SENTENCIA 4260 DE MAYO 6 DE 1992

 

•Sentencia 4260 de mayo 6 de 1992

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN SEGUNDA

REVOCACIÓN DIRECTA

DE ACTOS CONSEGUIDOS POR MEDIOS ILEGALES

EXTRACTOS: «La figura de la revocatoria directa fue consagrada expresamente en nuestra legislación desde el año de 1959. Es así como el Decreto 2733 de ese mismo año dispuso en su artículo 21 que los actos administrativos deberían ser revocados por los mismos funcionarios que los hubieran proferido, cuando se configurara alguna de las causales allí enumeradas, a saber:

a) Cuando sea manifiesta su oposición con la Constitución o la ley;

b) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, y

c) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Sin embargo, a este deber de revocar se puso un límite consistente en la imposibilidad de hacerlo, cuando el acto administrativo hubiere creado una situación jurídica individual o reconocido un derecho de igual categoría; caso en el cual no podía revocarse sin el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho.

El Código Contencioso Administrativo adoptado por el Decreto 1º de 1984 mantuvo la figura regulándola en idénticos términos en cuanto al deber de revocar y en cuanto a las causales para ello, según el artículo 69.

También en el artículo 73 mantuvo la prohibición de revocar sin el consentimiento expreso escrito del titular, los actos administrativos que hubieren creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría.

Pero en el inciso 2º de este artículo consagró dos excepciones al principio anterior, no contempladas en el Decreto 2733 de 1959.

El citado inciso reza:

“Pero habrá lugar a la revocación de esos actos cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales”.

Esta norma ha dado lugar a diversas interpretaciones, pero indudablemente introdujo una modificación en cuanto a la limitación para revocar directamente actos administrativos de carácter particular o subjetivo que hubieren creado derechos individuales.

Es necesario entonces, analizarla cuidadosamente a fin de dilucidar si hace referencia únicamente a los actos resultantes del silencio administrativo positivo, o si se extiende la autorización para revocar directamente, sin el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho otros actos administrativos, cuando su expedición se hubiere conseguido por medios ilegales.

Tanto el artículo 24 del Decreto 2733 de 1959, como el inciso 1º del 73 del Código Contencioso Administrativo, tienen por finalidad, garantizar la protección de los derechos individuales y la firmeza de las situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, para que no puedan ser revocados ni los unos ni las otras, en forma unilateral por la administración.

Sin embargo, no debe olvidarse que los derechos individuales según nuestra Constitución, merecen protección en tanto hubieren sido adquiridos conforme a las leyes, es decir, con justo título; y que el interés público prima sobre el interés particular. Dicho en otros términos, sólo los derechos adquiridos con arreglo a las leyes merecen protección; así lo establecía la Constitución de 1886 en su artículo 30 y también lo consagra la de 1991 en el artículo 58.

De manera pues, que si para lograr la expedición de un acto administrativo que reconoce un derecho individual se ha hecho uso de medios ilegales, el derecho no es digno de protección y en ese caso opera el mandato contenido en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores...” porque indudablemente se da la primera de las causales que dan lugar a la revocatoria directa. A juicio de la Sala, esta interpretación consulta los principios constitucionales y además constituye una especie de sanción para quienes recurren a medios ilegales para obtener derechos(*).

Obviamente sólo en el caso de los actos provenientes del silencio administrativo positivo, cuando se dan las causales contempladas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo y cuando el titular del derecho se ha valido de medios ilegales para obtener el acto, puede revocarse directamente sin su consentimiento expreso y escrito; no cabe este proceder, cuando la administración simplemente ha incurrido en error de hecho o de derecho, sin que tenga en ello participación el titular del derecho. En ese caso, estará obligada a demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo».

(Sentencia de mayo 6 de 1992. Expediente 4260. Magistrada Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

(*) Véase la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, publicada en J. y D., tomo XX, pág. 778. (N. del D.)

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