Sentencia 4311 de octubre 24 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: expediente 4311

Sentencia 129

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss,

Ref.: Pago de cheques falsos

1) Responsabilidad del Banco con el cuentacorrentista por el pago de un cheque falso. Excepción.

2) Ejercicio de la banca de depósito equiparado al de una empresa comercial. Principio de la responsabilidad de la empresa.

Igual sentido: G.J. Tomo CLII, pág. 526; G.J., num. 1943, pág. 73 F. F.: C. de Co., artículo 1391, 732; Ley: 46 de 1923.

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha (29 de septiembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuantía seguido por la Sociedad Comercializadora El Esfuerzo S. A. contra el Banco del Estado.

I. El litigio

1. En la demanda con que se abrió el proceso en mención el demandante solicitó principalmente que se condene al Banco del Estado a pagar a la Sociedad Comercializadora El Esfuerzo S. A. el valor de los cheques que a continuación se detallan, y que el demandado a su vez pagó cuando una de las firmas exigidas, la de la señora Mercedes Otero, era falsificada:

NúmeroFecha de pagoValorCuenta corriente
No.6398514Enero 8 de 1988$ 60.000143440-16-6
6398524Enero 14 de 1988$ 400.000103-140-16-6
6398515Enero 15 de 1988$ 30.000103-140-16-6
63985.23Enero 18 de 1988$ 7.000.00010.3-140-16-6
 $ 7’490.000 

Solicitó además que se condene al Banco del Estado, a pagar a la sociedad actora el valor de los intereses correspondientes a cada una de las cantidades que se anotaron, a partir de la fecha en que fueron debitadas de la cuenta corriente mencionada, hasta el momento en que se satisfaga la obligación, a la tasa del 4% mensual, y que se condene al Banco del Estado a pagar a la sociedad Comercializadora El Estado (sic) S.A., los perjuicios qué le haya causado con la conducta negligente, asumida al pagar los títulos valores antes señalados. Por último solicitó que se condene al demandado a pagar el valor de las costas y. gastos que demande el proceso, incluidas la agencias eh derecho.

Fundamenta la actora sus pretensiones en los siguientes hechos:

a. La Sociedad Comercializadora El Esfuerzo S.A. fue titular de la cuenta 103-14016-6 abierta por el Banco del Estado. Al abrirse esta cuenta, las instrucciones fueron las de exigir las firmas de las señoras Patricia Coral González y Mercedes Otero simultáneamente para pagos hechos con cheques de esa cuenta, exigencia que figura en la respectiva tarjeta de firmas.

b. El Banco del Estado, sucursal Cali, de la oficina del Centro Comercial del Norte de la avenida cuarta norte números 23DN - 54 y 56, pagó los cheques que se especificaron anteriormente, ello 110, obstante e que la firma de la señora Mercedes Otero era falsificada.

c. La sucursal del Banco del Estado de Cali canceló negligentemente los títulos valores citados, sin percatarse de la falsificación señalada, y la señora Mercedes Otero en ningún momento giró tales cheques.

d. La misma sucursal no suministró extractos de la cuenta corriente a la sociedad demandante por el mes de enero, ni le devolvió los títulos valores objeto de la falsificación.

2. El demandado respondió a la demanda impetrada, aceptando la existencia del contrato de cuenta corriente, cuyas firmas autorizadas eran las de Gloria Patricia Coral y Mercedes Otero y que los cheques fueron pagados. No le consta la falsedad de la firma de Mercedes Otero y afirma que el banco remitió por correo el extracto de la cuenta corriente correspondiente la es de enero, en la forma acostumbrada con todos sus clientes. No devolvió los cheques al titular, porque este no los reclamó.

Considera la imputación de negligencia al banco, contenida en la demanda, como meras apreciaciones subjetivas del demandante y niega que se pueda inferir de los hecho narrados por el demandante, responsabilidad al banco.

Así mismo propone como excepciones a las pretensiones del demandante las siguientes:

- Eximente de responsabilidad por el dolo del representante legal de la entidad actora. El banco cumplió el contrato de depósito de cuenta corriente en forma profesional, diligente y prudente, realizando el proceso de visado que normalmente efectúa para el pago de instrumentos que le son presentados por ventanilla. No encuentra el demandado probado, como corresponde según los principios del instituto procesal de la carga de la prueba, el daño causado al demandante. Considera que el vínculo causal de responsabilidad se quebró por el dolo de la representante legal de la sociedad actora lo cual le exime de responsabilidad, amén de la culpa que le pueda caber a la junta directiva de la misma sociedad, cuerpo este que ya había sido enterado de los faltantes de caja imputables a Coral González. Considera también el demandado que existe prejudicialidad penal, por existir proceso penal contra quien fuera la representante de la sociedad demandante.

- Eximente de responsabilidad por falta de notificación en término oportuno. El contrato de depósito de cuenta corriente firmado por las partes da un plazo de 15 días siguientes a .la fecha de corte para objetar los extracto. El banco, según lo demuestra la planilla certificada del correo, envió el extracto a la dirección registrada. Plantea el apoderado la hipótesis de que Coral González hubiese destruido los extractos que podrían inculparle.

3. Conoció del asunto inicialmente el Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali, el cual, mediante sentencia de 24 de marzo de 1992, declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas por el Banco del Estado, condenó a este último a pagar a favor de la Comercializadora El Esfuerzo S.A. la suma de $ 7.490.000, más intereses del 48% anual, liquidados desde el 18 de enero de 1988 y hasta que se cancele totalmente la obligación; negó los perjuicios solicitados por el demandante y condenó en costas a la parte demandada.

Para llegar a esta decisión, consideró el juez de primera instancia, que la cláusula decimoquinta del contrato de depósito en cuenta corriente, que suscribieron las partes, quebranta el artículo 728 del Código de Comercio, “pues a falta de entrega de los cheques, el término es de seis meses, según la regla primera del artículo 1391 Ibídem”. Por consiguiente, a pesar de lo dicho en el contrato, la reclamación hecha al banco fue en término.

Encontró el juez a quo probada la falsedad en la firma impuesta en los instrumentos, a través del dictamen pericial practicado, más no que la falsedad en dicho instrumentos hubiese sido poco notoria.

En cuanto al pago de uno de los cheques por fuera del horario normal, afirma 1 juez que nada impide a un banco atender a sus clientes a la hora del cierre.

II. Fundamentos del fallo impugnado.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó en todas sus partes la sentencia del a quo señalando que las firmas en un título valor se presumen auténticas, y quien alega la falsedad debe probarla; aduce que “al cuentahabiente le basta con la demostración de haber efectuado el pago, de un cheque falso o adulterado, para que se comprometa la responsabilidad del último, independiente de cualquier consideración, tal como ser la falsedad o adulteración más o menos notoria, o el haber efectuado el banco con mayor diligencia el control previo al pago del título valor, etc. Al librado le es dable entonces, eximirse de la responsabilidad con la comprobación de la conducta negligente del depositante, o con la omisión del aviso dentro del término legal”.

En cuanto a las excepciones presentadas por el demandado, consideró el tribunal que quedó plenamente comprobada la falsedad de la firma de Mercedes Otero en los títulos valores y que el pago por ventanilla no exime al banco de responsabilidad. “Ante el riesgo que supone el pago en esta forma, es mayor la diligencia y cuidado que debe desplegar la entidad' crediticia en orden a evitar las cancelaciones de títulos falsificados”.

Para establecer la identidad de quien realizó el cobro de los cheques por ventanilla, se recibió la declaración de Germán Ramírez, quien no pudo aportar mayor dato al proceso, y de Gloria Mery Paz Montoya, gerente del Banco del Estado, oficina Centro Comercial Norte, quien, por el contrario, recordaba con demasiada exactitud el pago de los cheques que originaron el litigio.

En relación con las imputaciones que se consignaran en el acta 36 del 4 de febrero de 1988, para el tribunal no deja de ser “meras sindicaciones sin respaldo probatorio en este proceso, puesto que no existe providencia judicial que haya declarado que incurrió en los delitos de abuso de confianza o hurto agravado, o falsificaciones, que permitan afirmar que el pago de los cheques falsos se debió a culpa de la representante de la Sociedad Comercializadora El Esfuerzo S.A...”..

La excepción de aviso extemporáneo al banco fue desvirtuada por el tribunal, al no aceptar como prueba del envío de los extractos por correo, la planilla presentada por el demandado en la que consta únicamente que se realizó un envío por correo ordinario. Por el contrario, fue el demandante el que aportó la prueba de haber informado a término al Banco de los hechos, con la constancia que obra a folio 34 del cuaderno 1.

III. Demanda de casación

Para combatir la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, formuló el demandado cinco cargos, “cuatro primeros por la vía indirecta, y el último por la vía directa. En los dos primeros se pretende demostrar la exoneración total del Banco demandado por la culpa exclusiva de la sociedad cuentacorrentista en la falsificación de los cheques, el primero, por yerros fácticos, el segundo, por errores de hecho y de derecho”. Los cargos tercero y cuarto, presentados ad cautelam, “buscan la exoneración parcial del demandado ante una concurrencia o compensación de culpas con la sociedad demandante, el tercero fundado en errores de hecho, y el cuarto por yerros fácticos y de derecho. El último cargo, encausado por la vía indirecta, ataca la condena impuesta en la parte correspondiente al pago de los intereses”.

Por considerar al Corte que el cargo llamado a prosperar es el primero, reducirá su análisis únicamente a los argumentos presentados por el casacionista para sustentarlo:

Cargo primero:

Dentro de la órbita de la causal primera de casación , el apoderado de la parte demandada considera la sentencia recurrida indirectamente violatoria, en forma principal, de los artículos 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 del Código Civil; y de los artículos 732, 822, 883 y 1391 del Código de Comercio, por los graves y trascendentes errores de hecho en que incurrió el ad quem, en la apreciación del acta 36 de febrero 4 de 1988 de la Junta Directiva de la sociedad demandante, de la declaración rendida por el Doctor Harold Zúñiga Dishington, de los cheques Nos. 6398514, 6398515, 6398523 y 6398524, de los testimonios de Germán Rodríguez Quiroga y Gloria Mery Paz Montoya, de la inspección judicial con exhibición de documentos de octubre 3 de 1989 y del indicio derivado de la conducta de la sociedad actora que impidió la práctica del dictamen pericial decretado en el proceso, yerros que llevaron al juzgador a no ver acreditada en el proceso, estándolo, la exoneración de responsabilidad del Banco por la culpa o dolo de la representante legal de la sociedad cuentacorrentista en las falsificaciones de los cheques pagados por el ente crediticio.

En efecto, afirma el recurrente, el tribunal le negó prosperidad a la excepción propuesta de “dolo de la representante legal de la actora”, por no encontrar establecidos los hechos que la sustentan. Sin embargo:

1. En el Acta 36 de febrero 4 de 1988 de la Junta Directiva de la Sociedad Comercializadora El Esfuerzo S.A., se reconoce expresamente que fue la propia gerente y representante legal quien realizó las falsificaciones de los distintos títulos valores; esta acta fue tan trascendental para la empresa que con base en ella procedió al despido de la gerente y a formular contra ella denuncia penal.

La declaración de parte de Harold Zúñiga Dishington, miembro de la junta directiva de Comercializadora El Esfuerzo, en donde admite la autoría de la gerente en las falsificaciones de los cheques materia de controversia.

La gerente de la sociedad actora figura no solo como giradora de los cheques sino como beneficiaria, y cobradora de tres de ellos por ventanilla. Y aun cuando para el tribunal el testimonio de Gloria Mery Paz Montoya no era suficiente para considerar que los cheques sí habían sido cobrados personalmente por la citada gerente, —afirmación del tribunal a su vez desvirtuable si se tienen cuenta que en otra parte del testimonio Gloria Mery Paz Montoya expresó claramente quienes habían cobrado los cheques— existían en el expediente otras pruebas que no fueron desvirtuadas y que demostraban que la gerente sí había realizado el cobro, como es el hecho de que el cheque por valor de $ 7.000.000 tuviera en su respaldo solo dos firmas, la de la gerente y la de Mercedes Otero, esta última tachada de falsa en el proceso; por tanto este cheque solo pudo ser pagado a la beneficiaria, cuya firma es la única que aparece auténtica en el dorso del título, vale decir, solo pudo ser pagada a la gerente de la sociedad actora.

Tampoco tuvo en cuenta el tribunal que antes de que se pagaran los cheques falsos, el contador de la empresa denunció irregularidades en el manejo de los dineros por parte de la representante legal de la sociedad actora, lo cual no originó ninguna medida correctiva y camelar por parte de la empresa.

Pretirió también el Tribunal apreciar la diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos, en la que la demandante no exhibió los documentos solicitados por la entidad crediticia demandada para demostrar la causal de exoneración de responsabilidad propuesta con base en la culpa o dolo de la representante legal de la parte actora, ni le fueron permitidos luego dichos documentos a los peritos designados en el proceso. Al no existir oposición ni justificación a su actuación, procedía entonces el tener por ciertos los hechos que se proponía probar quien pidió la exhibición: y la falta de colaboración con los peritos constituye indicio en contra, consecuencias ambas ignoradas por el tribunal.

Los errores del tribunal no solo fueron evidentes y ostensibles sino también trascendentes, pues si no hubiese incurrido en ellos, habría prosperado la causal que exime de cualquier responsabilidad al banco.

IV. Consideraciones de la Corte

1. El problema de quién debe soportar el daño derivado del cheque falso lo resuelve el inciso primero del artículo 1391 del Código de Comercio, el cual establece que “todo banco es responsable con el cuentacorrentista por el pago que haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya alterado, salvo que el cuentacorrentista haya dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependientes, factores o representantes”, precepto que a su vez guarda armonía con el texto del artículo 732 del mismo cuerpo legal.

Si no hubo culpa del cuentahabiente, el banco responde, así tampoco hubiese existido culpa de su parte, en aplicación del citado inciso, que refleja los principios generales del derecho de obligaciones, y en especial los que regulan la asignación. “Según esos principios, el librado debe sufrir el daño cuando paga un cheque cuya firma es falsa, porque el librado sólo está autorizado para pagar los cheques emitidos por el librador. Es inherente al tráfico bancario de cheques el peligro de que se presenten cheques falsificados, y el perjuicio de tener que pagarlos se compensa con el lucro que obtiene el banco del conjunto de operaciones que realiza... Mas la hipótesis de falta de culpa es puramente teórica. Lo corriente es que haya culpa por alguno de los dos lados. En algunos casos es claro que no deben imputarse al banco las consecuencias del pago, sino al librador como culpable indirecto de ese pago, como cuando la falsificación se comete por una persona de la cual deba responder conforme a las reglas del derecho civil”. (Joaquín Garrigues. Contratos Bancarios, 2ª ed. Ed. Aguirre. Madrid, 1975, págs. 521 y ss.).

En otros términos, conviene insistir una vez más en que el citado artículo 1391 del Código de Comercio establece quién debe correr con los riesgos de los cheques falsificados, riesgo impuesto por la ley a las entidades financieras quienes, dado el volumen de transacciones que realizan, compensan las pérdidas que los cheques falsificados pueden causar, regla esta que, de acuerdo con las disposiciones recién aludidas, tiene como obvia excepción que la culpa de los hechos recaiga en el cuentacorrentista o en sus dependientes, factores o representantes. El sistema legal, pues, no ofrece dificultad ninguna para su cabal entendimiento, siempre y cuando se tengan presentes precisos derroteros de doctrina trazados por la jurisprudencia, aun bajo la vigencia de la Ley 46 de 1923 (cfr. G.J., tomo CLII, págs. 526 y ss.). En efecto, según esta línea de pensamiento que hoy en día encuentra visible reflejo en el artículo 1391 del Código de Comercio, se estima que el ejercicio de la banca de depósito se equipara fundamentalmente al de una empresa comercial que, masivamente, atrae a sí y asume los riesgos inherentes a la organización y ejecución del servicio de caja, luego es precisamente en virtud de este principio de la responsabilidad de empresa, cuyos rasgos objetivos no pueden pasar desapercibidos, que el establecimiento bancario, asumiendo una prestación tácita de garantía, responde por el pago de cheques objeto de falsificación, ello en el entendido, se repite, que es inherente a la circulación y uso de títulos bancarios de esta índole el peligro de falsificación, y el costo económico de tener que pagarlos se compensa sin duda con el lucro que para los bancos reporta el cúmulo de operaciones que en este ámbito llevan a cabo. Pero, así mismo, no deben perderse de vista otros postulados acogidos sin reparo para atemperar el rigor de esta doctrina, habida cuenta que en cuanto ella hace pesar sobre el banco, en su calidad de librado, el riesgo de “falsificación” a base de imputarle responsabilidad objetiva, lo cierto es que esta responsabilidad puede moderarse, e incluso quedar eliminada, si concurre culpa imputable al titular de la cuenta corriente, lo cual significa, como lo dejara sentado la Corte, que “...como la medida de la responsabilidad de un banco por el pago de un cheque falso no se detiene en la culpa sino que alcanza el riesgo creado, no le basta el lleno de las precauciones habituales, sino que es preciso probar algún género de culpa en el titular de la cuenta para que el banco quede libre...” (G.J. Nº 1943, pág. 73).

En síntesis, cuando la culpa se le atribuye al librador, se le cargará en su cuenta el importe del cheque pagado, mientras que si la responsabilidad ha de recaer sobre el librado de conformidad con los principios recién recapitulados, ese cargo resultará injustificado, y en consecuencia, en cada evento concreto la solución deberá adaptarse a los elementos de hecho concurrentes, de acuerdo con las pruebas producidas para acreditarlos». 

2. Partiendo de la anterior consideración, en el caso que ocupa la atención de la Sala, el punto que merece análisis desde la perspectiva que el cargo reseñado ofrece, consiste en determinar si, de acuerdo con la evidencia obrante en los autos, el cuentacorrentista dio ocasión para la falsedad de la cual se hizo objeto a los títulos, al incurrir en culpa él mismo o su representante. Y es de advertir que, en el análisis de los argumentos presentados en la demanda de casación, debe tenerse en cuenta que se pretendió eximir de responsabilidad al Banco del Estado, no solo invocando la culpa de la representante legal de la sociedad demandante, sino también la culpa de imputable a esta última.

3. Así, del material probatorio allegado al proceso, resulta indiscutible que la Sociedad Comercializadora El Esfuerzo S.A., no desconoce que la falsificación se produjo por la actuación, por lo menos culposa, de su representante.

Eso lo pone de manifiesto el acta 36 de febrero 4 de 1988 de la junta directiva de la sociedad donde se dice que la empresa tuvo un desfalco por el valor correspondiente a los cheques que fueron girados por la señora Coral, quien se ausentó de su trabajo después de girar dichos títulos a su nombre y en el de terceros, cheques que no contaban con respaldo en su causa por parte de la empresa. Apartes de dicha acta confirman lo anterior: “En vista del hurto y abuso de confianza cometido por la gerente Gloria Patricia Coral González, quien auxiliándose con la falsificación de la firma de la contadora .Mercedes Otero Reyes sustrajo de los fondos de la sociedad a través del Banco del Estado, una suma que hasta la fecha se ha concretado en $ 7.490.000, decidió por unanimidad la Junta destituirla de todas sus funciones”. Aunque en dicha acta se utilizan términos que habrían exigido demostración judicial para determinar el dolo, del sentido general se colige que la empresa nunca autorizó el giro de tales cheques, los cuales como bien puede observarse en los títulos, tuvieron como primera beneficiaria a la señalada representante.

El desacuerdo de la empresa con la actitud de su representante se verifica también en la declaración rendida por el Dr. Harold Zúñiga Dishington durante la inspección judicial con intervención de peritos, quien afirmó: “Si mal no recuerdo el día siguiente al cobro de un cheque por siete millones de pesos por Gloria Patricia Coral que era la gerente yo le formulé un denuncio penal por falsedad y huno o por abuso de confianza porque verificamos con la contadora de la compañía sustracción de fondos”.

Queda claro, pues, que al girar estos cheques la gerente antepuso los intereses propios y de terceros sobre los intereses de la sociedad y sus socios, quebrando sus deberes fiduciarios de lealtad para con la empresa. No actuó entonces con el cuidado y la diligencia necesarias para preservar el patrimonio social. Con su culpa, por lo menos, permitió que se falsificara la firma de Mercedes Otero, ello aparte de que la misma Gloria Patricia Coral no solo realizó actos extraños al objeto social de la compañía, excediendo los límites previstos en sus estatutos, sino que descuidó, como le correspondía, la protección que ha debido dar a los activos sociales, ello con el resultado de colocar a la sociedad en situación de indefensión para poder hacerle frente con éxito a las excepciones propuestas en la contestación de la demanda por el banco librado.

4. En el caso del que este expediente da razón, tal y como lo señala el casacionista, no solo existe la actitud culposa de la representante, sino de la misma empresa, en la vigilancia de sus empleados. El haber actuado la representante por fuera de los negocios que constituye el objeto social de la sociedad, se debió al incumplimiento de la sociedad en su obligación de cuidado o diligencia en la vigilancia de su administradora. Factores determinantes lo demuestran: por un lado, la advertencia que hizo el contador sobre los problemas que se estaban presentando en relación con la caja menor que manejaba la representante, advertencia presentada en forma tan .seria que, al no ser oído, el contador prefirió renunciar. Y por otro lado, el hecho de permitir a los representantes legales descuidar el cumplimiento de las órdenes dadas por la justicia par que le exhibieran el libro de actas de junta directiva y el libro de correspondencia.

Estos dos elementos encuentran soporte probatorio en el memorial enviado por los peritos que obra o folio 87 del cuaderno principal donde textualmente se expresó: “nos hemos trasladado dos veces a las instalaciones de Comercializadora El Esfuerzo S.A., con el fin de inspeccionar los libros de contabilidad, libro de actas de Junta Directiva y la correspondencia general del año 1987, documentos que quedó el representante judicial, doctor Harold Zúñiga, de poner a nuestra disposición, sin que hasta el momento lo haya hecho”. Y a folio 4 del cuaderno de pruebas 2 donde se encuentra la declaración del señor contador Germán Ramírez, quien asevera: “...personalmente efectuaba arqueos de caja menor cuando trabajaba en la compañía a las personas que manejaban la gerencia que a su vez eran las encargadas de la caja menor. En dos arqueos consecutivos encontré faltantes uno de ellos por la suma de $12.000 pesos m/cte. Esta situación se la informé por escrito al señor Pontón con copia al revisor fiscal señor Rafael González, para que tomar las medidas conducentes y corrigieran esta anomalía, situación que nunca fue corregida. Personalmente le expliqué al señor Pontón en su ofician la forma como utilizaba los dineros de caja menor sin autorización de la junta directiva ni de la revisoría fiscal, de esta anomalía tampoco le pusieron remedió. En vista de lo anterior y de que se le estaba dando respaldo a la gerencia renuncié al cargo”. Cabe resaltar que la carta a la que alude el deponente Ramírez fue solicitada como prueba en la contestación de la demanda (fl. 53 del cdno ppal.) y decretada por el juez en dos oportunidades (fls. 56 y 83), sin que se hubiera logrado obtener, razón por la cual catalogarse esta situación como indicio en contra del renuente, en este caso de la empresa, al tenor de lo dispuesto en los artículos 249 y 285 del Código de Procedimiento Civil.

Frente a estas circunstancias, no puede decirse en el presente caso, entonces, que por el hecho de no haberse probado la “sindicación” de dolo en la conducta de quien giró los cheques falsificando una de las-firmas, no se haya incurrido en falta imputable a la entidad titular de la cuenta corriente, quien según queda visto, no procedió con la debida diligencia para impedir los abusos o culpas de su representantes, empleados o dependientes encargados de la custodia o servicio de los cheques en cuestión, lo que da lugar a que por dicha entidad queden incumplidos los compromisos por ella asumidos frente al banco por virtud de la celebración del contrato de cuenta corriente. Y por lo tanto, al no ver esto que constituye una realidad cuya existencia el informativo demuestra por fuera de toda duda, el fallo impugnado, en cuanto refleja una desfiguración de los elementos de prueba señalados que llevó por añadidura a una evidente desviación del juzgador colegiado en la percepción de los hechos relevantes en punto de demostrar la culpa en que incurrió la actora y por ende la exoneración de responsabilidad aducida por el Banco del Estado en su escrito de contestación de la demanda, quebrantó indirectamente el artículo 1391 del Código de Comercio.

5. En conclusión, por considerar la Corte que el tribunal incurrió n (sic) error en la contemplación objetiva de las pruebas aportadas al proceso, pruebas que, se repite, acreditan culpa exclusiva de la Sociedad Comercializadora El Esfuerzo S.A. y la de su representante en la ocurrencia del hecho de la falsificación de los cheques citados, encuentra fundado el cargo primero formulado contra la sentencia objeto de recurso, sentencia esta que debe por lo tanto ser infirmada para, en sede de apelación y con apoyo en iguales motivos a la que le abrieron paso a la impugnación deducida, revocar asimismo la providencia estimatoria que al proceso le puso fin en primer instancia.

DECISIÓN:

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha (29) de septiembre de 1992, para poner fin al proceso ordinario de la referencia, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Y actuando en sede de instancia, atendiendo las razones dadas en la parte expositiva de esta providencia, REVOCA asimismo la sentencia proferida con fecha veinticuatro (24) de marzo de 1992 por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali, resolviendo en su lugar desestimar la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda.

Las costas en ambas instancias son de cargo de la parte demandante: Sin costas en casación ante la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase la actuación al tribunal de origen.

Magistrados: Pedro Lafont Pianetta—Nicolas Bechara Simancas—Eduardo García Sarmiento—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Héctor Marín Naranjo—Rafael Romero Sierra.