Sentencia 42762 de abril 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP1712-2014

Rad.: 42.762

(Aprobado Acta 93)

Magistrado ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Previo a establecer cómo en el caso concreto operó el fenómeno jurídico de la prescripción, bien se ofrece precisar que, pese a que, el único motivo de ataque formulado en la demanda tiene justamente ese propósito, no hay lugar a admitir el libelo, ni mucho menos a calificarlo, por cuanto como se verá, no solo el defensor carecía de todo interés para invocar tal reproche, en la medida que para cuando la presentó no había sobrevenido todavía, sino que, una vez se consolida tal figura, no queda otra opción jurídica que proceder a su declaración.

Ahora, según lo prevén los artículos 83 y 86 del Código Penal, la acción penal prescribe en el mismo término que el máximo punitivo establecido para cada delito, eso sí, mínimo en cinco (5) años durante la instrucción, salvo que se haya calificado el mérito del sumario con resolución de acusación, pues a partir del momento en que esta cobra ejecutoria, se interrumpe el término prescriptivo y corre otro, por la mitad del inicial, el cual, en todo caso, tampoco puede ser inferior a cinco (5) años.

La acusación en contra de Orlando Díaz Rojas y Valentina Ariza Aragón se produjo por el delito de fraude procesal, en los términos del artículo 453 del Código Penal, sin aludir a la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 890 de 2004, adecuación típica que fue acogida por las instancias.

A fin de determinar si el Estado perdió la capacidad de ejercer el poder punitivo respecto de la conducta punible endilgada al procesado y, por contera, a la señora Ariza Aragón, se impone verificar el quantum de pena previsto por el legislador para dicho ilícito, procedimiento en el que se debe tener en cuenta la fecha de los hechos y las normas vigentes para ese momento y en los tránsitos legislativos, subsiguientes, dado el carácter permanente del delito examinado.

Recordemos que, los actos fraudulentos desplegados por los procesados iniciaron el 2 de marzo de 2004, cuando mediante acta de conciliación Orlando Díaz Rojas se obligó a pagar a Valentina Ariza Aragón la suma de $ 18.400.000 por concepto de alimentos, la cual sirvió de título de recaudo para que el 10 del mismo mes aquella promoviera, a través de abogado, un proceso ejecutivo contra aquél, en el que el juez tercero de familia de Valledupar libró mandamiento de pago y ordenó medidas cautelares que desplazaron el crédito laboral reconocido previa y judicialmente a favor del denunciante Luquez Herrera.

Los efectos de la infracción penal, materialmente se mantienen hasta la fecha, habida cuenta que, según lo destaca el fallo de segunda instancia, el a quo, entre otras determinaciones, dispuso la remisión de copia auténtica del fallo de primer nivel al referido juzgado de familia a fin de que adoptara las determinaciones a que hubiera lugar, oficio que deberá librarse una vez cobre ejecutoria el fallo de segundo nivel, solo que por virtud de una ficción legal, de orden jurisprudencial (CSJ AP 04 dic. 2013, Rad. 42552) propia de los delitos permanentes, debe entenderse que las consecuencias del injusto de fraude procesal se extendieron únicamente hasta la ejecutoria del cierre de la investigación, esto es, hasta el 10 de mayo de 2007(17).

Ocurre que, durante esta última fase del punible entró en vigencia el artículo 11 de la Ley 890 de 2004, que modificó el artículo 453 de la Ley 599 de 2000 e incrementó la pena de prisión que pasó de estar fijada a 4 a 8 años a 6 a 12 años(18).

Esto significa que, en estricto sentido, el término prescriptivo para esta infracción durante la fase de juzgamiento no era de 5 años(19) sino de 6 años, que equivale a la mitad de 12 años.

No obstante, verificados los fallos, se constata que, los juzgadores no advirtieron el punto y sancionaron a los acusados con la pena prevista en el artículo 453 de la Ley 599 de 2000, sin la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 890 de 2004 —4 a 8 años—, lo que obliga a la Corte, según su última postura jurisprudencial (CSJ AP 23 mayo 2012, Rad. 38681, CSJ AP 04 jun. 2012, Rad. 38681, CSJ AP 21 ago. 2013, Rad. 40587 y CSJ AP519-2014), a respetar tal criterio y concebir que el período prescriptivo es de escasos 5 años.

En este asunto, objetivamente, se observa que la resolución de acusación de segunda instancia del 29 de agosto de 2008, cobró ejecutoria ese mismo día, lo que significa que el lapso con que contaba el Estado para juzgar a los presuntos responsables del reato de fraude procesal vencía el 29 de agosto de 2013.

Si esto es así, no cabe duda que, para cuando el procesado interpuso el recurso extraordinario de casación —21 de mayo de 2013— y su defensor presentó la demanda de casación —22 de julio del mismo año—, contrario a lo argumentado en su único cargo, dicho injusto no había prescrito.

Se verifica, entonces, que, de espaldas al principio de lealtad procesal que debe inspirar el comportamiento de todos los sujetos que en él intervienen, el enjuiciado y su representante judicial utilizaron el recurso de casación para que prescribieran las acciones penal y civil, lo que a la postre sucedió como se comprobará adelante.

Esta actitud procesal, para con la administración de justicia es aún más clara si se advierte que, no solo el único cargo postulado pretendía la declaración de la prescripción de la acción penal, sino que, la defensa de Díaz Rojas carecía de cualquier otro interés jurídico para acudir en casación(20) pues el fallo de primer nivel únicamente fue apelado por el representante de la parte civil.

Comprobado como está que la acción penal y civil por el delito de fraude procesal prescribió el 29 de agosto de 2013, luego de proferido el fallo de segunda instancia y cuando el expediente aún estaba a cargo del Tribunal, es decir, antes de que arribara a la Corte(21), bien está formular un llamado de atención a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar, en tanto se advierte que, una vez fenecido dicho término, el procesado elevó petición orientada en tal sentido, pero dicha colegiatura se negó a pronunciarse sobre el particular aduciendo que era un asunto de competencia de la Corte en tanto guardaba identidad con el tema debatido en casación, cuando lo cierto es que, agotado el período prescriptivo, el único acto procesal válido es la emisión de decisión que declare la correspondiente extinción de la acción penal por prescripción.

En cambio, el ad quem no solo se negó a declararla sino que ordenó remitir el expediente a la Corte cuando carecía de toda autorización legal para proceder en ese sentido, con un claro desgaste injustificado para la administración de justicia.

En ese orden, se declarará la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de fraude procesal y se ordenará cesar todo procedimiento por esa conducta punible a favor de Orlando Díaz Rojas, decisión que se hace extensiva a Valentina Ariza Aragón, en tanto se encuentra en el mismo supuesto jurídico que aquél.

Del mismo modo, por mandato del artículo 98 de la Ley 599 de 2000, se impone declarar la prescripción de la acción civil, como quiera que ella fue ejercida por Cecilio Luquez Herrera dentro de la actuación penal.

Por último, la Sala no observa otras flagrantes violaciones de derechos fundamentales, causales de nulidad, ni motivos que conduzcan a la necesidad de un pronunciamiento profundo frente al expediente en razón de las finalidades de la casación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Declarar la extinción por prescripción de las acciones penal y civil derivadas del delito de fraude procesal por el que fueron procesados Orlando Díaz Rojas y Valentina Ariza Aragón y, por consiguiente, decretar en su favor la cesación de procedimiento.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

2. Devolver la actuación al tribunal de origen, el cual procederá a cancelar las órdenes de captura, las cauciones que hubieren sido prestadas y las medidas cautelares sobre bienes que se encuentren vigentes. Además, de ser el caso, informará lo aquí resuelto a las mismas autoridades a las que se les comunicó la resolución de acusación y las sentencias de primera y segunda instancias.

Notifíquese y cúmplase».

(17) Cfr. folio 6 vuelto del cuaderno original 2.

(18) Se precisa que este incremento punitivo no corresponde al aumento generalizado de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 que tuvo como fundamento la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal consagrado en la Ley 906 de 2004.

(19) Que equivaldría al lapso de prescripción si la pena máxima para este reato fuera de 8 años.

(20) Salvo que el reproche versara sobre la violación de garantías fundamentales, aspecto no debatido en la demanda.

(21) El proceso fue allegado a la secretaría de la Sala de Casación Penal el 22 de noviembre de 2013. Cfr. folio 1 del cuaderno de la Corte.