Sentencia 4256 de mayo 10 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA

CASOS EXCEPCIONALES

EXTRACTOS: «Contrariamente a lo que considera el Tribunal de Medellín, la inobservancia del principio de la audiencia bilateral (“audiatur altera pars”) no constituye una mera “informalidad” sin relevancia, sino que, por el contrario, su cumplimiento constituye una preciosa garantía procesal cuyo desacato viola el debido proceso que nuestro ordenamiento jurídico positivo ha consagrado y valorado en tal medida que expresamente lo consignó en la propia Constitución Política (art. 26).

En el proceso judicial se parte del supuesto de que sólo la verdad resultante de la contradicción que permite la audiencia bilateral, otorga al juez la certeza suficiente sobre la manera como ocurrieron los hechos debatidos, puesto que si no se ofrece a la parte la oportunidad de examinar y discutir o controvertir si es el caso, la prueba que su contraparte -o inclusive el juez- aporta al proceso, no logra obtener entonces el juzgador la seguridad y convicción requeridas para dictar un fallo ajustado a derecho.

Por tal virtud, las formalidades que las leyes de procedimiento han previsto para que por la parte pueda ejercerse control sobre los medios probatorios que su contraparte pretende hacer valer no es cuestión sin importancia sino todo lo contrario: la consagración positiva de un decantado y sabio principio según el cual todo lo que a primera vista se muestra como evidente no siempre resulta ser cierto. Así que para que la verdad que debe cimentar el fallo no aparezca ensombrecida por la sospecha o la duda se quiere que el debate judicial en el curso del cual la prueba se produzca o se incorpore al proceso sea totalmente diáfano de manera que otorgue la mayor certidumbre posible acerca de los hechos controvertidos.

Por eso la propia ley, que busca la mayor celeridad en el trámite del proceso judicial, previene no obstante al juez para que su rápido adelantamiento se produzca “sin perjuicio de la defensa de las partes” (CPT, art. 48); a fin de que no precipite sus decisiones con sentencias apresuradas o fundadas en pruebas no allegadas regularmente al juicio, bien por no haber sido debidamente pedidas y decretadas, o bien porque no se haya permitido a la parte contra la cual se adujeron el ejercicio de su derecho a controvertirlas. En estos dos defectos incurrió el juzgador de alzada. Por una parte tuvo como prueba unos documentos que específicamente no se pidieron al contestar la demanda, pues la genérica referencia a unos indeterminados “documentos de pagó” no satisface las exigencias del artículo 31 del CPT, norma que al disponer que la contestación de la demanda debe contener “una relación de los medios de prueba que pretenda hacer valer” está imponiendo al demandado la obligación de indicar desde entonces, tanto al juez como al demandante, en forma concreta y no en abstracto, las pruebas que utilizará en su defensa. Y por otra parte apreció los susodichos documentos aunque apenas vinieron a incorporarse al expediente con el memorial en el que sustentó Fabricato la apelación de la sentencia de primera instancia, vale decir, concluido el debate probatorio.

Tales pruebas inoportunas no podían ser tomadas en cuenta por el Tribunal, por lo menos no sin antes haber reabierto el debate probatorio y permitido al demandante, contra quien se oponían, la ocasión de controvertirlas.

Los artículos 83 y 84 del Código de Procedimiento Laboral regulan las posibilidades, naturalmente excepcionales, de que en el trámite de apelación de sentencias se ordenen, practiquen y consideren pruebas que no pudo tener en cuenta el fallador de primera instancia. De acuerdo con dichas disposiciones:

a) Las partes no pueden solicitar nuevas pruebas en segunda instancia;

b) Pueden las partes, sin embargo pedir que el Tribunal ordene la práctica de aquellas pruebas que, decretadas en primera instancia, no se hubieren practicado sin culpa del interesado;

c) El Tribunal está facultado para practicar de oficio o para ordenar la práctica de aquellas pruebas que considere necesarias para decidir el recurso;

d) El Tribunal debe considerar las pruebas incorporadas o allegadas al proceso en primera instancia, luego de clausurado el debate probatorio, siempre que en esa misma instancia hayan sido pedidas oportunamente.

Todas las anteriores hipótesis dejan naturalmente indemnes los principios de publicidad y contradicción de la prueba ya que en ninguna de ellas el Tribunal puede considerar medios probatorios sorpresivos o desconocidos para los litigantes. En efecto, en los casos en los cuales el ad-quem ordena la práctica de pruebas que, aunque pedidas en tiempo se dejaron de practicar sin culpa del interesado, o de aquellas que de oficio consideran necesarias para decidir, esa disposición y aun la práctica misma de las pruebas se debe cumplir en audiencia pública dentro de la cual las partes podrán conocerlas y controvertirlas. Y en el caso de las pruebas allegadas inoportunamente en la primera instancia, la ley da por supuesto que hayan sido oportunamente pedidas y, por consiguiente, que la orden de su práctica se haya cumplido en audiencia y que se hayan recibido con las debidas garantías de la publicidad y de la posibilidad de contradicción.

Al disponer el artículo 84 del CPL que las pruebas pedidas en tiempo pero practicadas o allegadas con posterioridad a la clausura del debate probatorio en la primera instancia deban ser consideradas por el Tribunal, no está en modo alguno permitiendo a las partes la incorporación, por fuera del término preclusivo de este debate, de medios o elementos probatorios que hayan tenido en su poder y que por descuido, imprudencia o malicia no hayan presentado a tiempo con el fin de que el juez los agregara a los autos. En ninguna forma esta disposición libera a las partes del cumplimiento oportuno de sus deberes o cargas procesales. Tampoco es posible suponer que la norma se refiera a pruebas que el mismo juez que conoce del proceso haya practicado o allegado inoportunamente, ya que por estar obligado a recibir las pruebas en audiencia, el juez del conocimiento, so pena de nulidad, deberá practicar todas las pruebas “oportunamente” (art. 42 CPL).

Es posible sin embargo, y además ocurre con frecuencia, que pruebas pedidas y decretadas en tiempo no se “practiquen” strictu sensu por el juez del conocimiento sino que su recepción o evacuación dependa de otra autoridad o de terceros —recepción o evacuación que naturalmente también deberá cumplirse con las garantías de publicidad y posibilidad de contradicción— como es el caso por ejemplo de las pruebas que practica el juez comisionado o de los documentos que se solicitan a las oficinas públicas o a terceros, sean recibidas por el juzgado después de evacuadas las audiencias de trámite o de prueba (art. 80 CPL). Esa y no otra, es la hipótesis que prevé el artículo 84 al disponer que este tipo de pruebas “agregadas inoportunamenté” sirven para ser consideradas por el ad-quem al decidir el recurso.

No sobra recordar aquí que con mucha lógica la doctrina y la jurisprudencia han considerado que los documentos que ya tenían en su poder las partes al trabarse la litis no son medios de prueba que el juez en rigor pueda “practicar” a la manera como se cumple o evacúa una inspección ocular, se reciben las declaraciones de las partes o de terceros, se efectúan los reconocimientos o se rinde el dictamen de perito, o se efectúa la solicitud de terceros de documentos, copias, certificaciones, etc. Estrictamente, los documentos que están en poder de las partes y éstas anuncian como medio de prueba al trabarse la litis ya vienen “practicados” y el juez se limita, una vez decretados como prueba, a incorporarlos al expediente.

Por consiguiente, los documentos que la demandada acompañó con el memorial sustentatorio de la apelación —aparte de que como ya se dijo no fueron pedidos ni decretados— no eran pruebas que se hubieran dejado de practicar sin su culpa en la primera instancia para poder ser considerados por el Tribunal en la primera hipótesis del inciso segundo del artículo 83 del CPL, ni correspondían a pruebas oportunamente pedidas que otras autoridades o terceros hubieran practicado o hecho llegar al juzgado después de clausurado el debate probatorio de la primera instancia, conforme a la preceptiva del artículo 84 ibídem».

(Sentencia de mayo 10 de 1991. Radicación 4256. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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