Sentencia 43212 de mayo 15 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 43212

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 16

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

El censor le reprocha al tribunal que hubiera dado por probado que existía dependencia económica de la demandante respecto de la hija fallecida, en cuanto la primera era beneficiaria de una pensión de sobrevivientes por la muerte de otro de sus descendientes.

Para derruir la conclusión fáctica de la sentencia gravada, acusa el recurso como erróneamente apreciada la documental de folios 22 a 25, que contiene el informe de la investigación adelantada por la oficina de investigaciones de pensiones del ISS, en relación con la dependencia económica en este caso, así como la confesión de la actora vertida en el interrogatorio de parte donde habría aceptado ser beneficiaria de una prestación de sobrevivientes por la muerte de su hijo Eduardo Cano Madrigal desde “hace 14 años”.

Referente a los elementos de juicio a que alude el cargo, se ha de precisar en primer término que la jurisprudencia de la Sala tiene definido el criterio de que los informes que recogen las investigaciones efectuadas por los funcionarios de las administradoras de pensiones para efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica para discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, deben tenerse como “documento declarativo emanado de terceros”, cuya valoración se hace en forma similar al testimonio y en esa medida no son prueba calificada en casación, salvo que previamente se demostrara esa clase de error en prueba idónea lo que aquí no acontece.

En sentencia de 17 de marzo de 2009, radicación 31484, reiterada en la de 23 de febrero de 2010. radicación 36615, y en la de 31 de mayo de 2011, radicación 40286, dijo la Corte:

“En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, los documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea”.

En segundo lugar, respecto a lo que pretende demostrar el impugnante con esos documentos y con la confesión de la parte demandante, esto es, que la madre de la extinta a la muerte de ésta percibía ingresos como beneficiaria de una pensión de sobrevivientes, resulta que en realidad esas alegaciones son intrascendentes frente a la decisión acusada, pues el tribunal no desconoció el hecho habiendo afirmado que “si bien la señora Margarita Madrigal recibía una pensión de sobrevivientes por la muerte de un hijo, ésta es equivalente al salario mínimo legal, por lo que su hija María Elena contribuía en gran medida al sostenimiento de la madre aportando el valor de la pensión de invalidez que percibía, generando así un todo con el que ambas lograban asumir el sostenimiento del hogar”.

En ese orden de ideas, para el tribunal fue claro que la demandante percibía esa pensión, sin embargo, el análisis de la prueba testimonial lo llevó a considerar que dado que su monto era equivalente al salario mínimo legal, en el caso concreto y por sus circunstancias propias, entre ellas las de salud, era insuficiente para predicar autonomía económica y por lo tanto, estaba subordinada para vivir dignamente a la ayuda pecuniaria que le prodigaba la pensionada fallecida.

En consecuencia, la eventual prosperidad de esa acusación por la vía de los hechos pendía de que el impugnante hubiera desquiciado esos razonamientos que constituyeron el verdadero pilar de la sentencia, lo cual no hizo, limitándose a afirmar que la actora tenía otros hijos que le ayudaban esporádicamente, cuando las colaboraciones ocasionales de los hijos comprendidas dentro de las obligaciones del buen hijo, no convierten a los padres en independientes desde el punto de vista material. En sentencia de 8 de julio de 2009 radicación 35784, reiterada en la de 12 de agosto de ese año radicación 36211 expresó la Sala: “la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del buen hijo, no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica”.

Los ingresos que perciban los padres deben ser suficientes para atender las necesidades de su congrua subsistencia en condiciones dignas, para que desaparezca la condición de subordinación económica respecto de la ayuda pecuniaria del hijo. Esto significa que así los progenitores perciban algunos ingresos, si ellos no les permiten ser autosuficientes o satisfacer lo que requiere su sostenimiento vital, no pierden la vocación para beneficiarse del derecho pensional por la muerte de su descendiente. Estas circunstancias, sin embargo, deben ser analizadas en cada caso por el operador judicial, quien definirá si los ingresos adicionales tienen o no la virtualidad de hacer desaparecer la subordinación económica, como requisito para acceder a la prestación por muerte, que fue lo que ocurrió en el sub lite, y que le permitió al tribunal arribar a la conclusión de que la demandante aún contando con un beneficio pensional, estaba supeditada a la ayuda que le prodigaba la pensionada fallecida lo cual como se vio no fue desvirtuado en el recurso.

Ha precisado la Sala que la existencia de una prestación periódica en cabeza del beneficiario per se no implica que desaparezca la dependencia económica y que se excluya la posibilidad de acceder a otra, sino se demuestra que la que ya disfruta lo convierte en autosuficiente económicamente (sent. de 24 mayo 24/2011, rad. 37595).

Por las razones anteriores, no prospera el cargo.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 6.000.000. Por secretaría tásense las demás costas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 24 de julio de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Margarita Madrigal de Cano contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».