Sentencia 42646 de julio 10 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 42646

Acta 24

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

En esta litis lo que pretende el demandante es demostrar que no existió relación de causalidad inmediata entre la fecha de la presunta falta y la data del despido; que no admitió responsabilidad “de no haber escaneado la tarjeta de firmas de la cuenta 7043-700138-4 de Salucoop (…)” (fl. 99); y que tiene derecho al reconocimiento y pago de unas horas extras.

El fundamento de la decisión absolutoria del tribunal consistió en que la sanción impuesta fue oportuna por parte de la “pasiva y no como lo pretende demostrar el recurrente de no haber sido aplicada con la inmediatez, por lo que por ese medio de defensa, subsiste la sanción del despido” (fl. 359); que no encontraba reparo alguno en lo afirmado por la a quo en el sentido de no estar demostrada la jornada suplementaria que dice el actor haber laborado durante su relación laboral.

Ahora, el cargo presenta protuberantes errores de técnica que obligan a su desestimación y que, dada la naturaleza dispositiva y rigurosa del recurso no pueden ser corregidos de oficio por esta corporación, deficiencias que se procede a destacar a continuación:

El ataque por la vía indirecta debe formularse con abstracción de cualquier debate de carácter jurídico, y en el cargo se incluyen temas de derecho, como, cuando se refiere a los siguientes puntos:

“ya que la documental de folio 40, 41, 69 y 70 (…) y tampoco se demostró en qué circunstancias de tiempo(sic) modo y lugar fue tomada, en presencia de quien y si corresponde o no al demandante, máxime que dentro del proceso no fue reconocida por él (…)” (fl. 12).

“(…) sabido es que como dijo el profesor Couture, lo que no está demostrado no existe. Por lo demás, ha postulado la honorable Corte, si la demandada alega hechos, debe probarlos, de acuerdo a la máxima reus excipiando fic (…)” (fl. 12).

“(…) al apreciar el informe 23 de 2001 de folios 61 a 68 (…) se trata de un documento apócrifo, vale decir que no se tiene certeza de su autor (…)” (fl. 13).

“(…) la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia, ha reiterado infatigablemente que en los procesos, nadie puede sin quebrantar la ley, fabricar sus propias pruebas, lo que es apenas natural y obvio, pues que tal el demandante llevando sus propios informes de seguridad, su “dictamen” y documentos por el suscritos. Verdad que sin ningún esfuerzo del intelecto, repugna a la razón jurídica?

Para corroborar mi aserto y sin entrar en disquisiciones innecesarias, me remito al sabio e indiscutible criterio de la rectora de la jurisprudencia, contenido en sentencia del 6 de junio de 2005, según el cual: (…)” (fl. 13).

“(…) procede entonces la indemnización por falta de pago, figura creada en favor del trabajador, “que al terminar su relación laboral no ve satisfecha la obligación de su empleador de pagar los salarios y prestaciones, la que además conlleva una presunción legal de mala fe en contra de éste, es decir, que la carga de probar un actuar de buena fe para eximirse de su pago, recae exclusivamente en el empleador” (fls. 16 a 17).

La jurisprudencia reiterada de esta Sala ha resaltado la exclusión entre la vía directa e indirecta, por cuanto, mientras en la primera se tratan asuntos de puro derecho atinentes a la interpretación y aplicación o no de las normas jurídicas, en la segunda, se analizan los presupuestos fácticos del fallo. Por ello, si se encamina la acusación por la vía directa, la censura debe estar de acuerdo con la valoración que de los hechos realizó el tribunal y, a su vez, si plantea aquélla por el sendero indirecto, debe demostrar el error notorio y manifiesto en la apreciación de los medios probatorios calificados, dejando de lado las disquisiciones netamente jurídicas. Si se mezclan ambas vías, termina convirtiéndose la acusación en un alegato de instancia, inadecuado para la finalidad del recurso extraordinario de casación.

Además, en lo atinente a la idoneidad de la prueba, valga remembrar, lo sostenido por esta Sala, en el sentido de que cuando se está debatiendo lo atinente a la aducción, aportación, validez y decreto de pruebas, la senda adecuada para orientar el ataque es la directa, porque frente a lo anterior no se trata de establecer errores de valoración probatoria sino la violación de los preceptos legales que gobiernan esas situaciones procesales, tal como se dejó sentado entre otros pronunciamientos, en casación del 7 de febrero de 2001 radicación 15438, reiterada en sentencia del 8 de julio de 2009, radicado 35784 y, recientemente, en la sentencia del 31 de enero de 2012, radicación 42005, donde se sostuvo “si la vía directa supone la total conformidad del recurrente con los supuestos de hecho que halló probados el tribunal, especialmente, en torno al contenido del documento “Formulario para visita familiar”, visible a folio 92, la crítica sobre la calificación jurídica del medio que le otorgó el juez de apelaciones, independiente de su contenido, no fue encauzada por la senda de puro derecho o jurídica (…)”.

También, se equivoca el censor al señalar que, el tribunal apreció equivocadamente la versión libre del actor contenida a folios 69 a 70, por cuanto dicha foliatura corresponde a una versión de Nancy Judith Cendales Melo, la cual no fue objeto de estudio por parte del juez colegiado.

Del mismo modo, no le asiste razón al censor al enlistar algunos medios probatorios como no apreciados, atinentes a las horas extras, ya que si bien es cierto el juez colegiado no relacionó las pruebas al desatar dicho punto, advierte la corporación que, al indicar “la Sala no encuentra reparo alguno en lo afirmado por el a quo en el sentido de no estar demostrada la jornada suplementaria que dice el actor haber laborado durante su relación laboral, lo que lleva al traste esta pretensión (…)” (fl. 360), hizo suyos los razonamientos de la a quo, quien al pronunciarse sobre el trabajo suplementario analizó la contestación de la demanda, el interrogatorio de parte absuelto por la parte demandada, y los documentos provenientes de la demandada obrantes a folios 289 a 311.

Planteadas así las cosas, no es dable, entonces, al recurrente, alegar ausencia de valoración probatoria alguna, sino su errada estimación, con la obvia adecuación argumentativa al respecto.

A su vez, observa la Sala, que las pruebas que guardan relación con las horas extras reclamadas, fueron denunciadas como no apreciadas, sin embargo, en un aparte del desarrollo de la acusación al referirse al trabajo suplementario indican “Lo antedicho, es prueba irrefutable de los desatinos facticos, protuberantes y evidentes en que incurrió el ad quem, merced a la errónea apreciación probatoria (…)” (fl. 16), incurriendo en un flagrante contrasentido, pues, no resulta procedente ni lógico que se denuncie a la vez o simultáneamente la equivocada apreciación y la falta de valoración de un mismo medio de convicción.

En lo que tiene que ver con la relación de horas extras, presentada por el demandante, lo que sucedió fue que el juzgador determinó que no constituía medio de prueba para demostrar el trabajo suplementario, “no solo por ser desconocidas para la parte demandante, sino por carecer totalmente de las formalidades exigidas en los Reglamentos(sic) internos de trabajo de la entidad demandada” (fl. 319), es decir, no le dio validez, aspecto de orden jurídico que debió atacarse por la vía directa.

De otro lado, entre los pilares fundamentales de la sentencia de primer grado, acogidos por el tribunal, se observan “teniendo determinadas las horas extras a pagar encuentra el despacho que su pago se encuentra acreditado en las planillas de nominas(sic) (fls. 197 a 276), (…)” y “Por las razones expuestas se acude a los reglamentos internos de trabajo y allegados al proceso (…) De las normas transcritas se concluye que para el reconocimiento y pago de las horas extras, la entidad demandada, exige el cumplimiento de los procedimientos señalados en las mismas, que no es otro que la autorización del empleador a sus trabajadores y pago” (fl. 319).

Al respecto, es pertinente agregar, que el recurrente dejó libre de ataque, las anteriores inferencias, así como las planillas de nóminas y los reglamentos internos de trabajo, medios probatorios que sirvieron de soporte a las precitadas conclusiones.

Así las cosas, realmente la censura no cuestionó la totalidad de las conclusiones esenciales y pruebas en que se fundó la sentencia de segundo grado, y como lo ha sostenido esta corporación en múltiples ocasiones, se constituyen en exiguas las acusaciones parciales, así se tenga razón en la crítica, porque los razonamientos inatacados mantienen incólume lo resuelto por el ad quem, conservando tal decisión judicial la presunción de legalidad que la caracteriza.

No obstante, al margen de las deficiencias técnicas de que adolece el cargo, éste no tendría vocación de prosperar por lo siguiente:

Sobre el tema del despido, del análisis objetivo de la carta de terminación del vinculo laboral, encontraría la Sala que, el tribunal no la apreció erróneamente, pues allí se consigna la causa por la cual se dio por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador, que fue lo que de ella concluyó el juzgador y no otra cosa, situación diferente es que hubiese considerado que los medios probatorios daban certeza sobre la ocurrencia de los hechos allí descritos, entre otros, la versión libre del actor y el informe 23 de 2001, probanzas cuya validez se está cuestionando en casación, ataque formulado inadecuadamente tal como se explicó en precedencia.

Sin embargo, desde el punto de vista fáctico, observa la Sala, que en la versión libre del actor obrante a folios 40 a 41, se lee lo siguiente:

“— Se reciben tarjetas para el escáner de firmas a diario las cuales se incluyen en el sistema ya sea por ser de cuentas nuevas o modificaciones a las cuales se les verifica incluye la cuenta

Se verifican las firmas a incluir o cambiar

Se dejo(sic) de ingresar al sistema una tarjeta

(…).

— Sírvase decir (…) que explicación tiene el hecho de que la tarjeta de firma 7043701384 no aparezca escaneada el 30 de enero como lo indica la bitácora y el listado

— Transpapelarse tarjeta

— La no continuidad en el momento de escanear.

— Sírvase decir quién era el responsable de escanear las tarjetas de firmas el día 30 del 2001

— Alberto Gamboa

(…).

— Sírvase decir si usted reconoce la responsabilidad administrativa por la omisión que se evidencia al no aparecer (…) modificada el día 30 de enero de 2001 las firmas de la cuenta 7043701384?

(…).

— Que es responsabilidad mía como encargado del scanner

— (…)

— Que se incurre en una falta al no concluir la labor de Scanner, asignada

— Sírvase decir si usted sabe las consecuencias que puede generar la omisión cometida por usted de no haber modificado las firmas 7043701384 el día 30 de enero

— Que se pagen(sic) cheques que no correspondan a las condiciones para el pago”.

Luego, entonces, de las afirmaciones del trabajador contenidas en la versión libre, sería posible colegir que el demandante incurrió en la falta que se le endilga en la carta de despido y a la cual se alude en el informe precitado, consistente en que omitió el procedimiento de escanear la tarjeta que contenía las firmas de la cuenta # 7043-700138-4.

En ese orden, advertiría la Sala, que el ad quem no incurrió en la apreciación errónea de la antecitada prueba, al menos de manera evidente como se requiere en casación.

De otra parte, el recurrente le reprocha al tribunal que no existió relación de causalidad inmediata entre la presunta falta cometida y el despido.

Al respecto, en el ataque se argumentó “pues la demandada no realizó investigación alguna, distinta a una versión libre del Actor, tomada el 16 de febrero de 2007 (fls. 40 a 41 y 69 a 70) y si el despido se produjo hasta el 9 de marzo de 2001 (fls. 4 y 5), significa que transcurrieron 23 días más, adicionales a los contabilizados desde el 30 de enero de 2001, fecha en que acaeció la artificial falta enrostrada al actor en la carta de despido (…)” (fl. 11).

Sobre la alegada falta de inmediatez, debe recordarse que lo que ha advertido la jurisprudencia de la Sala, es que la ley no exige que el despido sea inmediato o simultáneo con el hecho que da lugar al mismo, sino que debe darse dentro de un tiempo razonable tal, que no quede duda de que el motivo del rompimiento es el alegado. Debe pues aparecer claro el nexo causal entre la terminación y el hecho que la genera, de manera que no es cualquier dilación la que puede ser alegada, sino aquella injustificada y evidentemente tardía, pues no debe desconocerse que en la mayoría de los casos deben ser verificados los hechos y aún calificados por el empleador, lo que exige el adelantamiento de trámites y diligencias, muchas veces complicados y, en ocasiones, sujetos a trámites convencionales engorrosos.

En efecto en el sub lite se observa que los hechos endilgados al accionante, que según la demandada constituían graves negligencias y omisiones a los procedimientos establecidos por la entidad, ocurrieron el 30 de enero de 2001, posteriormente el 16 de febrero de la misma anualidad el demandante rindió versión libre sobre las irregularidades que le atribuían en el desempeño de sus funciones, así mismo, se encuentra el informe 23 del 26 de febrero de 2001, dirigido al director departamento de recursos humanos, donde se dijo “(…) dejar a su consideración el resultado de las indagaciones originadas por el asunto de la referencia (…)” (fl. 61), esto es, fraude cuenta 7043701384, entidad promotora de salud Saludcoop, oficina Iserra 100, en el cual también se indica:

“(…) se recepcionó versión a los funcionarios del centro de operaciones (…) ya que si observamos que los cheques del fraude fueron cobrados durante los días 1, 2 y 5 de febrero, lo que no se habría materializado, si en el escáner se hubiese actualizado la firma, el 30 de enero de 2001.

Funcionarios involucrados

Luis Alberto Gamboa Cifuentes, quien con su conducta omisiva, no actualizo(sic) en el escáner, las firmas que llegaron para ser actualizadas, su conducta en el momento no se puede calificar como dolosa, pero si genera evidentemente una responsabilidad administrativa, por cuanto se infringió el reglamento interno de trabajo en su artículo 57 numeral 14.

Recomendaciones

(…).

2. Que el comité de personal evalúe la medida de carácter administrativo que ha de imponer al funcionario Luis Alberto Gamboa Cifuentes, por la omisión que cometió. (…)” (fls. 62 a 65).

Advierte la Sala, que en el asunto bajo examen era necesario recaudar la información, y oír las explicaciones del trabajador, lo que hizo la demandada, como se desprende del hecho de haber pedido, el 16 de febrero de 2001, la versión libre del accionante sobre algunos hechos que le imputó para la terminación de su contrato de trabajo.

En tal virtud y de acuerdo con el anterior itinerario, no resultaría descabellado lo concluido por el tribunal, en el sentido de que “la sanción impuesta fue oportuna por parte de la pasiva, y no como lo pretende demostrar el recurrente de no haber sido aplicada con la inmediatez, por lo que por ese medio de defensa, subsiste la sanción del despido” (fl. 359), pues la situación presentada ameritaba esclarecer la responsabilidad del trabajador, a través de la averiguación correspondiente y recolección de la documental pertinente, cuya investigación y pasos que se siguieron se muestran moderados.

Frente al tema del trabajo suplementario, encontraría la Sala que, la relación de horas extras no tiene la suficiente vocación de acreditar, por sí sola, que el actor laboró determinadas horas extras, en la cantidad allí establecida y, en segundo término, que no se puede soslayar lo que antaño ha sostenido esta corporación en torno a que a ninguna de las partes le es dable producir sus propias pruebas, es decir, que la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio.

De no ser así la sola afirmación del demandante de haber laborado un número determinado de horas extras, bastaría para vincular al juez laboral para fallar en su favor, que es lo que en últimas pretende el actor en su discurso.

En cuanto al hecho cuarto del libelo demandatorio “El último salario promedio mensual que la demandada le reconoció al actor, fue la suma de $ 1.054.029, m/cte., sin tener en cuenta las horas extras laboradas durante la vigencia de la relación laboral” (fl. 20), la respuesta de la demandada en la contestación fue “No es cierto. El último salario básico del demandante fue la suma de quinientos noventa y un mil pesos ($ 591.000), tal como se puede demostrar con la liquidación final de prestaciones sociales y los comprobantes de pago de nómina. Dado que las horas extras eran variables, el salario del demandante también sufría modificaciones de mes a mes” (fl. 92).

Respecto de la contestación al hecho 4º de la demanda inicial y de la cual la censura cree encontrar una confesión, se advertiría que en dicha pieza procesal, el banco demandado no acepta el hecho y expresa en términos generales que “las horas extras eran variables, el salario del demandante también sufría modificaciones de mes a mes” (fl. 92), manifestación que jamás puede considerarse una confesión en los términos del artículo 195 del Código Sustantivo del Trabajo, además que de la misma tampoco se puede deducir si el demandante laboró las horas extras deprecadas, de manera que por este lado no habría error alguno manifiesto por parte del sentenciador.

En el interrogatorio de parte absuelto por la representante de la demandada, las respuestas 5, 6 y 7, fueron del siguiente tenor:

“QUINTA PREGUNTA: CONTESTO(sic): No es cierto y aclaro, el último salario básico devengado por el demandante de acuerdo con la liquidación de prestaciones sociales aportada con la demanda fue de $ 591.000.oo, suma que adicionada al recargo nocturno y eventualmente a horas extras laboradas arrojó un salario base de liquidación de $ 845.864.67 m/cte.

SEXTA PREGUNTA: CONTESTO(sic): No es cierto y reitero lo dicho en el punto anterior respecto de la inclusión del recargo nocturno y las horas extras eventualmente laboradas.

SÉPTIMA PREGUNTA: CONTESTO(sic): No es cierto en la forma como se encuentra efectuada la pregunta, pues no se descarta que eventualmente hubiera laborado alguna hora extra, lo cual sin embargo le fue pagada por la empresa si fue reportada en la manera como lo establece el reglamento interno de trabajo” (fl. 128).

Para la Sala, del precitado interrogatorio, no sería factible deducir confesión en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil por cuanto lo que allí se advierte es que la accionada, acepta que eventualmente el demandante hubiese laborado horas extras, pero de ningún modo reconoce que hubiese laborado las horas extras reclamadas ni que le adeude suma alguna por dicho concepto.

No debe olvidarse, que la diligencia de interrogatorio no constituye, en sí misma, una prueba calificada en la casación laboral, cuya falta de apreciación o mala apreciación permita estructurar autónomamente un desacierto con las características propias del error de hecho manifiesto. La prueba que tiene idoneidad para ello, es la confesión que eventualmente surja de dicha diligencia, lo cual no acaeció en este caso.

No sobra recordar, que la confesión debe versar sobre hechos personales que favorezcan a la contraparte o que perjudiquen a su declarante, características que resplandecen precisamente por su ausencia en la probanza bajo examen.

Finalmente, al no resultar acreditado el despido injusto ni que al demandante se le adeudan horas extras, tampoco tiene asidero la argumentación y denuncia de pruebas, tendientes a demostrar la mala fe de la demandada en el sub lite, por lo que la Sala se abstiene de su análisis.

Sin que sean necesarias otras consideraciones, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000), moneda legal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de marzo de 2009, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del juicio ordinario laboral seguido por Luis Alberto Gamboa Cifuentes contra el Banco de Crédito y Desarrollo Social “Megabanco S.A.”.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»