Sentencia 42724 de mayo 29 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 382-2013

Rad.: 42724

Acta 17

Magistrado ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VII. Se considera

Se comienza por advertir que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales debe reunir los requisitos de técnica que aquellas exigen, que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Adicionalmente, debe entenderse, como en numerosas ocasiones ha dicho esta Corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte, se limita a enjuiciar la sentencia, con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el escrito con el que se pretende sustentar la acusación, contiene graves deficiencias técnicas, que comprometen su prosperidad y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación, las cuales se resumen así:

1. No se formuló alcance de la impugnación, que en casación es el petitum de la demanda, en el que se debe solicitar a la Corte, con la mayor claridad posible, aquello que se pretende de ella, lo que implica precisar cuáles son las aspiraciones del recurrente y se traduce en la indicación de lo que se debe casar o la parte de la sentencia acusada que ha de quebrarse, así como la actividad que la corporación debe cumplir como tribunal de instancia.

En efecto, el censor no señaló por ningún lado, si persigue la casación total o parcial del fallo del tribunal que revocó la decisión de primer grado y absolvió a la entidad demandada; y que si ello fuera parcialmente, sobre qué puntos en concreto busca romper la sentencia impugnada; ni tampoco informó qué debe hacer la Corte en sede instancia con el fallo del a quo, esto es, si confirmarlo, revocarlo o modificarlo.

Así las cosas, la parte recurrente no cumplió con el requisito o exigencia del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social artículo 90-4, lo que deja a la Sala sin ningún referente para poder abordar el estudio de fondo del recurso extraordinario, omisión que resulta suficiente para dar al traste con la acusación.

2. Si bien se acude a la vía directa para invocar la “interpretación errónea” de la ley sustantiva, la censura no explicó a la Corte en qué consistió la errada intelección que le pudo imprimir el juez de apelaciones a la Ley 33 de 1985 artículo 1º. En ningún pasaje de la sustentación del cargo, se señaló cuál fue el desvío interpretativo que va en contravía de la verdadera inteligencia de la norma, y cuál sería el correcto entendimiento o alcance que le debió haber dado a la misma.

Ciertamente, el recurrente en el desarrollo del cargo se limitó a decir que la revocatoria del fallo de primer grado, obedeció a la errónea interpretación de la citada normativa, que llevó a la violación de otras disposiciones legales, pero sin efectuar el ejercicio hermenéutico que corresponde y que conduzca a demostrar la trasgresión de la ley conforme al submotivo de violación escogido.

Como puede observarse, la sustentación del cargo está centrada en sostener: i) Que los requisitos de edad y tiempo de servicios para obtener la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985, no eran materia de discusión en esta litis, por razón de que la demandada los aceptó y en su defensa planteó que esa prestación la debía asumir el Instituto de Seguros Sociales; ii) Que, contrario a lo inferido por el fallador de alzada, la convención colectiva de trabajo, específicamente el artículo 48 que regulaba la pensión de jubilación convencional, sí le era aplicable al demandante; iii) Que al último empleador oficial, como lo fue la Corporación Financiera del Transporte, le correspondía reconocer la pensión a favor del actor, en virtud de lo preceptuado en el Decreto 1848 de 1969 artículo 75-2; y iv) Que el juez colegiado no hizo uso de las facultades oficiosas que le otorga la ley procesal, para buscar la prueba requerida y esclarecer los hechos de esta contienda.

Ninguna de las anteriores alegaciones de la impugnación tiene relación con la correcta interpretación de Ley 33 de 1985 artículo 1º, o sea con la inteligencia que el sentenciador de segundo grado le pudo haber dado a ese precepto legal. En efecto, si se considera errónea dicha intelección, lo sería porque no correspondía a lo previsto en la norma, distorsionando o desconociendo su genuino y cabal sentido, mas no porque estuvieran o no en controversia el cumplimiento de la edad mínima y el número de años en que el accionante laboró en el sector oficial.

Lo que significa que el recurrente desvió el ataque y dejó de explicar en qué consistió verdaderamente la interpretación errónea endilgada; tampoco lo hizo frente a los demás artículos de la Ley 100 de 1993 que integran la proposición jurídica.

3. Al estar encauzado el ataque por la vía directa, el recurrente tiene la carga de demostrar el quebrantamiento de la ley sustancial, por la presencia de yerros de índole jurídico, siendo preciso anotar que los fundamentos fácticos de la sentencia acusada quedan incólumes, permitiendo solamente la disquisición jurídica del punto en controversia.

Al remitirse la Sala al desarrollo del cargo, aun cuando se comienza por decir que no se discuten los supuestos fácticos establecidos, a reglón seguido de manera inapropiada, se alude a piezas procesales como la contestación de la demanda inicial, la convención colectiva de trabajo, que en casación es un medio probatorio, y a algunos documentos, para con ello esgrimir que el cumplimiento de la edad de 55 años y el tiempo de servicios de 20 años en el sector oficial, que no encontró acreditado el Tribunal, no eran objeto de controversia por haber sido aceptados por la demandada, quien argumentó como hechos y razones de defensa que la prestación pensional del demandante estaba a cargo del ISS. Así mismo, el censor cuestionó la inferencia de que el actor no podía obtener el beneficio pensional contenido en la convención colectiva de trabajo, manifestando que éste sí reunía los presupuestos de la respectiva estipulación convencional, para así poder liquidar la pensión con el 85% del promedio salarial del último año. Además destacó que la solicitud de pensión se elevó al último empleador oficial que era la demandada, sin que tenga trascendencia la prueba de la naturaleza jurídica del otro empleador, Banco Nacional en liquidación. Todo lo cual, en la forma como está planteado, resulta ajeno a la senda escogida.

Por consiguiente, en el ataque se está realizando una mixtura indebida de vías, al pretender controvertir aspectos probatorios por el sendero directo, lo que constituye una inexactitud, por ser excluyentes estos dos géneros de violación de la ley sustancial. La senda directa conlleva a un error jurídico, mientras que la indirecta a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser tanto su formulación como su análisis diferentes y por separado.

4. La censura tampoco cumplió con la carga de controvertir todas las conclusiones esenciales contenidas en la sentencia de segunda instancia, pues no obstante haber dirigido el ataque por la vía directa, no cuestionó en rigor desde el punto de vista jurídico los “razonamientos” que llevaron a la alzada, a restarle valor probatorio a la prueba documental de folio 63, en que se soportó el a quo para sumar los tiempos de servicios de las entidades en que había laborado el actor, raciocinios que giraban en torno a la falta de certeza de quién elaboró o expidió la citada certificación, por lo que en criterio del ad quem, no podía considerársele como un documento auténtico (CPC, art. 252, modificado por la L. 794/2003 art. 26).

En efecto, el recurrente lo que adujo en la sustentación del cargo, fue que el tribunal debió haber hecho uso de las facultades oficiosas para obtener la prueba tanto del tiempo de servicios como de la naturaleza pública u oficial de una de las entidades bancarias donde se afirma prestó servicios el demandante, y allegó extemporáneamente con el escrito de demanda de casación la documental relativa a un reporte de semanas cotizadas al ISS por varios empleadores, cuando es sabido que a la Corte, en sede de casación, no le es posible incorporar pruebas, por no ser el recurso extraordinario otra instancia. En tales circunstancias, dejó libre de ataque lo concerniente a la “carencia de valor probatorio” del aludido documento de folio 63.

De tal modo que ese razonamiento inatacado, que era fundamental, independiente de su acierto, mantiene en pie la sentencia censurada, la cual goza de la presunción de legalidad que la caracteriza, siendo insuficiente cualquier acusación parcial que se realice.

5. En cuanto a lo concluido por el Tribunal, en el sentido de que, en el evento de que se entendiera que el demandante está pretendiendo la pensión de jubilación de origen convencional y no la legal, se tiene que para que el recurrente pudiera plantear que el demandante sí reunía los presupuestos del artículo 48 de la Convención Colectiva de Trabajo que le daban el derecho a acceder a ese beneficio extralegal, era indispensable que denunciara como violada la disposición legal que constituye la fuente de esta clase de derechos convencionales, esto es, el Código Sustantivo del Trabajo artículo 467, que como puede verse no se incluyó dentro de la proposición jurídica del cargo.

6. Por último, el recurrente presenta una argumentación demostrativa, que más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, sin observar que, como lo enseña la jurisprudencia, para su estudio de fondo la acusación debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido (casación de abril 18 de 1969), lo cual en el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención a la Sala no se acató.

Así las cosas, dadas las limitaciones que exhibe el cargo, debe mantenerse la sentencia impugnada, y en definitiva no hay otro camino que desestimar el ataque.

De las costas del recurso extraordinario, no hay lugar a ellas por cuanto no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 26 de junio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso adelantado por Luis Alfonso Serrano Pérez contra la Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Sin costas en el recurso de casación.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».