Sentencia 4306 de octubre 31 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

USUCAPIENTE DE PREDIOS RURALES

NO NECESITA PROBAR QUE SON BALDÍOS

EXTRACTOS: «a) Al ser expedida la Ley 120 de 1928, el fenómeno jurídico de la prescripción, que hasta entonces sólo podía hacerse valer como excepción, pudo ser ejercido como acción, tornándose así en herramienta de incalculable valor para el saneamiento de la propiedad raíz, al permitir que quien fuera propietario, por haber poseído materialmente y por determinado lapso un bien (ordinaria o extraordinaria), pudiera acudir a los jueces en demanda de la correspondiente declaración de dueño, bajo el bien entendido supuesto de que la acción de pertenencia, culminante con una sentencia declarativa, está fundada en el abandono voluntario del dueño verdadero en beneficio del poseedor, antes que en la usurpación del derecho ajeno por parte de éste.

b) Manteniendo en líneas de alcance general la misma orientación, el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil en armonía con el 2512 y siguientes del Código Civil permiten hoy que la prescripción siga teniendo cabida como acción, fenómeno frente al cual la jurisprudencia de la Corte ha señalado los precisos requisitos para que proceda judicialmente la declaración de pertenencia, entre los cuales cabe destacar la condición de prescriptible que debe tener el bien objeto de la misma.

c) Con todo, el citado requisito de ser prescriptible el objeto materia de pertenencia, esto es, el de no tratarse de bienes de uso público ni pertenecer ellos a entidades de derecho público (CPC, art. 407, num. 4º), no significa sin embargo que, frente a la prescripción extraordinaria y respecto de fundos rurales, el actor esté en la obligación de demostrar que el bien “no es baldío” por haber salido del patrimonio del Estado y haber ingresado al de los particulares, pues esa exigencia no se la impone el legislador, que por el contrario consagra un principio de prueba de dominio en su favor, al disponer en el artículo 1º de la Ley 200 de 1936 que “se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica...”. Bien distinta ha sido, pues, la tendencia del legislador, porque es nítido que, en supuestos como éste, se ha inclinado por facilitarle al actor la obtención de la sentencia declarativa en mención, con la única exigencia de demostrar posesión en la forma y términos de ley.

Y es que tal exigencia no tiene ni siquiera cabida en el evento en que el Estado concurriera personalmente al proceso a disputarle el predio al actor, porque en virtud de la presunción de dominio consagrada en favor de este último en el artículo 1º de la Ley 200 de 1936, en la forma en que fue modificado por el artículo 2º de la Ley 4ª de 1973, sería a aquél a quien le correspondería acreditar, para enervar los efectos de la acción petitoria en comento, que el bien no ha salido nunca de su patrimonio, por cuanto sobre él recaería la carga de la prueba en contrario. De manera que si el actor ejerce posesión económica sobre el predio rural pretendido en usucapión, en ningún caso podrá exigírsele acreditar que ese bien “no es baldío” por haber salido del dominio del Estado y haber pasado a ser de propiedad privada; y, por ende, constituye notorio error desconocer que, acreditándose por parte del usucapiente posesión económica sobre el bien, en principio él tiene la calidad de propietario, no sólo cuando el proceso se adelanta sin la comparecencia personal del Estado, sino cuando éste interviene en esa forma discutiéndole dominio al actor. Mayor desacierto se presenta si, en la primera hipótesis, el juzgador niega la declaración de pertenencia apoyándose en la presunción de baldío establecida en el artículo 2º de la Ley 200 de 1936, pues la aplicación de esa norma es únicamente viable cuando el actor no ejerce posesión económica sobre el predio. Es precisamente por ello que, ante tal situación, el demandante, para desvirtuar la susodicha presunción de baldío que invierte la carga de la prueba, tenga que demostrar que el fundo salió del dominio del Estado por alguno de los medios indicados en el artículo 3º de la mencionada ley. De suerte que es muy distinto, repítese una vez más, el fenómeno que se presenta cuando se trata del ejercicio de la acción petitoria de dominio puesta en marcha por el poseedor económico de un predio rural, porque en este caso, distinto de como ocurre en el anterior, al actor le basta acreditar la posesión en los términos ya indicados del artículo 1º de la Ley 200 de 1936 para que se presuma dueño, y es al Estado a quien, en caso de oposición, le corresponde demostrar, en virtud de la presunción de dominio ya aludida y consagrada allí en favor del poseedor demandante, que el correspondiente bien no ha salido nunca de su patrimonio.

d) El criterio anterior no sufre mengua alguna ni siquiera bajo el entendimiento de que la sentencia de pertenencia tiene efectos erga omnes, pues aun así la única presunción que emerge del hecho de la posesión económica de un predio rural es, según el artículo 1º de la Ley 200 de 1936, la de que quien así posee es el propietario del mismo, como que esa presunción es también valedera frente al Estado, persona vinculada igualmente a las resultas del proceso petitorio de dominio merced a la gestión del curador ad litem. En manera alguna, pues, ha de deducirse, estando de por medio la explotación económica de un fundo rural, la presunción consagrada en el artículo 2º de la Ley 200 de 1936, pues esta última descansa, por el contrario, en que el predio carezca de esa posesión. Luego, frente a este considerando sería mucho menos explicable exigirle al prescribiente que pruebe que el bien “no es baldío” por haber salido del patrimonio del Estado. Esta última norma, al igual que los artículos 3º y 4º del citado estatuto, sólo son aplicables, se repite aun a riesgo de fastidiar, en la medida en que el inmueble no esté explotado económicamente y tenga que desvirtuarse la presunción de baldío que sobre él recae.

e) Adicionalmente, al tenor del numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil no es válido sostener que, ante la ausencia de titulares de derechos reales en el certificado de registro inmobiliario correspondiente, éste tenga que considerarse como baldío, ni tampoco que si la ley autoriza en esas condiciones el inicio del proceso de pertenencia es para que en él se acredite por el actor que se dan las condiciones de los artículos 3º y 4º de la Ley 200 de 1936. Como se sabe, con ese certificado se persigue únicamente la integración del litisconsorcio necesario, pero jamás que sirva de prueba de la calidad de propiedad privada que tiene el inmueble; entonces, si en él no aparece titular alguno de derecho real, la demanda sencillamente no tiene por qué estar dirigida contra una persona en particular, pero de allí no puede colegirse que como el bien no es de propiedad privada la pretensión tenga que ser, por fuerza, desestimatoria, pues si así fuera al legislador le hubiera bastado consagrar desde un principio el rechazo o la ineficacia de la demanda en aquellos casos en que no apareciese titular de derecho real en el certificado del registrador. Con todo, no remite a dudas que el proceso de pertenencia puede iniciarse a pesar de que el actor esté desprovisto de título, si ha poseído por 20 años (prescripción extraordinaria); que no es indispensable para ello la existencia de titulares de derechos reales sobre el predio objeto de la pretensión, ni que éste se halle inscrito en el respectivo registro inmobiliario; y mucho menos que el prescribiente esté amparado de un título, según se desprende claramente del artículo 2531 del C.C.

f) Algo más, si el artículo 1º de la Ley 200 de 1936 consagra la presunción de que no es baldío sino de propiedad privada el predio explotado económicamente, es del caso entender que dicho bien pertenece a quien lo ha poseído, pues esa inferencia es la que acompasa con la presunción general del inciso 2º del artículo 762 del Código Civil, con arreglo a la cual “el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”. De manera que, como lo dejó dicho la Corte en su sentencia de 31 de enero de 1963, “la figura que instituye el artículo 1º de la Ley 200 de 1936, bajo la forma de una presunción, es el modo constitutivo de la ocupación, la reiteración de lo que consagra la ley y la jurisprudencia nacionales (65 C.F. y 10 y 12, L. 47/26, 1º y 9º L. 34/36). Porque si a la Nación le basta la posesión económica de la tierra baldía para considerarla o presumirla de dominio particular, quiere decir que es suficiente esa sola posesión para adquirir la propiedad, a menos que el colono se haya establecido en tierras no susceptibles de ocupación por hallarse reservadas o destinadas por la Nación a un uso o servicio público, sobre las cuales no puede darse una posesión creadora de derecho” (G.J. CI, pág. 44). Por eso la adjudicación de carácter administrativo que en favor de un explotador económico de baldío hace el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), sólo es igualmente declarativa, pues se limita a reconocer el dominio que en tales circunstancias se consolida en aquél, toda vez que, cual lo expuso con precisión esta Sala en sentencia de 2 de septiembre de 1964, “quien, por consiguiente, incorpora su trabajo a los baldíos de la Nación y los mejora con edificaciones, plantaciones o sementeras que acrecientan la riqueza pública, adquiere de inmediato el dominio del suelo, no por transferencia alguna, sino por el modo originario de la ocupación con que el ordenamiento protege y respalda al poseedor económico de tierras sin otro dueño que el Estado. La adjudicación posterior encaminada a solemnizar la titularidad, ha de basarse en la prueba que demuestre plenamente haberse cumplido en las condiciones legales el modo adquisitivo por ocupación” (G. J. CVIII, pág. 239). Y si ello es así, esto es, que la ley autoriza inclusive a tal ocupante que explota económicamente un baldío a reclamar, de cara a la Nación, la expedición del título de adjudicación respectivo por haberse convertido en propietario, justo es reconocer que no tiene ningún respaldo jurídico la tesis según la cual el usucapiente que tiene en posesión un predio rural y lo viene explotando económicamente, está obligado a probar que el citado bien “no es baldío”, pues ello es extraño al propio espíritu de la ley».

(Sentencia de octubre 31 de 1994. Expediente 4306. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

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