Sentencia 43197 de septiembre 25 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 43197

Acta 30

SL 661 - 2013

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Fue interpuesto por la parte demandante con fundamento en la causal primera de casación laboral, consagrada en el numeral 1º del artículo 60 del Decreto 528 de 1964, con el cual pretende, que se case totalmente la sentencia recurrida, para que una vez constituida en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a todas y cada una de las pretensiones contenidas en la demanda con la cual se dio inicio al presente asunto; sobre costas se decidirá lo que en derecho corresponda.

Para el efecto, formula dos cargos, que fueron replicados, que serán estudiados en el orden propuesto.

V. Primer cargo

Acusa la sentencia impugnada de violar por vía directa, “al desconocer que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual ha sido modificado por el Decreto 2351 de 1965, artículo 8º. Modificado. Ley 50 de 1990, artículo 6º. Modificado. Ley 789 de 2002, artículo 28; ordena al empleador a pagar al trabajador una indemnización, en caso de terminar en forma unilateral el contrato de trabajo sin justa causa comprobada y en los términos que ese artículo ordena, lo cual constituye una violación de la ley por la vía directa”.

Los recurrentes, luego de transcribir apartes del fallo fustigado relacionado con Eduardo Antonio Torres Arena y Juana del Carmen Lloreda Rentería, aseveran que “como se observa, el hecho que los poderdantes ya mencionados estuvieron vinculados al IIAP, por medio de un contrato a termino (sic) indefinido son ciertos, se debe tener en cuenta lo plasmado en la normatividad laboral, sobre el contrato a termino (sic) indefinido, el cual tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Lo que demuestra que el propósito de la ley es de consagrar un derecho para el trabajador —estabilidad— y el deber correlativo del patrono de respetarlo”.

Sostienen que el tribunal “debió aplicar en su totalidad el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que fue el instituto de investigaciones quien tomó la iniciativa de dar por terminado (sic) la relación laboral con ellos. Tanto los señores Moreno Quejada, Torres Arenas como la señora Lloreda Renteria (sic), estuvieron vinculados al IIAP a través de un contrato a término indefinido (CST art. 47), que era el que tenían los trabajadores desde el ingreso a la entidad, lo cual es aceptado por todas las partes, pero, si partimos de lo plasmado en el artículo 64 del Código Sustantivo de la (sic) Trabajo, que ordena la cancelación de una indemnización al trabajador, cuando se da por terminado el contrato de trabajo a término indefinido, le reconoce un derecho adquirido al trabajador, que es el reconocimiento y pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato de conformidad con lo estipulado en el artículo 64 ibídem y ese pago no se hizo por parte del demandado, de donde se les adeuda en su totalidad la indemnización”.

Así mismo, a folio 379, reposa el contrato a término indefinido que suscribió el señor Wilson Moreno.

Dicen que la ley y la Constitución “han consagrado una serie de garantías a favor de los trabajadores en el ámbito de la interpretación de las fuentes formales del derecho, y de la aplicación, desarrollo y finalización de la relación laboral, todo lo cual se encuentra en plena armonía con las condiciones dignas en las que el trabajo se debe desarrollar (C.P. art. 25), y con el principio de igualdad, pilar básico del Estado social de derecho (arts.1º y l3, ibídem). Vale la pena recordar que, en relación con el trabajo, el artículo 53 de la Constitución prevé varios principios mínimos fundamentales, entre los cuales, se deben destacar el de estabilidad en el empleo y el postulado según el cual la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

Acotan que la ley también prevé que en los eventos de terminación del contrato de trabajo sin justa causa, el empleador debe reconocer la indemnización por el daño que ocasiona, por lo que si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, Sala Única de Decisión, hubiera aplicado las disposiciones mencionadas, habría condenado a reconocer y pagar la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, por lo que “se reveló y no aplicó la ley —artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo—. Por esta razón el ad quem violó la ley en forma directa”.

VIII. Se considera

Mientras el tribunal concluyó que los actores estuvieron vinculados por medio de contratos de trabajo a término fijo, los cuales terminaron por expiración del plazo pactado, la acusación estima que los contratos fueron a término indefinido y que terminaron sin que mediara justa causa.

Al no existir coincidencia sobre tales hechos, no era dable enderezar el reproche por el sendero de puro derecho, puesto que, como ya se recordó, es presupuesto indispensable de un ataque por el referido camino de violación de la ley sustancial, la real aceptación por la censura de los fundamentos fácticos edificantes de la decisión acusada, por lo que no puede existir desavenencia entre las conclusiones de hecho del sentenciador, fruto de su actividad valorativa, y los supuestos en que se basa la impugnación.

Aquí y ahora, juzga conveniente la Corte memorar que una de las formas en las que es viable atacar una sentencia bajo la modalidad de infracción directa, es cuando descansa sobre el supuesto de hechos plenamente aceptados o suficientemente demostrados, situación que no acontece en el asunto bajo escrutinio, toda vez que, se itera, los recurrentes pretenden tener por ciertos hechos que no lo estuvieron para el juez de alzada, como la forma de contratación y su fenecimiento.

Entonces, obsérvese que el ataque en verdad no controvierte los verdaderos pilares de la decisión del juez, y en ese contexto al acometer razones distintas de las expresadas por el tribunal, como soporte de la decisión impugnada, las conclusiones del fallador se mantienen en pie.

Así, el cargo se rechaza.

VI. Segundo cargo

Acusan la sentencia de violar la ley por vía indirecta, “al haber cometido los siguientes errores de hecho”:

“1. Dar por demostrado sin estarlo, que el no pago oportuno del retroactivo a los ex trabajadores ordenado en el Decreto 3545 se debió a la falta de presupuesto de la entidad.

2. Dar por establecido sin estarlo, que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, realizó la transferencia correspondiente al retroactivo, solo en el mes de septiembre de 2004, razón por la cual solamente hasta esa fecha se le canceló a los extrabajadores ese concepto.

3. Dar por establecido, sin estarlo, que la empresa demandada obró de buena fe al abstenerse de pagar las indemnizaciones y el retroactivo en forma oportuna y a la terminación del contrato de trabajo con los demandantes. Y contrario sensu, no dar por demostrado estándolo, que la demandada obró de mala fe y dolosamente al pretender burlar la indemnización y el retroactivo adeudado a los extrabajadores, derivados del contrato de trabajo.

4. Dar por establecido, sin estarlo, que hubo igualdad de trato tanto para los trabajadores activos de la empresa como para los extrabajadores”.

Sostienen que los errores evidentes de hecho son fruto de la falta de apreciación y de la equivocada valoración, de los siguientes medios probatorios: (i) el oficio obrante a folios 30 y siguientes del cuaderno de segunda instancia, en donde el Ministerio de Vivienda, le informa al juzgador de los desembolsos hechos al demandado; (ii) la declaración obrante a folio 402 y 403, donde la señora Leslie Bolaños, asegura que a ella también le quedaron adeudando el retroactivo del año 2003, y (iii) los contratos a término indefinido que suscribieron las partes en el presente proceso —folio 251; 305 y 379— y que demuestran la existencia de dicha relación laboral a término indefinido.

Para los recurrentes, el Instituto de Investigaciones del Pacífico, y así lo acepta el tribunal, justifica la demora del pago de ese incremento salarial la falta de presupuesto, lo cual no es de recibo, “debido a que hoy el salario y las prestaciones sociales son derechos subjetivos, patrimoniales, no solo porque son derechos adquiridos sino porque la nueva Constitución se expidió precisamente con el fin de asegurar el trabajo dentro de un marco económico y social justo (Preámbulo de la Carta), caracterizándose al Estado como social de derecho, fundado entre otras cosas en el respeto al trabajo (art. 1º), teniendo como uno de sus fines esenciales la efectividad de los derechos dentro de los cuales está la remuneración y el pago oportuno (C.P. art. 53)”.

Acotan que bien es cierto que desde el punto de vista de la entidad pública obligada, “esta, de conformidad con el artículo 345 de la Constitución, no podría efectuar el correspondiente gasto público sin la suficiente disponibilidad presupuestal, pero no lo es menos que, por una parte, el tiempo que transcurra entre la liquidación y el desembolso, inclusive por causas presupuestales (sic), implica un deterioro del poder adquisitivo de la moneda, y por otra, que el costo respectivo no debe asumirlo el trabajador sino el patrono. Si este desea que tal costo disminuya, habrá de procurar el pronto pago, mediante la agilización de los tramites (sic) presupuestales, pero no le será licito (sic) prolongar indefinidamente la iniciación de los mismos cargando al trabajador con las consecuencias”.

Dicen que de los documentos reinantes en el plenario, se deduce que les quedaron adeudando ciertos valores que constituyen salarios o son factores salariales y solo fueron cancelados diez meses después de haber sido retirados de sus cargos por parte del instituto de investigaciones, “lo que hace viable sancionar al ente demandado, con la sanción de salarios caídos que consagra el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Sanción o indemnización que debe ser cancelada desde el 1º de enero de 2004 a octubre 12 de 2004, o sea, 282 días”.

Aseveran que “el ministerio, le informo (sic) al a quem y para ello allego (sic) unas transferencias o desembolsos hechos al IIAP durante el año 2004, en donde expresaba que solo el IIAP, era el que sabia (sic) cual (sic) de todos esos desembolsos era para pagar el retroactivo y la entidad, nunca demostró con hechos claros y precisos, que el desembolso hecho en septiembre de 2004, era para reconocer y cancelar ese retroactivo. Lo anterior, demuestra que el IIAP, si tenía fondos suficientes para cancelarle a sus extrabajadores en forma oportuna ese retroactivo, ya que durante todo el primer semestre del año 2004, recibió transferencias del ministerio, tal como se demostró con los soportes que esa entidad remitió al tribunal”.

Afirman que el tribunal argumenta que hubo un trato igual tanto para los trabajadores activos del instituto como para los extrabajadores. Pero eso no puede ser de recibo: “1. Ya que la ley ordena pagar al trabajador al momento de terminar la relación laboral, todos los salarios y prestaciones sociales adeudadas, o sea, Cuando una empresa decide liquidar el contrato de trabajo a un empleado, sin importar las causas y circunstancias de la decisión, debe proceder a pagar al empleado todos los conceptos derivados del respectivo contrato. El pago debe hacerse el mismo día en que se haga la liquidación del contrato. El no pago de los valores adeudados al empleado, implica que el empleador deba pagar una indemnización al trabajador equivalente al salario de un día de trabajo por cada día de retardo en el respectivo pago. 2. Un trabajador, al dejar de laborar, no se encuentra en las mismas circunstancias de una persona que todavía se encuentra activa en su vida laboral, de donde surge una desigualdad que no puede ser medida con la misma vara, tal y como lo hizo el a quem”. Citan apartes de las sentencias T-079 del 1º de febrero del 2000, T-418 de 1996 y T-057 del 27 de enero del 2000, dictadas por la Corte Constitucional.

Enseguida explicaron lo que para ellos son los supuestos de la sanción moratoria, e indicaron que se encuentra probado que se vincularon a través de contratos a término indefinido, por lo que “debemos tener de presente, que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, trae consigo una indemnización que se le debe cancelar al trabajador al momento que el patrono da por terminado el contrato de trabajo. El instituto demandado, terminó y muto (sic)- cambió la relación que traían los extrabajadores en forma indefinida y no les reconoció y menos canceló la indemnización que a [sic] que hace alusión la norma en mención, por lo que les desconoció en todas sus formas todos los derechos laborales que los protegen”.

Concluyen que “en aras de la preservación de los derechos laborales, a mis poderdantes, se les ha debido indemnizar tal como lo consagra el artículo 64 del código laboral, por habérseles terminado en forma unilateral los contratos a términos (sic) indefinido que sostenían y ello no aconteció, por lo que se les debe en su totalidad esa indemnización, máxime, cuando ellos continuaron laborando al servicio de la entidad y no les fue reconocido emolumento alguno por esa mutación del contrato de trabajo que se gesto (sic) por obra del patrono”.

VIII. Se considera

Ha dicho con reiteración esta Sala de la Corte, que cuando la sentencia se halle fundada en varios medios de convicción, como sucede en el asunto bajo examen, los reparos planteados por el censor deben extenderse a la valoración de todas esas probanzas porque de no hacerlo quedan subsistiendo los fundamentos que el juzgador infirió de ellas, pues nada conseguirá el impugnante si se ocupa de combatir la apreciación de pruebas distintas de las examinadas por el juzgador. En tal caso, así tenga razón en la crítica que se formula, la decisión seguirá apoyada en lo que extrajo de las restantes que dejó libres de ataque.

Por ende, al no ser atacada debidamente la sentencia fustigada continúa amparada en la presunción de acierto y legalidad que caracteriza las decisiones judiciales, lo que impide a la Corte realizar el juicio de confrontación para establecer si el juzgador, al proferirla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley.

Insiste una vez más la Corte en que la casación como medio de impugnación extraordinario, contiene exigencias de orden legal y otras producto de su desenvolvimiento jurisprudencial, que deben ser acatadas por quien acude a él. Estos precisos requerimientos de técnica desatendidos en este asunto, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.

Con todo, en sentir de la Corte Suprema de Justicia no resulta desatinado, al menos de manera ostensible, inferir que no aparece en la conducta de la demandada una actitud inicua y torticera para burlarle a sus trabajadores los derechos laborales, no solo porque a la terminación de la relación laboral les liquidó y pagó las acreencias laborales que creyó deber, sino porque, según lo dedujo el fallador, una vez recibió el presupuesto por parte del gobierno nacional, procedió a efectuar la reliquidación correspondiente.

Nótese que las explicaciones dadas por la entidad demandada desde el momento en que contestó el escrito genitor consistentes en que la nivelación salarial y el retroactivo “es un derecho que reglamenta el Gobierno Nacional y que no tiene fecha o periodo (sic) fijo de cuando (sic) se va a dar, y cuando se decreta las entidades en su mayoría han agotado todo el presupuesto, y hay que anotar que este incremento se autorizo (sic) a finales de 2003, el 10 de diciembre mediante Decreto 3545, había que esperar el presupuesto de 2004, es la razón por la que se cancelo (sic) a todos los empleados del IIAP en septiembre de 2004” carecen de todo ánimo dañino hacía sus excolaboradores.

Entonces, al concluir el juzgador, luego del análisis de las pruebas mencionadas, y no controvertidas por los recurrentes, que la demandada demostró razones atendibles que explicaron su conducta omisiva, sustentadas en una convicción sincera y real, ajena a cualquier acto tendiente a perjudicar a los actores, no se exhibe carente de sindéresis para dar al traste con lo decidido, pues itérese, la intención del empleador no fue la de, malintencionadamente y sin justificaciones valederas, evadir su pago

Y en lo que respecta a la modalidad del contrato de trabajo, los recurrentes, como en el cargo anterior, parten de supuestos no probados por el tribunal, a más de que se echa de menos la necesaria labor de parangón entre el contenido material de las pruebas denunciadas y la decisión del juzgador, siendo imposible que la Corte emprenda un análisis de fondo en torno de las acusaciones, pues no basta exponer solo un criterio personal, sin argumentar por qué motivo el fallador debía arribar a esa precisa inferencia.

Sobre el particular, no puede perderse de vista, como lo ha pregonado esta corporación, que la claridad y precisión del cargo también alude a que exista una relación entre la providencia y el ataque que se le formula, armonía que implica que la demanda de casación recrimine a plenitud la sentencia, de manera que se combatan todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la decisión del colegiado. La simple discrepancia e inconformidad del recurrente con lo resuelto por el tribunal, no es de recibo en el recurso extraordinario pues, no es de ello de lo que depende la prosperidad de este, sino de la demostración de la transgresión de la ley sustancial de alcance nacional.

No es más lo que hay que decir para rechazar el cargo.

Como no hubo oposición, sin costas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, Sala Única, en el proceso adelantado por los recurrentes contra el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Newman.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».