Sentencia 42752 de abril 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42752

SL7335-2014

Acta 11

Magistrada ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VIII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Conforme a los antecedentes antes señalados, debe la Corte dilucidar si Hernández Vieda tiene o no derecho al pago de las indemnizaciones deprecadas por concepto de: i) omisión de consignar el auxilio de cesantía en un fondo de cesantías; ii) no haber sido informada por su empleador del estado del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales; y iii) la moratoria prevista en el artículo 65 del CST por el no pago de horas extras y prestaciones sociales.

1. Indemnización por omisión de consignar el auxilio de cesantía (L. 50/90, art. 99 num. 3º), evento de pago directo por parte del empleador

Sabido es que el auxilio de cesantía es una prestación social que proviene del contrato de trabajo cuya finalidad es la de remediar las necesidades del trabajador, bien sea cuando el vínculo laboral llega a su terminación y aquel permanece cesante, o para satisfacer asuntos relacionados con la vivienda y la educación en los eventos que determine la ley.

La obligación de pago de esta prestación social recae sobre el empleador, quien de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 debe consignar su valor liquidado antes del 15 de febrero del año siguiente, en una cuenta individual que para tales efectos escoja el trabajador en un fondo de cesantía.

Sin embargo, puede ocurrir que el empleador incurra en el pago irregular de esta prestación, esto es, que no las consigne en un fondo sino que las entregue directamente al trabajador. Para esta clase de situaciones que no siguen los lineamientos que al respecto ha señalado la ley laboral, existe una sanción específica que se encuentra en el artículo 254 del CST y que lo es la pérdida de lo pagado por ese concepto. Así lo ha adoctrinado esta Sala de la Corte, por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 26 septiembre 2006, radicación 27186.

En el presente asunto, no es materia de controversia que el empleador pagó directamente a su trabajadora las cesantías causadas por cada uno de los períodos indicados en las documentales de folios 26, 159, 161, 162, 168 a 169, 171, 180 a 181 y 184 a 185. La anterior conducta conllevó a que las instancias lo sancionaran con la pérdida de lo sufragado directamente al trabajador, y en consecuencia, se ordenara nuevamente su pago.

En este orden, no resulta procedente volver a gravar al demandado con una sanción cuando su conducta ya fue castigada con la condena por concepto de cesantías y que se traduce en el pago doble de éstas.

2. Indemnización moratoria por incumplimiento de informar el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y parafiscalidad (CST, art. 65 par. 1º)

Se dijo antes, que el tribunal absolvió del pago de la indemnización moratoria por este concepto en razón a que según la comunicación del Seguro Social visible a folio 97, el accionado registraba pagos a los sistemas de salud, pensión y riesgos en los ciclos 1995-09 y 2002-04, cuando presentó novedad de retiro, y luego, 2002-04 hasta 2005-04.

Para rebatir el análisis del juez ad quem, la censura centra su ataque en que conforme al parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, el empleador se encuentra en la obligación de remitir al trabajador un informe sobre el pago de los aportes al sistema de seguridad social a la fecha de terminación del contrato de trabajo, lo cual en su sentir no se realizó en el presente asunto.

Pues bien, sobre el particular importa recordar que el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, prevé lo siguiente:

Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y parafiscales sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora.

La preceptiva en cita precisa que el informe que debe remitir el empleador por escrito al trabajador debe contener “el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y parafiscales”, adjuntando “los comprobantes de pago que los certifiquen”, cuestión que se deriva en sana lógica del efectivo cumplimiento de su obligación, núcleo esencial de la norma, que no es otro, que el de garantizar el pago oportuno al sistema de seguridad social y parafiscales propendiendo, además, por la protección del trabajador.

Así las cosas, no le asiste razón a la cesura al acusar la errónea apreciación de la documental de folio 97, porque de su examen, encuentra esta corporación que nada distinto de lo que acredita fue lo que coligió el juez de apelaciones, esto es, el pago de aportes durante los ciclos atrás reseñados, entre los que se encuentran los tres últimos meses referidos por la norma, conclusión esta que halla(sic) respaldado en el alcance fijado por la corporación a la citada normativa, plasmado en sentencia de 30 de enero de 2007, radicado 29443, reiterado en la Sentencia CSJ SL-516-2013 de 31 de julio de 2013, radicado 42361, última en la que se aseveró:

[…] Y ya lo dijo el ad quem, al hacer suyas las consideraciones de esta Corte sobre el supuesto de hecho contenido en el citado parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 en la Sentencia 29443 de 2007, que lo que allí sanciona el legislador es el incumplimiento del empleador de sus obligaciones para con las entidades del sistema de seguridad social y administradoras de recursos parafiscales y no, precisamente la falta al deber de comunicar el estado de cuentas al trabajador; por tanto, si el ad quem dio por demostrado que el empleador estuvo al día por tales conceptos en los tres últimos meses calendario, no le quedaba otra alternativa que negar las pretensiones pertinentes.

[…] Si bien la redacción de la norma en comento es distinta al texto original del artículo 65 del CST y a la modificación introducida a este por el primer inciso del citado artículo 29 de la Ley 789, en la medida que allí sí se fija, claramente, la consecuencia consistente en que el empleador le deberá pagar al trabajador un día de salario por cada día de mora en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato, no puede ser motivo de extrañeza para la comunidad jurídica laboral el que, cuando el legislador se refiera a la ineficacia del retiro del servicio derivada del incumplimiento del pago de obligaciones laborales, en este caso del sistema de la protección social, a cargo del empleador, se equipare al pago de la indemnización moratoria a favor del trabajador, por cuanto la jurisprudencia tiene precisado, desde antaño, conforme al propósito de la norma en estos casos, que el objeto de tutela jurídica no es la estabilidad laboral, sino el pago de ciertas obligaciones laborales que, dada su naturaleza, merecen una protección especial y que esta protección debe estar armonizada con el principio general de la resolución contenido en todos los contratos de trabajo.

En ese orden, se advierte que en el sub examine existen documentales que acreditan el pago de los aportes al sistema de seguridad social durante los 3 últimos meses anteriores a la terminación del contrato —año 2005—, lo que evidencia que el demandado cumplió con sus obligaciones para con el sistema de seguridad social y procedió de buena fe.

3. Indemnización moratoria por el no pago de horas extras y prestaciones sociales (CST, art. 65)

Como quedó visto, el ad quem absolvió al demandado de la sanción moratoria del artículo 65 del CST, a pesar de que éste omitió el pago de las horas extras diurnas, argumentando “que la conducta del accionado estuvo incursa en buena fe, pues creyó que no estaba obligado a pagar suma alguna por tal concepto, sin que acudiera a subterfugios para justificar su omisión”.

Por su parte, la censura acusa en el tercer error de hecho esa conclusión, y al efecto señala la equivocada apreciación del interrogatorio de parte (fl. 56) y de la contestación de la demanda (fl. 38), documentales en los que -afirma- la demandada aceptó la omisión del pago de una extra diurna diaria.

En ese orden, advierte la Corte que le asiste razón al recurrente en punto a los reparos que dirige contra la absolución que dispuso el tribunal, ya que como lo tiene dicho reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala, el juez tiene el deber de estudiar las pruebas incorporadas al proceso a fin de establecer si la conducta del empleador estuvo o no justificada, al punto que el examen fáctico permitirá establecer si la omisión o pago tardío de salarios y prestaciones, estuvo o no asistido de la buena fe.

Así se ha adoctrinado, entre otras tantas, en la sentencia CSJ SL. 3 mayo 2006, radicación 26271, en los siguientes términos:

En lo que atañe al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ha dicho la jurisprudencia de esta Sala, reiterada en innumerables ocasiones, que su aplicación no es inexorable ni automática, pues, en cada caso en concreto, es imperioso al juez analizar los motivos que indujeron al empleador a omitir el pago, total o parcial, de los salarios y prestaciones del trabajador, a la terminación del contrato de trabajo, pues de estar aquellos justificados en razones serias y atendibles, debidamente acreditadas en el proceso, que indiquen, sin lugar a dudas, que no hubo intención de defraudar al trabajador y que se obró con buena fe, bajo el entendimiento de nada se quedaba a deber por estos conceptos, no procede la aplicación de la sanción contemplada en dicha norma.

También se ha dicho que razones válidas, no necesariamente son las que jurídicamente acoja el juez en su sentencia, o que sean las que finalmente defina la jurisprudencia o la doctrina, sino que solo basta con que ellas tengan fundamento en unos argumentos sólidos y factibles, que den un grado certeza tal que permita llevar a la creencia fundada que se está actuando correctamente o conforme a la ley.

En el sub lite, no hay prueba alguna que demuestre que el demandado hubiere tenido razón atendible para no pagar a su trabajadora las horas extras efectivamente laboradas. Por el contrario, advierte la Sala lo siguiente:

1. En su respuesta a la demanda el accionado señaló que la demandante tenía un horario de trabajo comprendido entre las 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., de lunes a sábado, lo que pone en evidencia que Hernández Vieda laboraba una hora extra diaria y que su empleador tenía conocimiento de dicha situación (fl. 38).

2. No obstante, y pese a la afirmación contenida en la contestación a la demanda, cuando en el interrogatorio de parte se le indagó acerca del horario de trabajo, no ofreció razones plausibles que demostraran su buena fe, y de forma contradictoria con su conducta procesal inicial, señaló un nuevo horario de trabajo que iba de 8:15 a.m. a 7:00 p.m., con dos horas de almuerzo (fl. 56).

Por lo expuesto, estima la Sala que el ad quem efectivamente se equivocó al deducir la buena fe del empleador, sin que hubiese prueba de que esta condición se había dado, más aun cuando en la respuesta a la demanda se encuentra plasmada su confesión de que la actora prestó sus servicios en un horario que excedía la jornada máxima legal. En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia impugnada.

No se impondrán costas en el recurso extraordinario, dado que la acusación tuvo éxito.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA

Como consideraciones de instancia son suficientes las esbozadas en la esfera casacional, razón por la que, se revocará parcialmente la sentencia dictada por el Juez Laboral del Circuito de Girardot, el 13 de junio de 2007, en cuanto absolvió al demandado de pagar la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del CST y, en su lugar, se dispondrá condenar a Gildardo Ortiz Leiva como propietario del establecimiento de comercio COMPU-OFICINAS a pagar a la demandante, un día de salario por cada día de retardo en el pago de las horas extras diurnas, a partir del 15 de abril de 2005, en cuantía diaria de $ 14.124,10, de acuerdo al último promedio salarial devengado que lo fue en suma de $ 423.723, hasta el 15 de abril de 2007; cuantía que se concreta en la suma de $ 10.169.352, y a partir de esa fecha, los correspondientes intereses moratorios sobre el monto de $ 7.973.438,99 adeudado por prestaciones sociales y horas extras diurnas, ordenadas por el Tribunal, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera, que a la fecha de 28 de febrero de 2014 arroja la suma de $ 14.302.242,29.

Costas en primera instancia a cargo de la parte demandada, sin lugar a ellas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 28 de mayo de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del juicio ordinario laboral que le adelantó GLORIA CECILIA HERNÁNDEZ VIEDA a GILDARDO ORTIZ LEIVA como propietario del establecimiento de comercio COMPU-OFICINAS, en cuanto confirmó la absolución sobre la sanción moratoria peticionada. No la casa en lo demás.

En sede de instancia,

RESUELVE:

1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 13 de junio de 2007, dictada por el Juzgado Laboral del Circuito de Girardot.

2. CONDENAR a GILDARDO ORTIZ LEIVA como propietario del establecimiento de comercio COMPU-OFICINAS, a pagar a la demandante: (i) un día de salario por cada día de retardo en el pago por prestaciones sociales y horas extras diurnas, a partir del 15 de abril de 2005, en cuantía diaria de $ 14.124,10, de acuerdo al último promedio salarial, como se dijo en la parte motiva de esta providencia, hasta el 15 de abril de 2007, que se concreta en la suma de $ 10.169.352; y (ii) a partir de esa fecha, los correspondientes intereses moratorios sobre el monto de $ 7.973.438,99 adeudado por prestaciones sociales y horas extras diurnas, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera, que a la fecha de 28 de febrero de 2014 arroja la suma de $ 14.302.242,29, sin perjuicio de los que sigan causando hasta que se efectúe el pago.

3. CONDENAR a GILDARDO ORTIZ LEIVA como propietario del establecimiento de comercio COMPU-OFICINAS en costas, conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».