Sentencia 42771 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42771

SL 696-2013

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 31

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia acusada, en cuanto a las condenas que le fueron impuestas a la sociedad demandada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión condenatoria del juez del conocimiento y, en su lugar, se absuelva a Bavaria de todas las pretensiones del actor.

Con esa finalidad formula dos cargos contra la decisión recurrida, fundados en la causal primera de casación laboral, que fueron replicados y se estudiarán conjuntamente tomando en consideración que ambos se encuentran dirigidos por la vía indirecta y se complementan entre sí.

Primer cargo

Orientado por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 61, literal h), subrogado por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990, 58, numerales 1º y 5º, 63, numerales 4º y 6º del literal a) y parágrafo, subrogado por el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, del Código Sustantivo del Trabajo. En relación con los artículos 104, 107, 116, 117, 120, modificado por el artículo 6º del Decreto 1617 de 1954, 121, 122, 259 del Código Sustantivo del Trabajo; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 1º, 12 y 13 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990. En conexión con los artículos 467, 468, 469 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo.

Quebranto normativo que dice se originó en los siguientes dislates fácticos en que incurrió el tribunal:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no efectuó en tiempo el registro de control de calidad correspondiente a las 7:00 a.m. del día 28 de febrero de 2003, incumpliendo así una de las obligaciones que como trabajador le correspondía.

“1.2. No dar por demostrado, estándolo, que el anterior hecho invocado por la compañía para finalizar el contrato de trabajo del actor, constituye además, una grave negligencia que puso en peligro los productos de la compañía y por ende su prestigio comercial, configurando así una justa causa para el despido.

“1.3. No dar por demostrado, estándolo que el incumplimiento de la obligación antes dicha, previamente impuesta y conocida por el trabajador, reviste alta gravedad dada la importancia del encargo y que la misma, está calificado como falta grave en el reglamento interno de trabajo; por tanto, es justa causa para el despido sin lugar a indemnización.

“1.4 No tener por establecido, cuando así se alegó y evidenció, que al actor no le es aplicable el régimen pensional de jubilación patronal, sino que su derecho pensional de vejez está a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social administrado por el Instituto de Seguros Sociales, en razón a la subrogación que operó por disposición legal y por afiliación y pago de aportes que Bavaria S.A. cumplió durante toda la vigencia de la relación laboral.

“1.5. Dar por probado, sin estarlo, que el demandante reúne los presupuestos fácticos previstos en la Convención Colectiva de Trabajo para que le sea aplicable el régimen pensión de jubilación patronal en ella previsto.

“1.6. No dar por probado, estándolo, que el tiempo de servicios que se considera ahora para la condena a pensión proporcional de jubilación convencional, es el mismo tiempo de servicios por el cual Bavaria S.A., cotizó al Instituto de Seguros Sociales en el régimen General de Pensiones (IVM) a su cargo y por el cual el Instituto de Seguros Sociales le reconocerá pensión de vejez al demandante cuando cumpla la edad de 60 años, creando una doble prestación por el mismo riesgo y un doble pago por el mismo tiempo de servicios” (el aparte resaltado es de la acusación).

Sostiene la censura que los dislates fácticos señalados se originaron en la equivocada apreciación del informe disciplinario que obra a folios 87 y 453, la planilla denominada “Envase/inspectores eléctricos de botellas vacías” (fl. 454), el manual de operaciones (fls. 96 a 100), la carta de terminación del contrato de trabajo por justa causa (fls. 101 y 102; 470 y 471), la respuesta a la demanda (fls. 404 a 449), la convención colectiva de trabajo (fls. 319 a 383), los documentos de afiliación a la seguridad social (fls. 135, 136, 138, 140, 451 y 452), la certificación de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (fls. 135 y 136) y las declaraciones de Fernando Castillo Pinilla (fls. 608 a 611), Gabriel Rodríguez (fls. 615 a 617), Gabriel Antonio Rodríguez Pacheco (fls. 618 a 621), Geduard López Rey (fls. 628 a 633) y Jorge Orlando Beltrán Guacaneme (fls. 632 a 634).

En la demostración dice el censor que la apreciación probatoria del juzgador de segundo grado fue errónea, con lo que ocasionó los errores evidentes de hecho mencionados, particularmente en cuanto concluyó que el motivo que indujo a la demandada a despedir al actor comportaba dos momentos indisolubles en el tiempo, de manera que si no se probaba uno no se configuraría la causal invocada para el despido; que el tribunal entendió que correspondía al trabajador llevar a cabo la prueba de control de funcionamiento del “omnivisión” y, a la vez, hacer el registro de tal actuación; que omitió un estudio juicioso de la documental enlistada, con lo que se adelantó a concluir que el trabajador había acreditado que efectivamente realizó el control, lo que no había ocurrido con el registro de control y que si, en gracia de discusión, se concluyera que el trabajador a posteriori efectuó dicho registro, de ninguna manera se probaba la justa causa compleja que tuvo presente la empresa para despedir al demandante; que el informe suscrito por los superiores inmediatos del demandante prueba que no se cumplió con el registro de las 7:00 a.m. del día 28 de febrero de 2003, que tan solo se escribió 45 minutos después, lo cual, dice, acredita la grave violación de tal obligación por parte del actor; que en la diligencia de descargos el señor César Emigdio Díaz G. confesó que hizo la anotación a la hora que señalan los supervisores; que el actor no justificó su grave omisión, pero además fue evasivo al contestar algunas de las preguntas relacionadas con los hechos que se estaban investigando, cuando ese era el momento para ofrecer las explicaciones razonables y cuantas declaraciones se consideraran pertinentes; que no apreció el tribunal que en el folio 2 del acta de descargos, el actor afirmó que anotar el resultado del control le tomaba dos minutos y a folio 3 que el control como tal le llevaba cinco minutos, de donde resulta inaceptable que el 28 de febrero de 2003 se haya demorado 45 minutos para hacer un registro de control de tan particular trascendencia; que los documentos mencionados determinan claramente que el accionante no cumplió con el deber que tenía de registrar en tiempo el resultado del control, que afirmó haber efectuado, y que lo hizo con un retardo de 45 minutos; que el manual de operaciones, aportado al proceso por la parte actora, prevé la obligación de hacer la inspección cada hora y registrarla en la planilla, sin que exista la posibilidad para el operario de modificar tal programación, de manera que la carta de despido es inequívoca y clara al expresar la causal de la terminación del contrato de trabajo, así como que en su texto, se reiteró que de la fidelidad y veracidad de los registros dependía la calidad de los productos de la compañía.

La réplica

Resalta que las pruebas en que se fundó el juzgador de segundo grado para determinar que el demandante no incurrió en la falta invocada en la carta de despido, guardan relación con la prueba testimonial del señor Euclides Bolívar, operario titular de omnivisión o detector de botellas, que fue debidamente valorado por el juzgador de primer grado, tal como dejó sentado en su decisión. Agrega que la sustentación del cargo se edifica sobre 5 declaraciones de terceros, sin tomar en consideración que no son pruebas calificadas en casación, por lo que en principio no era admisible vincularlos a la demostración de la censura.

Cargo subsidiario

Comparte la misma proposición jurídica del primer cargo para denunciar los siguientes dislates fácticos:

“No tener por establecido, cuando así lo alegó y evidenció, que al actor no le es aplicable el régimen pensional de jubilación patronal, sino que su derecho pensional de vejez está a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social administrado por el ISS, en razón a la subrogación que operó por disposición legal y por afiliación y pago de aportes que Bavaria S.A. cumplió durante toda la vigencia de la relación laboral.

“Dar por probado, sin estarlo, que el demandante reúne los presupuestos fácticos previstos en la Convención Colectiva de Trabajo para que sea aplicable el régimen pensional de jubilación patronal en ella previsto

“No dar por probado, estándolo, que el tiempo de servicios que se considera ahora para la condena a pensión proporcional de jubilación convencional, es el mismo tiempo de servicios por el cual Bavaria S.A., cotizó al ISS en el régimen general de pensiones (IVM) a su cargo y por el cual el ISS le reconocerá pensión de vejez al demandante cuando cumpla la edad de 60 años, creando una doble prestación por el mismo riesgo y un doble pago por el mismo tiempo de servicios” (el resaltado es del cargo).

Estima la acusación que el juzgador de segundo grado incurrió en la violación fáctica denunciada como consecuencia de la apreciación equivocada de los documentos de afiliación a la seguridad social (fls. 135, 138 y 140; 451 y 52), la certificación de semanas cotizada al ISS (fls. 135 y 136) y la convención colectiva de trabajo, suscrita para el período 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002 (fls. 319 a 383).

Argumenta la censura en demostración de la acusación, que el riesgo derivado de la vejez, en este caso, se encuentra totalmente a cargo del Instituto de Seguros Sociales en razón a la oportuna afiliación que hizo Bavaria S.A., con pago completo de los aportes al sistema, particularmente porque el demandante ha superado el máximo de semanas de cotización requeridas para la consolidación del derecho a la pensión de vejez, que le será reconocida por la entidad de seguridad social cuando cumpla la edad requerida; que de haberse apreciado en la sentencia acusada la certificación de semanas cotizadas al ISS, por cuenta del demandante, se habría inferido que, por asistirle al demandante derechos relacionados con los riesgos de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, el actor no es sujeto del régimen pensional de jubilación establecido en la convención colectiva de trabajo, por cuanto que no son concurrentes los dos regímenes; que una correcta valoración de la cláusula 51 de la convención colectiva, habría llevado a concluir que la prerrogativa pensional que contempla supone varias condiciones para su causación y procedencia, que no se dan en el presente caso, la primera que el contrato de trabajo del actor terminó por justa causa imputable a su grave conducta y, la segunda, que el texto extralegal referido supone la existencia de un régimen patronal de atención de riesgos pensionales, de manera que el riesgo pensional derivado de la vejez se encuentra a cargo del Instituto de Seguros Sociales, en razón a la oportuna afiliación que efectuó la empleadora y al pago completo de los aportes al sistema, que dio lugar a que el actor superara el máximo de las semanas de cotización que le dan derecho a la pensión plena de vejez que le será reconocida por la entidad de seguridad social cuando cumpla la edad requerida; que dicha situación torna en improcedente la condena a una pensión para un riesgo ya cubierto, por un tiempo de servicios por el que se contribuyó al sistema integral de seguridad social; que de lo contrario se rompería el principio esencial de la seguridad social conforme al cual no debe existir una doble cobertura o prestación para un mismo riesgo.

Finalmente señala que de no prosperar el cargo en lo pedido deberá corregirse el error aritmético en el cálculo de la pensión impuesta pues, no se ha liquidado conforme al texto convencional el 75% de la pensión de jubilación ordinaria que pudiera corresponderle, sino el 75% del salario promedio, lo que hace más gravosa la situación de la compañía.

La réplica

Sostiene que el reconocimiento, en la sentencia acusada, de la pensión convencional con apoyo en la cláusula 51 de la Convención Colectiva de Trabajo, es normal, pues es de competencia del tribunal asignarle el sentido a la norma que contiene el derecho que se discute, lo que no significa que desconozca el derecho pensional a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social, dado que este tiene una fuente legal que dista de la convencional reconocida.

Consideraciones de la Corte

Los hechos expuestos como justa causa de terminación del contrato de trabajo, en la comunicación que la sociedad convocada al proceso dirigió al actor el 7 de marzo de 2003 para darle a conocer esa decisión, se refieren en concreto a que el actor, como operario de la máquina denominada “omnivisión”, omitió efectuar la revisión visual de envase y efectuar las anotaciones en la planilla de control correspondiente, por los cuales fue llamado precisamente a diligencia de descargos, oportunidad en la que este afirmó haber cumplido con la tarea de efectuar las pruebas requeridas, tal como, dijo, lo podía corroborar el electricista con quien había hecho la inspección aludida, con la aclaración de que se había demorado en la anotación debido a que estaba acosado por otras actividades que debía cumplir.

Al referirse el juzgador de segundo grado a los motivos que llevaron a la empresa demandada a desvincular al demandante, hizo suyas las consideraciones del juez del conocimiento, referentes a que este había acreditado que efectivamente realizó el control de las botellas que debía realizar con el “omnivisión”, conclusión a la que arribó el a quo, con sustento en la declaración del electricista Euclides Bolívar, quien, en su calidad de trabajador de Bavaria S.A., manifestó que había sido testigo presencial de las pruebas de control verificadas por el actor el día 28 de febrero de 2003 a las 7.00 a.m., persona que textualmente expresó “... yo certifico que la función por la cual generó el despido se cumplió a cabalidad, ya que yo hice parte del análisis siendo las 7:00 a.m., una vez realizada la función del paso o prueba de botellas al omovisión me retire al casino o refrigerio quedando pendiente el registro en la planilla...”.

Ocurre entonces que la censura no se ocupó de controvertir esa conclusión de la primera instancia, que hizo suya el tribunal, ni tampoco citó la prueba testimonial sobre la que ella se edificó, pese a que fue base esencial de la sentencia acusada para concluir que “... no es posible predicar justas causas cuando la misma no se logra acreditar en su integridad”. Omisión que, dada su trascendencia, frustra, con independencia de cualquier otra razón, una eventual prosperidad del cargo, pues conforme lo ha explicado de manera reiterada esta Sala, la sentencia acusada en casación llega antecedida de la presunción de legalidad y acierto, por virtud de lo cual le corresponde a quien pretenda su anulación destruir todos los argumentos de hecho o de derecho que le hayan servido de base al juzgador para adoptarla, lo que significa que aquellos pilares del fallo que permanezcan libres de crítica, seguirán sirviendo de puntal a la decisión atacada.

La irregularidad advertida también apareja que se haya omitido atacar el testimonio soporte de la apreciación fáctica a que antes se hizo mención, que debía ser citado a pesar de que no tiene la naturaleza de prueba hábil en casación, para que en el supuesto de que se demostrara, con prueba apta, cualquiera de los yerros fácticos, la Corte estuviera habilitada para abordar su estudio, pero como ello no sucedió, el fallo conserva inalterable la apreciación que extrajo el juzgador de ese medio de convicción.

Incluso, si fuera dable restar trascendencia a las irregularidades anotadas se observaría que las pruebas hábiles citadas en este recurso no acreditan que el tribunal se haya equivocado al establecer que la empleadora no tuvo una justa causa para desvincular al demandante, pues, comenzando por la carta de despido, debe decirse que esta prueba únicamente acredita que se invocaron unos hechos, pero sin que, por sí sola, demuestre que fueron ciertos.

Por su parte, el acta de descargos da cuenta del informe de dos ingenieros de la empresa que revela que el actor no registró en la planilla correspondiente el control de calidad de las 07.00 horas, pero sin que lo acusaran de no haber efectuado esa prueba de calidad, por lo que esta es apenas una simple suposición de la empresa sin sustento probatorio alguno, pues el trabajador sostuvo que realizó tal examen. Incluso se prescindió en esa investigación de escuchar al electricista, que explica, en su versión, que también participó en la inspección de botellas porque le interesaba esa verificación para poder ajustar el “omnivisión”. En ese contexto surge que no se acreditó que el trabajador haya incumplido lo que constituiría la verdadera falta, esto es la verificación de calidad en la limpieza del envase a la hora preestablecida, pero además se desprende de la diligencia de descargos que en las 7 horas anteriores se hicieron las anotaciones regularmente.

En tanto que de la planilla denominada “envase/inspectores eléctricos de botellas-vacías” (fls. 454) se desprende que tanto en el turno del demandante como en el siguiente todas las inspecciones se cumplieron satisfactoriamente, sin que aparezca una sola nota de observación referente al funcionamiento del “omnivisión”, al respecto solo aparece que la anotación de la prueba de las 07:00 se hizo hasta las 07:45, siendo del caso resaltar que el laboratorio de la empresa corroboró en ese mismo documento que no hubo irregularidades en la higiene de las botellas, de manera que no hay indicativo relativo que el accionante no haya cumplido la labor de control de calidad de las botellas a su cargo.

En cuanto al manual de operaciones relacionado con el “omnivisión” se advierte que este contiene las directrices sobre el control de calidad del envase, manejo de la máquina, procedimientos, su mantenimiento y otros, pero de este no se puede deducir que el trabajador no haya cumplido una determinada actividad a su cargo.

En lo que respecta a la contestación de la demanda es oportuno indicar que las afirmaciones que se hagan en esta pieza procesal no pueden ser apreciadas como prueba de la veracidad de las mismas, pues corresponden a versión de parte interesada, que como tales carecen de valor persuasivo sobre los hechos que se discuten en el proceso, salvo que existan medios de convicción que las corroboren.

Se sigue entonces de lo expuesto que la acusación no logra acreditar que el juzgador de segundo grado se hubiera equivocado al concluir que la empleadora no haya demostrado la justa causa invocada para despedir al demandante. En consecuencia no es dable el examen de los testimonios y del informe disciplinario citado, que es un documento declarativo de tercero, toda vez que dichas pruebas no son hábiles para fundar un yerro en casación laboral; y solo eventualmente podrían ser estudiados por la Corte, conforme lo ha señalado la jurisprudencia, en la medida que aparezca acreditada la equivocación del juzgador mediante un medio idóneo como lo es la confesión judicial, el documento auténtico o la inspección ocular.

No tiene sentido, por tanto, determinar si los motivos invocados como justa causa por la empresa para despedir al trabajador, constituyen o no falta grave, habida consideración que no se demostró que el trabajador haya incurrido en el desconocimiento de las obligaciones que se le atribuye.

En lo concerniente al otro aspecto que se discute en ambos cargos, atinente a que no le es aplicable al actor el régimen pensional de jubilación convencional, porque su pensión está a cargo del Instituto de Seguros Sociales, se observa que en realidad está sustentado en una argumentación jurídica, que no es susceptible de plantearse por la vía indirecta, de acuerdo con las reglas que rigen el recurso de casación laboral.

En todo caso, para el momento en que fue despedido el actor, el 7 de marzo de 2003, no existía restricción legal alguna que impidiera la existencia de normas extralegales o convencionales que establecieran pensiones, como las acordadas para los eventos en que la empleadora despidiera trabajadores sin justa causa, con determinado tiempo de servicios, como es la reclamada en este caso.

Esa potestad que tenían los empleadores y trabajadores de pactar pensiones de jubilación a través de la negociación colectiva, con sustento legal en el principio del mínimo de derechos y garantías, previsto en nuestra legislación, con el que se perseguía el mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores, sin que ello significara un pago doble, pues de lo que se trataba era simplemente de superar el mínimo existente en la legislación, no sufrió una alteración significativa con el advenimiento del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, pues este ordenamiento normativo, admitió la negociación colectiva y la posibilidad de pactar regímenes complementarios a los legales, siempre que no se evadiera o eludiera el sistema general de pensiones, y, además, previó, en el inciso tercero de su artículo 283, que “aquellas convenciones que hacia el futuro se llegaren a pactar en condiciones diferente a las establecidas en la presente ley, deberán contar con los recursos respectivos para garantía, en la forma que los acuerden empleadores y trabajadores”.

Situación que cambió radicalmente a raíz de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005, dado que este prohibió, a partir de la fecha en que entró en vigencia, el 25 de julio de 2005, establecer condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones por la vía de la negociación colectiva o de la libre potestad de los empleadores. Previendo además, que los regímenes convencionales existentes al momento en que entró a regir mantendrían su vigencia por el término inicialmente estipulado, sin que en los convenios o laudos que se suscribieran entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010 pudieran pactarse condiciones pensionales más favorables a las que se encontraren vigentes.

Es claro entonces que el acto legislativo referido no afectó al demandante, dado que su desvinculación laboral, sin justa causa, tuvo lugar el 7 de marzo de 2003, de manera que solo era procedente su compartibilidad en los términos del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, de acuerdo con el artículo 31, numeral segundo, de la Ley 100 de 1993. Esto atendiendo que el actor reúne los requisitos exigidos por el artículo 51 de la Convención Colectiva de Trabajo, por cuanto fue despedido sin justa causa, con más de 15 años de servicios y menos de 20 de actividad laboral al servicio de la empresa (fl. 319 a 383), por lo cual reúne las condiciones establecidas en la norma que textualmente prevé:

“Cláusula 51 pensión para trabajadores entre quince (15) y veinte (20) años de servicio.

“Dentro de las normas establecidas para la liquidación y pago de la pensión ordinaria de jubilación consagradas en la presente convención, la compañía concederá el setenta y cinco por ciento (75%) de la pensión que le hubiere correspondido al cumplir los requisitos para la jubilación ordinaria, al trabajador que con quince (15) años de servicios y menos de veinte (20) sea retirado del servicio de la Empresa sin justa causa, al cumplir los cincuenta (50) años de edad.”

“Lo dispuesto en la presente cláusula no se aplica a los trabajadores que laboran en la Cervecería Águila”.

Finalmente, la supuesta corrección aritmética que solicita la acusación no es admisible en casación laboral, dado que corresponde a una de esas cuestiones que deben ser solucionadas a través de otros medios procesales, previstos para cada caso, es decir mediante la aclaración, corrección y adición de las sentencia, conforme al artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por los jueces laborales en virtud de la remisión expresa que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Criterio reiterado que fue expuesto en sentencia de 12 de julio de 2011, radicada con el número 46406.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en seis millones de pesos ($ 6.000.000,oo) moneda corriente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 15 de julio de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CÉSAR EMIGDIO DÍAZ GONZÁLEZ contra Bavaria S.A.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en seis millones de pesos ($ 6.000.000,oo) moneda corriente.

Por la secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».