Sentencia 4286 de agosto 13 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Méndez Arango

Rad.: 4286

Acta 35

Santafé de Bogotá, D.C., veinte de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Se resuelve la impugnación contra el fallo dictado el 13 de agosto de 1999 por el Tribunal de Villavicencio.

I. Antecedentes

Invocando su condición de vecinos de Villavicencio, Jorge Eliécer García Parra y Juan Miguel Giraldo Lemus ejercitaron la acción de tutela contra la “alcaldía municipal de Villavicencio y [las] secretarías competentes del municipio de Villavicencio” (fl. 10).

Según los solicitantes, como habitantes del Barrio San Fernando están “afrontando una problemática con el parqueadero de carros y motos de propiedad de estudiantes y profesores de los diferentes centros educativos existentes, ya que parquean al lado y lado de la vía y por ende no se puede entrar los vehículos de servicio público, gas y otros, esto especialmente entre la calle 34 y carrera 31A y 32A, haciendo caso omiso de las señales existentes de prohibido parquear, así mismo no se puede entrar los vehículos propios porque ya hay cuadrado otro en ese sitio” (fls. 10 y 11), tal cual está dicho en el escrito que al efecto presentaron, en el que así mismo afirmaron que la Universidad del Meta cuanta con parqueaderos que no están cumpliendo su labor, porque están siendo utilizados como aulas de clase, “generando dicha negligencia la invasión al espacio público y los desórdenes y desobedesimientos (sic) por parte de los estudiantes al no tener donde parquear sus vehículos generando esto un desobedecimiento al Código Nacional de Tránsito y a la Constitución Nacional” (fl. 11).

Quienes solicitan la tutela reclaman la protección de los derechos a la vida, al ambiente sano, a la integridad personal y a la igualdad, aduciendo que dicha acción es el medio judicial eficaz de defensa de sus derechos.

Al escrito en el que solicitan la tutela pertenece el siguiente aparte: “El menoscabo del interés colectivo viabiliza la tutela contra particulares, pero el estudio no se agota con tal menoscabo sino que debe profundizarse la investigación sobre los derechos fundamentales que se crea han sido violados individualmente a cada uno de los solicitantes. Es obvio que una violación a la ecología conlleva afectación de la vida, la salud, el trabajo, la libertad de oficio y, si se prueba que los solicitantes se ubican en una situación, la tutela está llamada a prosperar” (fl. 21).

Las “pretensiones” de García Parra y Giraldo Lemus son las de que se ordene a la Alcaldía Municipal de Villavicencio que “se lleven a cabo los operativos necesarios con el fin de que no se siga invadiendo el espacio público del sector del barrio San Fernando (sic) y se cumplan las normas de tránsito y no se desconozcan las señales ubicada del prohibido parquear” (fls. 24 y 25), e igualmente “tome los correctivos necesarios para que no se siga invadiendo el espacio público, en el sentido que adapte más parqueaderos en zonas aledañas en predios de propiedad del mismo municipio” (fl. 25) y “se exhorte y prevenga (...) en la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular” (ibídem).

Aun cuando la acción no está dirigida contra ella, los solicitantes de la tutela también piden que se orden a la Universidad del Meta “poner en funcionamiento los parqueaderos de los edificios” (fl. 25).

El tribunal concedió la tutela solicitada por García Parra y Giraldo Lemus, a quienes amparó “los derechos fundamentales de ambiente sano y la integridad personal” (fl. 129), por lo que ordenó al Alcalde de Villavicencio y al secretario de tránsito que destinaran “en forma permanente (dentro del horario en que está abierta la Universidad del Meta y especialmente de las 6 a las 9 de la noche), un agente de tránsito, para que controle el orden vehicular haciendo respetar las señales de tránsito, valando(sic) porque los habitantes del barrio San Fernando, entre ellos los petentes, puedan estacionar sus vehículos frente a sus garajes y sacar y entrar sus automotores a la hora en que lo necesiten, permitiendo en igual forma el tránsito de los carros de gas y basura, y controlando los pitos de los automotores” (fls. 129 y 130).

En la parte resolutiva del fallo aparece dicho lo siguiente: “En igual forma, el Sr. Secretario de Tránsito Municipal, deberá insistir con el rector de la Universidad del Meta, para que se le dé a los parqueaderos de la universidad la finalidad a que están destinados y en caso de que ello no se cumpla, iniciar las gestiones legales —dentro de su competencia— a fin de llevar a buen término dicho cometido” (fl. 130).

El fallo lo impugnó dicho funcionario, arguyendo que no se habían vulnerado derechos fundamentales que ameritaran su protección por medio de la acción de tutela y que de entenderse vulnerados derechos constitucionalmente consagrados como colectivos, “la vía jurídica de protección son las acciones populares estipuladas en el artículo 88 de la Constitución Política y reglamentadas mediante la Ley 472 de 1998” (fl. 139), cuya vigencia comenzó el 5 de agosto de este año.

II. Consideraciones de la Corte

Como es claro que quienes solicitan la tutela pretenden con ella la protección de derechos e intereses colectivos, en la medida que buscan que se ampare el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano, no existe la menor duda de que el mecanismo de protección es el correspondiente a las acciones populares, las que, como lo recuerda el secretario de tránsito y transporte municipal de Villavicencio, fueron reguladas por la Ley 472 de 1998.

En los explícitos términos del artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela, a diferencia de las acciones populares consagradas en el artículo 88 de la misma, busca la protección de concretos derechos individuales del ser humano, y no los colectivos de la comunidad.

Dado que no existe ningún elemento de juicio que razonablemente permita considerar vulnerados o amenazados el derecho a la vida y a la integridad personal de Jorge Eliécer García Parra y Juan Miguel Giraldo Lemus, se impone concluir que el Tribunal de Villavicencio se equivocó al conceder la tutela, y que, por consiguiente, debe revocarse el fallo.

La Ley 472 de 1998, dictada en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares “se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”, conforme está dicho en el artículo 2º de la ley, la que en su artículo 3º prevé lo que denomina “acciones de grupo”, y aun cuando se refiere a perjuicios individuales, estatuye que “se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”.

En el artículo 4º de la Ley 472 de 1998 se relacionan como derechos e intereses colectivos “el goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias” y “el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”.

De lo expresamente dispuesto por la Constitución Política en los artículos 86 y 88 y de las definiciones de la Ley 472 de 1998, resulta imperioso concluir que los solicitantes de la tutela deben utilizar alguna de las acciones populares allí reguladas, la que deben ejercitar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cuanto a la omisión atribuida a las autoridades municipales, tal como lo dispone el artículo 15.

Por lo anterior se revocará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia dictada el 13 de agosto de 1999 por el Tribunal de Villavicencio, y, en su lugar, negar la tutela solicitada.

2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.

Rafael Méndez Arango—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Nader—Luis Gonzálo Toro Correa—Germán G. Valdes Sánchez—Fernando Vasquez Botero. 

Laura Margarita Manotas González, Secretaria

______________________________________