Sentencia 42973 de febrero 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42973

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta: 03

Bogotá, D.C., seis de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación

Como discrepara la demandada de las determinaciones de segunda instancia formula contra ellas recurso extraordinario con la finalidad de que esta Sala de la Corte case la sentencia acusada, en cuanto confirmó la declaratoria de despido injusto e impuso, previa revocatoria parcial de la decisión del a quo, la condena al reintegro con los salarios dejados de percibir y confirmó la ineficacia de la excepciones y la condena en costas.

En sede de instancia solicita:

“(…) revocar las condenas impuestas por al a quo y, en su lugar, se disponga la absolución total para la demandada. Sobre costas se resolverá de conformidad.

II. De manera subsidiaria en el evento de no lograr salir avante los planteamientos correspondientes al punto precedente, se persigue —en pos de lo cual se construyen el antepenúltimo y penúltimo cargo del presente memorial— se case parcialmente la sentencia proferida por la Sala laboral del tribunal superior del distrito judicial de Cartagena dentro del presente trámite judicial. Esto, en cuanto resolvió dicho juez colegiado en sede de instancia revocar expresamente el numeral primero de la sentencia proferida inicialmente por el a quo y tácitamente su numeral segundo, al condenar a la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, de la cual mi representada es su sucesora procesal en este litigio, a reintegrar al demandante al cargo de analista de facturación (digitador de órdenes de servicios del centro técnico de Magangué o a otro igual o de superior categoría, con el pago de salarios y prestaciones legales y extralegales (descritas a título enunciativo por el ad quem), dejadas de percibir desde el despido hasta que se produzca el reintegro, teniendo en cuenta los aumentos legales o convencionales a que haya lugar, al igual que la indexación de estas sumas.

Como derivación de la anulación impetrada bajo este preciso numeral, busco que constituida como juez de segunda instancia, la Corte CONFIRME LA ABSOLUCION proferida por las pretensiones asociadas al reintegro del demandante, el pago de salarios y prestaciones legales Extralegales generadas como consecuencia del anterior, los aumentos legales y extralegales, Y como la indexación ordenada por tales sumas.

III. De no mediar prosperidad a su vez en esta sede extraordinaria de lo esbozado bajo el numeral precedente, se plantea en el último cargo la CASACION PARCIAL en todo caso de la sentencia atacada en esta sede extraordinaria, en cuanto resolvió, al revocar el numeral primero de la sentencia proferida en primera instancia dentro de este litigio y modificar tácitamente el numeral segundo, en punto de la orden de indexar los salarios y prestaciones legales y extralegales derivados de la disposición judicial del reintegro del accionante.

En sede de instancia y de acceder como tribunal de casación a lo esgrimido en este concreto apartado, busco que constituida como juez de segunda instancia, SE ABSTENGA LA HONORABLE CORTE DE RESOLVER, por incompetente, el recurso de apelación impetrado por la demandante, en cuanto el mismo resulte tocante con la condena a la indexación de los salarios y prestaciones sociales derivados de la orden de reintegrar laboralmente al promotor del litigio.

En procura del anterior designo plantea seis cargos de diferente vía, replicados por el actor, respecto a los cuales, la Sala efectuará sus respectivos pronunciamientos, que por razones de método tendrán el siguiente orden:

Quinto cargo: Acuso la sentencia de violación indirecta de la ley laboral sustantiva en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 467, 469, 27, 127 y 306, todos del CST, así como el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, incisos primero, segundo y tercero.

La vulneración se origina a su vez en errores evidentes de hecho cometidos por el ad quem a partir de la equivocada apreciación de las pruebas que más adelante se precisarán.

Enlista como errores evidentes de hecho los siguientes:

1. Tener por probado, sin estarlo, que el acto celebrado entre la Empresa de Energía de Mangangué(sic) y la organización sindical Sintraelecol el 30 de abril de 1998 en la ciudad de Magangué, fue depositado dentro de los quince días siguientes ante el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, teniendo como parte de dicho lapso el mismo 30 de abril de 1998.

2. No dar por demostrado, contra lo que de ello dan cuenta los autos, que el depósito del acto celebrado entre la Empresa de Energía de Mangangue(sic) S.A. y la organización sindical Sintraelecol el 30 de abril de 1998 en la ciudad de Magangué, fue depositado el tres de junio de 1998.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que al momento del despido del demandante, existía una convención colectiva de trabajo que establecía un reintegro de estirpe extralegal.

4. No dar por demostrado, contra la evidencia, que no existía estipulación de naturaleza convencional alguna que contuviera un reintegro que beneficiara al demandante.

Señala como pruebas erróneamente apreciadas:

1. Ejemplar de la supuesta convención colectiva celebrada entre la Empresa Energía Eléctrica de Magangué S.A. y la entidad sindical Sintraelecol (fls. 501 a 526) componentes de la actividad procesal desarrollada en la primera instancia), incorporado dentro de la diligencia de inspección judicial (fls. 497 a 499).

2. Ejemplar del acto antes destacado, allegado al presentar la demanda (fls. 20 y 56, también de la primera instancia).

3. Ejemplar del mismo pretenso negocio colectivo, obrante a folios 459 y 483 del mismo atado de actuaciones iniciales, aportada regularmente dentro de la diligencia de interrogatorio de parte (fls. 458 a 483).

4. Ejemplar del multicitado acto del 30 de abril de 1998 (fls. 586 a 616 del destacado cuaderno 2”), arrimado durante la continuación de la diligencia de inspección judicial en el despacho del juez de primera instancia (ver folios 564 y 565).

5. Ejemplar de la supuesta convención colectiva de trabajo anunciada en los numerales anteriores (fls. 120 a 144), arrimado como parte de las copias autenticadas y completas de una acción de tutela impulsada por la organización sindical Sintraelecol contra la demandada (cuaderno naranja, con portada identificada con el número azul 170”, con folios que van consecutivamente del 1 hasta el 170) primer folio y portada el número 291) allegadas por el despacho que conoció primeramente de ese asunto (juzgado 12 civil municipal de Cartagena, radicación 13-0O14oo3o122oo1o164 00(sic)) por cuenta de prueba solicitada por el demandante y decretada por el a quo.

6. Ejemplar de la aparente convención colectiva de trabajo varias veces descrita (fls. 195 a 218), arrimada también regularmente al presente trámite por cuenta de la prueba solicitada por el demandante y detallada en el numeral anterior (cuaderno naranja destacado con el número 291 azul en su portada, compuesto por folios del 1 al 290, más el folio 291, que corresponde a un folio auténtico e indebidamente incorporado a este cuaderno, probablemente de parte de los anexos allegados por la representante legal de la sociedad demandada durante [. diligencia del interrogatorio de parte).

Para su demostración emplea el razonamiento que a continuación se vierte:

1. Se precisa adelantadamente que los errores son catalogados como de hecho, dado que la categoría de la evidencia anunciada tendría por supuesto, en términos abstractos, el mérito legal para persuadir de la hipotética veracidad de las proposiciones tras los errores denunciados, todos asociados a la demostración de la existencia de una supuesta convención colectiva de trabajo pactada el 30 de abril de 1998; es decir, los mismos estarían llamados en principio a servir de prueba de su celebración y depósito, solo que, como se demostrará, de su ponderación se han derivado enunciados fácticos que no se desprenden de los mismos.

2. Expresó el ad quem con relación al tema que toca a este concreto ataque lo siguiente:

Por lo tanto se considera que la convención colectiva de trabajo aportada tiene vocación probatoria en el sub lite(sic) sobretodo(sic) cuando a folio 501 a 524 reposa un ejemplar con fecha de depósito abril 30 de 1998 (fl. 28, cuaderno del trámite de la apelación de la sentencia inicial).

El juez de apelaciones entendió entonces —no otra cosa significa la locución adverbial sobretodo”(sic)— que el tema de la demostración de la existencia de la convención colectiva estaba sometido al debate probatorio por encima de consideraciones jurídicas sobre limitaciones en torno a la congruencia que hasta ese instante venía adelantando y que, por supuesto, no se discuten en este concreto embate, dada la vía escogida; además, que estaba demostrada de manera particular la subrayada existencia del negocio jurídico colectivo en comento, precisamente porque reposa (entre los fls. 501 y 524) un ejemplar con fecha de depósito abril 30 de 1998”.

Como quiera que se refirió el tribunal primeramente al ejemplar que aparece entre los folios 501 y 524”, pero a la convención colectiva de trabajo” en términos generales y atribuyéndole “vocación probatoria”, es obvio que el juez colegiado valoró todos los ejemplares de la misma, descritas al denunciarlas como pruebas mal apreciadas.

Se inicia en consecuencia la demostración de los errores achacados como derivados de su ponderación, empezando por el ejemplar privilegiado por el juez colegiado.

3. Apreció el ad quem que el ejemplar obrante entre los que llamó folios 501 y 524” está “con fecha de depósito abril 30 de 1998”.

Descendiendo a la lectura de la probanza, empero, surge como inmensamente errónea la apreciación del conocedor de la alzada, precisamente por cuanto a la misma le fue cercenado el contenido desde su propia descripción.

Para ello, basta con detallar pausadamente el contenido del legajo completo de la convención y el depósito anunciados para establecer sin hesitación que el tribunal mutiló el contenido de la prueba, en cuanto del documento examinado e incorporado en la inspección judicial también hacía parte, por lo menos, el obrante a folio 526, por fuera de [os(sic) comprendidos entre los 501 y 524” referidos por el juez colegiado.

Es menester entonces reproducir el contenido del folio 526, conservando aun sus errores de escritura para tornar expedita su lectura (las subrayas son añadidas):

Magangué, abril 30 de 1998

Doctora:

Ingrid Arroyo Colombo

Ministerio de trabajo y Seguridad

Social-Magangué

E.S.D.

Reciba cordial saludo

Por medio de la presente estamos haciendo llegar copia de la convención colectiva de trabajo (1998-1999], suscrita entre la Empresa Energía Eléctrica de Magangué S.A. ESP y Sintraelecol. Por una parte, el doctor Huidor Salas Tatis identificado con la c.c. 7.476.046 de Barranquilla en calidad de representante legal de la empresa Energía Eléctrica de Magangué S.A. ESP y por la otro José Grecco Guerra portador de la c.c. 9.129.847 de Magangué (Bol) en su calidad de presidente de la organización sindical Sintraelecol subdirectiva Magangué, con el fin de hacer formal depósito, del acuerdo marco sectorial 1998-1999 y la compilación de las convenciones colectivas 1976-1999, suscrita entre la Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A. ESP y la organización sindical, denominada Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia, Sintraelecol subdirectiva Magangué”,

Atentamente,

Huldor(sic) Salas Tatis

José Grecco G.

Gerente presidente

Seguidamente, debajo de los nombres de sus signatarios aparece la constancia de recepción de este documento, así, del puño y letra de quien lo recibió, con el siguiente mensaje: Recibido. Junio 3/98”.

4. Se desprende entonces que se trataba ni más ni menos que de copia autenticada del mismísimo depósito de exigencia sustantiva para determinar la existencia de las convenciones colectivas de trabajo. En este se sentó además, que el recibo” de la comunicación se dio el tres de junio de 1998.

5. El yerro en verdad salta a la vista, tratándose de la omisión de la lectura de una página entera por parte de la colegiatura de la prueba solemne compleja, de cara a la determinación de la existencia de una convención colectiva de trabajo, constituida siempre por la convención firmada y la materialización de su depósito, o en últimas de la certificación sobre este, que no es el caso.

Es también el error revelado uno cuya prevención habría resultado vital para la construcción del sentido del fallo: de haberlo advertido el tribunal previamente a su pronunciamiento, habría a su vez establecido fácilmente que la mera comparación de la fecha de firma del acuerdo (30 de abril de 1998) y la del depósito (junio 3 del miso año), arroja que se superó en demasía el plazo de 15 días previsto por el legislador para tal entrega en custodia, prevista en el artículo 469 del CST.

Bajo esta égida, no podría haber sido posible estudiar y aplicar judicialmente como un derecho de estirpe convencional a favor del demandante, el pretenso reintegro fijado en casos de despidos injustificados por parte de la cláusula 37 del documento (fl. 514) del cual ha sido suficientemente acreditado, no es posible que se predique la condición de convención colectiva de trabajo.

Teniendo presente como se recalcó al iniciar la demostración del cargo que el fallador de la impugnación vertical estimó con valor probatorio y, sin distingos por razón de su ejemplar, la convención colectiva de trabajo aportada” se cumple a continuación con la tarea de evidenciar entonces similares errores respecto a todos los demás ejemplares de manera sintética.

6. El demandante aportó un ejemplar de la pretensa convención colectiva de trabajo ya suficientemente distinguida (fls. 20 a 56 de la foliatura correspondiente a la primera instancia).

La primera y última de tales textos, anuncian la celebración del dicho acuerdo el treinta de abril de 1998 (fls. 22 y 45).

La entrega del ejemplar de la pretensa convención a la autoridad administrativa laboral es copia idéntica (fl. 20) a la asociada a aquella a la que de manera mucho más concreta hizo referencia el ad quem (fls. 501 a 524”), obrante a folio 526.

La identidad de uno y otro folio hacen innecesaria la reproducción de esta segunda copia auténtica del acto del depósito, por lo que debe igualmente registrarse que se equivocó ostensiblemente el ad quem al advertir que dicho este ejemplar dará cuenta de una convención colectiva celebrada entre Energía Eléctrica de Mangangue(sic) S.A. ESP y Sintraelecol, con prerrogativas extralegales aplicables al demandante.

Ello es así, considerando que confrontada la fecha atestada del depósito, junio 3/98” y la fecha celebración, 30 de julio de 1998, aflora con claridad que no se trata de un acto jurídico colectivo depositado dentro de los 15 días exigidos por el artículo 469 del CST.

El error se patentizaba con la mera lectura del dicho folio 20 y resultaba por supuesto trascendente, en cuanto de no haber mediado su ocurrencia, no se hubieran impuesto a la sociedad convocada a la contienda pretensos beneficios de orden convencional, como un conjeturable reintegro por cuenta del despido injustificado al que habría sido sometido el querellante.

7. También en condiciones procesales admisibles la representante legal de la demandada a partir del cuestionamiento que se formulara durante la diligencia de interrogatorio de parte (ver fls. 458 a 483, foliatura de la primera instancia, cuaderno que inicia por el fl. 259 finaliza con el 493), allegó al informativo una nueva copia, idéntica a las dos inicialmente descritas, de la supuesta convención colectiva pactada entre Energía Eléctrica de Mangangue(sic) y Sintraelecol el 30 de abril de 1998.

A folio 459, también como se advirtió ya frente a dos ejemplares de dicho acto, aparece copia auténtica del acto material del depósito, junto a la atestación descrita de quien recibió originariamente el aparente acto negocial(sic) dando fe de su realización en “junio 3/98”; se trata, por supuesto, de una copia idéntica al documento destacado como el folio 526, resultando superflua su reproducción.

El juez de apelaciones ponderó dicho documento y habiendo entendido que del mismo no se desprendía como veraz la inexistencia de la convención colectiva de trabajo que buscaba demostrar, se equivocó de bulto: confrontando la fecha atestada del depósito, junio 3/98” y la fecha de celebración, 30 de julio de 1998, se trata que el dicho acto no se depósito dentro del marco de 15 días establecido por el artículo 469 del CST.

El error emerge de la simple lectura del folio y devino en fundamental para las ahora resultas del litigo, toda vez que no haberse dado, no se hubieran impuesto a Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP la atención de beneficios implementados en el acto jurídico colectivo escasamente aparente, incluyendo el reintegro y sus derivaciones económicas, asociadas al despido injustificado del accionante.

8. En debida forma en la segunda fase de la diligencia de inspección judicial adelantada en el propio despacho de primera instancia (ver fls. 564 y 5651, se acompañó del apoderado judicial de Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP (ver fl. 586 a 616 del destacado “como cuaderno 2”) con similares condiciones a todas las anteriores, incluyendo en la copia misma del acto material del depósito (fl. 586), idéntico en su contenido al de todas las demás reproducciones comentadas hasta este instante.

El estimar dicho documento y habiendo entendido que el mismo daba fe de la tantas veces relacionada convención colectiva de trabajo entre Energía Eléctrica de Mangangue(sic) S.A. 5P(sic) y Sintraelecol implica un inconmensurable error de valoración probatoria: ello, teniendo presente que al comparar la fecha atestada del depósito, “junio 3/98” y la fecha de celebración, 30 de julio de 1998, arroja que no se adelantó la dicha entrega solemne en custodia del ejemplar del acto al entonces Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social dentro de los 15 días a los que se refiere el artículo 469 del CST.

El error, además de surgir del más elemental de los exámenes posibles al destacado folio 586, constituyó en uno de insuperable importancia para el resultado del litigio, en cuanto finalmente se le achacan a la desaparecida Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, sustituida procesalmente por mi procurada en esta sede extraordinaria, precisamente el pago de pretensos beneficios de orden extralegal que habrían nacido de la inexistente convención colectiva, incluyendo la obligación de hacer consistente en el restablecimiento del vínculo laboral con el demandante.

9. Haciendo parte de las copias autenticadas de la totalidad del expediente continente de las piezas procesales y probanzas relacionadas con un acción de tutela iniciada Sintraelecol contra Electrocosta S.A. ESP (dos cuadernos naranja, uno cuyo primer folio y portada se identifica con el número azul 170, otro con primer folio y portada el número 291), fueron enviadas desde el despacho que conoció de dicho trámite judicial sumario (juzgado 12 civil municipal de Cartagena, radicación 13-001-40-03-012-2001-016400), a petición de demandante, dos ejemplares del acto negocial (sic) apreciado como una convención colectiva por el ad quem: una que aparece entre los folios 120 y 144 (primer cuaderno); otra, obrante entre folios 195 y 218 del segundo cuaderno, incorporada en el trámite de la tutela como consecuencia de una prueba que en tal sentido decretara la Corte Constitucional en el marco de un proceso de revisión de los fallos de instancia.

Uno y otro ejemplar aparecen con copia autenticada del acto por el que se concretó el depósito mismo, idéntica a aquel que aparece a folio 526 del cuaderno correspondiente al principal de la primera instancia, destacado profusamente en lo que a su contenido se refiere, no siendo relevante en consecuencia su reproducción.

A la misma manera que ya se advirtió respecto a otros ejemplares de la supuesta convención colectiva de trabajo Energía Eléctrica de Magangué S.A. ESP-Sintraelecol, es patente el error del juez de la alzada al haber estimado una y otra de estas copias como prueba de la existencia y validez de aquella conjeturable convención; ello es así, por cuanto lo que surge de la confrontación al interior de tales convenciones de la indiscutida fecha de su firma (30 de abril de 1998) y la de su depósito (3 de junio de 1998), es que se excedió a no dudarlo el término de 15 días previsto por el artículo 469 del CST como circunstancia solemne prevista para la validez de tal estirpe de negocios.

Los yerros (considerando que se cometieron por supuesto respecto a uno y otro ejemplar apuntado en este numeral), son manifiestos, brillando al ojo de haber mediado la simple lectura del folio destacado en una y otra convención dando constancia de su depósito: de no haber sido cometidos, se habría patentizado la inexistencia del conjeturable acto negocial(sic) del 30 de abril 1998, ante la ausencia de su depósito oportuno, exigencia prevista en el artículo 469 del CST. Por esa vía llegó entonces al demandante a la condena de derechos sin fuente convencional que los respaldara, incluyendo el reintegro del demandante y derivaciones del mismo como el pago de salarios y prestaciones legales y extralegales hasta el acatamiento del primero.

10. Dada la absoluta identidad de aquello de lo que dan cuenta las probanzas respecto a la inexistencia de una convención colectiva de trabajo entre Energía Eléctrica de Magangué S.A. y Sintraelecol pactada el 30 de abril de 1998 entre tales sujetos y que pudiera beneficiar al demandante, particularmente en el reintegro extralegalmente previsto en el artículo 37 de ese documento, es de Perogrullo señalar que idéntica conclusión surge del examen conjunto de las probanzas señaladas como indebidamente estimadas.

No es más lo que corresponde apuntar ya en sede de instancia para arribar a la absolución de Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP.

Destáquese en tal sentido que de tiempo atrás ha sentando la jurisprudencia la Sala que el simple acuerdo sobre las condiciones generales de trabajo y demás puntos que constituyen el contenido de este acto jurídico laboral, carece de efecto en lo que se refiere de terceros y a las mismas partes, mientras no se haya cumplido el depósito previsto en el artículo 489(sic)” (Casación de agosto 19 de 1958, “Gaceta Judicial”, 2199, 2200, págs. 915. En González Charry, Guillermo, Derecho laboral colombiano, volumen III, tomo II, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Cuarta Edición, Bogotá, 1997, págs. 260).

No es posible entonces que del acuerdo del 30 de noviembre de 1998, desprovisto como se ha demostrado de fuerza como convención colectiva, se desprenda derecho alguno a favor del demandante, incluyendo el reintegro y sus consecuencias impuesto por el tribunal al desatar la apelación planteada por la mandataria judicial de este.

La réplica

Destaca el replicante que la discusión sobre la validez del depósito oportuno de la convención colectiva no tiene cabida en el presente litigio, por cuanto su validez fue reconocida por la demandada al contestar la demanda (fls. 194 y ss.) y al aplicar al actor el régimen disciplinario de la convención colectiva.

IV. Consideraciones de la Corte

La ausencia de ataque a la que fuera la primera reflexión fáctica del ad quem, con la que derruía la base de la decisión del a quo que restaba así fuerza probatoria al acuerdo colectivo, esto es, que no constituyó materia de debate la validez de la convención colectiva sobretodo(sic) cuando en la contestación de la demanda (fl. 196), se acepta expresamente la existencia de la organización sindical y la vigencia de la Convención colectiva de trabajo. Por lo tanto, desconocer el acuerdo convencional sería una decisión que sobrepasa los límites de la controversia planteada; determina el fracaso de la acusación que comporta el cargo.

Se imponía socavar la señalada premisa que condujo al tribunal a no abordar el examen respecto a la validez probatoria del texto convencional que fuera aportado al proceso, pese a referir que el depósito del mismo fue realizado el 30 de abril de 1998, inferencia que a los propósitos de su argumentación para sustentar su conclusión conforme a la cual desconocer el acuerdo convencional sería una decisión que sobrepasa los límites de la controversia planteada; en nada la desvirtúa.

Así mismo se obvia en la impugnación la alusión, bien para controvertir o bien para señalar su impertinencia, de la sentencia 28780 de junio 20 de 2007, de la que se sirve el tribunal para validar sus aserciones y concluir que la convención colectiva de trabajo aportada tiene vocación probatoria (…).

Falta de esta manera la recurrente al deber que le es propio a quienes pretenden resquebrajar la solidez de la decisión colegiada, que en la vía indirecta exige el ataque a la totalidad de las valoraciones desprendidas de los medios de prueba, o piezas procesales como en el sub lite, que sirvieron para arribar a ella.

La Sala repite con frecuencia esta enseñanza como lo hiciera en sentencia de radicación 32694 del 9 de julio de 2008, en la que se expresó:

Lo que significa como lo pone de presente el opositor…, que el censor no controvirtió la mayoría de las probanzas que le sirvieron a la colegiatura para proferir su decisión, y al dejarlas libre de ataque los razonamientos que de ellas se derivan mantienen en pie la sentencia impugnada, lo cual se erige como suficiente para que la misma continúe con firmeza, claridad y certeza.

De suerte que, como lo ha sostenido esta Corporación en múltiples ocasiones, resultan exiguas acusaciones parciales, así tenga razón en la crítica, porque los elementos probatorios y raciocinios no discutidos mantienen incólume lo resuelto por el ad quem, ello con independencia de su acierto, conservando la decisión la presunción de legalidad que la caracteriza.

No prospera el cargo.

Cuarto cargo: acuso la sentencia de violación directa de la ley laboral sustantiva en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 467, 469, 27, 127 y 306, todos del CST, así como el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, incisos primero, segundo y tercero.

A tales afrentas de las normas sustanciales arribó el ad quem por medio de la violación directa de preceptos adjetivos, particularmente por la infracción directa del artículo 306 del CPC, afrenta ésta que condujo a su vez a la aplicación indebida del artículo 305 ibídem, una y otra en relación con la aplicación también indebida y por el mismo sendero indirecto del artículo 145 del CPT y ss.

En su desarrollo razona de la siguiente manera:

1. Se deja sentado, para abordar este cargo, que se le reconoce valor de verdad a todas las apreciaciones de orden fáctico ofrecidas por el juez que conoció de la alzada, particularmente aquellas admitidas al contestar la demanda.

Precisamente por cuanto se aceptan tales planteamientos, es menester subrayar que el ad quem, previamente a abordar la crítica que hizo de la estimación del a quo sobre la extemporaneidad del depósito de la supuesta convención colectiva de trabajo pactada entre la organización sindical Sintraelecol y Energía Eléctrica de Mangangué(sic) aportada por la parte actora”, destacó que en la contestación de la demanda se acepta expresamente la existencia de la organización sindical y la vigencia de la convención colectiva de trabajo” (fl. 27, cuadernillo continente del trámite de la apelación de la sentencia inicial ante el tribunal.

2. Teniendo como premisa inicial de su raciocinio en este aspecto la de índole circunstancial anotada previamente, estimó el juez de la alzada que el operador primario erró al negarle validez a la convención colectiva de trabajo aportada por la parte actora considerándola aportada extemporáneamente” pues sencillamente ello no fue ni ha sido materia de controversia” (fl. 27, ídem entendió entonces el ad quem, en términos simples, que una estimación de la convención colectiva como aportada (evidentemente refiriéndose a su depósito) extemporáneamente” devenía en un fallo incongruente, por no adecuarse a lo que las propias partes reconocieron acopladamente en sus escritos iniciales de introducción y réplica.

Se reprochó entonces del a quo el no respeto a lo ordenado por el artículo 305 del CPC, pese a que no se distingue de manera expresa tal estipulación legal en la argumentación del juez colegiado.

3. Visto lo anterior, se muestra nuevamente ostensible la equivocación del juez colegiado: ello, por cuanto olvidó examinar que el artículo 306 del CPC habilitaba al juez que conoció primeramente del asunto para efectuar una estimación como la que quedó sentada respecto a la extemporaneidad del depósito.

En efecto, el inciso primero del mencionado artículo 306 de la codificación adjetiva civil, aplicable al asunto ahora en sede extraordinaria por disposición del artículo 145 del CPT y ss., ordena que “Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

Por tal precepto procesal, contrario a lo que señaló el ad quem y sin que resulte necesario acudir al artículo 305 del CPC de cuya normativa constituiría por supuesto una excepción, sí estaba el juez primario revestido de competencia para declarar medios defensivos con la capacidad de enervar lo pretendido en el libelo de introducción.

4. El yerro antes destacado constituye uno de enorme magnitud, en cuanto nace nuevamente de la ausencia de lectura de una norma de orden público, ubicada además sistemáticamente y de acuerdo con el texto auténtico del CPC a continuación del artículo 305, cuya aplicación indebida al sub lite resultó de la omisión en la aplicación del 306, del CPC.

El juzgar equivocado del ad quem en este aspecto consistió en uno de trascendencia; ello, considerando que de no haber mediado su comisión, el juez de apelaciones habría procedido libremente a examinar, comenzando por el ejemplar arrimado a los autos con la querella obrante a folios 20 a 77 del primer cuaderno correspondiente al trámite de la primera instancia, si el acuerdo rotulado como convención colectiva de trabajo celebrada entre Energía Eléctrica de Magangué, firmado el 30 de abril de 1998, en verdad reunía la condición del depósito oportuno exigida para su existencia por el artículo 469 del CST, y si de la misma, en consecuencia, podría derivarse el derecho a un reintegro con fundamento en la cláusula 37 de aquel pacto, como en últimas lo impuso la colegiatura que desató el recurso vertical.

5. Como respetuosas reflexiones de cara a la actividad que desplegará la honorable Corte como tribunal de segunda instancia, pongo a consideración de la misma lo siguiente:

Desde el propio ejemplar aportado por el impulsor de la contienda, obrante entre los folios: 0 y 56 de la foliatura correspondiente a su fase procesal inicial, emerge el depósito extemporáneo de la tratativa de convención colectiva de trabajo celebrada entre la empresa Energía Eléctrica de Magangué S.A. ESP y Sintraelecol.

La primera y última hojas del texto propiamente dicho, anuncian su celebración el treinta de abril de 1998 (fls. 22 y 45).

El acto de depósito mismo, es decir, la entrega de un ejemplar de la pretensa convención a la autoridad administrativa laboral, se materializó mediante misiva que dirigiera el gerente de la sociedad comercial celebrante al entonces Ministerio de la Protección Social de Magangué en cuyo pie de página, aparece, a puño y letra de quien recibe, la fecha junio 3/98”.

Concordante con dicha fecha de depósito, que por supuesto resulta ser una enteramente ineficaz, tomando en consideración que confrontada contra el calendario de los meses de abril, mayo y junio de 1998 supera con creces el término legal de 15 días hábiles administrativos previstos para tal remisión solemne a la autoridad administrativa laboral, en el propio folio de las firmas finales, ya no como reflejo del acto mismo de depósito sino como atestación del guardián de la copia, la coordinadora de la oficina de archivo sindical especializado atestó como “Depositada” la supuesta convención con fecha “junio 3/98”.

5.2. Entre folios 459 y 483, aportada regularmente por la representante legal de la demandada al responder pregunta que se le formulara durante la diligencia de interrogatorio de parte (ver folios 458 a 483, foliatura de la primera instancia, cuaderno que inicia por el folio 259 y finaliza con el 493), aparece una nueva copia, idéntica a la primeramente descrita, de la hipotética convención colectiva pactada entre Energía Eléctrica de Mangangué(sic) y Sintraelecol.

Al igual que en el ejemplar aportado con la querella, el acto material del depósito junto a la atestación escrita de quien recibió originariamente el aparente acto negocial dando fe de su realización en fecha “junio 3/98”, aparece a folio 459.

5.3. En el marco de la inspección judicial practicada en las instalaciones de la llamada a juicio (ver fls. 497 a 499 del cuaderno identificado como “Nº 2” del trámite de la primera instancia, con portada enumerada con marcador azul con el número “495”), la apoderada sustituta del señor Muñoz Benítez adjuntó un ejemplar idéntico a los dos previamente discernidos.

Dicho ejemplar (fls. 501 a 526) tiene idéntica copia del acto de materialización del depósito con la misma nota de fecha de su recibo en “junio 3/98” (fl. 526); aparece también entre tales documentos, no obstante la aportación autenticada por la oficina del Ministerio de la Protección Social que custodia las convenciones colectivas de trabajo, la “certificación” de la ocurrencia de tal depósito en “abril 30/98”.

5.4. En el marco de la continuación de la diligencia de inspección judicial, ahora en las instalaciones del despacho del juez de primera instancia (ver fls. 564 y 565), se acompañó por r.. rte(sic) de quien hacía para entonces las veces de apoderado judicial de Electrificadora de Costa Atlántica S.A. ESP (ver fls. 586 a 616 del “cuaderno 2” descrito en el numeral anterior) un nuevo ejemplar de la supuesta convención colectiva de trabajo varias veces anotada, incluyendo la copia misma del acto material del depósito obrante a folio 586, idéntico en su contenido al de todas las demás copias.

5.5. Como parte de las copias autenticadas del expediente correspondiente al trámite de una acción de tutela impulsada por la organización sindical Sintraelecol contra la demandada (dos cuadernos naranja, uno cuyo primer folio y portada se identifica con el número azul 170, otro con primer folio y portada el número 291) allegadas por el despacho que conoció primeramente de ese asunto (juzgado 12 civil municipal de Cartagena, radicación 13-001-40-03-012-2001-0164-00) por cuenta de prueba solicitada por el demandante y decretada por el a quo, se incorporaron a los autos dos nuevos ejemplares de las convenciones colectivas arrimados a su vez dentro de aquella petición de amparo constitucional: una que se refleja entre los folios 120 y 144 (primer cuaderno); otra que aparece entre folios 195 y 218 del segundo cuaderno), incorporada en el trámite de la tutela como consecuencia de una prueba que en tal sentido decretara la Corte Constitucional en el marco de la revisión de los fallos de las instancias en tal asunto.

Uno y otro ejemplar tiene la copia autenticada del acto por el que se concreto el depósito mismo que se ha venido destacando respecto a los restantes ejemplares (ver fl. 120, incluido en el primer cuaderno descrito y 194 del segundo cuaderno).

El primer ejemplar de este par tiene además la característica que en el folio de las firmas de los celebrantes del negocio jurídico colectivo (fl. 144, primer cuaderno), se refleja una certificación simplificada de la oficina de archivo sindical especializado que nuevamente anuncia como fecha de depósito, “junio 3 de 1998”.

5.4. No es más lo que tiene que observarse en materia probatoria y fáctica para que se acceda a lo impetrado por Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP al sustentar la alzada, como quiera que se desprende unívocamente de la confrontación de la fecha de la firma de la fallida convención colectiva de trabajo (30 de abril de 1998) con la de realización de su depósito, conforme al escrito con en que se acometió esta tarea por parte de los representantes de las entidades signatarias (tres de junio de 1998), que en verdad el depósito de la misma se hizo por fuera de los quince días que siguieron a la primera fecha anotada. Es decir, no surgió jamás la pretensa convención al mundo del derecho, conforme a lo dispuesto sobre el particular en el artículo 469 del CST.

Es cierto, eso sí, que curiosa y erróneamente el custodio de uno de los originales del fracasado acto atestó en el ejemplar descrito en el punto 5.3 su depósito el 30 de abril de 1998; pero tal atestación errónea no puede, como si se tratase del pronunciamiento de palabras mágicas propias de tiempos y culturas ancestrales, “transformar” lo que se desprende del depósito considerado en sí mismo. De aceptarse lo anterior, tendría que absurdamente tenerse que la estacada convención se habría depositado incluso mucho después, el “19 de octubre de 1998”, como se lo certificó, también erróneamente la entonces coordinadora del grupo de archivo sindical a la Corte Constitucional (ver fl. 192, cuaderno naranja de anexos remitidos al a quo en el marco de la tutela comentada).

Debe destacarse honorables magistrados que como lo ha expuesto la corporación, “el simple acuerdo sobre las condiciones generales de trabajo y demás puntos que constituyen el contenido de este acto jurídico laboral, carece de efecto en lo que se refiere de terceros y a (as mismas partes, mientras no se haya cumplido el depósito previsto en el artículo 489(sic)” (Casación de agosto 19 de 1958, “Gaceta Judicial”, 2199, 2200, págs. 915. En González Charry, Guillermo, Derecho laboral colombiano, volumen III, tomo II, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Cuarta Edición, Bogotá, 1997, págs. 260).

No es posible entonces en términos sustanciales que del acuerdo del 30 de noviembre de 1998, desprovisto como se ha demostrado de alcance como convención colectiva de trabajo, se desprenda derecho alguno a favor del demandante, incluyendo el reintegro y sus consecuencias impuesto por el tribunal con basamento en la apelación planteada por el promotor del litigio.

La réplica

Erró la recurrente en la acusación que por vía directa realiza, refiere el opositor, al señalar que el ad quem yerra al darle validez probatoria a una convención colectiva que no cumplía con el requisito del depósito oportuno.

V. Consideraciones de la Corte

No cobra éxito la acusación puesto que en arreglo a lo establecido en el anterior cargo, en el que queda indemne la consideración colegiada según la cual la validez de la convención colectiva no es objeto de debate desde la propia contestación a la demanda, no se advierte en el superior la trasgresión referida puesto que, por definición, no puede un hecho ajeno a la controversia procesal constituirse en excepción en los términos del artículo 305 del CPC.

La indicada reflexión del tribunal, en la que al deslindar el campo de la controversia identifica la competencia del a quo, es sin duda desarrollo del principio del debido proceso en virtud del cual las partes no podrán ser sorprendidas con determinaciones que, para el caso sub lite, resultan extrañas al debate planteado.

En efecto, dentro del contorno propio de la discusión y en arreglo a las voces del artículo 306 del CPC es deber del juez reconocer de oficio una excepción, con la salvedad allí consignada, al hallar probados los hechos que la constituyen, esto es aquellos que hacen parten de la controversia procesal.

No prospera el cargo.

Primer cargo: acuso al fallo impugnado de ser violatorio de la ley sustancial laboral por vía directa, al infringir de manera directa el artículo 23, literal b, del CST, modificado por el artículo primero de la Ley 50 de 1990; condujo a su vez la desviación antes descrita a la aplicación indebida del artículo 467 del CST, así como a la de los preceptos inmersos en el literal A, numeral sexto, del artículo séptimo del Decreto 2351 de 1965; en relación con los artículos 24, 55, 56, 57, 58 [numerales primero y octavo) y 60, numeral cuarto, todos del CST.

En propósito de demostrar la acusación argumenta:

1. Dada la vía escogida, se expresa de manera adelantada la entera conformidad con las conclusiones fácticas ofrecidas por el juez de apelaciones en sustento de lo resuelto en tal estadio entre las mismas, se destaca una premisa necesaria para el desarrollo del cargo: el a quo ofreció —bien porque entendió que así de algún modo lo planteaba la misiva que informó el despido al actor (fl. 236, expediente del trámite de la primera instancia, cuadernillo naranja distinguido con el número 494”) al remitir a dicho escrito de administración de personal, bien porque la citación a descargos (fl. 233 y 235 del mismo componente de la foliatura antes apuntado) así lo contenía— la siguiente lectura de lo que se imputó e informó al demandante como elementos circunstanciales que condujeron a Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, hoy absorbida por mi patrocinada (ver fls. 30 y 31, cuaderno del trámite correspondiente a las apelaciones surtidas contra el fallo inicial), al despido del señor Muñoz Benítez:

Aunque en la carta de despido no aparecen los hechos motivos del mismo, analizando la Sala el memorando No 3683 de noviembre 27 de 2002 mediante el cual se cita a descargos al señor Muñoz Benítez se observa que señala el motivo por el cual se cita a dicha diligencia, el cual es la no asistencia al trabajo durante los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2002, precisándose que la organización sindical a la cual estaba afiliado el actor presenta solicitud de permiso sindical para los días referidos, (fl. 227) y que Electrocosta S.A ESP no concedió el permiso solicitado por la organización sindical a nombre del actor, alegando que se necesitaba la disponibilidad de todo el personal de digitación para evacuar el trabajo represado, (fls. 228 y 230).

2. Entendió entonces el juez colegiado —juicio fáctico que se comparte enteramente, insístase— que la demandada despidió al demandante no meramente achacándole la inasistencia a laborar durante un período de cuatro días: se le imputa sí dicha inasistencia, pero enmarcada en unas precisas circunstancias: el habérsele solicitado a Electrocosta S.A. ESP permiso para tales efectos y de manera expresa haberlo negado dicha compañía, especificando que los trabajadores del área del demandante o, si se quiere, con labores similares a las desarrolladas por este, debían estar disponibles durante el mismo día.

El demandante fue despedido esencialmente entonces por el incumplimiento de una orden sobre el tiempo y lugar del trabajo: la decisión de la demandada de conservarlo en ese entonces “disponible” para laborar entre el 12 y 15 de noviembre de 2002.

3. Frente a la anotada inferencia de naturaleza fáctica sobre la razón del despido, entendió el ad quem que debía analizar la misma a la luz de una disposición de orden convencional referida al tema de permisos sindicales, cuyo contenido y temática se aceptan en este cargo sin hesitación en consideración a la vía escogida para acometerlo expresó así a continuación de los asertos atrás destacados (fl. 230, cuaderno de trámite de las apelaciones de la sentencia original):

Ese memorando (se refiere por supuesto al número 3683 de noviembre 27 de 2002, la citación a descargos) necesariamente hay que analizarlo a la luz del artículo 37 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Empresa de Energía de Magangué y Sintraelecol norma que al abordar y regular lo concerniente a los permisos sindicales señala: i...)

4. La actividad racional antes señalada no es, por supuesto, una de orden fáctico, como quiera que no comporta enunciados que involucren descripción de piezas pretéritas de la realidad: es uno estrictamente jurídico en cuanto supone que el análisis de la legitimidad de una instrucción impartida por el empleador como causa para despedirlo exige la confrontación de tal instrucción con normas convencionales.

5. Destacada la naturaleza de dicha inferencia del tribunal que conoció la alzada, al rompe emerge que se trata de una inválida.

Para ello, bastará advertir que el único término de comparación normativo para determinar la legalidad de la orden es el que resulta de las limitantes previstas por el literal b, numeral primero, del artículo 23 del CST, modificado por el artículo primero de la Ley 50 de 1990, para la potestad subordinante del empleador: es decir, que las mismas no afecte(n) el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país”.

6. El yerro, de carácter jurídico se recalca, es palmario, por cuanto se trató ni más ni menos que de la absoluta omisión de la ponderación de la norma que estaba llamada a establecer la legitimidad o no de una instrucción del empleador sobre las condiciones de tiempo y lugar de trabajo.

Es además uno trascendente respecto a la decisión a la que arribó el ad quem en el presente litigio: de no haber incurrido en el desacierto descrito, habría omitido desviar el análisis tendiente a determinar el sentido y alcance de la pretensa estipulación convencional que a su juicio, debía ser estimada para la determinación de la justeza de la causa imputada al demandante; ello por cuanto, ya se evidenció, el marco de comparación que ofrece el ordenamiento laboral sustantivo nacional, tratándose de la valoración de una orden como expresión de la facultad subordinante connatural a la relación del trabajo, es el ofrecido por el comentado apartado final del literal b) numeral primero, artículo 23, del CST, tal y como se encuentra vigente después de la modificación implementada por el artículo primero de la Ley 50 1990.

7. A manera de consideraciones de instancia para lograr la revocatoria de todas las condenas impuestas a la sucedida procesalmente por mi mandante, se tiene que precisamente el examen que omitió el juez de la alzada, arroja que la orden de mi procurada dirigida al demandante a partir de la negativa, debidamente comunicada al señor Muñoz Benítez (ver atestación de funcionario de la firma Servientrega sobre el rechazo del demandante a la recepción de la comunicación en la que se vertió dicha decisión empresarial, tanto aislada como en concordancia con lo respondido por este en la diligencia de descargos, folios 230 y 131 del primer cuaderno correspondiente al trámite de primera instancia) a otorgar un permiso y por contera su obligatoria disponibilidad en términos ocupacionales precisamente durante las fechas en las que el demandante dispuso unilateralmente ausentarse, no ofrece afectación alguna a su “el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país”.

El referido incumplimiento de la orden se encuentra suficientemente demostrado en los autos, por cuanto de la ausencia del demandante al frente de sus labores y sitio de trabajo entre el 12 y el 15 de noviembre de 2002, de la cual dan cuenta todas las testimoniales y aun su propia versión, rendida dentro de la diligencia de descargos (ver, nuevamente de manera especial, el folio 131 de la parte del expediente correspondiente a la primera instancia).

Finalmente, a manera de colofón, huelga advertir que la gravedad del referido incumplimiento del actor y por contera de la adecuación de lo acontecido y previamente destacado a lo normado por los preceptos del artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965 (literal A, numeral sexto) y del artículo 58 (numeral primero) del CST denunciadas como indebidamente aplicadas, surge, por supuesto, de su vínculo con la principal obligación que por parte del trabajador se desprende del vínculo laboral: el acatamiento de órdenes relacionadas con el servicio contratado.

La réplica

Enfatiza el antagonista del recurso en que el ad quem, no concluyó, como lo dijera a recurrente, que el actor fue despedido “por el incumplimiento de una orden sobre el tiempo y lugar de trabajo”, sino por la utilización de un permiso sindical para realizar una actividad de tal naturaleza.

VI. Consideraciones de la Corte.

No arriba a buen suceso el cargo como a continuación se expresa:

En arreglo a la opción de estricto derecho por la que conduce la censura la acusación, se parte de la conformidad de ésta con las siguientes conclusiones fácticas a las que arriba el ad quem: 1. Que la organización sindical a la cual estaba afiliado el actor presenta solicitud de permiso sindical para los días referidos, (fl. 227); 2. La empresa no concedió el permiso solicitado (…) a nombre del actor, alegando que se necesitaba la disponibilidad de todo el personal de digitación para evacuar el trabajo represado (fls. 228 y 230); 3. Que de acuerdo al artículo 37 de la convención colectiva es un imperativo conceder el permiso con la simple solicitud. 4. Que el actor hizo uso del permiso consagrado en la norma convencional lo que constituyó la causa determinante de su despido.

La controversia entonces que plantea la censura se cifra en que el superior debió, de manera privativa, al efecto de establecer la legitimidad de la instrucción —negación por la empresa del permiso solicitado para que el actor cumpliera actividades sindicales— aplicar el artículo 23 del CST al ser la expresión del poder subordinante del empleador.

Al respecto, debe decirse, que no le asiste razón alguna a la impugnante en el razonamiento según el cual el tribunal se equivoca al no aplicar el artículo 23 del CST y por lo tanto no lograr desprender de allí que el poder subordinante del empleador no encuentra en su ejercicio otras limitantes distintas a aquéllas que puedan afectar el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país”; derivando en consecuencia la legitimidad de la orden que no concedió el permiso sindical solicitado y no acatado por el demandante.

En efecto, las previsiones del señalado artículo 23 del CST, cuya aplicación se reclama, no impiden que a través del acuerdo colectivo, como ocurrió en el sub lite, el empleador limite el poder subordinante que le es reconocido por la citada norma para permitir el desarrollo y desempeño de las actividades sindicales en procura de hacer efectivo el derecho de asociación sindical por lo que, se repite, no emerge la violación endilgada al ad quem.

No sale avante el cargo.

Segundo cargo “La violación normativa denunciada se produce por vía directa, por aplicación indebida de los artículos 14, 19, 21, 22, 23 (L. 50/90, art. 1º), 57, 58, 60, 62 (D. 2351/65, art. 7º), 64 (L. 50/90, art. 6º), 467, 469 del CST; 53 de la Constitución.

Para los efectos de este cargo se aceptan las conclusiones fácticas del tribunal pero en particular las que se refieren a que en la convención colectiva se encuentra establecida como obligación del empleador la de conceder permisos para el desempeño de funciones sindicales, la de haberse solicitado el permiso por la organización sindical para que el actor cumpliera unas tareas del sindicato, la de haberse negado el permiso por la Empresa, la de haberse alegado por la misma que se necesitaba la disponibilidad de todo el personal de digitación para evacuar el trabajo represado y la de haber sido tomado el permiso por el actor a pesar de lo manifestado por la empresa.

2. Las normas que inciden en la toma de la decisión en realidad fueron bien interpretadas por el tribunal porque tuvo en cuenta que la autonomía del sindicato y de sus afiliados para hacer uso de esos permisos pactados convencionalmente no puede hacerse en forma en que afecte la facultad del empleador de dirección respecto de sus trabajadores.

Concretamente dijo el tribunal: “Lógico que esa discrecionalidad de que goza la organización sindical debe entenderse razonablemente sin que ello conlleve al desbordamiento de la facultad direccional y disciplinaria de la empresa”.

3. Sin embargo, pese a esas conclusiones fácticas y al recto entendimiento de las disposiciones aplicables al presente caso, el tribunal actuó en contravía de ellas y terminó aplicándolas mal por lo que se expresa en seguida.

4. La esencia del contrato de trabajo y su característica básica, que la diferencia de otros contratos por medio de los cuales se compromete la prestación de servicios personales, es el elemento de la subordinación, que faculta al empleador para exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al tiempo, modo y cantidad de trabajo, tal como lo señala concretamente el artículo 23 del CST modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

Esa norma, como las demás del Código Sustantivo del Trabajo, es de orden público y de obligatorio cumplimiento tal como se enseña el artículo 14 del mismo estatuto, cuyo artículo 19, complementariamente, establece la prioridad de la norma legal sobre cualesquiera otras en la definición de los conflictos.

5. Afectar la subordinación se traduce en destruir el contrato de trabajo y, de contera, en descartar todos los elementos de protección que surgen de él a favor del trabajador, por lo que suponer que una convención colectiva prevalece sobre la ley en aquellos aspectos en los que se tocan los elementos fundamentales, los cimientos del derecho laboral, supone una equivocada aplicación del contenido del artículo 467 del CST, pues si bien allí se define el objetivo de la convención colectiva y se entiende que en procura del mismo se pueden mejorar los mínimos que en cuanto a derechos laborales contempla ley, no es posible llevar tal objetivo hasta permitir el pacto en contra de la ley.

6. Bien se sabe que existen los pactos según la ley”, en desarrollo de la ley” y contra la ley”, de los cuales los dos primeros son admisibles pero el último no, por lo que todo Lo que se encuadre en tal campo, como es lo que ha sucedido con la errada aplicación de las disposiciones legales señaladas en la proposición jurídica, es ilegítimo o constituye una indebida aplicación de la ley. Sencillamente, el pacto convencional sobre los permisos sindicales es contrario a la ley, por lo que es inaplicable y tal condición no puede soslayarse so pretexto de la mayor favorabilidad, porque en el caso de las normas de orden público lo que está en juego es el interés común que, obviamente, prima sobre el particular, sea que se concentre en el trabajador o se ubique en el sindicato.

7. En este orden de ideas, se explica perfectamente el contenido del numeral 6º del artículo 57 del CST cuando señala como obligación del empleador el conceder los permisos que allí se relacionan, pero advierte que en unos casos, dentro de los cuales están los permisos sindicales, la concesión o la obligación se encuentra condicionada a que no se perjudique el funcionamiento de la empresa, lo cual significa que lo previsto en la cláusula convencional debe entenderse en el marco del artículo 57 del CST.

8. En este caso es cierto que se trató de un solo trabajador y que bien se podía suponer que su ausencia podía no afectar el funcionamiento de la empresa, pero lo cierto es que la razón de la negativa que dio la empresa, concordante con lo previsto en la ley, no fue siquiera controvertido por el trabajador quien, por su propia iniciativa tomó el permiso en contra de lo decidido por la empresa y sin explicación alguna. Como es natural no se puede concebir que la indicación del sindicato sobre una situación como la presente prime sobre el ejercicio legítimo y por activa del elemento de subordinación por parte de la empresa, pero al aceptar el tribunal que sí prevalecía la orden o indicación o decisión del sindicato sobre la posición de la empresa, terminó aplicando mal las disposiciones que se incluyen en la proposición jurídica.

9. Se insiste, por medio de la convención colectiva no es posible desconocer el contenido de la ley. Es posible mejorarlo pero no transgredirlo y en este caso, se produjo lo que el propio tribunal acepta que no puede darse, como es el “desbordamiento de la facultad direccional y disciplinaria de la empresa”.

Se incluye en el cargo la violación del artículo 53 de la Carta porque el tribunal invoca el efecto de los convenios 87 y 98 de la OIT. La realidad es que tales convenios no sufren mella con la argumentación que se pone bajo la consideración de la Corte, pues no se afecta el derecho de asociación ni el de negociación, dado que no se plantea que se suprimen los permisos sindicales generados por la vía de la convención colectiva, sino que simplemente se tenga en cuenta que ellos no puede desbordar la facultad de subordinación del empleador, como inclusive lo entendió el Tribunal.

10. Ante lo anterior y para ser analizado en sede de instancia, resulta claro que la empresa negó el permiso con unas razones fundadas que no fueron controvertidas ni por el trabajador ni por el sindicato, por lo que la actitud de tomarse directamente el permiso constituye un desconocimiento de las órdenes impartidas por la empleadora sin justificación alguna, y la violación de la principal obligación del trabajador, como es la prestación del servicio en forma personal y bajo las órdenes e instrucciones del empleador.

En instancia igualmente corresponderá ver que la carta de despido integra a su contenido lo expresado en el memorando 3683 del 27 de noviembre de 2002, lo cual supera claramente uno de los aspectos que la parte actora ventila, cual sería, de aceptarse, la insuficiencia del contenido de la carta de terminación del contrato de trabajo, teniendo en cuenta que las altas cortes, en pronunciamientos de constitucionalidad y de casación, han señalado que lo fundamental es la garantía del derecho de defensa mediante el conocimiento suficiente que pueda tener el trabajador de las faltas que se le endilgan, lo cual su cumple debidamente con la confluencia de los dos documentos mencionados.

Se cumple con señalar que la inclusión en la proposición jurídica de los artículos 62 y 64 del CST, con sus normas modificatorias, obedece a que a la postre el proceso gira sobre la justicia o no de la decisión unilateral de la empresa de dar por terminado el contrato de trabajo, lo cual significa que en el resultado obtenido con la sentencia atacada, tales normas resultan mal aplicadas.

En la forma anterior queda explicado el presente cargo.

La réplica

Señala el replicante que la diferencia con el cargo anterior es que en este lo que se está cuestionando es la interpretación que le dio el tribunal a la norma convencional que consagra los permisos sindicales, lo cual sí que no es posible hacerlo por esta misma vía.

V. Consideraciones de la Corte

No logra el cargo demostrar la imputación que enuncia fundamentada, de manera principal, en que el ad quem debió establecer que la norma convencional invocada, alusiva a los permisos sindicales, es contraria a la ley y por lo tanto inaplicable al afectarse la subordinación como elemento esencial del contrato de trabajo consagrada en disposición de orden público de imperativo cumplimiento.

Lo anterior al reiterar las consideraciones realizadas en el cargo anterior según las cuales nada impide que el empleador limite su poder subordinante en beneficio del propio derecho de asociación sindical, permitiendo de esta manera el uso razonable de los permisos sindicales, con lo cual no se desconoce ni el contenido de la ley ni se desnaturaliza el contrato de trabajo.

En razón a lo visto no incurre el ad quem en la trasgresión que se le atribuye, puesto que con la norma convencional citada en modo alguno se elimina el indicado poder subordinante del empleador que no se excluye, como se dijo, con el derecho de asociación sindical que emerge del reconocimiento de los permisos sindicales necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de aquél.

No es fundado el cargo.

Tercer cargo: la violación que ahora se denuncia se produce por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 23 (1º de la L. 50/90), 57, 58,60, 62 (70 del D. 2351/65), 64 (6º de la L. 50/90), 467, 469 del CST.

Relaciona como errores evidentes de hecho:

1. Concluir en forma contraria a la evidencia que a la terminación del contrato de trabajo no se estableció por la empleadora la causa específica del despido.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada sí invocó para el despido del actor, una justa causa.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada expresó en forma oportuna unos motivos contundentes para no otorgar el permiso sindical al demandante para los días 12 al 15 de noviembre de 2002.

4. No dar por demostrado, estándolo, que en todo caso es la empresa la que debe conceder el permiso sindical que se solicite con base en la convención colectiva de trabajo.

5. Dar por demostrado en forma contraria a la realidad, que la sola solicitud del sindicato generaba la concesión del permiso sindical a favor del actor.

6. Dar por demostrado en forma contraria a lo pactado, que las consecuencias económicas del reintegro establecido convencionalmente, deben ser indexadas.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante venía faltando repetidamente a su trabajo sin justificación alguna (fl. 226).

Cataloga como pruebas mal apreciadas por el superior:

1. Citación a descargos —Memorando 3683 de 2002 (fls. 234-235).

2. Carta de terminación del contrato (fls. 236-237).

3. Convención colectiva de trabajo (fls. 501-524).

4. Memorando 030 del 7 de noviembre de 2002 (fls. 228-229).

5. Acta de descargos de diciembre 2 de 2002 (fls. 131 a 135 y 276 a 280).

6. Memorando de septiembre de 2002 (fl. 121)

8. Memorando de noviembre 7 de 2002 (fl. 227).

Y como pruebas no apreciadas por el ad quem:

1. Comunicación de Sintraelecol del 7 de noviembre de 2002 (fl. 123).

2. Comunicación de Electrocosta del 7 de noviembre de 2002 suscrita por el señor Nicolás Cordero (fls. 124 y 230)

3. Comunicación de Sintraelecol del 9 de noviembre de 2002 (fl. 125)

4. Memorando de Electrocosta de noviembre 1º de 2001 (fl. 224).

5. Memorando de 29 de octubre de 2002 de la empresa (fl. 226).

6. Memorandos 31 y 032 de noviembre 14 y 15 de 2002 (fls. 231 a 233).

Refiere, de igual manera, que el testimonio de Rubén Eduardo Castro mal apreciado (fls. 322 a 332).

Para su demostración aduce los siguientes argumentos:

1. Como es natural, lo primero para apreciar es el texto de la convención colectiva que apreció, aunque con error, el tribunal.

Para el juez de segunda instancia el permiso solicitado por la organización sindical no está supeditado a la valoración previa de la empresa”, lectura literalista excesivamente elemental que, por serlo, involucra un craso error porque no tiene en cuenta que una solicitud implica someterla a una razonable consideración y una concesión supone inevitablemente una discrecionalidad (no arbitrariedad) sobre la facultad de otorgar o no lo solicitado.

Si el “permiso sindical” fuera como lo vio el tribunal, de automática operatividad, no sería permiso dado que no requeriría el consentimiento del empleador. No tiene sentido concebir un permiso que se puede tomar sin que el involucrado se pueda manifestar sobre si lo concede o no.

Aquí se habla de un permiso (licencia o consentimiento para hacer o decir algo- Diccionario de la Lengua Española), de que se concederá, que representa la acción futura de conceder (dar, otorgar, hacer merced y gracia de algo —ídem) y de que habrá una solicitud (de solicitar

Pretender, pedir o buscar algo con diligencia y cuidado —ídem), expresiones que imponen colegir que no se trata de una situación de generación espontánea o automática sino que se encuentra sometida a un proceso de estudio para el adecuado ejercicio de la discrecionalidad. Precisamente por todo este proceso el sindicato hizo la solicitud del permiso, como se aprecia en el folio 123, que naturalmente no sería necesario hacerla si su procedencia fuera automática, caso en el cual les bastaba comunicar que en unos determinados días su afiliado no iba a trabajar porque el sindicato así lo había dispuesto.

2. Naturalmente, mucho menos cabe pensar en que sea el sindicato el que dispone libremente del tiempo de trabajo del trabajador, que la subordinación que como facultad le compete al empleador queda trasladada por virtud de un convenio al sindicato y que este termine por esa vía ejerciendo las funciones de empleador. Tamaño dislate no puede aceptarse como concebible.

3. Visto lo anterior, procede referirse a la carta de despido para saber si en ella se estableció la causa de la decisión de la empleadora y de su lectura se aprecia, amén de la invocación del incumplimiento de las obligaciones principales del demandante, que se remite y se integra el texto del Memorando 3683 de noviembre 27 de 2002, en el cual se identifican con toda claridad y puntualidad las razones por las cuales el demandante está siendo llamado a presentar sus descargos, por lo que mal puede concluirse que el trabajador no tuvo la posibilidad de conocer las razones por las cuales lo estaban despidiendo, que es la causa para que en el acto de la terminación del contrato se deban precisar las razones de la determinación correspondiente. Es decir, sí se incluyó en la carta de despido, la causa específica del mismo y la asoció con la configuración de una justa causa.

Tampoco tuvo en cuenta el ad quem que la demandada dio unas razones concretas para no conceder el permiso solicitado por el sindicato para el demandante, con lo cual se ubicó dentro de las previsiones del numeral 6º del artículo 57 del CST que es la norma que establece el marco dentro del cual puede entenderse la cláusula 37 de la convención colectiva. Los documentos de los folios 227 a 233 enseñan que la empresa indicó las razones por las cuales no podía conceder el permiso solicitado y muestran también que, a pesar de ello, el demandante no concurrió al trabajo los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2002.

Lo anterior evidencia que el demandante se ausentó sin que mediara el permiso que se solicitó en su nombre y no expresó ninguna justificación, salvo la que se analizó anteriormente y que, como se vio, carece totalmente de justificación porque se basa en una lectura absurda y antijurídica de la convención colectiva. En este contexto resulta ilustrativo el contenido del acta de descargos y de la citación a los mismos, pues de aquella resulta evidente la actitud agresiva del demandante, su negativa a contestar y la ausencia de explicación válida sobre su conducta de ausencia injustificada al trabajo.

Los tres primeros errores quedan explicados en la forma anterior y los dos siguientes ya fueron analizados cuando se hizo la lectura correcta e artículo 37 de la convención colectiva de trabajo.

4. El sexto yerro surge igualmente de la lectura de la convención pues cuando se contempla el reintegro como expresión de estabilidad, se identifican puntualmente las consecuencias del mismo y dentro ellas no aparece la indexación que impuso el Ad quem, lo cual denota otro yerro evidente, que solo habría que analizar en el evento en que no se aceptaran los tres primeros errores como evidentes, pues de ellos surge que el despido del actor fue con justa causa.

Inclusive en este punto, como elemento complementario del juicio que debe elaborar la Corte Suprema, cabe destacar que la conducta del demandante era reiterativa en cuanto a sus ausencia injustificadas al. Trabajo como se observa en el documento del folio 226 que no fue apreciado en el fallo y que muestra que efectivamente la conducta del actor era abiertamente violatoria de sus obligaciones fundamentales.

El Tribunal ha debido apoyarse en el texto del documento del folio 125 que muestra una conducta igualmente agresiva del sindicato aduciendo unas conductas a la empresa que no tienen ningún soporte y que muestran precisamente una actitud proclive a despreciar la facultad subordinante de la empleadora que proviene de la propia ley y que no se pude considerar desfigurada por una convención colectiva.

5. Pasando a la prueba no calificada hay que anotar que el tribunal la cita [testimonio de Rubén E. Castro) solo para sostener que la empresa concedía los permisos sindicales solicitados por el sindicato con la simple solicitud pero esa declaración muestra que la conducta de la empresa era de amplitud y que si negaba los permisos, era con fundamentos serios como en el caso del Sr. Muñoz y en otros eventos como bien lo muestra el folio 124, el cual permite desvirtuar lo que afirma el sindicato en su carta del 9 de noviembre de 2002. Por eso, porque el testimonio dado carece de credibilidad frente a los anteriormente citados documentos, no tiene la capacidad demostrativa para sostener la sentencia que se cuestiona.

Con lo anterior quedan demostrados los dislates denunciados y ante la consecuente prosperidad del cargo, cabe en instancia revocar la decisión del Juzgado 3º del Cartagena teniendo en cuenta que el despido tuvo una justa causa y, por tanto, absolver plenamente a mi representada.

La réplica

Subraya el antagonista del recurso que a interpretación que diera el ad quem al texto del artículo 37 de la convención colectiva de trabajo es no sólo plausible sino que es claramente la correcta

VI. Consideraciones de la Corte

No cobra éxito el cargo de acuerdo a los siguientes razonamientos:

Base de la controversia propuesta consiste en señalar la equivocada interpretación que, en criterio de la censura, el tribunal diera a la cláusula 37 de la convención colectiva de trabajo según la cual el permiso solicitado por la organización sindical no está supeditado a la valoración previa de la empresa.

La deducción anterior corresponde al texto de la citada cláusula:

“La empresa concederá permiso sindical remunerado y por el tiempo necesario a los trabajadores sindicalizados que deban cumplir tareas sindicales a simples (sic) solicitud del sindicato”.

No encuentra la Sala error ostensible de hecho en la exégesis aludida puesto que con ella no se desnaturaliza ni desvirtúa lo dispuesto en el canon convencional, única manera en que podría incurrir el ad quem en el señalado desatino fáctico.

De manera contraria a lo expuesto por la impugnante la interpretación del colegiado aparece sin duda alguna admisible más aún cuando en la oración final enfatiza a simples (sic) solicitud del sindicato”.

Como con frecuencia lo adoctrina esta Corporación no es de su competencia fijar el sentido de las normas convencionales; esta corresponde al juzgador de instancia dentro de la libertad que en materia de análisis probatorio le confiere la ley.

En acuerdo a lo anterior no incurrió el juez de la segunda instancia en los desatinos cuarto y quinto, relativos a desprender del citado canon el compromiso de la empresa a conceder el permiso aludido con la simple solicitud.

Sin embargo, el juez de la apelación si se equivoca en cuanto a la apreciación de la carta de despido (fls. 236 a 237) de la que desprende que ella no da cuenta de ningún hecho concreto determinante de éste, veamos su parte pertinente:

Por la presente le informo que Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP Electrocosta, ha resuelto dar por terminado su contrato de trabajo al término de la jornada del día 11 de diciembre de 2002, por existir justa causa para ello de conformidad con lo señalado en el artículo 62, numeral 6, del Código Sustantivo de Trabajo concordante con el artículo 60 numeral 4º del mismo ordenamiento legal, con base en hechos que constituyen faltas graves y también grave incumplimiento de sus obligaciones especiales como empleado de esta empresa, hechos que se relacionan de manera sucinta en el memorando 3683 de noviembre 27 de 2002, por el cual la empresa lo citó; en cumplimiento del procedimiento convencional vigente, a una diligencia de descargos que se llevó a cabo el día 2 de diciembre de 2002, a la que asistió acompañado de dos miembros de la organización sindical a la que usted pertenece.

Analizadas las pruebas allegadas al caso, especialmente el contenido de su declaración en la diligencia de descargos; se confirma el incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales sin que haya justificación alguna para ello.

No sobra indicar que los motivos relacionados, demuestran claramente el incumplimiento de sus obligaciones de catar y cumplir las ordenes(sic) e instrucciones de su empleador o de sus representantes, de conformidad con lo reglado en el Código Sustantivo de Trabajo y abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, siendo que suficientemente señaló en su diligencia de descargos atender las ordenes (sic) de su empleador sino de la organización sindical a la cual está afiliado.

(…).

La lectura de la misiva trascrita concede razón a la impugnante puesto que, contrario a lo expuesto por el ad quem, ésta si ofrece, al trabajador, los motivos que determinaron su despido al remitir, después de indicar que este se encuentra asociado al incumplimiento de las obligaciones principales, al Memorando 3683 de noviembre 27 de 2002 del que se lee:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la convención colectiva vigente, nos permitimos citarlo a diligencia de descargos el día 2 de diciembre del 2002 a las 2 p.m. en las oficinas del centro de la empresa ubicadas en te carrera 2 Nº 13-4s, acompañado de dos miembros de la junta directiva de la organización sindical a la cual usted pertenece, en este caso Sintraelecol subdirectiva Magangué.

Los hechos y razones que motivan esta citación son los siguientes:

1. En informe suscrito por .1(sic) jefe del sector Bolívar Sur, señor Nicolás Cordero Urrea, manifiesta a la empresa que recibió una comunicación de Sintraelecol subdirectiva Magangué firmada por el señor Nagel Navas, con fecha noviembre 7 de 200(sic) y recibida en esa misma fecha, dirigida a la empresa solicitando permiso para usted, para cumplir tarea sindical en la ciudad de Cartagena los días 12, 13, 14 y 75 de noviembre de 2002.

2. La solicitud del permiso para usted realizar presuntamente tarea sindical esto acompañada de una xerocopie de convocatoria con fecha de noviembre 5 de 2002, Identificada con el logo Sintraelecol subdirectiva Bolívar firmada por el señor Rubén Castro Quintana, en donde se señala lo siguiente: “Mediante la presente estamos convocando, a un compañero de la subdirectiva a una tarea sindical a realizarse en la ciudad de Cartagena, del martes 12 al viernes 15 de 2002”.

3. Mediante comunicación de fecha noviembre 7 de 2002. el señor Nicolás Cordero Urrea, en su condición de responsable sector Bolívar Sur, se dirige a Sintraelecol subdirectiva Magangué y al señor Nagel Navas, dando a entender que por necesidades del servicio de la empresa y para evacuar el trabajo represado el día 12 de noviembre de 2002, se necesitaba te disponibilidad suya y del resto de personal de digitación perteneciente al área de servicio técnico, esto avalado por el ingeniero Fabio Parias Miranda, en su condición de responsable servicio técnico sector Bolívar Sur.

4. Usted sin justificación alguna a igual que Sintraelecol subdirectiva Magangué, se negó a recibir copia de la carta, haciéndose una anotación por parte del Experto Segura de la firma Servientrega que presta servicio a la empresa, señor Roberto Padilla, quien con su puño y letra dejó sentado en la carta que usted negó recibir así: “nota noviembre 6 de 2002 8.03 a.m., se le fue a entregar copla(sic) del oficio al señor Luis Munoz(sic), pero no se pudo porque se negó a recibirlo. Servientrega S.A. y firmó”. De igual forma el señor Nagel Navas, según constancia escrita del Experto Segura, se negó a recibir la comunicación dejándose también una nota así: “nota: nov./07/5.15 p.m. Lleve la presente carta a la dirección señalada, pero el señor Nagel Navas me dijo que no podía recibir nada porque ellos hablan(sic) laborado hasta el medio día. Servientrega S.A. y firmó.

5. Usted a sabiendas que le fue negado por su empleador el permiso solicitado, no se presentó a laborar los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2002 como consta en las planillas de reporte, de entrada y salida del personal que labora en la empresa, sin que hasta el momento se halla(sic) preocupado por justificar su inasistencia.

Usted podrá en el ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso, presentar durante la audiencia las pruebas que pretenda hacer valer, tales como, documentos escritos, testimonios, y demás medios probatorios como lo establece el artículo 11 literal C de la Convención 96-98.

Los documentos que han servido como medio probatorio para esta citación forman parte de la diligencia de descargos y están a su disposición, en la oficina del responsable del sector sur, ubicado en la carrera 2 # 13-43 Magangué.

Atentamente,

De lo expuesto, no puede derivarse, como lo estableciera el superior, que en la carta aludida no aparece, ningún hecho específico que sustente el despido justificado del actor; puesto que en efecto la remisión expresa y directa al memorando 3683 de noviembre 27 de 2002, cuya recepción por el demandante no se controvierte, indica, como se ha visto con toda claridad que los motivos que informan la decisión de terminar unilateralmente el contrato de trabajo se circunscriben a la inasistencia del actor al trabajo los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2002, que la empresa califica como incumplimiento grave de sus obligaciones principales.

No obstante del referido yerro, que emerge del examen del juez a la carta de despido, no se sigue el colapso de la sentencia impugnada puesto que, como se vio en el análisis que se hiciera al artículo 37 del acuerdo colectivo cuya interpretación por el ad quem encuentra plausible la Sala; la inasistencia del demandante a sus labores en virtud a la realización de gestiones sindicales se encontraba amparada por el propio canon convencional a partir de la simple solicitud del sindicato efectuada a la empleadora de manera previa, —tópico no controvertido—; razón que no permite establecer el incumplimiento grave de las obligaciones del demandante a las que alude la misiva que puso fin a la relación laboral desprendiéndose de allí que no merece reproche el carácter de despido sin justa causa al que arriba el ad quem, supuesto del artículo 30 del acuerdo colectivo que contempla como efecto el reintegro del despedido.

Hace referencia la impugnante a esta última disposición convencional, artículo 30, con la intención de probar el sexto yerro fáctico enunciado, subrayando que cuando se contempla el reintegro como expresión de estabilidad, se identifican puntualmente las consecuencias del mismo y dentro ellas no aparece la indexación que impuso el ad quem, lo cual denota otro yerro evidente (…); sin advertir que la condena a la corrección monetaria proviene de las pretensiones de la demanda (fl. 4) y sin que ellas, necesariamente, deban consagrarse como efecto previsto en el canon que contempla la estabilidad laboral; la discusión entonces respecto a la procedencia o no de la indexación ordenada con respecto a las sumas a las que fue condenada la demandada sería de estirpe jurídica extraña a la senda fáctica que encamina la acusación del cargo.

En cuanto a las demás elucubraciones de la censura conforme a la cual el tribunal debió advertir, de los documentos que refiere como no estimados por éste, sin que se precise con que finalidad, pues no llevan a probar ninguno de los desatinos formulados, esto es, folio 226, en el que se aduce; que la conducta del demandante era reiterativa en cuanto a sus ausencia injustificadas al trabajo y (…) abiertamente violatoria de sus obligaciones fundamentales o el indicado a folio 125, en el cual, según la impugnante, muestra una conducta igualmente agresiva del sindicato aduciendo unas conductas a la empresa que no tienen ningún soporte y que muestran precisamente una actitud proclive a despreciar la facultad subordinante de la empleadora que proviene de la propia ley y que no se pude considerar desfigurada por una convención colectiva; debe decirse que nada aportan a la controversia puesto que si se plantean para sustentar la justa causa de la extinción del vínculo sostenida por la accionada, no fueron dichos argumentos expuestos ni en la carta de despido ni en el memorando 3683 de noviembre 27 de 2002 al que aquella remite; y si se alega como elemento a tener en cuenta para demostrar error del ad quem en la interpretación que realizó al artículo 37 de la convención colectiva se alude a razones que desbordan la misma literalidad de la norma convencional que no conducen a establecer el alcance de ésta.

Al no demostrarse error en grado de ostensible y trascendente en cuanto a las pruebas calificadas en casación, la Sala no hará pronunciamiento alguno respecto al desatino que enuncia la recurrente derivado del testimonio, admisible sólo en la eventualidad contraria.

No prospera el cargo.

Sexto cargo:

“(…) Acuso la sentencia de violación directa de la ley laboral sustantiva en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 467, 469, 27, 127 140 y 306, todos del CST, así como el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, incisos primero, segundo y tercero.

El vehículo que condujo a tales infracciones lo fue la violación directa de normas adjetivas civiles en la modalidad de aplicación indebida, en este caso los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad, en relación con el artículo 145 del último estatuto apuntado.

La vulneración de las últimas surge de la comisión de errores de hecho evidentes y ascendentes, discriminados en el apartado siguiente.

II. Errores de hecho

1. Dar por demostrado, que el demandante sustentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia respecto al punto concreto del reclamo de una condena a indexación, en lo que toca con el punto de los salarios y prestaciones legales y extralegales originadas en el reintegro.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante, al sustentar el recurso de apelación contra el fallo original, soportó las razones para que le fuera concedida la llamada indexación, en lo que toca con el punto de los salarios y prestaciones legales y extralegales originadas en el reintegro.

3. Entender acreditado en el presente trámite, contra lo que evidencian los autos, que el juez de apelaciones estaba revestido de competencia para atender en dicha sede la inconformidad planteada por el demandante respecto al pago de una condena a indexación, en lo que toca con el punto de los salarios y prestaciones legales y extralegales originadas en el reintegro.

4. No tener por verificado, estándolo conforme a lo que surge del informativo, que el ad quem era incompetente para asumir y atender el aspecto del recurso de apelación del accionante atinente al pago de la llamada indexación respecto a tos salarios y prestaciones legales y extralegales originadas en el reintegro.

111(sic). Elementos señalados como mal apreciados

Lo es exclusivamente la sustentación del recurso de apelación planteado por apoderada sustituta del demandante, obrante a folios 990 y 991 del distinguido como cuaderno 1.

IV. Sustentación del recurso

1. No se discute en esta instancia que quien introdujo el litigio, conforme a su propio dicho y al interponer el recurso de apelación contra el fallo inicial, Lo elevó, contra “en lo desfavorable a sus intereses” (fl. 989); es decir, con relación a todas las absoluciones implementadas por el juzgador inicial bajo la perspectiva del libelo inicial.

Tampoco se controvierte que la indexación de los eventuales salarios y prestaciones legales derivados de una eventual condena consistente en el reintegro laboral del señor Muñoz Benítez, era una pretensión delineada claramente en dicho memorial de introducción.

Menos se discute que, ese punto en concreto, el de la indexación de tales acreencias sociales, quedó cobijado dentro de la absolución de la mayor parte de las pretensiones, formulada por el ad quo dentro del componente segundo de la decisión que destrabó inicialmente la litis.

2. No obstante lo anterior, se observa que revisada la sustentación de la apelación que obra en los folios y cuaderno ya atrás indicados elevada por la parte accionante, no obstante la insistencia en que el objeto de la apelación es “en lo desfavorable a los intereses de (el demandante)”, nada expresó su mandatario judicial sobre las razones por las cuales, en caso de ordenarse el reintegro deprecado en la demanda junto a salarios y prestaciones legales y extralegales consolidadas desde el despido hasta el cumplimiento de aquél, debía sobre las mismas dosificarse el concepto comúnmente conocido como indexación.

3. El ad quem leyó y valoró sin ninguna duda el memorial de sustentación de la alzada, como quiera que abordó el estudio de aspectos cuya inconformidad en su rechazo fue suficientemente explicada al elabora el continente de dicha actividad procesal, incluyendo el reintegro propiamente dicho y los salarios y prestaciones legales y extralegales que se hubiesen podido generar entre el retiro del actor y la dicha reiniciación del vínculo con la demandada sin solución de continuidad.

La lectura, empero, fue una equivocada, en cuanto de haber efectuado una entera y correcta de tal actuación del demandante habría concluido con facilidad que razones para que se accediera a la tal indexación, no fueron propuestas por su agente técnico.

4. La pifia descrita generó por supuesto que el juez de la alzada, aplicando sin ninguna duda indebidamente la exigencia de consonancia de las decisiones atinentes al recurso de apelación con lo propuçI(sic) ejercer dicho medio de ataque y la de sustentación de la alzada, previstas en el artículo el CPT y ss. y el 57 de la Ley Segunda de 1984 respectivamente, se entendiera con competencia para imponer esta condena, la indexación de los salarios y prestaciones legales y extralegales asociados consecuencia del reintegro laboral, como en efecto lo hizo mediante el fallo combatido en esta sede extraordinario.

Constituida en tribunal de instancia se concluye, la única salida posible en esta particular temática resulta ser la expresión de la incompetencia de la honorable Corte para atender ese pedimento, sin sustentación, de la apelación propuesta por el actor.

La réplica

Subraya el antagonista del recurso que la solicitud para que se indexaran todas las sumas de la condena hizo parte de las pretensiones de la demanda y que el a quo había ordenado la indexación por la suma que por indemnización de perjuicios había condenado, que era la pretensión subsidiaria, no tenía el actor que alegar a favor de la indexación de las sumas de dinero producto de la eventual condena a la pretensión principal, sino simplemente argumentar por dicha condena principal, toda vez que la indexación sería consecuencia de dicha condena, como lo fue para el a quo.

VII. Consideraciones de la Corte

El cargo sale avante puesto que, en efecto, se demuestra error de hecho, en calidad de ostensible, al no establecer el ad quem la ausencia de sustentación en el recurso de apelación, respecto a la corrección monetaria de las sumas de dinero relativas a las pretensiones por las que había resultado absuelta la demandada.

Lo anterior se deriva justamente del escrito de apelación visible a folios 990 y 991 del cuaderno 1, que se limita a señalar en lo pertinente que:

“(…) el recurso de apelación tiene por objeto que reconocido el despido injusto de que fue objeto el actor, como en forma efectiva lo reconoció el juzgado, se condene a (…) la petición principal formulada en la demanda de reintegrar al accionante al cargo que desempeñaba (…) o a otro de igual o superior categoría y a pagarle los salarios con sus respectivos reajustes causados, como también las prestaciones legales y extralegales dejadas de percibir desde la fecha del despido y asta(sic) cuando sea reincorporado al cargo…conforme a los artículos 10, 30 y ss. de la convención colectiva suscrita (…)”.

Pese a lo visto el ad quem, al revocar la determinación del a quo, dispone en su lugar condenar a (…) reintegrar al señor (…) (demandante) (…) y consecuencialmente a pagarle los salarios y demás prestaciones (…) dejadas de percibir desde el despido hasta que se produzca (…), sumas que deben ser indexadas al momento de hacerse efectivo el pago (subrayas fuera del texto).

Esta sala de la Corte ha enseñado al respecto:

Como se puede apreciar, en el escrito en comento, no se hizo planteamiento de manera expresa de por qué debía condenarse a la indexación, lo cual se entiende dado el contexto en el que fue presentado, pues el juez de primera instancia tiene el deber de pronunciarse sobre todas las pretensiones como lo manda el artículo 305 del CPC, ya referido cuando se estudió el tercer cargo, con o sin alegaciones.

El escrito de alegaciones presentado en primera instancia no le sirve al impugnante para suplir la omisión de la sustentación en que incurrió y poner así en evidencia el supuesto yerro fáctico achacado al tribunal, toda vez que, como quedó antes reseñado, no contiene razonamientos de por qué se debía revocar la sentencia del a quo en lo que tenía que ver con la indexación de la indemnización por despido.

No se puede ignorar que la sustentación del recurso de apelación en los asuntos laborales, a más de ser un requisito introducido por el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 para impedir el ejercicio abusivo de tal medio de impugnación, es el parámetro para medir la consonancia de la sentencia de segundo grado, la cual consiste en la coincidencia que ha de existir entre la inconformidad manifestada por el apelante frente a la sentencia de primer grado y lo resuelto por el tribunal; por lo que, para la satisfacción de tal exigencia, no basta con pedir, solamente, el reconocimiento de todas las pretensiones fallidas en la sentencia del a quo, como sucedió en el sub lite; para ello es necesario dar las razones del por qué el ad quem debe proceder de conformidad con las pretensiones de la demanda, lo cual habilita al ad quem para pronunciarse sobre el punto, en atención al principio de la consonancia. (Rad. 38255, abr. 17/2012).

Se reitera la prosperidad del cargo.

Se casará la sentencia en este puntual aspecto.

Al quebrarse la sentencia impugnada sólo en lo relativo a la condena que impartiera el ad quem, después de revocar la decisión del a quo, respecto a la indexación de las sumas de dinero de los salarios y demás prestaciones (…) dejadas de percibir desde el despido hasta que se produzca el reintegro teniendo en cuenta los aumentos legales o convencionales a que haya lugar, ordenadas a pagar a la demandada, basten para instancia las consideraciones realizadas en casación.

Sin costas en el presente trámite dado que prosperó el recurso de casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el tribunal superior del distrito judicial de Cartagena, el 8 de julio de 2010, en cuanto al revocar la determinación del a quo y condenar a la demandada, a reintegrar al demandante al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría y consecuencialmente a pagarle los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde el despido hasta que se produzca el reintegro teniendo en cuenta los aumentos legales o convencionales a que haya lugar; ordenó la indexación de dichas sumas de dinero; NO LA CASA EN LO DEMÁS, en el proceso adelantado por Luis Edgardo Muñoz Benítez contra Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, Electrocosta.

En instancia, se revoca el ordinal primero de la determinación del a quo, que condenó a la demandada al pago de la indemnización por despido injusto; el ordinal segundo que absolvió a la demandada y en su lugar condénese a la parte demandada a reintegrar al demandante al cargo de analista de facturación — digitador de órdenes del servicio del centro técnico de Magangué— o a otro de igual o de superior categoría y consecuencialmente a pagarle los salarios y demás prestaciones legales y extralegales, estas últimas tales como: primas de servicio, prima de vacaciones, prima de antigüedad y prima de riesgo dejadas de percibir desde el despido hasta que se produzca el reintegro teniendo en cuenta los aumentos legales o convencionales a que haya lugar.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».