 906/2004 o D.L. 2700/91), es preciso acudir a los fines del proceso de Justicia y Paz, a los especiales principios que lo guían, los intereses de las víctimas y la contribución de la figura procesal para alcanzar de manera pronta y eficaz una sentencia que contenga una verdad lo más completa posible, así como una relación suficiente de los fenómenos y contextos de macrocriminalidad y macrovictimización.

Como la identificación de estos contextos es una de las misiones de la fiscalía y para su materialización la acumulación es en verdad una herramienta eficaz, es por lo que la pretensión de tramitar conjuntamente las actuaciones le compete exclusivamente a la fiscalía, en los términos en que se lo impone la Directiva 0001 del 4 de octubre de 2012, proferida por el Fiscal General de la Nación. Admitir la iniciativa de otros intervinientes o su oposición injustificada a tal pretensión conduciría a una injerencia indebida en un asunto que la ley y la jurisprudencia le han asignado a un actor específico.

Recuérdese que la Ley 1592 de 2012 fijó lineamientos novedosos frente a la Ley 975 de 2005, en vista de que tras casi ocho años de vigencia y aplicación de esta última su efectividad para el cumplimiento de los fines para los que fue creada resultó más que cuestionable.

La Ley 1592 de 2012, que modificó la Ley 975 de 2005, constituye fundamentalmente una herramienta jurídica concebida para agilizar el proceso de Justicia y Paz, fijarle un nuevo contenido a las obligaciones legales de los intervinientes y satisfacer de mejor forma los intereses de reparación de las víctimas.

Por ello, la estrategia de investigación de los crímenes de sistema incorporó un cambio sustancial, al consagrar que la verdad ya no se busca desde la perspectiva de los hechos individuales de cada perpetrador, con esquemas de investigación tradicionales, sino sobre los contextos, las causas y los motivos de los patrones de macrocriminalidad en el accionar de los grupos a los que pertenecieron.

Así, la citada Ley 1592, en aras de materializar el principio de celeridad y alcanzar los fines de la justicia transicional, consagró importantes cambios, entre los que cabe citar la aplicación de criterios de priorización de casos dirigidos a establecer los patrones de macrocriminalidad y develar los contextos, así como la supresión de una de las audiencias preliminares, para sustituirla por una concentrada de formulación, aceptación y legalización de cargos, seguida del incidente de afectación de las víctimas.

Téngase en cuenta que una de las consecuencias de la acumulación es precisamente materializar los fines de la Ley 1592 de 2012, evitando la repetición innecesaria de diligencias. Además, dicha norma hace especial énfasis en la configuración de los contextos de macrocriminalidad y macrovictimización, con miras a la consecución de sentencias macro que sean idóneas para permitir a los postulados acogerse a sentencia anticipada, tal como así lo establece el parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de 2012, modificatorio del 18 de la 975 de 2005.

No cabe duda, entonces, que la acumulación es un instrumento idóneo para concretar los fines de la Ley 1592 de 2012 y dirigir de manera eficiente el procesos de Justicia y Paz, función que le compete a la fiscalía. Por tanto, la regla para hacer procedente la acumulación no debe fijarse, como lo hace el artículo 51 de la Ley 906 de 2004, tomando como referencia un específico acto procesal, es decir “al formular la acusación” o “en la audiencia preparatoria”, o bien, según el artículo 7º del Decreto 4760 de 2005, “hasta que termine la audiencia de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005” (auto de sep. 25/2007, Rad. 28250), sino conforme con su aptitud para cumplir el conjunto de cometidos y directrices que la Ley 1592 de 2012 y la Resolución 0001 del 4 de octubre de 2012 le asignan a la fiscalía, como es la de diseñar la senda a través de la cual aspira a obtener los fallos de Justicia y Paz que satisfagan de la mejor manera posible los fines de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, según precisos criterios de priorización.

Así las cosas, esta Colegiatura no encuentra en los argumentos de apelación de la defensa alguno que tenga la aptitud para negar que, como así lo planteó la fiscalía, una mejor comprensión del verdadero contexto de los fenómenos de macrocriminalidad y macrovictimización se obtiene a través de la acumulación por frentes de las distintas actuaciones, con miras a emprender de manera conjunta la respectiva audiencia concentrada de formulación, aceptación y legalización de cargos. Si esa es la estrategia de la fiscalía para afrontar su misión respecto del Bloque Bananero de las Autodefensas, bien hizo la Sala de Justicia y Paz de Medellín al acceder a la acumulación reclamada, sin que a su determinación se le puedan oponer argumentos de supuestas ilegalidades que ninguna o muy escasa incidencia tendrían frente a la posición de las víctimas o los fines de la justicia transicional.

La conclusión precedente cobra especial relevancia frente a la emisión del fallo de primera instancia del 30 de octubre de 2013 proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra Hebert Veloza García, pues en ella se fija una parte importante del contexto de los fenómenos de macrocriminalidad y macrovictimización del Bloque Bananero, circunstancia que favorece el trámite de las actuaciones cuya acumulación dispuso la corporación de primera instancia y eventualmente podría dar lugar a la sentencia anticipada de que trata el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012.

4. Así las cosas, no es que con los lineamientos precedentes la Corte esté recogiendo tesis anteriores sobre la procedencia de la acumulación; lo que acontece es que la norma que regula el proceso de Justicia y Paz no es ya solamente la Ley 975 de 2005, pues esta fue modificada a profundidad por la Ley 1592 de 2012.

Este nuevo panorama normativo exige, entonces, un tratamiento novedoso al instituto de la acumulación, en la medida en que ya no es suficiente acudir, en virtud del principio de complementariedad, al artículo 51 de la Ley 906 de 2004, o bien al 86 y siguientes del Decreto Ley 2700 de 1991, con el fin de adoptar una regulación que naturalmente está previsto para el proceso penal ordinario. En contraste, la nueva concepción del proceso de Justicia y Paz obliga a tomar otros referentes, como lo es la consecución de ideales de justicia, verdad, reparación, memoria histórica y satisfacción de los intereses de las víctimas, y no el cumplimiento de formalidades procesales, en el entendido de que el interés de todos los intervinientes en el proceso apunta a la misma finalidad.

5. Como corolario de los anteriores razonamientos, la Corte confirmará la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión impugnada del 31 de julio de 2012, mediante la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín accedió a la acumulación por frentes de las actuaciones seguidas contra los miembros del Bloque Bananero.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) ART. 51.—“Conexidad. Al formular la acusación el fiscal podrá solicitar al juez de conocimiento que se decrete la conexidad cuando: 1. El delito haya sido cometido en coparticipación criminal. 2. Se impute a una persona la comisión de más de un delito con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar. 3. Se impute a una persona la comisión de varios delitos, cuando unos se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro. 4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra.

PAR.—La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar se decrete la conexidad invocando alguna de las causales anteriores”.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 17 de octubre de 2012, Rad. 39269.