Sentencia 42666 de noviembre 4 de 2009  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42666

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «La Corte decide el recurso de anulación interpuesto por el municipio de El Santuario contra el laudo arbitral del 5 de octubre de 2009, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el ente territorial recurrente y el sindicato de trabajadores oficiales y empleados públicos de los municipios del departamento de Antioquia, "Sintraofan".

(…)

El respectivo laudo arbitral fue dictado el 5 de octubre de 2009, en lo que interesa al recurso, en los siguientes términos:

"ART. 7º¾Aumento salarial. A partir de la vigencia del laudo, el municipio de Santuario, Antioquia, incrementará los salarios de los trabajadores de la siguiente manera:

a) Para la primera vigencia, es decir, la comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre del año 2008, el incremento será de 2 puntos porcentuales por encima de lo incrementado por el Gobierno Nacional sobre el salario mínimo legal mensual en el país para el sector privado.

b) Para la segunda vigencia, es decir, la comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, el incremento será de 2 puntos porcentuales por encima de lo incrementado por el Gobierno Nacional sobre el salario mínimo legal mensual en el país para el sector privado.

PAR.¾Cuando por alguna circunstancia los trabajadores decidan no hacer presentación de pliego de peticiones, debiendo hacerlo, el municipio del Santuario, se compromete a incrementar el salario devengado en ese momento en el equivalente al incremento sobre el salario mínimo legal mensual en el país decretado por el Gobierno Nacional para el sector privado".

(…)

IV. Se considera

1. Sobre los aumentos de salario.

Como primera medida debe advertir la Sala que de conformidad con el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma aplicable para los conflictos colectivos laborales económicos o de intereses, los árbitros deben decidir sobre los puntos respecto de los cuales no se hubiera producido acuerdo entre las partes en la etapa de la negociación directa y su fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o las convenciones colectivas de trabajo vigentes.

Dentro de tales parámetros, no puede haber objeto ilícito cuando los árbitros, en principio, disponen un aumento salarial por encima del IPC, pues esa es precisamente una de las facultades que pueden ejercer cuando la solución del conflicto llegue a sus manos, en tanto a través del mecanismo de la negociación colectiva los trabajadores pueden mejorar sus condiciones de trabajo, entre las cuales, obviamente, se entienden comprendidas las aspiraciones salariales.

En torno a dicho punto en concreto, también vale la pena recordar que el fundamento esencial de los árbitros para decidirlo, es la equidad, lo cual le impide a la Corte entrar a resolver sobre lo fallado, a menos que la respectiva decisión se muestre ostensiblemente inequitativa o que con pruebas fehacientes se demuestre debidamente que la persona obligada a su pago no está en capacidad económica de atender lo dispuesto en el fallo arbitral.

Sobre el particular, la Corte en sentencia de homologación del 28 de marzo de 1969, cuyas orientaciones no han perdido vigencia, puesto que han sido reiteradas en fallos posteriores, adoctrinó lo siguiente:

"Es reiterada y uniforme la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que cuando se trata de simple conflicto de intereses, no es modificable por ella lo resuelto en el laudo respectivo, 'salvo casos de protuberante inequidad'. Esta doctrina fue reiterada en sentencia de mayo 20 próximo pasado para resolver el recurso de homologación interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados de la Flota Mercante Grancolombiana S.A. ¾¿Pero qué es la equidad?¾. Sobre ella dicte Geny que es, de un lado, una especie de instinto o sentimiento inconsciente y no razonado que no difiere esencialmente de las revelaciones de la conciencia moral; de otro, a la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien modelándolas de conformidad con los elementos concretos (derecho positivo). (…) Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo "acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten". Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento".

La anterior doctrina fue corroborada por la Corte en la sentencia de anulación del 27 de agosto de 2008, radicación 36653, en cuanto observó que:

"Siendo la equidad el sustento jurídico de un fallo arbitral, sólo en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación, es posible que la Corte pueda confrontar el criterio de equidad con el de ellos y por tal razón jurisprudencialmente se ha aceptado la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta".

En el asunto bajo examen, no se evidencia que el aumento salarial decretado por los árbitros sea manifiestamente inequitativo o que refleje que las finanzas municipales se afecten gravemente por su imposición, pues ningún razonamiento se esbozó sobre el particular, sin que esté de más poner de presente que el IPC es un referente que el Tribunal de Arbitramento puede tener en cuenta para adoptar una equitativa decisión sin que ello signifique necesariamente una camisa de fuerza que lo obligue a imponerlo en la solución del conflicto.

Por lo anterior, no se anulará el incremento salarial dispuesto por el organismo colegiado.

Sin embargo, en lo relativo al parágrafo según el cual

"Cuando por alguna circunstancia los trabajadores decidan no hacer presentación de pliego de peticiones, debiendo hacerlo, el municipio del Santuario, se compromete a incrementar el salario devengado en ese momento en el equivalente al incremento sobre el salario mínimo legal mensual en el país decretado por el Gobierno Nacional para el sector 13".

El Tribunal decidió que la vigencia del laudo sería de 24 meses comprendidos entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, disponiendo además que "Para todos los efectos salariales y prestacionales, la vigencia de la convención es desde el 1º de enero del año 2008".

De conformidad con el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, "la vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos años". Es decir que es imperativo que con respecto a la vigencia, los árbitros tienen una limitación de orden legal que en manera alguna pueden soslayar, de ahí que la Corte haya adoctrinado lo siguiente: "De tal modo que los árbitros pueden disponer que desde la fecha de expiración de la convención colectiva denunciada en adelante rija el fallo arbitral durante el lapso que en equidad estimen razonable, sin exceder de dos y siempre que ese punto haya sido sometido a su decisión" y que

"Del precepto invocado se desprende que así los mismos trabajadores hayan fijado en el pliego de peticiones una vigencia superior al bienio y ello no hubiera sido materia de acuerdo en la etapa de arreglo directo, si el conflicto se resuelve por medio de arbitramento, el laudo que allí se profiera, por disposición expresa del legislador, no puede exceder de dos años. Ello quiere decir que en ese evento no prima la voluntad de quienes promovieron el conflicto…" (sent. de anulación de oct. 1º/2002, rad. 19870).

Por tanto, al disponer los árbitros aumentos salariales más allá de los dos años de vigencia del laudo, es evidente que violaron en forma expresa el mandato imperativo del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, así como que su decisión está en contravía de la jurisprudencia de la Corte, razones por las cuales el parágrafo bajo análisis se anulará».