Sentencia 42561 de julio 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42561

SL 440 - 2013

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 20

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la entidad Administradora Cooperativa Solidaria del Oriente “Coop Sol de Oriente”, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 5 de agosto de 2009, en el proceso que promovió en su contra la señora Maritza Fitatá Sánchez, obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Ángel Martín y Jeison Stiven Pardo Fitatá.

Antecedentes

La acción ordinaria laboral fue promovida para que se declarara, entre otras cosas, que existió una relación laboral que vinculó a la Coop Sol de Oriente y al señor Ángel Martín Pardo Cruz, quien falleció como consecuencia de un accidente de trabajo, derivado de la negligencia e imprevisión de la demandada y se condenara a esta a pagar a la cónyuge sobreviviente y a los hijos del trabajador fallecido la indemnización plena de perjuicios de que trataba el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, los perjuicios morales, la indexación a que hubiere lugar y cualquier otro derecho que resultara acreditado en el proceso.

En sustento de las pretensiones referidas se afirmó por los demandantes que el señor Ángel Martín Pardo Cruz ingresó a laborar al servicio de la Coop Sol de Oriente a partir del día 16 de octubre de 2003; que laboró sin solución de continuidad para esta entidad hasta el 5 de diciembre de 2003, fecha en la que falleció a raíz de un accidente de trabajo; que el último cargo desempeñado fue el de “eléctrico”, en la vereda Puerto Canecas, Vía a San Carlos de Guaranoa, jurisdicción del municipio de Acacías (Meta), con un salario de $ 332.000,oo y un auxilio de transporte de $ 37.000,oo; que la causa de la muerte del señor Ángel Martín Pardo Cruz fue la electrocución cuando se encontraba realizando trabajos de intervención del sistema eléctrico, instalando luminarias en postes, como trabajador de Coop Sol de Oriente; que al momento de la realización de la labor el trabajador no contaba con las medidas de seguridad ni los elementos necesarios para la ejecución de un trabajo de alto riesgo, por cuanto la empresa no se los había suministrado; que el señor Ángel Martín Pardo Cruz era el esposo legítimo de la señora Maritza Fitatá Sánchez con quien procreó a sus dos hijos menores de edad Ángel Martín Pardo Fitatá y Jeison Stiven Pardo Fitatá.

La cooperativa convocada al proceso, en la respuesta a la demanda, aceptó el vínculo laboral del trabajador fallecido, los extremos de la relación laboral, el cargo que este desempeñó y su salario. Adujo que al parecer la muerte se debió a una descarga eléctrica, generada por un caso fortuito y sostuvo que en su oportunidad le había entregado al trabajador todos los elementos de protección. Propuso las excepciones de inexistencia de responsabilidad por ausencia de culpa, fuerza mayor o caso fortuito, ausencia de daño, caducidad y prescripción.

En audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 27 de febrero de 2009, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Villavicencio declaró probada la excepción de inexistencia de responsabilidad por ausencia de culpa y en consecuencia absolvió a la Administradora Cooperativa Solidaria del Oriente “Coop Sol de Oriente” de las pretensiones de la demanda.

Sentencia del tribunal

Al conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el Tribunal Superior de Villavicencio, mediante fallo del 5 de agosto de 2009, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, condenó a la demandada a pagar a la demandante Maritza Fitatá Sánchez $ 72’302.983,oo, a Jeison Steven Pardo Fitatá $ 23’329.108,oo y a Ángel Martín Pardo Fitata $ 27’333.989,oo, por concepto de lucro cesante; y para cada uno de los anteriores la suma $ 25’000.000,oo por concepto de perjuicios morales.

En primer lugar señaló el tribunal que, atendiendo el objeto de la apelación, correspondía examinar si la empleadora era la responsable del accidente de trabajo sufrido por el señor Ángel Martín Pardo Cruz, y luego determinar si esta debía pagar a los demandantes los correspondientes perjuicios.

Se refirió entonces al contenido del artículo 9º del Decreto-Ley 1295 de 1994, que estimó aplicable a este caso dado que había tenido vigencia hasta el 20 de junio de 2007, según sentencia de la Corte Constitucional C-858 de 2006, disposición que citó textualmente, para luego transcribir el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y señalar al respecto:

“La culpa patronal se puede establecer cuando de los hechos del empleador se infiere que faltó diligencia y cuidado, que la persona debe tener ordinariamente al momento de realizar sus negocios; cuando hay negligencia en salud ocupacional, esto es, cuando no cumple con las obligaciones o deberes o no se tiene un programa en desarrollo sobre salud ocupacional; existe imprudencia cuando existiendo el programa mencionado, se obra sin cautela y sin prever los resultados o consecuencias; hay impericia cuando las personas encargadas de los programas de salud ocupacional la ejercen sin conocimientos básicos necesarios, lo que genera errores al momento de desarrollar las actividades de prevención y promoción; o cuando hay violación de reglamentos o normas en salud ocupacional, los cuales son generadores de culpa, negligencia, imprudencia e impericia, conllevando a la causa del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional que concibe la culpa patronal, al demostrarse la carencia del programa, o del comité paritario de salud ocupacional, o no se capacita ni se proporcionan los elementos de protección personal adecuados, por el incumplimiento de las normas” (las negrillas son del recurrente).

Citó en sustento de tales afirmaciones, entre otras, las sentencias de esta Sala de 24 de septiembre de 1992, radicación 5229, y de 9 de febrero de 2006, radicación 25827, para precisar luego que en este asunto no era necesario establecer si se había presentado el accidente de trabajo por causa o con ocasión del trabajo, pues observó que el objeto de apelación radicaba en la culpa patronal.

Señaló luego que aparecía plenamente demostrado que el señor Ángel Martín Pardo Cruz se encontraba laborando para Coop Sol de Oriente, como técnico electricista (fl. 17), el día 5 de diciembre de 2003, cuando ocurrió el accidente de trabajo que le ocasionó la muerte (fls. 79 y 104), debido a una descarga eléctrica que recibió en el momento en que estaba ayudando a instalar una luminaria en la parte superior de un poste, hechos, que dijo había sido aceptados en la respuesta a la demandada; que de acuerdo con la prueba testimonial y la demandada no contaba con un procedimiento para la instalación de luminarias, por cuanto no se había tomado la precaución de asegurar primero el sitio de trabajo para luego realizar el procedimiento correspondiente por parte del trabajador al momento de realizar la labor para la que había sido contratado; que no existía prueba que ofreciera certeza de que realmente se hubiera suministrado dotación alguna al trabajador y que este la estuviere utilizando en el momento del accidente, cuando era deber de la demandada acreditar ese hecho, pues en sus manos reposaba la documentación necesaria que daba fe de la entrega de la correspondiente dotación; que tampoco la empresa había aportado la prueba de haber conformado el comité paritario de salud ocupacional, de manea que se desconocía su existencia al momento de la ocurrencia del accidente; que, conforme con ello, la demandada no venía cumpliendo con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, lo que indicaba falta de previsión o imprudencia de su parte, por cuanto impartía órdenes a los trabajadores, sin que se tomaran las medidas necesarias para la prevención de accidentes o para buscar que el sitio de trabajo estuviera en condiciones de seguridad, que garantizaran la vida e integridad de los trabajadores, pues ese era su deber.

Conforme a lo anterior concluyó que la empresa Coop Sol de Oriente había incurrido en la falta de diligencia y cuidado, que eran generadores de responsabilidad civil, en el accidente de trabajo ocurrido el día 5 de diciembre de 2003, que ocasionó la muerte del trabajador Ángel Martín Pardo Cruz, por lo que debía responder por la indemnización plena de acuerdo con lo previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, confirme la decisión absolutoria proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Villavicencio el 27 de febrero de 2009.

Con este propósito la acusación presenta dos cargos, fundados en la causal primera de casación laboral, que fueron replicados y serán estudiados en el orden propuesto.

Primer cargo

Acusa la sentencia recurrida de violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 216, 19, 56, 57, numeral 2º, 230 y 232 del Código Sustantivo del Trabajo; 27, 63, 1494, 1603, 1604, 1613 del Código Civil; 1º de la Ley 95 de 1890; 35 del Decreto 1295 de 1994; 177, 194 y 197 del Código de Procedimiento Civil; 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Quebranto normativo que sostiene la acusación se originó en los siguientes yerros fácticos:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la muerte del señor Ángel Martín Pardo Cruz ocurrió “debido a una descarga eléctrica cuando se encontraba en un poste ayudando a instalar una luminaria”, pues así fue aceptado por la propia demandada “cuando se admitieron los hechos 2º y 8º de la contestación de la demanda.

“2. Dar por demostrado, en contra de las evidencias, que la “demandada no acreditó que durante la relación laboral que existió con el trabajador fallecido, se hubiese provisto de dotaciones”.

“3. Dar por demostrado, en contra de las evidencias, “que el trabajador no contaba en el momento del accidente con los elementos necesarios de protección industrial”.

“4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada no tenía comité paritario de salud ocupacional y que estaba obligado a tenerlo.

“5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la cooperativa demandada incurrió en faltas de diligencia y cuidado, que conllevó el deceso del señor Pardo Cruz, por lo que, en consecuencia, deberá responder por la indemnización plena de acuerdo con lo previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Estima la acusación que los yerros facticos denunciados se debieron a la apreciación errónea de la confesión contenida en los hechos 2 y 8 de la respuesta a la demanda; los documentos visibles a folios 48 y 79, repetidos a folios 105, 104 y 175; los testimonios de los señores Clemente Abelló Moreno (fls. 184 a 189), Germán Eduardo Chávez Castillo (fls. 211 a 220) y Juan Carlos Agudelo Duarte (fls. 227 a 231). Así como a la falta de apreciación del documento que obra a folio 22.

Indica la censura que en el hecho 2 de la demanda inicial se afirmó que el trabajador había laborado hasta el 5 de diciembre de 2003, “fecha última del fallecimiento en accidente de trabajo”, a lo que la demandada contestó: “Es cierto”; en tanto que en el hecho 8 se apuntó que la “causa de la muerte del señor Ángel Martín Pardo Cruz fue la electrocución por estar realizando trabajos de intervención del sistema eléctrico instalado en postería”, a lo que se contestó “no me consta. Me atengo a lo que se pruebe en el expediente pero al parecer la muerte se debió a una descarga eléctrica generada por un caso fortuito” (fl. 132); que de tales respuestas no puede inferirse o deducirse plena prueba de la causa de la muerte del trabajador, como lo hizo el tribunal, por lo que incurrió en su apreciación equivocada; que los documentos que obran a folios 79 y 104, que corresponden al formato de informe accidente que presentó la accionada al Instituto de Seguros Sociales el 5 de diciembre de 2003, y el escrito que el gerente de la misma cooperativa radicó en el ISS el 17 de diciembre de 2005, dan cuenta de la ocurrencia del accidente aludido el 5 de diciembre de 2003 a las 11:30; que del documento donde se hace la “descripción del accidente”, pese a su falta de nitidez, se extrae que: “a las 11:30 se encontraba trabajando en la línea... y cayó al piso del poste a pesar de tener correa de seguridad...” (fl. 79), y que: “... mientras se encontraba en un poste ayudando a instalar una luminaria recibió de manera accidental una descarga eléctrica y como consecuencia perdió el sentido (es importante recalcar que contaba con los elementos y dotación de seguridad industrial que requiere dicha actividad, se le prestaron los primeros auxilios por parte de sus compañeros de trabajo y jefe de cuadrilla designado” (fl. 104); que estos documentos no demuestran que la muerte del trabajador ocurrió “debido a una descarga eléctrica” ni menos que así haya sido aceptado por la propia demandada “cuando se admitieron los hechos 2 y 8, como lo afirma el tribunal; que acreditada de esta forma, la deficiencia fáctica referida es procedente analizar los testimonios, dado que estos sirvieron de fundamento a la sentencia recurrida.

A continuación el censor se remite a las versiones que dieron los testigos sobre algunos de los hechos que rodearon el accidente del para aseverar que el trabajador recibió instrucciones sobre la tarea realizada, que recibió los elementos de protección y seguridad adecuados para ejecutar su trabajo de electricista, que estaba acostumbrado a trabajar en caliente, que había sido advertido del cuidado que debía tener, pero que aun así se recostó contra la línea de baja tensión y sufrió una descarga eléctrica, pero debido a que no se había asegurado o amarrado al poste con el cinturón de seguridad que portaba se cayó al piso y se golpeó en la nuca; que por esto el juzgador de segundo grado no podía deducir que la cooperativa “obró imprudentemente” o que le faltó aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios; que también es equivocado que el tribunal concluyera que la cooperativa había sido negligente en la conformación del comité paritario, pues el artículo 10 de la Resolución 2013 de 1986 ordena su conformación que no fue allegado al expediente; que el artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 ordena la constitución de un comité en empresas que tengan un número mayor de 10 trabajadores, de modo que la cooperativa no estaba obligada por cuanto solo tenía 9 trabajadores vinculados según lo acredita el documento visible a folio 22.

La réplica

Sostiene que la causa de la muerte del señor Ángel Martín Pardo Cruz no solo se probó con la respuesta a la demanda, sino también con la comunicación que dirigió Coop Sol de Oriente (fl. 46) a la reclamante y la que envió el Instituto de Seguros Sociales al Gerente de la cooperativa, el 25 de mayo de 2004, en la que califica como de origen profesional el accidente de trabajo y recomienda la capacitación de los trabajadores y la entrega de todos los elementos de protección personal. Además que, todos los testigos coinciden en que existió una descarga eléctrica en la humanidad del trabajador fallecido, de modo que de no haber sido por tal contingencia el trabajador no habría perecido.

Consideraciones de la Corte

En la demostración del cargo no se encuentra que la censura se ocupara de controvertir las inferencias, del juzgador de segundo grado, referentes a que la cooperativa demandada no tenía previsto un procedimiento para la instalación de luminarias, pues el sitio de trabajo se encontraba energizado, y no se tomó la precaución de desenergizar o bajar el circuito, con el fin de evitar las descargas eléctricas, como la ocurrida al trabajador accidentado. Estas apreciaciones fueron parte de las razones principales para que se concluyera que la empleadora obró imprudentemente, es decir con falta de diligencia y cuidado que determinaron su responsabilidad en el accidente de trabajo. Deficiencia que por su trascendencia exige la desestimación del cargo toda vez que las consideraciones referidas, que fueron esenciales para que el tribunal estableciera que existió culpa comprobada de Coop Sol de Oriente en el accidente de trabajo que sufrió el trabajador Ángel Martín Pardo Cruz, permanecen inmodificables y por consiguiente continúan prestando apoyo suficiente a la decisión impugnada, pues sobre ellas obra la presunción de acierto y legalidad que en casación laboral opera respecto de la sentencia recurrida.

Además de lo anterior se advierte que el ataque no tiene vocación de prosperidad, pues en relación con la deficiencia fáctica que atribuye a la decisión de segundo grado, respecto a que es equivocada la conclusión de que la muerte del señor Ángel Martín Pardo Cruz ocurrió “debido a una descarga eléctrica cuando se encontraba en un poste ayudando a instalar una luminaria”, se encuentra que tal inferencia no resulta equivocada pues al referirse la cooperativa, en la respuesta a la demanda, al accidente de trabajo, aducido por la parte actora, es indudable que aceptó que existió la ocurrencia de esa contingencia laboral y concretamente, al referirse al hecho octavo de la demanda, si bien no admitió que la muerte del trabajador fue por “electrocución”, aclaró que “... al parecer la muerte se debió a una descarga eléctrica generada por un caso fortuito”, de manera que sin dificultad se entiende que no es un hecho controvertido el deceso del trabajador mientras cumplía su actividad laboral, con ocasión de una descarga eléctrica, de modo que no tiene ninguna trascendencia que se definiera si murió electrocutado o por un hecho consecuencial subsiguiente derivado de ese incidente inicial.

Precisamente, los documentos de folios 79 y 104, que cita la censura para corroborar el error de hecho mencionado, en lugar de ello, permiten establecer que la conclusión fáctica del tribunal atacada no es equivocada, pues su examen conjunto indica que cuando el señor Ángel Martín Pardo Cruz se encontraba en un poste ayudando a instalar una luminaria recibió de manera accidental una descarga y, como consecuencia de ello, perdió el sentido y cayó al piso, de modo que no hay duda alguna que el fallecimiento del trabajador se originó en la descarga eléctrica que padeció; en efecto, en el primer documento, que corresponde al formato único de accidente de trabajo, se consignó por la cooperativa, según lo anota el propio recurrente, que “a las 11:30 a.m. se encontraba trabajando en la línea... y cayó al piso del poste a pesar de tener correa de seguridad...”; en tanto que, en el segundo documento, suscrito el mismo día del accidente de trabajo, el gerente de la demandada administración Cooperativa Solidaria del Oriente informa al Instituto de Seguros Sociales que “Faltando por instalar 103 luminarias de un total de 1.319, mientras se encontraba en un poste ayudando a instalar una luminaria recibió de manera accidental una descarga eléctrica y como consecuencia perdió el sentido (es importante recalcar que contaba con los elementos de dotación de seguridad industrial que requiere dicha actividad), se le prestaron los primeros auxilios por parte de sus compañeros de trabajo y jefe de cuadrilla designado”.

Dado que no cumple el censor con su carga de demostrar un error en la apreciación de la prueba calificada, no puede la Corte emprender el examen de la prueba testimonial, para determinar si la acusación tiene razón al sostener que el tribunal se equivocó al no encontrar acreditado que el trabajador accidentado contaba al momento en que le sobrevino la contingencia laboral aducida con los elementos de protección industrial y al no advertir que la demandada Coop Sol de Oriente no estaba obligada a tener un comité paritario de salud ocupacional, pues los documentos que cita la acusación relacionados con estos temas no ofrecen certeza respecto a los hechos que se busca demostrar, pues el documento de folio 48 solo da fe que la cooperativa suministró al trabajador los elementos de protección industrial hecho que no desconoció el tribunal, pues lo que echó de menos este fue que los llevara puestos en el momento del accidente, además que proviene tal prueba de parte interesada toda vez que aparece suscrita por el gerente de la cooperativa; la autoliquidación de aportes a salud, con destino a la EPS Saludcoop, solo demuestra que los trabajadores afiliados a esa promotora de salud eran nueve (9), pero ello no es un indicativo necesario que ese fuera el total de los trabajadores de la entidad, pues conforme a nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud los trabajadores son quienes escogen la EPS a la que quieren pertenecer, de manera no es descartable que otros trabajadores estuvieren afiliados a otras empresas promotoras de salud, de modo que es concluyente el documento para demostrar lo que pretende el censor.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Orientado por la vía directa, denuncia la interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con los artículos 19, 56 y 57, numeral 2º, del mismo estatuto.

En la demostración, dice el censor que el artículo 27 del Código Civil establece que “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” y que el artículo 216 del Código Sustantivo del trabajo es claro al determinar que en el evento de existir culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios; previsión que, en su sentir significa que a la víctima o sus causa-habientes les corresponde acreditar de manera suficiente la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio laboral; que en consecuencia la culpa no se presume, por cuento ello sería darle al artículo 216 los mismos efectos que se le han dado al artículo 2354 del Código Civil, tratándose de actividades peligrosas, lo que no es exacto porque, expresa, la responsabilidad del empleador en el accidente de trabajo se sacó precisamente del Código Civil, para darle una regulación propia en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; mientras que la responsabilidad objetiva la asume la administradora de riesgos profesionales, por subrogación del empleador; que la aplicación del artículo 216 determina que la culpa debe ser suficientemente comprobada, por lo que debe ser demostrada, de manera que de acuerdo a dicha norma se requiere que haya culpa, la que conforme al artículo 53 del Código Civil, aceptando que se trata de la culpa leve por aplicación del artículo 1604 de la misma obra, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, es decir la falta de “cuidado y actividad en ejecutar una cosa”; que el tribunal no debió hacer similares los términos que usa el artículo 63 con negligencia, imprudencia, impericia, violación de reglamentos o normas en salud ocupacional; que la culpa no se presume sino que tiene que demostrarla la víctima o los causahabientes, por cuanto que el artículo 216 señala que la culpa que se le endilga al empleador debe ser suficientemente comprobada, lo que exige al demandante verificar o confirmar la culpa que atribuye al empleador, habida consideración que la culpa subjetiva no se presume, sino que debe probarse.

La réplica

Expone que la responsabilidad del empleador se deriva necesariamente del incumplimiento de las obligaciones de darles protección y seguridad a los trabajadores y de suministrarles los medios o condiciones de seguridad necesarias y adecuadas para la prestación del servicio, con la finalidad de precaver accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Obligaciones que, resalta, son impuestas al empleador por el contrato de trabajo y la ley laboral, por lo que el elemento de la culpa debe demostrarse para obtener el resarcimiento de los daños sufridos.

Consideraciones de la Corte

En ningún momento se entendió en la decisión recurrida en casación que la eventual culpa del empleador en el infortunio laboral, a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo, se presume ni, tampoco, que no sea necesario comprobarla suficientemente, como se alega en el ataque. Al referirse el tribunal al tema de la culpa lo hizo desde una perspectiva distinta, concretamente mencionó algunas circunstancias determinantes de la responsabilidad del empleador en el acaecimiento de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, por ser contrarias a la diligencia y cuidado, que le compete. 

Es claro que el juzgador de segundo grado solo quiso enunciar los procederes del empleador que a su juicio eran indicativos de que faltó a la diligencia y cuidado que invariablemente debe asumir para brindar protección y seguridad a sus trabajadores en el desempeño de sus labores, como exigencias que emanan no solo de la “culpa leve”, propia de los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes, sino de las obligaciones que le imponen otras normas legales propias o relacionadas con el derecho del trabajo, como son las de “Procurar a los trabajadores, locales apropiados y elementos adecuados, de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud” (CST, art. 57, num. 2º, en consonancia con el art. 348 del mismo estatuto), las de establecer disposiciones de orden y seguridad (CST, art. 108, num. 10), la adopción de medidas especiales de prevención (D. 1295/94, arts. 58 y 62) y las propias de la salud ocupacional, como las de informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están sometidos, sus efectos y las medidas preventivas correspondientes (D.R. 614/84, art. 24). 

Viene al caso anotar que los procederes del empleador que a su juicio son indicativos de una eventual culpa suya en un accidente de trabajo o enfermedad profesional no solo son los que se indican en la sentencia recurrida y que tampoco puede hacerse una enunciación taxativa de ellos, pues si bien son los esenciales no es dable descartar que se puedan dar otras situaciones igualmente atribuibles a su responsabilidad. Hay que decir también que el señalamiento de unos eventos que usualmente puedan determinar la culpa del empleador en el infortunio laboral no significa que se esté presumiendo su incumplimiento en las obligaciones de diligencia y cuidado que tiene a su cargo por mandato de las normas legales que se ocupan de la materia, a las que antes se hizo alusión, pues solo podrá ser declarada la culpa patronal en la medida que esté acreditado el hecho o hechos que la demuestren suficientemente, conforme lo exige el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Surge de lo expuesto entonces que el sentenciador de segundo grado no se apartó del criterio inveterado de la Sala de acuerdo con el cual quien reclama la indemnización plena y ordinaria de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo debe demostrar suficientemente que el empleador incurrió en culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional que da sustento a tal reclamación. En torno de este tema la Sala reiteró su posición en sentencia de 14 de agosto de 2012, radicación 39446 en la que se indicó, lo siguiente: 

“Es así como, cuando se persigue, se fije en el demandado la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios por culpa en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, debe demostrar el peticionario que el empleador incurrió en culpa en su ocurrencia, para que asuma la totalidad de los perjuicios que produjo este hecho. 

“Sobre este punto, valga aludir a la sentencia de esta Sala del 30 de junio de 2005, radicación 22656, citada por el recurrente, donde se precisó que: 

“Ahora bien, la viabilidad de la pretensión indemnizatoria ordinaria y total de perjuicios, como atrás se dijo, exige el acreditarse no solo la ocurrencia del siniestro o daño por causa del accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino también, la concurrencia en esta clase de infortunio de ‘culpa suficiente comprobada’ del empleador”. 

“Esa ‘culpa suficiente comprobada’ del empleador o, dicho en otros términos, prueba suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al trabajador demandante, en acatamiento de la regla general de la carga de la prueba de que trata el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, a este compete ‘probar el supuesto de hecho’ de la ‘culpa’, causa de la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios laboral, la cual, por ser de naturaleza contractual conmutativa es llamada por la ley ‘culpa leve’ que se predica de quien, como buen padre de familia, debe emplear ‘diligencia o cuidado ordinario o mediano’ en la administración de sus negocios”. 

“De suerte que, la prueba del mero incumplimiento en la ‘diligencia o cuidado ordinario o mediano’ que debe desplegar el empleador en la administración de sus negocios, para estos casos, en la observancia de los deberes de protección y seguridad que debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el infortunio laboral y, por ende, de la responsabilidad de que aquí se habla, en consecuencia, de la obligación de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios irrogados al trabajador”. 

“La abstención en el cumplimiento de la ‘diligencia y cuidado’ debidos en la administración de los negocios propios, en este caso, las relaciones subordinadas de trabajo, constituye la conducta culposa que exige el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para infligir al empleador responsable la indemnización ordinaria y total de perjuicios”. 

“No puede olvidarse, además, que ‘la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo’, tal y como lo pregona el artículo 1604 del Código Civil, por tanto, amén de los demás supuestos, probada en concreto la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, en otras palabras, de diligencia y cuidado, se prueba la obligación de indemnizar al trabajador los perjuicios causados y, por consiguiente, si el empleador pretende cesar en su responsabilidad debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquella, tal y como de manera genérica lo dice el artículo 1757 del Código Civil”. 

El cargo, de acuerdo con lo indicado, no prospera. 

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones de pesos (6’000.0000,00) moneda corriente.  

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 5 de agosto de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del juicio ordinario laboral promovido por Maritza Fitatá Sánchez, obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Ángel Martín y Jeison Stiven Pardo Fitatá contra Administradora Cooperativa Solidaria del Oriente “Coop Sol de Oriente”. 

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. 

Se fijan las agencias en derecho en seis millones de pesos ($ 6.000.000,oo) moneda corriente. 

Por la secretaría, practíquese la liquidación de costas. 

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. 

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.