Sentencia 4302 de marzo 12 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Juan Alberto Polo Figueroa

Ref: Exp. 4302

Autoridades nacionales

Actor: Gonzalo Vélez Vélez y otra.

Santafé de Bogotá, D.C., doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «Al concejo municipal le corresponde, finalmente, “reglamentar” los usos del suelo. Sobre el alcance de esta facultad reglamentaria la Corte Constitucional, en la sentencia C-534, citada, dijo que deberán ejercerla,

“...con base en las directrices y pautas que a nivel nacional y regional produzcan las autoridades competentes, a las cuales les corresponde dicha función “por mandato de la Constitución y de la ley pues fueron designadas para el efecto por el Constituyente, artículo 208 de la C.P., y por el legislador a través de la Ley 99 de 1993, en desarrollo de la facultad de intervención que para las materias específicas a las que se refieren los numerales 7º y 9º del artículo 313 de la Carta Política, le atribuyó categóricamente el Constituyente al listado, en el artículo 334 de la Carta Política”.

También dijo la Corte al respecto:

“Si lo que el Constituyente otorgó a los municipios fue la facultad reglamentaria en materia de uso de suelos y protección del patrimonio ecológico dentro de su territorio, lo que hizo fue habilitarlos para que, con base en la ley o leyes que regulen dichas materias, éstos emitan preceptos dirigidos a la ejecución de las mismas, siendo tal competencia más o menos amplia en unos u otros municipios, según la importancia, por su impacto, del manejo de su ecosistema en los ecosistemas regionales y nacional.

“La potestad reglamentaria le permite a los municipios la expedición de normas o acuerdos municipales sobre manejo de suelos y protección del patrimonio ecológico de los municipios, y la adecuación de las normas legales de carácter general a sus necesidades, singularidades y expectativas, sin desvirtuarlas, contradecirlas o desconocerlas.

“Si el Constituyente hubiere querido radicar en cabeza de los municipios la facultad de regulación integral de los usos del suelo y de la protección de su patrimonio ecológico, descartando la intervención del nivel nacional, no se hubiera limitado a otorgarles la facultad reglamentaria, sino que les hubiere reconocido una potestad normativa más completa que superara lo puramente reglamentario, por fuera de los límites claramente señalados en el artículo 287 de la C.P”.

Finalmente, que:

“Ahora bien, siendo la explotación racional de los recursos naturales y la adecuada utilización de los suelos, materias inherentes a dichos propósitos, que, como tales, se destacan en el artículo 334 superior como objetivos específicos de regulación por parte del Estado, ella, la regulación, no puede entenderse como un obstáculo para que los municipios reglamenten dichas materias en sus respectivas jurisdicciones. En efecto, esta competencia reglamentaria, como es obvio, recae sobre un objeto específico de superior jerarquía y la reglamentación que de la misma produzca el gobierno en desarrollo de la potestad que le otorga el numeral 11 del artículo 189 de la carta, lo que hace que esa actividad esté supeditada a su contenido, no pudiendo el agente encargado de reglamentarla, el respectivo concejo municipal, desvirtuarlo, desbordarlo o desconocerlo, sin violar no sólo el marco legal que condiciona su actividad, sino el ordenamiento superior. Esa actividad legislativa cumple entonces dos importantes cometidos: de una parte le permite al Estado desarrollar el mandato consignado en el artículo 334 superior, y de otra sirve de sustento y viabiliza el cumplimiento de las funciones asignadas a los municipios en los numerales 7º y 9º del artículo 313 de la C.P., de reglamentar en sus respectivas jurisdicciones, con base en la ley y en los reglamentos que sobre la misma expida el Gobierno Nacional, la regulación que emane del legislador y de las entidades públicas destacadas por éste para el efecto, sobre uso del suelo y protección del patrimonio ecológico” (destaca la Sala).

De este modo si las entidades o instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental deben estructurarse teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física, la conclusión de ello es la de que la regulación y el manejo de los usos del suelo no es cuestión exclusiva de los municipios, sino que a éstos les corresponde apenas la reglamentación de las regulaciones nacionales sobre uso del suelo, expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente y por las Corporaciones Autónomas Regionales, en cabal aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que consagra el artículo 288 de la Constitución.

De esta conclusión deriva así mismo que con la creación de un área de manejo especial de la cuenca del río Negro, mediante el acuerdo acusado, no se viola por cornare el artículo 313, numeral 7º, de la Constitución, en la medida de que es función suya la de reservar los distritos de manejo integrado y los distritos de conservación de suelos; ni por el Departamento Administrativo Nacional de Planeación al expedir la resolución que lo aprueba.

3. Esta concepción acerca del manejo de uso del suelo encuentra un antecedente inmediato en la sentencia proferida por esta misma sección el 17 de abril de 1997, Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, expediente número 3959, actor, Constructora El Portal limitada, donde se trató igualmente el tema de si la reglamentación de los usos del suelo es exclusiva de los municipios o, si por el contrario, podía entenderse compartida con otros organismos del Estado, concretamente y para el caso que se analizaba, con las áreas metropolitanas, frente a la afirmación del allí demandante de que el citado canon constitucional otorga a los concejos municipales la facultad de reglamentar los usos del suelo, sin hacer distinción de si hace parte o no de un área metropolitana.

En dicha sentencia se concluyó en que la reglamentación de los usos del suelo urbano y rural, de conformidad con el numeral 7º del artículo 313 de la Constitución Política, es competencia de los concejos municipales, sin desconocer que las áreas metropolitanas comparten dicha reglamentación respecto de los municipios que hacen parte de ella.

Con similar criterio puede sostenerse que si bien la reglamentación de los usos del suelo de los municipios comprendidos dentro de la jurisdicción de una corporación autónoma regional corresponde a sus respectivos concejos, ella debe sujetarse a “las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales” que expida el Ministerio del Ambiente y a las decisiones que, dentro de sus competencias, la ley permita adoptar a las corporaciones autónomas regionales en punto a la administración de los recursos naturales, como el agua de los ríos y de sus cuencas».

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