Sentencia 42722 de abril 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP4615-2014

Radicación: 42722

(Aprobado acta 104)

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Unas precisiones preliminares.

1.1. La delegada de la Fiscalía General de la Nación formula cuatro cargos. Los tres primeros, por la violación indirecta de la ley sustancial motivados en errores de hecho en la forma del falso raciocinio; el cuarto, propuesto como subsidiario, al considerar la violación directa de la ley sustancial por la interpretación errónea de los artículos 29, 323 y 324 del Código Penal, referidos a la autoría, coautoría, el delito de lavados de activos y su forma agravada, respectivamente.

1.2. Como lo manifiesta el señor Procurador Segundo Delegado ante esta corporación en su concepto, es cierto que desde el punto de vista de “técnica casacional” los errores de hecho y la violación directa de la ley sustancial formulados contra la sentencia del tribunal presentan falencias argumentativas; sin embargo, la demanda evidencia la ocurrencia de errores que en su contexto se adecuan al falso raciocinio denunciado, los cuales repercutieron en la decisión de absolución adoptada por el tribunal, aspectos advertidos por la Sala desde el momento de la admisión de la demanda que la llevó a superarlos y por ello estudiará de fondo el asunto, sin que ello implique una respuesta en el orden riguroso de las inconformidades planteadas.

1.3. De otra parte, como inicialmente se proponen tres cargos por errores de hecho por falso raciocinio cimentados en el desconocimiento de las reglas de la experiencia, la Corte, para lograr una mejor comprensión de su respuesta los abordará de manera conjunta; luego y sólo si resulta necesario, se referirá finalmente, al planteado de forma subsidiaria.

Para el análisis de la demostración de las censuras se partirá de la definición del tipo penal reprochado, para referirse luego al contenido de los hechos declarados probados por el tribunal, y a los argumentos expuestos para sustentar la absolución de Sandra Milena Ospina Arenas en el delito de lavado de activos, en orden a verificar la existencia de los errores de hecho denunciados y su trascendencia, para abordar finalmente las conclusiones adecuadas en camino del mérito que corresponda a las pruebas de soporte de la decisión a tomar.

2. Primero, segundo y tercer cargo.

2.1. El delito de lavado de activos.

Conforme al artículo 323 del Código Penal, incurre en el delito de lavado de activos el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito.

La realización de este punible, por su misma naturaleza, requiere de un número plural de personas, pues se desarrolla mediante el ejercicio de una gran variedad de operaciones encaminadas a esconder u ocultar el origen espurio de dinero.

Entonces, la conducta punible se verifica con la puesta en marcha de indefinidas operaciones que conforman un proceso en el que constantemente se busca ocultar los enlaces de ilegalidad que caracteriza a los bienes, camino en el cual concursan varias personas que con su actuación incurren en el delito.

2.2. La sentencia absolutoria de segundo grado objeto de reproche, se produjo como consecuencia del estudio del recurso de apelación interpuesto por el defensor de Sandra Milena, contra la de primer nivel que la había condenado como coautora del delito de lavado de activos. El motivo principal de inconformidad para ese momento procesal, fue reseñado por el tribunal, en la inexistencia del elemento subjetivo del dolo en el actuar de la acusada, tema que fue abordado por el ad quem desde la visión del defensor, que partía de aceptar la ocurrencia del delito de lavado de activos y el modo en que este ilícito operó a través de la empresa Asoganar y Cía. Ltda.

Se centró el fallador de segundo grado, en el hecho que Sandra Milena desconoció en absoluto la actividad ilegal desarrollada en la empresa donde laboraba.

2.2.1. Bajo ese enfoque temático —ausencia de conocimiento de la actividad ilícita—, al cual se dirigirá la atención de la Corte por corresponder al disenso propuesto, el tribunal declaró que los siguientes hechos se encuentran soportados de manera adecuada en los medios de prueba debidamente allegados al proceso, que se repite, no han sido, y ahora tampoco lo son, objeto de controversia por los diferentes actores procesales, así:

2.2.1.1. La realización de una operación de lavados de activos originada de las utilidades obtenidas del tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos de América, por medio de las empresas C.I. Flora Andina, C.I. Providence y Flores del Molino S.A., inicialmente investigadas por el gobierno de ese país, desde donde se giraron múltiples e importantes sumas de dinero a cuentas de Asoganar y Cía. Ltda., creada el 30 de julio de 2002, en la que aparecen como socios Luis Pinilla y Nancy Valencia Pineda.

2.2.1.2. De esta empresa era gerente Efraín Gutiérrez y se desempeñaba como contador Oscar Hugo Caro Sánchez, quienes dirigían la operación de ocultar esos bienes de origen ilícito en las cuentas bancarias de la misma y las de otras personas, como ocurrió en una abierta por la procesada Ospina Arenas.

2.2.1.3. Sandra Milena Ospina Arenas, fue contratada por Efraín Gutiérrez, como secretaria de la empresa Asotributaria, la cual funcionaba en las mismas instalaciones de Asoganar y Cía. Ltda. y Cía. Ltda.

2.2.1.4. El gerente de Asoganar y Cía. Ltda., Efraín Gutiérrez, el contador de la empresa Oscar Hugo Caro Sánchez, los mensajeros Daniel Montoya y John Jairo Gómez Mira, el socio de Florandina Enrique Ramírez y Gloria Lucía Vélez, aceptaron cargos para sentencia anticipada, como coautores del delito de lavado de activos.

2.2.1.5. De las irregularidades detectadas se destaca, que Luis Pinilla, quien aparece como socio de Asoganar y Cía. Ltda., es una persona que laboraba como mesero de un restaurante, a quien Efraín Gutiérrez le pagaba $ 400.000, para fungir como socio y abrir cuentas bancarias a su nombre.

2.2.1.6. El objeto social de Asoganar y Cía. Ltda. se centraba en el desarrollo de actividades relacionadas con la ganadería. Su ejercicio no fue confirmado por ninguna de las autoridades afines al tema. Su contabilidad, conforme a los estudios referidos a este tópico, era irregular. Los dineros consignados en sus cuentas bancarias no eran fruto de su objeto social. Los compradores de ganado eran ficticios. La circulación de dinero siempre era entre las mismas personas. Los depositantes eran los mismos empleados.

2.2.1.7. La procesada Sandra Milena Ospina Arenas, refiere en su indagatoria(7) que fue contratada por Efraín Gutiérrez como secretaria de Asoganar y Cía. Ltda. y que conoció la oferta de empleo mediante aviso publicitario en el periódico El Colombiano, laborando desde enero de 2001 hasta agosto de 2003. Se trata de una mujer de 24 años de edad, de escasos recursos, quien para el momento de los hechos realizaba estudios universitarios de octavo semestre de administración de empresas.

A la misma se le imputaron los siguientes hechos y actividades de su ejercicio laboral, como constitutivos de su participación del delito de lavado de activos:

i) Que el 11 de octubre de 2002, abrió a su nombre y por solicitud del gerente Efraín Gutiérrez, la cuenta corriente 011007770 del Banco Santander sucursal La Playa de Medellín, a través de la cual se realizaron transacciones por un valor total de $ 128.932.776.

ii) Además, era titular de la cuenta corriente 9034635316 del Banco Superior en la que manejó, $ 23.000.000.

iii) De ese dinero giró $ 34.860.000 a Daniel Estiber Montoya —tercero ajeno de la empresa—; $ 23.116.000 a Efraín de Jesús Gutiérrez —su jefe y gerente de Asoganar y Cía. Ltda. y Cía. Ltda.—; y $ 18.500.000 a John Jairo Gómez Mira —mensajero compañero de trabajo—.

iv) Cobró cheques por valor de $ 40.000.000, girados a la empresa Asoganar y Cía. Ltda. y Cía. Ltda.

v) Suplantó en la firma de los balances contables a Oscar Hugo Caro Sánchez, contador de la empresa Asoganar y Cía. Ltda. y Cía. Ltda.

vi) Expidió y firmó a nombre de Asoganar y Cía. Ltda. y Cía. Ltda. certificaciones, referidas a personas de la empresa, como si fungiera como jefe de la oficina de personal, donde se hacían constar ingresos y cargos desempeñados que no correspondían a la realidad.

vii) Confirmó a los bancos para el pago de los cheques girados a John Jairo Gómez por altas sumas, como se verifica en el respaldo de los títulos valores. La misma encartada describió, que sus funciones eran las de contestar el teléfono, hacer las llamadas que le dijera el jefe, elaborar cartas en el computador, pasar los balances y borradores que le entregaba el contador y llenar los cheques dirigidos por el gerente.

2.2.2. A partir de este panorama fáctico, el tribunal elaboró juicios de valor, desde los cuales dijo, existían dudas sobre el conocimiento y la voluntad de la acusada para concurrir en la comisión del delito de lavado de activos, los cuales ahora, se muestran equivocados por desconocer los parámetros de la sana crítica, reflexiones que la Corte pasa a verificar en camino de demostrar su desacierto.

2.2.2.1. Así, se dice en el fallo, que de la experiencia de Sandra Milena no se infiere conocimiento ni experiencia “superlativa”, que le demandara un deber adicional de cuidado, pues su calidad de secretaria le significaba cumplir órdenes y facilitar gestiones del día a día, sin que se esté en presencia de alguien que en la organización laboral hubiere sido contratada para ejercer actividades de dirección y manejo en ventas, relaciones comerciales o administración, sin que la fuerza de costumbre la llevara a ser codirectora de lo que sucedía en la empresa, como de forma equivocada lo declaró el juez de primer grado.

2.2.2.2. Se trataba de una sociedad simple, en la que se distinguían las funciones de dirección y ejecución, ejercidos por el gerente y el contador, quienes aceptaron los cargos por lavado de activos y fueron condenados. De otro lado estaban la secretaria y los mensajeros, división que se conservó, en donde el jefe imponía lo que se debía hacer acorde con las necesidades de la operación, sin consideración al cargo que se ostentaba y sin suministrar información o explicaciones del por qué de los actos que los empleados adelantaban a nombre propio.

De forma textual agregó el tribunal(8):

“El ingreso laboral de la acusada a ese nivel visto implicó, como regla de verisimilitud, su sometimiento a la estructura de la organización que allí se hallaba, a los roles y a su contenido, todo lo cual se rige por el principio de confianza.

2.2.2.3. Destacó que la tesis consistente en que resulta censurable que Sandra haya trabajado para una sociedad ganadera que no realizaba operaciones de esta índole y por tanto, debió representarse lo que sucedía, es equivocada, porque una sociedad puede tener un objeto principal pero también posee otros diferentes conectados directa o indirectamente, o distintos, como sucedía con Asoganar y Cía. Ltda.

2.2.2.4. También refirió que si bien la acusada firmó balances, elaboró documentos como si fuera jefe de personal, falsificó documentos o creó una cuenta bancaria para que su jefe la utilizara, este indicio alusivo a cierta connivencia con su patrono se puede explicar sin la gravedad que se le adjudica, porque para el tribunal, esas irregularidades que dice son ciertas y así lo admite en su indagatoria la acusada, se conecta en principio, con la afectación del bien jurídico de la fe pública, no contra el orden económico social.

2.2.2.5. Según el tribunal la apertura de cuentas y sus movimientos no tienen una relación directa con el lavado de activos, pues de ahí no se desprende el conocimiento de toda su trama criminal, porque eran precedidos por órdenes de trabajo que le dieron y que la acusada cumplió fielmente, hecho que puede ser objeto de crítica, “…pero en una relación laboral de subordinación, pudo haber actuado, no por la representación de una extrema ilicitud como la que se le adjudica, sino por la necesidad de conservar el trabajo o anteponer necesidades económicas, de los que se puede desprender su acuciosidad extrema de satisfacer a su jefe” (resalta la Sala).

2.2.2.6. Agregó que al no atribuírsele a la acusada el haber obtenido ganancias personales con las actividades realizadas, su actuar no es consonante con la participación delictiva en los hechos que se juzgan.

2.2.2.7. Para declarar la absolución, concluyó:

«Lo objetivo de este transcurrir no revela con certeza el conocimiento y voluntad de Sandra Milena Ospina, pues otras explicaciones no descartables y posibles, (principio de confianza, subordinación laboral, nivel ejecutor ausencia de posición de garante, inexigibilidad de controlar a sus superiores, necesidad de conservar el empleo) pueden conducir razonablemente a una conclusión contraria.»

2.2.3. Se decide.

Como el reparo inicial gira alrededor del ejercicio de otorgar mérito persuasivo a los medios de conocimiento, encuentra la Sala oportuno precisar, que el manifiesto desconocimiento de las reglas de apreciación de la prueba ha sido tratado en la jurisprudencia (CSJ SP, 9 oct. 2009, rad. 29949), como violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho entre los cuales se encuentran el falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio; y de derecho, integrados por el falso juicio de convicción y el faso juicio de legalidad.

El falso raciocinio, al cual acude la demandante, tiene ocurrencia cuando a una prueba que existe legalmente y es valorada en su integridad, el juzgador le asigna un mérito o fuerza de convicción con transgresión de los postulados de la sana crítica; es decir, las reglas de la lógica, la experiencia común y los dictados científicos.

2.2.3.1. Del contexto de la sentencia recurrida se advierte, que el tribunal para eximir de responsabilidad penal a Sandra Milena Ospina Arenas, elaboró una regla empírica consistente en que: “un trabajador para no perder su empleo obedece las órdenes dadas por su jefe, sin importar la clase de actividades, incluso sean ilegales”.

Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta corporación al definir la regla de la experiencia, como una construcción teórica relacionada con la costumbre, la cultura y el diario transcurrir de las personas en comunidad, dentro de un contexto específico, las cuales tienen características de generalidad o universalidad y que normalmente son utilizadas por los jueces en la elaboración de los juicios de valor al momento de apreciar los medios de prueba, planteadas a partir de hechos o circunstancias debidamente acreditados (CSJ SP, 21 nov. 2002, rad. 16472; 25 ago. 2004, rad. 21829; 20 nov. 2011, rad. 36544; 2 mar. 2011, rad. 35621, entre otras).

Que son enunciadas bajo la fórmula lógica “siempre o casi siempre que ocurre A, entonces sucede B”. No debe existir excepción a la regla, porque de ese modo pierde la condición de universalidad.

Este evento hipotético no se cumple en este caso, pues como se declaró probado, Sandra Milena no se limitó simplemente a cumplir con las tareas propias de una secretaria que asume con obediencia las órdenes impartidas por su jefe, bajo el temor reverencial de perder su empleo, pues las actividades ilegales que se le reprochan las realizó, inclusive, durante varios meses después de desvincularse de Asotributaria.

Igualmente, la premisa no refleja universalidad, porque no es cierto que las personas en condiciones generales, estén dispuestas incluso a incurrir en actividades ilícitas para conservar su trabajo. La práctica común enseña lo contrario, que cuando las actividades laborales se alejan del dictado de la moral y las buenas costumbres o implican un exceso o extralimitación, como lo acota la fiscal recurrente, es frecuente que los empleados decidan abandonar sus puestos de trabajo mediante la renuncia, porque a cambio del ingreso del salario, no exponen ni afectan su dignidad e integridad moral; tampoco asumen delinquir con la implicación de ser procesados judicialmente por la comisión de un delito.

Se estableció que Sandra Milena no se resistió a la petición de favores ilegales, que dijo, le solicitaba el coprocesado y condenado Efraín Gutiérrez, siquiera se negó a hacerlo, menos aún, contempló por ese motivo dejar su empleo si era necesario, pues en su indagatoria sólo expone como motivos para retirarse de Asotributaria, el mal genio de su jefe y el frecuente retraso en el pago del salario mensual. Desde esta visión, nunca consideró como motivo para renunciar, la participación, presión o coacción en la realización de actos ilegales.

De manera diferente, asumió incurrir en conductas de raigambre punible que atentaron contra la fe pública. Es un hecho incontrastable la expedición de una cantidad de documentos y adulteración de firmas, que luego fueron utilizados para acreditar condiciones económicas de unas personas que no las tenían y con las que abrieron cuentas corrientes que se utilizaron por Efraín Gutiérrez en el delito de lavado de activos, hasta por un valor de cinco mil millones de pesos $ 5.000.000.000.

Y aquí se muestra también otra de las equivocaciones deductivas del tribunal al descartar el indicio de connivencia entre la acusada y el gerente Efraín Gutiérrez en la ejecución del delito de lavado de activos, cuando trivializa todo el comportamiento falsario de Sandra Milena como un simple atentado a la fe pública, pues considera la Corte, que precisamente a través de todas esos actos mentirosos, fue como precisamente se enmascaró y disfrazó una actividad comercial que no existía, y precisamente, fue la acusada quien elaboró los documentos en donde se certificaba a los mensajeros, a ella misma, a otras personas y en los balances, como comerciantes de ganado con ingresos falaces que luego servían de soporte para la obtención de productos financieros u otras transacciones de esa índole, a través de los cuales fluyeron los dineros provenientes del narcotráfico.

En consecuencia, no se trató de un comportamiento irrelevante, de forma disímil, correspondió a la construcción de todo el soporte logístico para encausar la entrada de dinero de procedencia ilegal. Fue la simulación de un desarrollo empresarial, al que se le estructuró un flujo financiero que concluía en los depósitos y retiros de las entidades bancarias con visos de legalidad.

La propia acusada en su indagatoria, acepta que nunca ejerció esa actividad, sin embargo, se certificó percibía hasta $ 9.500.000 mensuales por ese concepto y con base en ello abrió la cuenta corriente del Banco Ganadero, una de las utilizadas para la realización del blanqueo de capitales.

Sabía que en Asoganar y Cía. Ltda., no se desarrolló ninguna de los propósitos del objeto social, mucho menos los referidos a las actividades ganaderas, por lo tanto, si le es censurable, su representación de lo que sucedía, porque precisamente se dedicó a ofrecer su concurso para simularla.

Diferente a la deducción del tribunal, cuando afirma lo contrario —que no se le puede censurar a la acusada trabajar para un empresa que no ejerció la actividad de la ganadería— es claro que su argumentación es una falacia. Lo anterior, porque si bien en el certificado de existencia y representación legal existían otras modalidades para llevar a cabo el objeto social de la empresa Asoganar y Cía. Ltda., diferentes a la ganadería, incluso, obras de ingeniería civil, lo probado, como lo declara en la misma providencia recurrida, es que tampoco fueron desarrolladas, ésas, ni ninguna otra, pues desconoció el ad quem, que en su propia decisión declaró acreditada la condición de empresa fachada, porque ninguna de las autoridades competentes en la materia reportó algún dinamismo comercial, hecho que es consecuente con lo manifestado por los demás procesados.

La acusada, con ese conocimiento, el 21 de octubre de 2002 falsificó las firmas del contador Óscar Hugo Caro Sánchez, para hacer constar que Ferney Alejandro Salazar tenía ingresos mensuales del ejercicio de la ganadería por $ 9.000.000 (fl. 258, anexo 2); el 27 de julio de 2002 a Diego Humberto Arango por $ 59.000.000 (fl. 9, anexo 1); y el 15 de abril de 2003, de ella misma, por $ 9.500.000 (fl. 5, anexo 1).

Firmó los balances bajo el nombre del contador por solicitud de Efraín Gutiérrez(9), sin conocer de la exactitud de los estados financieros porque ella no los elaboraba, eran del resorte del contador Óscar Hugo Caro Sánchez, y elaboró la rúbrica por este, mediante el método de imitación.

Luego, utilizó el documento privado falso en donde se hizo constar que percibía ingresos mensuales por valor de $ 9.500.0000, como producto de actividades en la ganadería, la cual en indagatoria la misma encartada informó nunca ejerció, para abrir el 11 de octubre de 2002, la cuenta corriente número 011007770 en el Banco Santander de Medellín, a través de la cual se realizaron operaciones de lavado de activos por valor de $ 128.932.776.

La regla de la experiencia apuntalada por el tribunal, pierde aún más toda su esencia, se rompe, cuando la acusada Sandra Milena continuó realizando los comportamiento irregulares y falsarios de apoyo a Efraín Gutiérrez en el ocultamiento de la procedencia de los bienes, con posterioridad a su retiró laboral de la empresa Asotributaria, en el mes de agosto de 2003.

A partir de esta fecha ya no era una empleada a cargo de Efraín Gutiérrez. No estaba, como lo dijo el tribunal, subordinada a lo que “el jefe imponía lo que se debía hacer acorde con las necesidades de la operación”.

Sin embargo, continuó bajo su exclusiva responsabilidad y plena voluntad, libre de cualquier posibilidad de condicionamiento, realizando una cadena de múltiples “favores” ilegales al servicio de Efraín Gutiérrez en camino a fingir actividades comerciales que no existían, que llegaron incluso, hasta el mes de junio de 2005.

Se probó, no se discute, pero lo inadvirtió el Tribunal Superior de Medellín al elaborar de manera equivocada la regla de la experiencia, que Sandra Milena al renunciar a su dependencia laboral de Efraín Gutiérrez, no canceló las cuentas corrientes en los Bancos Santander y Superior, abiertas por ella a su nombre y puestas al servicio de Efraín Gutiérrez para la realización del lavado de activos.

Igualmente, que conforme al resultado de las transliteraciones de las conversaciones telefónicas recogidas de manera legal y oportuna mediante las interceptaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, se estableció que Sandra Milena mantenía comunicación y colaboración con Efraín Gutiérrez, en las mismas actividades que se le reprochan, cuando era su secretaria y estaba bajo su dependencia.

En efecto, el 22 de abril de 2005(10), 20 meses después de haber dejado de laborar en Asotributaria, Efraín Gutiérrez se comunicó con Sandra Milena al abonado 2651094, donde le pedía le otorgara de manera falaz, una referencia comercial en el negocio de ganadería.

La grabación fue puesta de presente a la acusada en la indagatoria, reconoció su voz y dijo, lo hizo, porque éste la llamaba para saludarla.

Otras solicitudes fueron elevadas por Efraín Gutiérrez y reseñadas en las interceptaciones telefónicas realizadas del 1º al 17 de marzo de 2005 al mismo abonado, donde se trató la solicitud de falsificar las firmas de varias personas en el contenido de unos documentos, respecto de las cuales, le hace saber a Sandra Milena, que le enviaría los soportes de las muestras a imitar.

En la indagatoria, la acusada refirió de manera textual que “…de igual forma yo nunca perdí contacto con Efraín, él seguía llamado a saludarme”. Y que esa fue la única vez que le hizo esa clase de solicitudes(11).

No obstante lo anterior, al serle puesta de presente otra grabación de la interceptación al mismo abonado, la del 25 de febrero de 2005, en que Efraín Gutiérrez le pide realizar de forma expresa la firma de Diego Humberto Arango, luego de reconocer, como en los anteriores eventos que se trata de su voz, a la procesada se le interrogó por la razón de la solicitud y sin más, dijo, que: “Efraín en varias ocasiones me pidió favores como ese de que firmara papeles de otras personas pero yo siempre trataba de hacerme la boba para no firmarle, nunca firmé ningún papel. No era que yo supiera hacer la firma, sino que yo conocía la firma en la oficina”(12).

El 23 de mayo de 2005, se registró otra llamada al mismo abonado, la marcada como número 13 en el informe, en la cual Efraín Gutiérrez le solicita obtener otra referencia comercial sobre la compra y venta de ganado con la empresa en la que ahora Sandra Milena trabajaba, a la cual accedió, luego de pedir autorización a su jefe, sin que existiera ninguna relación comercial ni ganadera con la empresa de Efraín.

También en el audio 17, referido al abonado 4123921, se tiene la llamada realizada el 7 de junio de 2005, entre los mismos interlocutores y encaminada a situaciones afines a las anteriores.

2.2.4. Toda esta realidad nos muestra que la regla aludida por el tribunal carece de eficacia, no es universal y en el presente caso su condición de excepcionalidad, tuvo ocurrencia, pues Sandra Milena, luego de desvincularse laboralmente con la empresa Asotributaria, continuó realizando los mismos actos irregulares e ilegales tendientes a procurar ocultar la verdad de las actividades comerciales de la empresa, que codujo al delito de lavado de activos hasta por el valor de $ 5.000.000.000.

De todos estos comportamientos, no existe duda que los ejecutó de forma consciente y voluntaria, sin coacción ni apremios, sabía a cabalidad la finalidad de la utilización de las cuentas bancarias que abrió, que los contenidos de información de los documentos donde certificó circunstancias económicas y comerciales no eran reales; que aparentaban situaciones financieras distantes de la verdad; y estaban encaminados para encubrir el verdadero origen de los bienes que fluyeron por las cuentas bancarias.

Y por supuesto que de manera contraria a como lo concluyó el tribunal, la formación académica de Sandra Milena en la carrera profesional de administración de empresas (en el momento de los últimos actos reprochados, cursaba octavo semestre), le ofrecía una preparación y conocimiento precisamente sobre aspectos de estructura organizacional, contables, estatutos financieros, actividad de registro, documentación, desarrollo empresarial, prevención y cuidado en el flujo de activos y especialmente los buenos manejos sectoriales, que le permitían visionar que todas las actividades mentirosas que se le endilgan, eran ilegales, contrarias a derecho y desbordaban su rol de secretaria, mucho más, cuando se desvinculó de la empresa.

Este conocimiento y los actos irregulares que se realizaban en comunidad con los otros empleados, el contador y el gerente, sí le representaban su participación en una organización ilícita compleja como la llevada a cabo en la empresa Asoganar y Cía. Ltda., máxime cuando en la cuenta corriente del banco Santander abierta a su nombre, permearon los dineros de las empresas Providence Internacional y C.I. Flora Andina Ltda., declaradas como desde la cuales se ingresaron al orden económico nacional, dineros provenientes del narcotráfico desde los Estados Unidos de América.

De otra parte, no es válida jurídicamente la afirmación del tribunal de encasillar la conducta de Sandra Milena, simplemente como una pluralidad de delitos que afectan el bien jurídico de la fe pública y desconectarlos del contexto del delito de lavado de activos, pues toda esa producción falsaria vista en su conjunto con las operaciones financieras en las que intervino, son precisamente las que actualizan el tipo penal del delito contra el orden económico y social, al participar de manera activa durante un periodo de más de 4 años (los primeros 2 años y 7 meses lo fue como empleada subordinada de Efraín Gutiérrez. El tiempo restante, ya no laboraba en Asotributaria), en la realización de actos que llevaron a encubrir el origen ilícito de los dineros y darles mediante las certificaciones de ingresos y actividades ganaderas visos de legalidad.

Fue una labor compleja en la que cada participante realizó una tarea trascendental y necesaria, sin que se pueda atribuir a Sandra Milena, que al abrir las cuentas bancarias a su nombre, falsificar documentos de contenido personal y financiero, trasladar dineros mediante giros de sus cuentas corrientes y cobrar cheques en efectivo por altos valores, surja vano, porque es evidente que sin un trabajo de esa entidad, el delito no se había podido realizar.

También es equivocada la deducción en la sentencia, consistente en que al no haber obtenido la acusada un beneficio, provecho, remuneración o ganancias personales que no compagine con su oficio, esa circunstancia la excluye de participación delictiva, pues desconoce el tribunal, que el legislador al describir el supuesto de hecho del tipo penal de delito de lavado de activos, no estableció esa exigencia normativa para su configuración.

Todos estos cuestionamientos serios a la sentencia, no pueden calificarse, en la forma que lo hicieron el Ministerio Público en su concepto y el no recurrente en su alegato de oposición, como una simple contraposición del parecer probatorio de la casacionista al alcance dado a los medios de convicción por el fallador, por el contrario, de manera trascedente corresponden a la demostración de la violación indirecta de la ley sustancial, al incurrir el juzgador en el desconocimiento de los parámetros de la sana crítica, a través de los cuales dejó de aplicar los artículos 29 inciso segundo (coautoría) y 323 (lavado de activos) del Código Penal, para declarar, la existencia de certeza probatoria y consecuente responsabilidad penal de Sandra Milena Ospina Arenas, en la condición de coautora del delito de lavado de activos, todo desde la visión de un estudio razonado de los medios de prueba allegados al proceso en su conjunto, no de forma aislada, como le ocurrió al juzgador de segundo grado.

Es claro que dentro de la empresa existió un acuerdo, por lo menos tácito, entre la acusada y Efraín Gutiérrez para la realización de actos concatenados y asignados a diferentes actores de la conducta punible, donde Sandra Milena continuó haciéndolo aún hasta por más de 20 meses después de laborar con Asotributaria, pues ella conocía la condición de la empresa a la cual de manera consiente le prestaba un aporte logístico para el movimiento de dineros; le simuló estados financieros y contables; y mediante certificaciones laborales fingió la capacidad económica e ingresos de mensajeros empleados de la misma empresa, para poder acreditar en varias entidades bancarias los requisitos para obtener cuentas bancarias a través de la cuales también se realizó el blanqueo de dineros, todo esto, mediante una actividad distribuida y conocida entre varias personas.

En consecuencia, la casacionista tiene razón en el cargo que por falso raciocinio planteó, suficiente para derruir la presunción de acierto que revestía al fallo.

Se concluye entonces, que el tribunal en la revocatoria que de la sentencia de primera instancia impartió, basó su determinación en inferencias carentes de soporte y acudiendo a reglas de la experiencia que no lo son o se pueden controvertir con una conclusión contraria, envolviendo su argumentación en ostensibles errores de raciocinio.

Estos vicios resultan absolutamente trascendentes, al corresponder al soporte de la absolución de Sandra Milena, presentada como una contraposición de la fundamentación de condena emitida por el a quo.

Se debe observar, que si se eliminan las inferencias erradas, la regla de la experiencia elaborada de forma equivocada o las conclusiones especulativas, no queda soporte a la decisión de revocar la sentencia de condena de primera instancia y en su lugar, cobra actualidad y vigencia las acertadas consideraciones y deducciones probatorias del juez a quo, para ser renovadas en sede de casación.

Se reafirma probado en el proceso, que Sandra Milena Ospina Arenas ejecutó el delito de lavado de activos a título de coautora, de forma dolosa al conocer la naturaleza ilícita de su actuar, a pesar de lo cual, con pleno discernimiento encaminó su conducta en esa dirección para afectar el bien jurídico del orden económico y social, al participar en el ingreso con visos de legalidad de dineros provenientes del narcotráfico en una cuantía superior a los $ 5.000.000.000.

Consecuente con lo declarado en la sentencia de primera instancia, lo fue como resultado de prestar su nombre y abrir dos cuentas corrientes en los bancos Santander y Superior donde se consignaron y retiraron parte de los dineros, girar cheques de las mismas, endosar y cobrar otros, certificar estados financieros, constancias laborales, de ingresos, dar referencias comerciales de contenido falso y firmar documentos imitando las firmas de sus verdaderos autores, con el único propósito, se repite, de lavar dineros provenientes del narcotráfico. Conocía la ilicitud de su actuar, sin que se haya demostrado alguna circunstancia que la exonere de su responsabilidad penal, conforme lo descrito en el artículo 32 del Código Penal.

En resumen, se dispone casar la sentencia de 30 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Superior de Medellín que absolvió a Sandra Milena Ospina Arenas y en consecuencia, cobra vigencia la dictada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad el 31 de diciembre de 2012, que la condenó como coautora del delito de lavado de activos.

Para finalizar, al haber sido presentados estos cargos como principales y dada su prosperidad, la Corte, por sustracción de materia, no se pronunciará con ocasión a la censura formulada de manera subsidiaria.

2.2.5. De otra parte y como lo consideró el juez a quo, la procesada no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, pues no se satisfacen por la naturaleza del delito y las exigencias objetivas, lo consagrado en el numeral 2º del artículo 38B en consonancia con el 68 y el inciso segundo del 68A del Código Penal, que fueron modificados por la Ley 1709 de 2014.

Por lo tanto, se dispone librar orden de captura contra la aquí condenada.

2.2.6. Por último, como de las diligencias se desprende la noticia de la presunta comisión de delitos contra la fe pública (falsedad en documento privado y uso de documento privado) por parte de la acusada Sandra Milena Salazar Ospina al expedir como secretaria de las empresas Asotributaria y Asoganar y Cía. Ltda. certificaciones laborales y suscribir estados contables ajenos a la verdad, al no existir en el curso del proceso reporte sobre la investigación de estos punibles, sería del caso compulsar copias con esa finalidad, si antes no se advirtiera, que la acción penal ya se encuentra prescrita.

En efecto, tales conductas tuvieron ocurrencia en el período comprendido entre los meses de diciembre de 2002 a junio de 2005 y los delitos de falsedad en documento privado a los cuales se adecuarían tales hechos, tiene establecida en el artículo 289 del Código Penal una pena de prisión de 1 a 6 años.

Como el artículo 83, ibídem, dispone que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, pero que en ningún caso será inferior a 5 años ni superior a 20, trasladados los anteriores lineamientos al caso examinado, se tiene que el término de prescripción corresponde a 6 años, el cual, para estos delitos operó en el mes de junio de 2011, en consecuencia no hay lugar a otro clase de pronunciamiento sobre estos punibles.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Casar el fallo impugnado, proferido el 30 de julio de 2013 por el Tribunal Superior de Medellín.

2. En consecuencia, dejar en firme lo dispuesto en la sentencia de primera instancia dictada el 31 de diciembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, que condenó a Sandra Milena Ospina Arenas, a la pena de 72 meses de prisión; multa de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes; a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo, como coautora del delito de lavado de activos.

3. La procesada Sandra Milena Ospina Arenas no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la prisión domiciliaria, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

4. Líbrese orden de captura en contra de Sandra Milena Ospina Arenas.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.»

(7) Folio 225, cuaderno 4.

(8) Folio 283, cuaderno 11.

(9) Folio 10, cuaderno 5.

(10) Registro 11/200523-162632, visto al folio 48 del cuaderno 4, contenido en el informe DAS. DGO. 185646.

(11) Folio 6, cuaderno 5.

(12) Folio 6, cuaderno 5. Diligencia de ampliación de indagatoria.