Sentencia 4321 de julio 31 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACTO DEMANDADO

IMPUGNACIÓN DEL ACTO QUE RESUELVE LA REPOSICIÓN

EXTRACTOS: «Esta corporación en sentencia de 28 de marzo de 1996 (expediente Nº 3603, actora: Sociedad Flota la Macarena, consejero ponente, doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz), precisó que el recurso de reposición en la vía gubernativa es un recurso optativo, pues el obligatorio de interponer es el de apelación, al tenor de lo preceptuado en el artículo 51 in fine del CCA.

El carácter potestativo de dicho recurso pone en evidencia que el acto que lo decide cuando es confirmatorio tiene un carácter eminentemente accesorio frente al acto principal, de ahí que para el evento de que en la demanda se omita impugnar el acto que decide el recurso de reposición, tal omisión no podría generar la ineptitud de la misma, dada el carácter accesorio de tal recurso.

Pero tal precisión la hizo la Sala en el contexto de una demanda en la cual se omitió impugnar el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición, confirmatorio del acto principal, pero se impugnó el acto que resolvió el recurso de apelación y respecto de este último sostuvo que éste junto con el acto principal constituyen los presupuestos básicos para que la vía gubernativa se entienda agotada, amén de que la notificación del acto que resuelve dicho recurso es la que tiene incidencia para el cómputo del término de caducidad, esto es, para el ejercicio oportuno de la acción.

En el caso sub examine la situación varía pues el acto administrativo principal, esto es, la Resolución número 575 de 20 de abril de 1993, “por la cual se hace una aprobación ambiental”, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima “Cortolima”, previó que contra ella sólo procedía el recurso de reposición, recurso éste que fue interpuesto oportunamente por la actora y el cual fue resuelto por la citada entidad en forma desfavorable a través de la Resolución número 0475 de 29 de marzo de 1994, obrante a folios 6 y 7.

No obstante que, como ya se dijo, dicho recurso no es obligatorio de interponer, en el caso de que el actor haga uso del mismo está en la obligación de demandar el acto que lo resuelve, conforme lo dispone el inciso 3º del artículo 138 del CCA, además de que es a partir de la notificación de este último que empieza a contarse el término de caducidad de la acción.

Tan cierto es ello que la demanda fue presentada el 28 de julio de 1994, según consta a folio 20. Y si se considerara que no tiene incidencia alguna el haberse omitido demandar el acto que resolvió el recurso de reposición, forzosamente tendría que concluirse que la demanda fue instaurada después de ocurrido el fenómeno de la caducidad de la acción, sin embargo, a pesar de que no existe constancia en el expediente de la fecha de notificación del acto definitivo, de los documentos que obran en el cuaderno de antecedentes administrativos se colige que dicha notificación ocurrió antes del 31 de mayo de 1993, porque en esta fecha la entidad que expidió el acto hace referencia al escrito del recurso de reposición, según consta a folio 82. Luego, ello hace suponer que desde la fecha de la presentación de la demanda (24 de julio de 1994), a la fecha de la notificación del acto administrativo definitivo y principal, ya había transcurrido el término de cuatro meses consagrado en el artículo 136 del CCA.

Cabe precisar, además, que pese a que el artículo 73 de la Ley 99 de 1993 consagra el ejercicio de la acción de nulidad frente a actos a través de los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente, ello en manera alguna significa que respecto de estos actos esté proscrita la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como la aquí instaurada, donde, además de aducirse la afectación del medio ambiente, se afirma que se ha ocasionado un supuesto daño o perjuicio a un particular, a quien el mismo acto toma como interesado, ordenando su notificación y dándole la oportunidad de interponer el recurso de reposición, y respecto del cual dicho interesado solicita expresamente en la demanda su resarcimiento a título de restablecimiento del derecho.

En este caso concreto la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y debe analizarse a la luz de las disposiciones que gobiernan dicha acción, concretamente en lo que atañe al ejercicio oportuno de la misma y al agotamiento de la vía gubernativa.

El hecho de haberse aportado con la demanda el acto administrativa que resolvió el recurso de reposición no significa que deba entenderse que fue impugnado pues de las pretensiones de la demanda ni de los hechos de la misma se deduce dicha circunstancia».

(Sentencia de julio 31 de 1997. Expediente 4321. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)

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