Sentencia 43074 de julio 10 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Radicación 43074

Acta 24

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «X. Se considera

En honor a la verdad la presente demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, pero sin embargo la Sala abordará su estudio, entendiendo que el punto concreto materia de discusión consiste en establecer si la circunstancia de que los demandantes contaran con más de diez (10) años de servicios a la misma empresa, les otorga el derecho a la pensión plena de jubilación implorada, a cargo de la sociedad demandada, a la luz de lo estatuido en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal determinó que los tres demandantes efectivamente laboraron para la empresa Maderas del Darién S.A., por más de diez (10) años y menos de veinte (20), así: Concepción Salas Rivas 12 años, 4 meses y 24 días, entre el “20 de noviembre de 1972 y hasta el 14 de abril de 1985”; Alejo Rivas Moya 12 años, 1 mes y 19 días, del “15 de diciembre de 1960 al 15 de agosto de 1966; del 10 de julio de 1969 al 28 de julio de 1972 y del 5 de diciembre 1972 al 5 de mayo de 1976”, y Nalvarez Asprilla Mosquera, 13 años, 7 meses y 4 días, del “20 de septiembre de 1969 y hasta septiembre 23 de 1971 y del 19 de octubre de 1971 hasta el 20 de mayo de 1983”; lo cual finalmente le sirvió para definir que como ninguno de los promotores del proceso completó los 20 años de servicios a un mismo empleador en forma continua o discontinua, no podían reclamar u obtener la pensión plena de jubilación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que era el régimen aplicable a estos.

Estas inferencias que giran en torno al tiempo laborado por los demandantes al servicio del empleador demandado, no logran desvirtuarse en los cargos, por el contrario la censura en el tercer ataque, coincide con los tiempos trabajados por los actores Salas Rivas y Asprilla Mosquera, y si bien asegura que el otro accionante Rivas Moya “de acuerdo con mis probanzas las que se encuentran en el expediente laboró 25 años, 3 meses y 25 días, entre septiembre de 1951 hasta diciembre 5 de 1976”, no hizo el más mínimo esfuerzo para acreditar esa aseveración. Ni siquiera especificó qué pruebas obrantes en el plenario podrían respaldar su afirmación, ni se ocupó de cuestionar aquellas en que se soportó la alzada para establecer los anteriores extremos temporales, quedando por tanto incólume esa conclusión fáctica contenida en la decisión de segunda instancia.

De igual manera, cabe anotar, que no es objeto de cuestionamiento en la esfera casacional que, de conformidad con la Resolución 831 del 19 de diciembre de 1966, emanada del Director General del ICSS, se fijó el 1º de enero de 1967, como fecha de vigencia del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, para determinadas ciudades; y que a través de la Resolución 2362 del 20 de junio de 1986, se permitió la inscripción de los riegos de invalidez, vejez y muerte, en los municipios de Apartadó, Chigoró, y Turbo, “para comenzar a recibir afiliaciones el 1º de agosto del mismo año” (resalta y subraya la Sala), y por consiguiente para esa fecha los demandantes no se encontraban vinculados con el empleador convocado al proceso, pues estaban ya desvinculados.

Planteadas así las cosas, es necesario entrar a analizar lo correspondiente a los requisitos para acceder a la pensión de jubilación plena prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, régimen aplicable a los actores, así como referirse al régimen de transición previsto en el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de igual año, que es la normatividad en que se funda el recurrente para poder reclamar la prestación pensional objeto de estudio.

1. Pensión de jubilación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.

Piden los actores que se le reconozca la pensión plena de jubilación a la luz de estatuido en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual reza:

“ART. 260.—Derecho a pensión. 1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio”.

Del texto citado en precedencia aflora palmariamente que son tres los requisitos que se deben estructurar para que el trabajador consolide el derecho a la citada pensión de jubilación:

a) Que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior.

b) Que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer.

c) Que labore durante veinte (20) años o más de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este código.

Constatados los supuestos fácticos con que se dio apertura a esta litis, con los hechos debidamente debatidos y probados en los autos, se tiene que ninguno de los demandantes cumple, al menos, con el último requisito, pues no prestaron sus servicios a la sociedad demandada por veinte (20) o más años.

Bajo ese horizonte, entonces, el tribunal no se equivocó al concluir que no tenían derecho a esta clase de pensión plena de jubilación.

2. Pensión de jubilación, a la luz del régimen de transición del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año.

Se impone memorar lo adoctrinado por esta Corte en sentencia del 26 de julio de 2005, radicación 24405, en cuanto a que el sistema del seguro social obligatorio creado por la Ley 90 de 1946, no entró en vigencia de manera inmediata. En la exposición de motivos, el Gobierno Nacional puso de presente la necesidad de implementarlo gradualmente. Por ello, tanto la Ley 6ª de 1945, como la Ley 90 citada y pocos años después el Código Sustantivo del Trabajo, dispusieron que las prestaciones patronales seguirían a cargo de las empresas obligadas, mientras los riesgos de invalidez, vejez y muerte fueran asumidos por el Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con la ley y dentro de los reglamentos que expidiera esa entidad.

También se recordó que los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y los artículos 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo establecieron una regla básica: que las prestaciones patronales estarían a cargo de los patronos o empresas obligadas hasta cuando el Instituto Colombiano de Seguros Sociales las asumiera “... de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos...” que dictara el mismo instituto. Lo que significa, que el Instituto de Seguros Sociales, solo es sujeto obligado de una prestación económica dentro del marco reglamentario.

Allí se dijo que la necesidad de darle tiempo prudencial a la puesta en vigencia del sistema dio paso al establecimiento de una serie de normas de transición que debían dejar temporalmente vigente el régimen de prestaciones patronales. El capítulo IX del Acuerdo del Instituto de Seguros Sociales 224 de 1966, que aprobó el Gobierno Nacional con el Decreto 3041 de 1966, recogió esas normas de transición, cuyos artículos 59 a 61 se destinaron al cambio de régimen en el riesgo de vejez y que interesan para la definición de este caso.

Así las cosas se establecieron varias hipótesis:

1. El artículo 59 del Acuerdo 224 de 1966 dispuso:

“(...) Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte hubieren cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000) o superior, cualquiera que fuere su edad, no estarán obligados a asegurarse contra el riesgo de vejez, y en consecuencia al llegar a la edad prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y retirarse del servicio podrán reclamar las modalidades y condiciones que establecen las leyes respectivas, la pensión de jubilación al patrono responsable.

También estarán exceptuados del seguro obligatorio de vejez, los trabajadores que en el momento inicial estén gozando de una pensión de vejez a cargo de un patrono.

“PAR.—Quienes no estando obligados a hacerlo, por edad o por estar gozando de una pensión de vejez, se afilien voluntariamente y paguen las cotizaciones patrono laborales establecidas por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, gozarán de los mismos beneficios de los asegurados obligatorios, en los riesgos de invalidez y muerte. Las cotizaciones en estos casos serán de los dos tercios del total establecido para los tres riesgos por este reglamento”.

Fluye entonces, cristalinamente de este precepto, que se mantuvo el régimen de prestaciones patronales para los trabajadores que contaran con veinte (20) o más años de servicios para el momento en que se inició la obligación de asegurarse al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, es decir, el derecho del trabajador a recibir la pensión de jubilación de su empleador y la correlativa obligación de aquel de pagarla (CST, art. 260); pero no le impuso al señalado Instituto obligación alguna respecto de ese contingente de trabajadores.

Dicho en otras palabras: para el caso del trabajador que antes de que el Instituto de Seguros Sociales asumiera las contingencias de invalidez, vejez o sobrevivientes, hubiese prestado sus servicios durante veinte (20) o más años, el empleador es el obligado directo de reconocer y pagar la pensión de jubilación según lo dispuesto en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí, el Instituto de Seguros Sociales no tiene obligación alguna.

2. El artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 estableció:

“(...) Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000.00) moneda corriente o superior, ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación, a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono”.

Y el artículo 61 dijo:

“Los trabajadores que lleven en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000.00) moneda corriente o superior, diez años o más de servicios continuos o discontinuos ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados en las mismas condiciones de los anteriores y en caso de ser despedidos por los patronos sin justa causa tendrán derecho al cumplir la edad requerida por la ley al pago de la pensión restringida de que habla el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, con la obligación de seguir cotizando de acuerdo con los Reglamentos del Instituto hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por éste para otorgar la pensión de vejez; en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión siendo obligación del patrono continuar pagando la pensión restringida. En todo lo demás, el afiliado gozará de los beneficios otorgados por el Instituto”.

Nótese que estos dos preceptos, regularon la subrogación paulatina por el Instituto de Seguros Sociales de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y previeron consecuencias para la pensión sanción o restringida de jubilación, ambas de indiscutible origen legal, esta última no estudiada en el asunto bajo examen.

Así, entonces, como lo ha asentado la Sala de manera reiterada, dispusieron el tránsito legislativo para los trabajadores con más de 15 y 10 años de servicios, respectivamente; en estos eventos la transición implicó el derecho del trabajador a la pensión a cargo del empleador, pero la posibilidad de que este se liberara total o parcialmente cuando el Instituto de Seguros Sociales asumiera la pensión de vejez con sujeción a sus reglamentos.

Es decir, para este grupo de trabajadores permanece la obligación a cargo del empleador de reconocer la pensión de jubilación, una vez, desde luego, se verifiquen los requisitos contenidos en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, estas normas permiten que después de reconocida dicha prestación, el empleador continúe cotizando ante el Instituto de Seguros Sociales para que tenga la posibilidad de ser compartible la pensión de jubilación con la de vejez, y así poder subrogarse de manera parcial o total de la obligación otrora contraída.

Descendiendo nuevamente al asunto sometido a escrutinio de la Sala, se tiene que si la cobertura territorial del Instituto de Seguros Sociales, en los municipios de Apartadó, Chigorodó y Turbo, comenzó a partir del 1º de agosto de 1986, fecha para la cual los actores habían laborado por más de 10 años al servicio de la demandada, no hay duda que estos trabajadores se encuentran dentro de la segunda de las hipótesis estudiadas, pero como no alcanzaron a laborar los veinte (20) años, no existe obligación de la sociedad demandada de reconocer la pensión plena de jubilación en los términos solicitados en el escrito inaugural del proceso. Dicho en breve: el mero hecho de haber laborado los accionantes algo más de 10 años para la sociedad demandada, no les da el derecho a la pensión, tal como fue invocada por los promotores del proceso.

En la sentencia traída a colación por el recurrente del 5 de noviembre de 1976, la Corte Suprema de Justicia, explicó lo siguiente:

“(...) la dificultad surge frente a la redacción del 61, que ciertamente involucra en su texto dos cuestiones diferentes y que debieron ser tratados en normas distintas. Con todo, ellas pueden distinguirse y separarse fácilmente. Una es la relativa a trabajadores con diez o más años de servicios, injustamente despedidos y con derecho a la pensión restringida del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, para consagrar la compartibilidad de esta pensión a cargo del patrono con la de vejez que debe reconocer el Instituto al cumplirse las cotizaciones y requisitos mínimos para su otorgamiento. Y otra es la que regula la situación de esos mismos trabajadores frente a la pensión plena de jubilación y a la de vejez cuando por haber no haber sido despedidos, han podido completar los 20 años de servicios y la edad requerida para ganar el derecho a la primera. En este aspecto el dicho ordenamiento dispone: “los trabajadores que lleven en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($8000.000) m/cte. o superior, diez o más años de servicios continuos o discontinuos ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados en las mismas condiciones de los anteriores”. O sea que a estos trabajadores, con diez años de servicio como mínimo cuando el seguro social asumió el riesgo de vejez, se les quiso dar, y efectivamente se les dio, el mismo tratamiento que a los que en ese momento llevaban 15 o más. La expresión en las mismas condiciones de los anteriores” envuelve una remisión directa o integral. Y no puede ser entendida sino en el sentido de que ella alude a la condición, situación o estado frente a las pensiones de jubilación y de vejez, y no, como se ha llegado a pensar, que se refiere simplemente a las condiciones de ingreso al seguro social (...). Esta es, pues, la correcta inteligencia de las normas que se han analizado. De conformidad con ella, el trabajador con 10 o más años de servicio en el momento de su afiliación al seguro social y por haber asumido éste el riesgo de vejez, no solamente tiene derecho a que esta entidad le reconozca la pensión correspondiente a ese riesgo, sino a que el patrono le cubra la diferencia que falte para completar la de jubilación, si a ella hubiere lugar conforme al artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y si tal diferencia existiere. En tal evento, el Instituto apenas sustituye parcialmente al patrono en su obligación de pagar la pensión plena de jubilación”.

Por último, resulta insoslayable recordar que el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de igual año, fue modificado por el Acuerdo 49 de 1990, el que a su vez fue aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad. Luego, no es cierto lo afirmado en el primer cargo por el recurrente, en torno a que el tribunal se equivocó porque “... mal puede predicarse que el acuerdo 224 de 1966, fue derogado posteriormente por el artículo 53 del Acuerdo 49 de 1990, ya que si el acuerdo 224 de 1966, fue aprobado por un decreto solo otro decreto u otra ley puede derogarlo; de tal manera que como un acuerdo no puede derogar un decreto dicha disposición está vigente, si tenemos en cuenta que la ley solamente puede ser expedida en forma directa por el congreso, o por el gobierno mediante la investidura previa de facultades extraordinarias o de autorizaciones especiales, o por la vía equiparable a ellas de las atribuciones excepcionales de emergencia económica y social...”. Ahora, si el colegiado no mencionó el Decreto 758 de 1990, como aprobatorio del Acuerdo 49 de igual año, en verdad, ello por sí solo no tiene suficiente peso para dar al traste o derruir la decisión fustigada.

De manera que, por todo lo expresado, el tribunal no incurrió en los errores jurídicos y fácticos enrostrados por el impugnante, por lo que no pueden prosperar los cargos propuestos.

De las costas del recurso extraordinario de casación, serán a cargo de los demandantes recurrentes, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) moneda corriente, que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 18 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario adelantado por Concepción Salas Rivas y otros contra la sociedad Maderas del Darién S.A.

Costas como quedó indicado en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese».