Sentencia 42689 de marzo 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42689

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy Del Pilar Cuello Calderón

Acta: 09

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Nicolás Horacio Espinosa Echavarría, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 28 de mayo de 2009, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra el municipio de Bello.

Antecedentes

En lo que interesa al recurso extraordinario, el demandante pidió que la entidad accionada fuera condenada a reconocer y pagar la pensión de jubilación establecida en la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita con su sindicato de trabajadores, para el período 1975 - 1977, por haber laborado más de 20 años a su servicio.

Expuso que nació el 29 de noviembre de 1958; estuvo vinculado al municipio de Bello desde el 25 de junio de 1979 hasta el 25 de noviembre de 1990 y del 28 de enero de 1991 al 18 de noviembre de 2003; durante el tiempo de servicio ocupó varios cargos, entre ellos, el de auxiliar de inspección en la subsecretaría de gobierno municipal; devengaba un sueldo de $ 523.380; se beneficiaba de distintas prerrogativas logradas convencionalmente, entre las cuales, señala la edad y tiempo de servicios requeridos para adquirir el derecho a disfrutar de la pensión de jubilación; mediante Acuerdo Municipal 10 del 28 de febrero de 1975, se aprobó “la convención colectiva de trabajo entre el municipio de Bello y el sindicato de trabajadores del municipio de Bello”, la cual contempló en su artículo 3º el derecho a la pensión de jubilación; a través del Acuerdo Municipal 27 del 6 de diciembre de 1977 se estableció que la pensión de jubilación “será del 100%” y que la convención se haría “extensiva para todos los servidores del Municipio”; se refirió a los acuerdos municipales 020 del 18 de diciembre de 1988 y 029 del 27 de noviembre de 1989, al “acta de negociación de pliego de peticiones”, celebrada el 9 de noviembre de 1989, entre el representante del municipio y su sindicato de trabajadores y la Convención Colectiva de Trabajo de 2005, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, con resultado adverso.

Al contestar la demanda, el municipio de Bello admitió algunos hechos, como el relativo a la edad del actor, vínculo laboral, cargo y sueldo y la cláusula convencional a la que se refieren los acuerdos municipales 10 del 28 de febrero de 1975 y 20 del 18 de diciembre de 1988; otros, los aceptó parcialmente o con aclaraciones, como la reclamación del actor y la respuesta de la accionada; los restantes, los negó; propuso como excepciones, “inexistencia de la obligación”, “prescripción de las supuestas obligaciones”, “límite de la prestación” y la “genérica”.

La primera instancia terminó con sentencia del 31 de agosto de 2007, mediante la cual, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, absolvió a la entidad accionada de todas las pretensiones de la demanda; las costas quedaron a cargo del demandante.

La sentencia del tribunal

Al decidir la apelación del accionante, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por sentencia del 28 de mayo de 2009, confirmó la de primer grado; señaló que no se causaron costas en la instancia.

Copió los artículos 11 y 14 del Acuerdo Municipal 027 del 6 de diciembre de 1977, por medio del cual se adoptó la Convención Colectiva de Trabajo entre el municipio de Bello y su sindicato de trabajadores; citó a un autor nacional sobre el tema de las convenciones colectivas de trabajo y transcribió apartes de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, del 3 de abril de 2008, radicación 1050 y de esta Sala del 1º de abril de 2008, radicación 32750; luego, señaló:

“Así las cosas, vemos como en este caso no se discute la calidad de empleado público del demandante, sino si el mismo es beneficiario o no de la Convención Colectiva, debiéndose concluir que no lo es, no solo por lo expresado anteriormente, sino por las razones aducidas por el juez de primera instancia, quien manejó el tema de manera correcta y en un profundo análisis normativo, llegó a la conclusión de que no es posible aplicar los beneficios convencionales a un empleado público, de conformidad con lo establecido en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, no siendo necesario reiterar lo ya indicado por el juez de instancia, quien como ya se indicó, profirió la sentencia ajustada a derecho.

Así las cosas, no es posible conceder la pensión de jubilación al actor en la forma solicitada, ya que si bien es cierto el Acuerdo Municipal 027 del 6 de diciembre de 1977, en su artículo 14 estableció que la convención será extendida para todos los servidores del municipio, de ninguna manera se puede entender que se incluyó a los empleados públicos, ya que la ley es clara y no admite interpretación en contrario, en cuanto al hecho de que los empleados públicos no podrán suscribir convenciones colectivas de trabajo ni mucho menos beneficiarse de las mismas por extensión”.

El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, pretende que se case totalmente la sentencia impugnada, y que, en sede de instancia, se revoque la del a quo y en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda; con ese propósito presentó un cargo fundado en la causal primera de casación laboral, el cual no fue replicado.

Cargo único

Acusa la sentencia por la vía directa, interpretación errónea “del parágrafo del artículo 43 de la Ley 11 de 1986, en relación con los artículos 41 y 42 ibídem, 10 y 12 de la Ley 4ª de 1992; artículo 150 literales e y f y 313 numeral 6º de la Constitución de 1991, en relación con los 98, 151 y 154 de la OIT (incorporados a la legislación interna mediante las leyes(sic) 26 de 1976), artículos 55 y 93 de la Constitución Nacional”.

Al fundamentar el cargo copia, además de las disposiciones denunciadas como violadas, los artículos 55, 313-6 de la Constitución Política y 41, 42 y 43 de la Ley 11 de 1986; posteriormente, expresa:

“Desde la vigencia de la Constitución de 1991 se adoptó por el Estado colombiano la fórmula de constitucionalizar no solo la seguridad social, sino, principalmente el derecho laboral, a lo que, por supuesto, no escapó el ámbito del derecho colectivo, pues, además de haber elevado a rango constitucional los tratados suscritos por el Estado colombiano, les fijó una escala axiológica superior a la de la ley, siempre que tuviere como referencia derechos humanos.

Es indudable que en el Estado colombiano los trabajadores pueden aglutinarse en sindicatos y a través de ellos acudir a las negociación colectiva (sic), a fin de obtener una serie de prebendas y mejorar los mínimos que la ley otorga en materia prestacional.

En consecuencia, cuando el operador jurídico interpreta una norma, lo tiene que hacer de manera sistemática, es decir, consultando el elenco normativo que converge a la reglamentación de ese derecho, y no solamente tomar algunas normas de manera aislada y sin miramientos de su finalidad y de otras regulaciones normativas que tratan el mismo punto de derecho.

Entonces, si bien es evidente que la ley y la Constitución dispusieron que las prestaciones de los empleados públicos serían las que se consagren en la ley, esos textos normativos aludidos, deben armonizarse con otras disposiciones de orden constitucional (arts. 55 y 93) y con los convenios de la OIT 98, 151 y 154 (incorporados a la legislación interna) a los que el tribunal no les fija su verdadero alcance y genuino sentido.

Aunque algunas disposiciones constitucionales expresaban que el régimen de prestaciones de los servidores del orden territorial seria el que estableciera la ley, fue el constituyente, los convenios de la OIT y la misma ley quienes tuvieron a bien crear la posibilidad de que, desde otrora (sic) los trabajadores oficiales, y hoy los empleados públicos, tuvieren derecho a sindicalizarse y, desde luego, a la negociación colectiva.

En consecuencia al armonizar el alcance de todas esas normativas jurídicas, en materia de prestaciones de servidores del orden territorial, con las prestaciones convencionales adquiridas por medio de la negociación colectiva (que beneficien a los empleados públicos, por que así lo pacten en el acuerdo respectivo), y con los convenios de la OIT 151 y 154, se ve que son agibles a derecho, y por tanto, deben ser reconocidas por las respectivas instituciones o entidades estatales, pues resulta indiscutible, a la luz de dichos estatutos, que los empleados públicos no solo tienen la potestad de negociar con el empleador estatal las condiciones que deberán regir sus relaciones, sino también beneficiarse, como en este caso, de las prerrogativas que pacte un sindicato de trabajadores oficiales cuyas cláusulas se la han hecho extensivas por disposición expresa del sindicato, pero también del Municipio accionado quien, por obvia razón, participó en el proceso de negociación”.

Transcribe apartes de la Sentencia C-777 de 1998 de la Corte Constitucional para después señalar:

“Y aunque la misma sentencia puso una talanquera con respecto a la negociación colectiva de los empleados públicos, es dable precisar que en este caso no fue un sindicato de empleados públicos el que suscribió la convención colectiva de trabajo cuyo alcance se le extendió como paladinamente lo acepta el h. tribunal, y que dicho sea de paso, fue adoptada por el h. Concejo de Bello por medio de un acuerdo, situación válida en tanto la ley y los instrumentos internacionales, aunque no los faculta para la negociación colectiva, si lo hace para posibilitarles la afiliación a un sindicato, cuyo fin último es obtener alguna prerrogativa por encima de lo que la ley instituye como mínimo prestacional.

Es así pues que, el tribunal equivocó el sentido de la ley y de paso desconoció que los empleados estatales (trabajadores oficiales o empleados públicos) tienen derecho a beneficiarse de la negociación colectiva y que en ella su norte es buscar una mejora en las condiciones de trabajo o mejorar los mínimos legales que la ley otorga, por ello es que la norma que ordena que solo el Congreso de la República puede reglamentar las prestaciones de los empleados públicos del orden territorial, tiene una excepción precisamente en esa potestad legal de negociación que, por obvia razón, puede y debe traducirse en la creación de convenciones colectivas que son actos creadores de derechos por antonomasia y que, también por la misma razón, deben superar los mínimos establecidos en la ley, y consecuencialmente escapan al campo propio de decisión del h. Congreso de la República”.

Finalmente, en un acápite denominado “En instancia” transcribe apartes de la sentencia de la Corte del 1º de abril de 2008, radicación 32237.

Se considera

Estimó el tribunal, que de conformidad con lo previsto en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, al demandante, en su condición de empleado público, no era posible aplicarle los beneficios convencionales, puesto que si bien era cierto que el artículo 14 del Acuerdo Municipal 027 del 6 de diciembre de 1977 estableció que el convenio colectivo se hacía extensiva “para todos los servidores del municipio”, de ninguna manera se puede entender que incluyó a los empleados públicos.

Al examinar la decisión impugnada, no se evidencia ningún desacierto del sentenciador, en tanto que las normas que le sirvieron de fundamento para dirimir la controversia jurídica, son claras, en el sentido de precisar las limitaciones que tienen los empleados públicos en materia de negociación colectiva, tal como lo preceptúa el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, al señalar que los sindicatos de empleados públicos “no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas”, y si no tienen esas facultades, tampoco podrían beneficiarse de sus efectos, a través de una convención válidamente celebrada por un sindicato de trabajadores oficiales.

Es preciso advertir que de conformidad con lo previsto en el artículo 150 superior, es potestad exclusiva del Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; acorde con la citada disposición constitucional, el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, señala que las corporaciones públicas territoriales no podrán arrogarse la facultad de establecer el aludido régimen prestacional de los empleados públicos del orden municipal; desde esta perspectiva, las conclusiones del tribunal armonizan con los criterios expuestos por la Corte frente a casos similares, donde la entidad demandada ha sido el mismo municipio de Bello, así, por ejemplo, en la sentencia del 25 de agosto de 2009, radicación 37084, se expresó:

“En ese orden de ideas no le es permitido a las corporaciones municipales o departamentales expedir normas generales sobre pensiones, ya que esa es una atribución exclusiva y excluyente del Congreso, como ya se vio, la cual es integral y omnicomprensiva y tiene origen constitucional como quiera que estaba incorporada en la Constitución de 1886, y lo está en la actualmente vigente, tal como se desprende del contenido de su artículo 150 literales e y f, y lo ratifica el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992.

“(...).

“En consonancia con esa directriz, se tiene entonces que ninguna de las disposiciones que fijan las funciones de los concejos municipales, autorizan para regular materias o expedir normativas, como lo es para el caso que nos ocupa el artículo 14 del Acuerdo Municipal 27 del 6 de diciembre de 1977, que hizo extensivos a todos los servidores del municipio demandado, unos beneficios convencionales; constituyendo tal circunstancia una razón adicional para que no se le otorgue a dicho acto ninguna eficacia ni efecto vinculante.

“La anterior posición no desconoce el mandato de que los actos administrativos, entre los que se encuentran tales acuerdos, son obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo; pero cuando la contrariedad de ellos con el orden jurídico superior a que deben sujetarse es ostensible y evidente, es imperativo para los jueces proceder a inaplicarlos.

“Finalmente, debe destacarse que la tesis que se deja expuesta tiene cabal aplicación cuando se trata de empleados públicos del ámbito municipal, aclaración que resulta necesaria dado que el tribunal examinó el asunto desde esa óptica. No obstante, si se trata de trabajadores oficiales, lo que contemple la ley en materia salarial y prestacional, es apenas un mínimo que puede ser superado a través de la contratación colectiva, pero se reitera que esta posibilidad no puede dar pie para que dicho mejoramiento se produzca a través de actos jurídicos expedidos por los concejos municipales y las asambleas departamentales, porque ello les está perentoriamente vedado por la Constitución y la ley”.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 28 de mayo de 2009, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso adelantado por Nicolás Horacio Espinosa Echavarría, contra el municipio de Bello.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.