Sentencia 42582 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42582

SL 700-20134

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 31

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Las objeciones a la demanda que hace la replicante no tienen la entidad suficiente como para no poderse estudiar de fondo los cargos. Si bien es cierto que no se pidió, en sede de instancia, propiamente la confirmación del fallo del a quo, sí se solicitó condena por las súplicas de la demanda, petición que a la postre significa lo mismo, toda vez que la sentencia de primera instancia evidentemente accedió a las pretensiones principales, por tanto se entiende por la Sala que lo que, en el fondo, se pide, en sede de instancia, es la confirmación del fallo de primer grado, pues la parte actora no podía pedir nada distinto, en atención a que la empresa fue la única apelante.

Los cuatro cargos formulados contra la sentencia impugnada se presentaron por la vía indirecta, cuya demostración, en síntesis, apunta a poner en evidencia la supuesta equivocación en que incurrió el ad quem al no observar que la actora desconocía que las certificaciones de supervivencia de sus señores padres que presentó a la empresa eran, según la Notaría 5ª de Barranquilla, falsas, como también que ella no elaboró ni suscribió tales documentos, y que sus padres en realidad estaban vivos según las constancias allegadas con la demanda, lo que condujo, a juicio del recurrente, a la aplicación indebida de las normas que consagraban las tres causales que dio por establecidas el juez de alzada en la sentencia.

Lo anterior, lo deduce la Sala no solo de la parte de las acusaciones contenidas al inicio de cada cargo, sino también de los argumentos presentados en la sustentación de estos, por tanto, tampoco acierta la réplica la objetar la proposición jurídica de los cargos y al afirmar que en el primero de estos no se dijo bajo qué modalidad fue la violación indirecta, pues resulta claro que la censura se refería a la aplicación indebida de las normas denunciadas en los cuatro cargos presentados.

Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala examinar si, efectivamente, el ad quem incurrió, en forma evidente, en las equivocaciones que le enrostra el censor, como también, si de darse tales yerros, estos eran relevantes en la determinación de la justedad del despido.

Al tribunal le bastó constatar que la actora, en la diligencia de descargos (fl. 100), admitió haber presentado a la empresa los certificados de supervivencia de sus señores padres, cuya autenticidad había sido descalificada por la misma Notaría 5ª, para concluir, en primer lugar, que la terminación unilateral de la relación por parte del empleador estuvo justificada en la causal contenida en el numeral 1º del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, pues estimó, con base, únicamente, en dicha premisa, que se daban los dos requisitos de tal precepto, como era el presentar certificados falsos y que el motivo fue el de obtener un “provecho indebido”.

No comparte la Sala el análisis probatorio realizado por el ad quem que llevó al convencimiento de la ocurrencia de la justa causa precitada, porque a las claras se observa que el ad quem, efectivamente, ignoró los supuestos fácticos señalados por la censura, desatino este de relevancia en la suerte de la decisión, puesto que, de haber tomado en cuenta tales premisas, el juez de alzada no habría arribado a la conclusión de que la actora presentó documentos falsos para obtener provecho indebido.

De la lectura integral a la diligencia de descargos de la extrabajadora visible a folios 100, no se podía determinar la responsabilidad de la trabajadora frente a la causal prevista en el numeral 1º del artículo 7º, parte A, del Decreto 2351 de 1965. Antes de describir el contenido de la mencionada prueba, recuerda la Sala el texto de este justo motivo de terminación de la relación laboral previsto por el legislador:

“El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido”.

La trabajadora, el 4 de octubre de 2004, cuando rindió ante el empleador su versión libre y espontánea de lo sucedido con relación a los certificados de supervivencia de sus padres presentados por ella a la empresa con el fin de reclamar el subsidio familiar en dinero a cargo de Compensar, manifestó que recibía el citado beneficio por sus dos padres, quienes estaban y residían en Ibagué; al preguntársele, desde cuándo vivían en Ibagué, ella respondió “Yo los tengo un temporada por seis meses y otros seis meses están allá con mis hermanos, ellos ya tienen ratico se fueron como en el mes de marzo de este año”, precisó que desde el 28 de marzo de 2004 se habían ido de Barranquilla; que, en esta ciudad, ellos vivían con ella y una jovencita de nombre Hilda Cano que iba los medios días a cuidarlos; que esta persona los había llevado a la notaría y que le había dicho que “... una señora en la puerta la cogió y le dijo que él (sic) se los sacaba rápido”. Que ella le había pedido que los llevara a la Notaría 3ª o a la 4ª, que no se había percatado de mirar de qué notaría era el documento que había entregado a la empresa, y que tampoco le preguntó a esta joven a cuál notaría los había llevado; en otra respuesta, reiteró “yo le pedí el favor a una jovencita que me los cuidaba... que me los llevara, y ella dijo que un señor le había dicho que le diera $ 10.000 y él se los sacaba rapidito, yo pensé que lo había hecho bien”; y manifestó “yo me enteré ahora último que no me llegó el subsidio y fui a averiguar y me dijeron que lo habían suspendido por que los documentos de la notaría estaban falsos”. A la pregunta de la empresa de cuánto había pagado “por el certificado falso que recibió y presentó a la caja de compensación”, ella respondió “Diez mil pesos le pagó la señorita que los llevó”, y terminó diciendo que ella sí sabía que era falta grave el presentar documentos falsificados para obtener un beneficio personal.

Ciertamente, como lo dice el censor, la actora admitió haber presentado los certificados de supervivencia de sus padres que, según la Notaría 5ª, eran falsos, pero también fue coherente en su versión sobre que ella no sabía que lo eran al momento de presentarlos, que no los revisó y no supo de qué notaría eran, además que sus padres asistieron a esa oficina acompañados de una persona y que ella había pensado que lo habían hecho bien. Por tanto, de la citada prueba solo se puede decir que la actora confesó haberlos presentado para obtener el subsidio familiar, más no que hubiese aceptado responsabilidad alguna en su obtención o elaboración, o por haberlos allegado a la empresa a sabiendas de su falsedad.

Por otra parte, no puede pasar por alto la Sala, al realizar el examen de la citada prueba, que todo indica que el empleador no dudó en momento alguno sobre la supervivencia de los padres, como para que pudiera predicar haber sido engañado, independientemente de que el certificado presentado por la actora, según el reporte de la caja de compensación, resultó ser falso.

Ahora bien, de la comunicación de Combarranquilla dirigida a la empresa para informar que la Notaría 5ª había desconocido la autenticidad del certificado de supervivencia de los padres de la actora, de folios 96 y 96, cuya valoración igualmente es objeto de glosa por el recurrente, tampoco se desprende responsabilidad alguna de parte de la actora frente a lo sucedido, pues de su texto se infiere claramente que fueron varios los casos de falsedad presentados, y, en el anexo consistente en la carta proveniente de la Notaria 5ª, folio 95, en el último párrafo se lee:

“Con el fin de erradicar la gestión de personas inescrupulosas quienes están causando grave dañado (sic) a la comunidad, pueden ustedes dirigirse a los servicios del CTI, señores... quien atenderán de forma inmediata la solicitud”.

Lo anterior le indica a la Sala, sin duda, que la notaría ni siquiera estaba achancando alguna responsabilidad a la actora ni a los beneficiados con los certificados; por el contrario, estaba informando a dónde se podía acudir para efectos de presentar la denuncia respectiva y así se pudiera erradicar esas prácticas inescrupulosas que perjudicaban a la comunidad, y entre esta bien podía incluirse a la demandante y a sus progenitores.

De tal manera que el ad quem sí se equivocó al inferir un engaño supuestamente sufrido por el empleador, con las documentales acabadas de examinar y el acta de descargos, en tanto ni siquiera el tribunal se detuvo a examinar que lo que la actora pretendía, con las constancias de notaría puestas en entre dicho, era demostrar la supervivencia de sus progenitores, hecho este que ni siquiera ha sido puesto en duda por el empleador en momento alguno; por el contrario, de la misma forma como este preguntó a la trabajadora en la diligencia de descargos se puede afirmar, con seguridad, por esta Sala, que él era sabedor que ellos vivían; por tanto, no se podía considerar que el empleador fue llamado a engaño por la actora y menos acusarla de haber recibido indebidamente el subsidio familiar por sus progenitores, con ocasión de haber resultado falsos los certificados de supervivencia, pues estas constancias eran apenas una prueba de vida de las personas que causaban el derecho al subsidio, condición que, al menos, para la empresa estaba claro que si se daba, conforme a lo acabado de decir.

Por tanto, realmente no hubo engaño de parte de la trabajadora frente a su empleador, máxime que, para la fecha de la certificación los progenitores de la actora, ellos estaban vivos, pues los certificados allegados con la demanda despejan cualquier duda que pudiera existir al respecto.

De lo anterior se sigue que el ad quem se equivocó al considerar que la actora cometió un “hecho delictuoso” al presentar los certificados falsos, pues, de acuerdo con lo atrás establecido, no hay prueba siquiera de que ella supiera que estaba haciendo uso de un documento falso, dado que la actora dijo expresamente que no sabía y no hay contra evidencia en el plenario al respecto.

Independientemente de que las firmas de los comparecientes que aparecen en los certificados desconocidos por la Notaría Quinta sean muy similares entre sí, y que, a su vez, estas disten mucho de las que aparecen en las constancias allegadas con la demanda de la Notaría de Ibagué, visibles a folios 14 y 15, como lo alega la demandada hasta ahora en la réplica, en gracia de discusión de que esto fuera cierto, no necesariamente ello indica que la actora era consciente de que los certificados presentados eran falsos, pues era bien posible, como ella lo dijo en la diligencia de descargos de fecha 5 de octubre de 2004, que no los hubiere examinado antes de presentarlos, y que había creído que estaban bien, lo cual era de suponer que así era, si, según su dicho no infirmado por otro medio probatorio, sus padres habían comparecido a la notaría para surtir la diligencia de presentación respectiva; certificados estos que, dicho sea de paso, fueron solicitados el 14 de febrero de 2004, cuando, según lo dicho por la extrabajadora, ellos estaban en Barranquilla, y los segundos son de fecha 6 de octubre de 2004, es decir al día siguiente de la diligencia de descargos.

Tampoco se podía concluir, de acuerdo con todo lo antes anotado, como lo hizo el ad quem, que la actora trasgredió la primera obligación que tiene los celebrantes del contrato de trabajo, referente a la de actuar de buena fe.

Comprobado por la Sala que el juez colegiado efectivamente incurrió en los yerros evidentes señalados por el recurrente, el sustento del fallo impugnado se derrumba, no quedando otra alternativa para la Sala que casar la sentencia.

En sede de instancia, la Sala encuentra que la parte demandada alegó al sustentar la apelación que lo que “realmente determina la desvinculación de la trabajadora no fue la propia elaboración del falso documento señalándola como copartícipe, sino el haber hecho presentación del mismo, que es otra cosa totalmente distinta... Además es evidente que la trabajadora conoció la irregular procedencia de esa pieza porque su trámite no tuvo lugar en el mismo despacho notarial como así lo exige la ley sino fuera de él, circunstancia en la que aflora el engaño pues debió advertir que se trataba de un requisito indispensable sin el cual no puede accederse al derecho que se reclama, lo cual configura necesariamente el advenimiento del provecho indebido. Y es que en resumen, al resultar falso el certificado como único medio de prueba, no quedó en últimas demostrada la supervivencia de sus signatarios, dado que es inadmisible concluir que quedarían comprobada sus vidas, sin importar que se acreditaran aún con la presentación de documentos falsos”. Negrillas de esta sentencia.

De acuerdo con esta parte del sustento de la apelación, la empresa funda el engaño en el solo hecho de que el certificado fue catalogado de falso por la notaría, pero se olvida que el tema de prueba de dicho certificado era la supervivencia de los padres, verdad de Perogrullo, así como también que, en el caso del sub lite, la condición para tener derecho al subsidio era la supervivencia de los progenitores, más no la certificación en sí misma que no era más que un medio de prueba, por tanto, en este caso, el certificado falso bien se había podido remplazar por cualquier medio probatorio que acreditar la vida de los progenitores de la trabajadora.

En cuanto al cumplimiento de la condición mencionada para efectos de tener derecho al subsidio familiar, observa la Sala que esta no fue tema de controversia en el proceso, pues en la contestación a los hechos octavo y noveno, folio 29, la propia demandada aclaró que la determinación del despido no se había fundado en el hecho de que los señores padres de la demandante se encontraron o no vivos, sino, básicamente, en haber esta presentado documentación falsa a la empresa, lo cual, calificó de engaño, acto inmoral y violación a las obligaciones y prohibiciones establecidos en la ley y en los reglamentos impuestos por la empresa; y agregó que el móvil de la falsedad documental en el presente caso no descansaba en el hecho mismo de las supervivencias, sino en la “confesión manifestada en los descargos cuando la propia actora respondió que sus padres no residen en Barranquilla en momentos en que se expedían dichas certificaciones”.

Entonces, si lo que dio pie a la demandada para ponerle fin a la relación laboral, por considerar que la actora incurrió en una conducta sumamente grave por haberla supuestamente engañado, fue la presentación por parte de la trabajadora, a sabiendas de la situación, de un documento catalogado de falso por la Notaría Quinta de Barranquilla, en razón a que sus padres no estaban domiciliados en esa ciudad, independientemente de que sus progenitores sí vivían, la defensa de la empresa parte de un supuesto inexistente en el proceso, como es el de considerar que la actora, en la diligencia de descargos, confesó que, para el momento de lo sucedido, sus progenitores no estaban en Barranquilla. A falta de confesión de la extrabajadora sobre ese hecho puntual, la demandada debió probar que los padres de la actora no se encontraban en Barranquilla para el momento de la diligencia de presentación ante la notaría, o que los certificados fueron obtenidos por la actora fuera de la notaría, como lo sostiene en la apelación; así que el supuesto conocimiento de la actora de la falsedad de los documentos, lo que para la empresa dio lugar a la justa causa, solo está basado en afirmaciones infundadas de la parte.

Para reforzar la anterior conclusión de la Sala, basta remitirse a lo atrás dicho, en sede de casación, en especial a lo relacionado con el contenido del acta de descargos, donde la actora dijo que sus padres estuvieron en Barranquilla hasta el 28 de marzo de 2004, es decir que, contrario a lo aseverado por la empresa, la actora no admitió que sus padres se encontraban fuera de Barranquilla para el momento de las certificaciones (feb. 14/2004); de tal manera que no hubo la tal confesión que invoca la empresa a su favor.

Por tanto, la acusación del empleador sobre que la actora sí conocía el estado de falsedad de las certificaciones quedó huérfano de prueba dentro del plenario. Así pues, si no se acreditó siquiera que la actora sabía que las constancias de supervivencia de sus padres eran falsas, no es razonable deducir, conforme a la sana crítica, que ella engañó a la empresa.

Según el Diccionario de la Real Academia, la acción engañar significa “Inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”, lo cual implica que solo quien es sabedor de cuál es la realidad, puede cometer engaño, situación que respecto de la actora, conforme a las probanzas del plenario, no quedó plenamente demostrada, carga probatoria que le correspondía a la demandada.

Por demás, sirve precisar en esta oportunidad, que esta Corte ha considerado que de “... la sola configuración de un engaño, sin duda censurable, no puede deducirse su gravedad sin estimar las circunstancias en que este se realiza”(1), es decir que, de todas maneras, para la configuración de la justa causa del numeral 1º, de la parte a) del artículo 62 del SCT(sic), modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1956, se requiere que el engaño se dé para la obtención de un provecho indebido, lo cual en el presente caso, evidentemente, tampoco se daba.

En este orden de ideas se concluye por esta Sala que la razón no está de lado de la empresa cuando insiste en que la actora incurrió en las justas causas que le achacó al momento de retirarla. Pues no se probó el engaño de la demandante, y, en todo caso, al ser una verdad de Perogrullo la supervivencia de los padres, al menos para la fecha de los hechos, no se podía predicar, como motivo de despido, que la actora obtuvo un provecho indebido mediante engaño. Tampoco, invocar, con este mismo propósito, la comisión de un acto inmoral, ni el incumplimiento del deber de actuar de buena fe en la ejecución del contrato de trabajo.

Por las razones expuestas y al no haber más inconformidades de la demandada expuestas en la apelación de cara a la sentencia del a quo, se confirmará la decisión impugnada.

Sin costas en el trámite de casación dado que prosperó el recurso. Las de segunda instancia, a cargo de la parte vencida, la demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Su­prema de Justi­cia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 16 de julio de 2009 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro del proceso seguido por BEATRIZ ANGARITA TORRES contra la empresa SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.

En sede de instancia, se CONFIRMA la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, de fecha 1º de junio de 2007.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Sentencia Sala Laboral, Corte Suprema de Justicia, radicado 33596 de 2008.