Sentencia 42919 de enero 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL-2209-2014

Rad.: 42919

Acta 2

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la entidad opositora en cuanto a los defectos de técnica que le endilga a los cargos, como quiera que si bien el recurrente en algunos apartes de la demanda de casación se refiere a varios demandantes, se tiene que mirando el escrito que la contiene, está dirigida a debatir el caso concreto de la demandante, por lo cual ello no deja de ser un lapsus calami. Del mismo modo, el alcance de la impugnación, que es el petitum de la demanda, deja ver qué es lo que la censura pretende con el recurso extraordinario, esto es, que se quiebre la sentencia del tribunal y se acoja la totalidad de las pretensiones, lo que implica la revocatoria de la decisión absolutoria del juez a quo; así mismo, la proposición jurídica resulta suficiente, en la medida que los preceptos legales sustantivos de orden nacional que se denunciaron posibilitan el estudio de fondo de la acusación, máxime que esta exigencia legal fue morigerada con la entrada en vigencia del Decreto 2651 de 1991, artículo 51-1, que se adaptó como legislación permanente con la Ley 446 de 1998, artículo 162, que consagró “será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.

De igual manera, aun cuando es cierto que la censura en el ataque aludió a ciertos aspectos fácticos relacionados con la existencia de más de una organización sindical en la fundación demandada, entre ellas la de carácter mayoritario, así como la no aceptación expresa de los sindicatos minoritarios y de la demandante del acuerdo de condiciones laborales temporales celebrado bajo la Ley 550 de 1999, se observa que ello se trajo a colación para respaldar lo esbozado en los dos cargos que en definitiva contienen en esencia un planteamiento meramente jurídico, propio de la vía escogida.

Respondidos los anteriores reproches del opositor, debe adentrarse la Sala en el estudio de la acusación.

Se advierte inicialmente que, dada la vía directa utilizada para encauzar el ataque, se tiene que no son materia de discusión en la esfera casacional, la relación laboral que vinculó a las partes, la existencia de varios sindicatos entre ellos Anthoc al cual estuvo afiliada la demandante, y ATAS que agrupa la mayoría de los trabajadores de la fundación y con quien se suscribió el “Convenio de Condiciones Laborales Temporales Especiales” fechado 18 de diciembre de 2002, con base en la Ley 550 de 1999, artículo 42. Tampoco que la demandante dio por terminado el contrato de trabajo por causas imputables al empleador a partir del día 18 de abril de 2006, según la comunicación que obra a folios 22 a 24 del cuaderno del Juzgado y que ésta era pensionada.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal estimó que el citado convenio que fue aprobado o autorizado por el entonces Ministerio de la Protección Social, era válido y al estar suscrito por el Sindicato mayoritario ATAS con potestad de representar a todos los trabajadores de la fundación de conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 357-2, era aplicable a los trabajadores afiliados de las demás organizaciones sindicales minoritarias que existían en la empresa, para el caso de la demandante respecto del Sindicato Anthoc al cual pertenecía. Esto lleva, según el ad quem, a que la suspensión temporal de beneficios extralegales convencionales esté ajustada a derecho y a la ley, y por consiguiente dé al traste con el reclamo de esas prerrogativas, al igual que con la indemnización por despido que se funda en esa suspensión de tales pagos y la reliquidación de la mesada pensional.

La censura para rebatir la anterior postura, sostiene que así fuera la organización sindical ATAS mayoritaria, no tenía en este asunto la representación sindical de los demás sindicatos, entre ellos Anthoc, para efectos de suscribir acuerdos extraconvencionales que modificaran, suspendieran o eliminaran los derechos extralegales pactados convencionalmente, pues para que les fuera aplicable se requería que cada asociación sindical aceptara el convenio; además que dicha representación está regulada por la norma especial —L. 550/99, Art. 42 y el D.R. 63/2002 Art. 6º—, y no por la regla contenida en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 357-2, en su texto original.

De suerte que la controversia gira en torno a determinar jurídicamente si ese convenio de condiciones laborales suscrito con ATAS y que se generó dentro del proceso de reestructuración empresarial, tiene efectiva aplicación a todos los trabajadores de la empresa, por estar suscrito por el sindicato mayoritario, como lo estableció el tribunal; o si, por el contrario, por haberse celebrado con una sola de las organizaciones sindicales, así fuera la mayoritaria, únicamente obliga a sus afiliados y no a los demás trabajadores pertenecientes a los otros sindicatos, a menos que se aceptara expresamente tal acuerdo por dichas organizaciones, según lo argumenta la censura.

Para resolver la acusación, es del caso abordar el estudio de los siguientes aspectos:

1. Validez de los convenios temporales de condiciones laborales especiales en virtud de lo dispuesto en la Ley 550 de 1999, artículo 42.

La Ley 550 de 1999, o ley de reestructuración o reactivación empresarial, implementó medidas de intervención estatal en el campo empresarial, con el fin de mermar la prolífera liquidación de empresas y la consecuente disminución en el empleo, y de ser posible reactivar éstas, procurando aliviar su carga financiera, mejorar sus perspectivas de producción, mantener el empleo que generan y ser otra vez sujetos de crédito con capacidad de pago, tal y como quedó plasmado en la correspondiente exposición de motivos. Allí, en uno de sus apartes se señaló:

(...) Los instrumentos ordinarios del derecho concursal, diseñados para afrontar la iliquidez o insolvencia en circunstancias ordinarias, son insuficientes para afrontar un problema de esta magnitud … La generalización de la crisis puede tener graves consecuencias macroeconómicas y es necesario que el Estado intervenga para establecer un marco especial para la restructuración y reactivación empresarial, que contenga (i) los incentivos para que acreedores y deudores determinen la viabilidad de las empresas; (ii) las herramientas necesarias para establecer un plan de restructuración que permita salvar aquellas que sean viables.

El objetivo de este proyecto de ley consiste entonces en dotar a deudores y acreedores de incentivos y mecanismos que sean adecuados para la negociación, diseño y ejecución conjunta de programas que le permitan a las empresas privadas colombianas normalizar su actividad productiva y, al mismo tiempo, atender sus compromisos financieros(1).

De allí surgió la idea de buscar mecanismos que propendieran por la superación de la crisis empresarial, mediante los denominados acuerdos de reestructuración, orientados a la consecución de convenios con acreedores de la empresa en lo concerniente a prelación, plazos y condiciones, de obligatorio cumplimiento para estos, tal y como lo recordó el tribunal al traer en el sub judice a colación lo que sobre el punto otrora dijera esta Sala al enseñar, “que los acuerdos de reestructuración son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los acreedores, incluidos los que no hayan participado en la negociación del mismo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él”(2).

Fue así que la Ley 550 de 1999 previó normativas de intervención que tienen que ver con los derechos laborales. Aquéllas, al ser examinadas por la Corte Constitucional, fueron calificadas como el marco legal definitorio y “apropiado para lograr la reestructuración del pasivo laboral de las empresas en crisis, y contribuir con ello a su reactivación y a la preservación de las fuentes de empleo...”(3), teniendo como finalidad propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones especiales y temporales en material laboral que faciliten su reactivación y viabilidad y, por consiguiente, sean fuente de empleo y desarrollo.

Esto también se deriva de la exposición de motivos del entonces proyecto de ley, en la que se lee:

“(...) Un elemento esencial de la reactivación empresarial está constituido por la conservación del empleo. Por esa razón, se estimula la concertación de empresarios y trabajadores acerca de condiciones laborales especiales y temporales que contribuyan a la recuperación de la empresa, cuyo fortalecimiento interesa simultáneamente a todos los acreedores, comenzando por sus trabajadores y pensionados. En esta materia, otra vez, se pone de relieve que se interviene para la reactivación de la empresa, punto convergente de los intereses de empresarios y trabajadores(4)”.

En lo que al sub lite interesa, el texto definitivo del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, que regula la concertación de condiciones laborales de forma temporal y especial, es del siguiente tenor literal:

ART. 42.—Concertación de condiciones laborales temporales especiales. Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales, concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales convenios tendrán la duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, [pactos colectivos], contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos arbitrales.

La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud. [En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma].

El incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo, en la forma y con las consecuencias previstas en esta ley”.

La Corte Constitucional(5) en la sentencia reseñada declaró exequible el citado artículo 42 de la Ley 550 de 1999, salvo las expresiones encerradas entre paréntesis, que se estimaron como inconstitucionales.

En dicho pronunciamiento de constitucionalidad, al abordarse el estudio de si las convenciones colectivas de trabajo, una vez perfeccionadas, podían ser modificadas (ello por la aplicación prevalente de los convenios temporales y especiales celebrados por una empresa en reestructuración y el sindicato que legalmente representara a los trabajadores), se explicó, con apoyo en jurisprudencia relacionada con los artículos 467 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo, que tales acuerdos colectivos pueden ser modificados, una vez expire su vigencia y mediante el mecanismo de la negociación colectiva para adaptarlas a las necesidades e intereses, tanto de los patronos como de los trabajadores y que son revisables mientras estén en vigor cuando por circunstancias imprevisibles varíen sustancialmente las circunstancias económicas que se tuvieron en cuenta al momento de su celebración.

Así la Corte Constitucional expresó que tal modificación de las convenciones colectivas de trabajo, se puede dar de manera ordinaria o extraordinaria; la primera, en tiempos de normalidad económica, que se presenta en el marco de la negociación colectiva; y la segunda, extraordinariamente, cuando por razones no previstas han variado las circunstancias económicas presentes al momento de su celebración, lo que impone su revisión para no alterar el equilibrio económico de las relaciones laborales.

Con esos y otros argumentos, adoctrinó el Tribunal Constitucional que los acuerdos modificatorios de una convención colectiva vigente, encaminados a restablecer el equilibrio económico afectado por circunstancias nuevas e imprevistas, mediante los cuales empleadores y trabajadores acuerdan “suspender o reducir temporalmente derechos laborales antes reconocidos, no resulta contrario a la Carta. En efecto, los derechos laborales que se reconocen en las convenciones colectivas son de naturaleza extralegal y una vez adquiridos no pueden ser desconocidos unilateralmente por el empleador, ni eliminados por leyes posteriores, pero ello en sí mismo no impide una concertación para acordar su suspensión total o parcial, como lo propone la normatividad demandada”. Agregó que Por ello, las normas acusadas que, como medidas de intervención económica en asuntos laborales, permiten que dentro de los acuerdos de reestructuración destinados a lograr la recuperación de empresas en crisis se incluyan convenios temporales concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a los trabajadores, suscritos con el fin de suspender total o parcialmente prerrogativas económicas que excedan del mínimo legal, no desconocen derechos adquiridos. Para la Corte esta posibilidad no está proscrita por las normas superiores”(6). (resalta la Sala)

En la mencionada Sentencia C-1319 de 2000, adicionalmente se decidió que lo que sí contradice la Constitución es la expresión contenida en el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 550 de 1990, según la cual “En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma»; e igualmente la expresión “pactos colectivos” contemplada en el primer inciso de la mencionada norma. Ello por cuanto el convenio de concertación de condiciones laborales especiales en comento, no puede ser impuesto a los trabajadores no sindicalizados que no deseen participar en él, o respecto de aquellos que se benefician de un pacto colectivo, pues no es dable obligar a éstos “a ser representados por el sindicato al que no convinieron en asociarse”.

En este orden de ideas, son válidos los acuerdos de reestructuración, entre ellos el convenio temporal de condiciones laborales especiales autorizado por la Ley 550 de 1999, artículo 42, celebrados entre la empresa y el sindicato que legalmente represente a los trabajadores, que prevalecerá sobre lo pactado en las convenciones colectivas de trabajo vigentes, y cuyo campo de aplicación comprende en general a los trabajadores sindicalizados, y solo excepcionalmente a los no sindicalizados cuando éstos últimos manifiesten su deseo de participar en tal convenio, sin que de ninguna manera pueda aplicarse preferencialmente respecto a un pacto colectivo.

De ahí que es completamente legal y constitucional, que en virtud de dichos convenios que persiguen evitar la liquidación de la empresa y lograr la recuperación económica o financiera de la misma, los empleadores y trabajadores sindicalizados puedan suspender o reducir temporalmente beneficios o prerrogativas laborales reconocidas con antelación en una convención colectiva de trabajo.

2. Representación sindical para la celebración de los convenios temporales de condiciones laborales especiales.

En cuanto al tema de la representación sindical para la suscripción de esta clase de convenios, como se desprende del texto del artículo 42 de la Ley 550 de 1999 y lo determinó la Corte Constitucional al estudiar su exequibilidad mediante la multicitada Sentencia C-1319 de 2000, la concertación de condiciones laborales temporales especiales debe llevarse a cabo con el “sindicato que legalmente pueda representar” a los trabajadores de la empresa en crisis (resalta y subraya la Sala).

Lo que significa que en virtud de que la norma en cuestión se remite a lo que legalmente se tuviera establecido en materia de representación sindical, habrá de observarse la normatividad que regía para el momento en que se suscribió el convenio temporal de condiciones laborales, con el fin de determinar cuál sindicato o sindicatos eran los facultados para celebrar esos acuerdos dentro del proceso de reestructuración o reactivación empresarial, y cuáles trabajadores quedaban sometidos a ellos.

El artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 26, contemplaba tres eventualidades de representación sindical. La primera que prohibía en una misma empresa la coexistencia de dos o más sindicatos de base —hoy denominados de empresa—, disponiendo que si por cualquier motivo llegaran a coexistir, subsistiría el que tuviera un mayor número de afiliados, el cual debía admitir a los miembros de las otras asociaciones sin restricción alguna. El segundo, señaló que “Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa” (resalta la Sala). Y el tercero regulaba el evento de que ninguno de los sindicatos coexistentes agrupara la mayoría de los trabajadores de la empresa, en cuyo caso se establecía que la representación sindical correspondía conjuntamente a todos ellos, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expidiera el gobierno.

La Corte Constitucional al resolver demandas de inconstitucionalidad contra el aludido artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, con Sentencia C-567 del 17 de mayo de 2000, declaró inexequibles los casos primero y tercero de representación sindical, contenidos en los numerales 1 y 3 del artículo 26 del Decreto-Ley 2351 de 1965, por ser contrarios a la Constitución Política. Posteriormente, con Sentencia C-063 del 30 de enero de 2008, declaró inconstitucional la segunda de tales disposiciones.

En estas condiciones, ante las mencionadas decisiones de inexequibilidad, no sólo el sindicato mayoritario tiene la titularidad y legitimidad para promover y llevar hasta su terminación un conflicto colectivo, sino que cada sindicato, así sea minoritario, tiene por sí mismo la representación sindical y la legitimidad para tales efectos.

La posibilidad de que varias asociaciones sindicales puedan promover conflictos colectivos que culminan con la suscripción de una convención colectiva o la expedición de un laudo arbitral, lleva igualmente a la factibilidad de que coexistan en una empresa más de una convención colectiva de trabajo. Pero en tal caso los trabajadores solo podrán beneficiarse de una de ellas, conforme tuvo la oportunidad de estudiarlo y definirlo la Sala en sentencias de anulación del 29 de abril de 2008 y 28 de febrero de 2012, radicados 33988 y 50795, respectivamente.

Como lo estableció el juez colegiado en este proceso, las anteriores directrices no solo deben observarse en las negociaciones colectivas, sino también para efectos de la representación sindical en la suscripción de los acuerdos de reestructuración como el que ocupa la atención de la Sala, que buscan reactivar o recuperar a la fundación demandada, concertando con sus trabajadores plazos para el cumplimiento de obligaciones o la suspensión y/o reducción temporal de algunos derechos o prerrogativas extralegales que antes se habían reconocido.

Sin embargo, lo anterior debe armonizarse con lo preceptuado en el Decreto 63 del 18 de enero de 2002, artículo 6º, que reglamentó la Ley 550 de 1999, artículo 42, y se refirió a la representación de los trabajadores en la concertación de esas condiciones laborales temporales especiales, en los siguientes términos:

ART. 6º—Representación de los trabajadores. La representación de los trabajadores sindicalizados corresponderá al sindicato al cual éstos pertenezcan.

En el evento de que exista más de una organización sindical, la representación de los trabajadores corresponderá a cada uno de los sindicatos, sin perjuicio de que estos, de común acuerdo, decidan que sólo uno de ellos los represente.

Cuando existan trabajadores no sindicalizados, el convenio laboral temporal especial será sometido a consideración de cada uno de ellos, quienes en forma individual podrán adoptarlo.

De conformidad con lo explicado en precedencia, “acuerdos de restructuración que incluyan convenios laborales temporales, se deben celebrar con el sindicato que legalmente represente a los trabajadores sindicalizados, lo cual si acontece en vigencia del Código Sustantivo del Trabajo artículo 357, subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 26-2 y antes de la reglamentación consagrada en el Decreto 63 de 2002, artículo 6º, será el sindicato mayoritario; pero si se produce en vigencia de esta última normativa y cuando en la empresa exista más de una organización sindical, cada una representará a sus afiliados, lo cual está acorde con lo decidido en la sentencia de inexequibilidad C-063 del 30 de enero de 2008 ya reseñada.

En efecto, a partir de la expedición de la norma especial aplicable para definir la representación de los trabajadores en esta clase de acuerdos de reestructuración que involucran convenios laborales temporales especiales, valga decir, del citado Decreto 63 de 2002, artículo 6º que reguló expresamente la situación de la existencia de varios sindicatos, es claro que cada uno de ellos ejerce su propia representación, salvo que éstos decidan de común acuerdo que uno solo de ellos lleve la representación de todos. Y ello con independencia de que exista un sindicato mayoritario.

De tal modo que un acuerdo de esta naturaleza celebrado entre un sindicato mayoritario y una empresa en restructuración económica, en vigencia de dicho precepto legal —que se repite es de carácter especial y plenamente aplicable en estos casos—, obliga únicamente a sus afiliados. Y ese u otro cualquiera de los sindicatos podría celebrar un acuerdo de esa naturaleza, vinculante para trabajadores no afiliados a él, solamente cuando tal organización sindical obtenga la representación de otro u otros sindicatos coexistentes. Igualmente, podría cobijar a los trabajadores no sindicalizados, si ellos individualmente aceptan adoptar tal convenio.

A diferencia de la negociación colectiva que se desarrolla de manera ordinaria, en la que una convención colectiva de trabajo celebrada con un sindicato mayoritario se extiende a todos los trabajadores de la empresa sean o no sindicalizados, los denominados convenios de condiciones laborales temporales y especiales, a los cuales se llega por una situación extraordinaria de crisis de la empresa, no es posible aplicarlos por extensión a los trabajadores pertenecientes a otras organizaciones sindicales, por cuanto debe primar la regulación especial contenida en el tantas veces mencionado Decreto 63 de 2002, artículo 6º en materia de representación, máxime que en esos acuerdos o convenios lo que se busca es suspender total o parcialmente prerrogativas laborales que excedan el mínimo legal, lo cual no puede afectar a los minoritarios que no participen en la concertación de esas condiciones temporales o transitorias.

Mucho menos es factible imponer tal convenio a los trabajadores no sindicalizados, ya que es sabido que ellos no pueden estar representados por ningún sindicato, menos aún cuando se están beneficiando de un pacto colectivo. Por ello la Corte Constitucional, como atrás se reseñó, en la Sentencia C-1319 de 2000 al declarar inexequibles algunas expresiones del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, dejó claro que para que a éstos trabajadores se les aplique el “convenio de condiciones laborales temporales y especiales”, se requerirá que cada uno de ellos lo adopte o acepte.

3. Caso concreto.

Volviendo al caso objeto de estudio y conforme se expresó desde un inicio, es hecho indiscutido en casación que el convenio de condiciones laborales temporales especiales aprobado por el Ministerio de Trabajo y celebrado entre la Fundación Abood Shaio y la organización sindical mayoritaria denominada Asociación de Trabajadores Amigos de la Shaio, ATAS, se suscribió el 18 de diciembre de 2002, encontrándose en pleno vigor el Decreto 63 de 2002, artículo 6º, que comenzó a regir desde su publicación efectuada en el Diario Oficial 44.686 del 24 de enero de 2002 que, como antes se dijo, regula la representación para los eventos en que coexistan varias organizaciones sindicales.

Cabe agregar, que en la contestación de la demanda inicial aun cuando la accionada al contestar el hecho 1.1.6 manifestó que en la clínica no aparece registro alguno de la afiliación de la demandante al sindicato Anthoc sino a la organización Asotrabshaio (fl. 183 del cdno. del Juzgado), admitió luego al dar respuesta al hecho 7.7 que Anthoc era el sindicato al cual pertenecía la actora, el cual no suscribió ningún acuerdo con el sindicato mayoritario ATAS para que éste último lo representara en la celebración del Convenio de condiciones laborales temporales especiales en comento (fl. 190 ibídem). Lo anterior se corrobora con los descuentos hechos a la promotora del proceso por nómina por concepto de cuota sindical con destino a Anthoc, según los comprobantes visibles a folios 28, 29, 31, 33 a 39 y 41 ídem, así como en la liquidación final del contrato de trabajo obrante a folios 42 y 279 ejusdem, todo lo cual comprueba que la accionante no pertenecía al sindicato mayoritario “ATAS”, que suscribió el convenio con la entidad demandada el 18 de diciembre de 2002 (fls. 227 a 229 y 242 a 247 del cuaderno principal). Por ende para los efectos indicados no era este el sindicato que la podía legalmente representar en los términos del Decreto 63 de 2002, artículo 6º.

Lo que significa, que la demandante tiene derecho a que todas las prerrogativas, beneficios, aumentos o incrementos salariales, prestaciones sociales y/o acreencias legales y extralegales, se le liquiden y cancelen en la forma, plazos, monto y condiciones en que se venían reconociendo y sufragando antes de la firma y ejecución del acuerdo o convenio laboral temporal especial mencionado. Convenio este que no aplica para los afiliados al sindicato minoritario Anthoc, como quiera que en su negociación o concertación no participó esa organización sindical a la que pertenecía la accionante. Por tanto para la demandante debe observarse lo estipulado en las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre Anthoc y la Fundación Abood Shaio de la cual en principio era beneficiaria, y/o los laudos arbitrales que en relación a esas negociaciones colectivas se hubieran proferido durante el tiempo en que se ejecutó el acuerdo de reestructuración empresarial.

En este orden de ideas, el tribunal cometió los yerros jurídicos endilgados, al estimar que el acuerdo cuestionado por haber sido suscrito por el sindicato mayoritario ATAS, cobijaba a la trabajadora demandante afiliada a la organización sindical minoritaria Anthoc, que no participó en su negociación o concertación. También erró por no tener en cuenta que para los efectos de la Ley 550 de 1999, artículo 42, han de considerarse las reglas de representación de los trabajadores contempladas en el Decreto Reglamentario 63 de 2002, artículo 6º, en virtud de las cuales no era posible someter o imponer el citado convenio de condiciones laborales temporales especiales a los afiliados de la referida organización minoritaria.

Por todo lo expresado, los cargos resultan fundados y habrá de casarse la sentencia impugnada.

Sería esta la oportunidad para proferir la decisión de instancia y pronunciarse la Sala sobre la procedencia o no de las súplicas incoadas, pero resulta que revisado en detalle el expediente, se encuentra que la información que allí reposa es insuficiente para verificar lo liquidado y pagado para la época, por parte de la Fundación demandada a la demandante, con el fin de determinar si frente a la inaplicación del Convenio de condiciones laborales temporales especiales celebrado el 18 de diciembre de 2002 con el Sindicato mayoritario ATAS, el cual no surte efectos respecto de los afiliados de la organización sindical minoritaria Anthoc tal como se definió en la esfera casacional, se generan o no las diferencias salariales o prestacionales e indemnizaciones en los términos reclamados.

En consecuencia, para mejor proveer, se dispone oficiar a la entidad demandada para que en un término de quince (15) días remita con destino al proceso la siguiente información o documentación:

1. Se certifique lo devengado y cancelado a la accionante por salario básico, prestaciones legales (cesantías —ya sea anticipos, consignación a los fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), prestaciones extralegales (salario en especie, prima extralegal de diciembre, prima de de vacaciones disfrutadas, bonificación de Semana Santa, prima de antigüedad, auxilios educativos, subsidio de transporte extralegal, suministro de alimentación, y dotación), desde el año 1999 hasta la fecha de su desvinculación o retiro definitivo de la empresa, especificando en cada caso el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Se certifiquen los ingresos base de cotización reportados y sobre los cuales se cotizó a favor de la demandante por el riesgo de pensión al Instituto de Seguros Sociales desde el año 1999 y hasta la fecha de desvinculación laboral.

Del mismo modo se ordena oficiar al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, para que en un término de quince (15) días informe los ingresos base de cotización que el empleador Fundación Abood Shaio, con patronal 00860006656, le reportó por la afiliada Soledad Alfonso Contreras, identificada con la C.C. 41.528.772 de Bogotá, entre los años 1999 a 2006 y que sirvieron como base para efectuar los aportes para pensión, a quien se le reconoció la pensión de vejez con la Resolución 20224 del 29 de junio de 2005.

De igual manera se oficiará a la organización sindical Anthoc para que certifique, en un término de quince (15) días, sobre la afiliación, pago de la cuota sindical y paz y salvo respecto de la demandante Soledad Alfonso Contreras.

No hay lugar a las costas del recurso extraordinario, por cuanto la acusación resultó fundada. Las de las instancias serán establecidas en la sentencia de reemplazo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 12 de junio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Soledad Alfonso Contreras contra la Fundación Abood Shaio, que confirmó la sentencia de primer grado que absolvió a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Para mejor proveer y poder dictar la sentencia de instancia, se dispone oficiar a la entidad demandada, para que en un término de quince (15) días remita con destino al proceso la siguiente información o documentación:

1. Se certifique lo devengado y cancelado a la accionante por salario básico, prestaciones legales (cesantías —ya sea anticipos, consignación a los fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), prestaciones extralegales (salario en especie, prima extralegal de diciembre, prima de de vacaciones disfrutadas, bonificación de semana santa, prima de antigüedad, auxilios educativos, subsidio de transporte extralegal, suministro de alimentación, y dotación), desde el año 1999 hasta la fecha de su desvinculación o retiro definitivo de la empresa, especificando en cada caso el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Se certifiquen los ingresos base de cotización reportados y sobre los cuales se cotizó a favor de la demandante por el riesgo de pensión al Instituto de Seguros Sociales desde el año 1999 y hasta la fecha de desvinculación laboral.

Del mismo modo, se ordena oficiar al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, para que en un término de quince (15) días informe los ingresos base de cotización que el empleador Fundación Abood Shaio, con patronal 00860006656, le reportó por la afiliada Soledad Alfonso Contreras identificada con la CC 41.528.772 de Bogotá, entre los años 1999 a 2006 y que sirvieron como base para efectuar los aportes para pensión, a quien se le reconoció la pensión de vejez con la Resolución 20224 del 29 de junio de 2005.

De igual forma se oficiará a la organización sindical Anthoc para que certifique en un término de quince (15) días, sobre la afiliación, pago de la cuota sindical y paz y salvo respecto de la demandante Soledad Alfonso Contreras.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cumplido lo anterior y vencido el término de que trata el Código de Procedimiento Civil, artículo 289, aplicable al proceso laboral por remisión analógica permitida por el Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social, artículo 145, vuelva el proceso al despacho para proferir la sentencia de reemplazo.

Cópiese, notifíquese y publíquese».

(1) Exposición de motivos al proyecto de ley correspondiente a la Ley 550 de 1999. Gaceta del Congreso 390, del martes 26 de octubre de 1999, pág. 13.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 9 septiembre 2008, radicado 32071.

(3) Corte Constitucional, C-1319 de 2000.

(4) Exposición de motivos al Proyecto de Ley 145 de 1999 Cámara. Gaceta del Congreso 390, martes 26 de octubre de 1999, pág. 14.

(5) Corte Constitucional, C-1319 de 2000.

(6) Ibídem.