Sentencia 43363 de abril 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 43363

SP4451-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado acta 104

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Corte examinará la sentencia, guiada por los aspectos propuestos en el recurso y los asuntos inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación.

Para el efecto, dividirá el examen de la apelación en las dos cuestiones centrales que gobiernan el escrito presentado por el defensor de la acusada, no sin antes advertir a la procesada que ninguno de los elementos de prueba anejos a su argumentación impugnatoria será tenido en cuenta, dado que la naturaleza misma del recurso de apelación —dirigido a controvertir las razones que gobernaron la decisión objeto de ataque, desde luego fundadas en elementos de juicio distintos a los extemporáneamente entregados—, la materialización del principio preclusivo de los actos procesales —que impide retornar a una etapa probatoria ya fenecida— y la necesaria protección de los derechos de contradicción y defensa —afectados si se sorprende a la contraparte con pruebas no conocidas o controvertidas por ella—, obligan dejar de lado esos medios suasorios.

1. Nulidad por indebida motivación del fallo.

La Corte parte por advertir que, en efecto, la sentencia proferida por el tribunal no es un dechado de concreción o especialidad, de cara a los elementos que gobiernan la definición de existencia del delito y consecuente responsabilidad penal.

Empero, ello no significa que efectivamente la decisión comporte la irregularidad de hondo calado denunciada por el impugnante, pues, aunque la levedad pueda representar adjetivo adecuado para la misma, allí alcanza, así fuese de forma genérica, a perfilarse la existencia de argumentos que clara e indubitablemente refieren la materialización del delito en todas sus aristas y la determinación de las razones que conducen a estimar responsable a la acusada.

Baste advertir, para el efecto, que a través de una revisión somera del escrito que contiene el fallo, es posible verificar cómo se hizo un recuento adecuado de lo ocurrido y el decurso procesal, para después abordar los que estimó el tribunal hechos indiscutidos, contenidos en las estipulaciones probatorias aprobadas por las partes, que remiten, en lo básico, a la condición de servidora pública ostentada por la acusada para el momento de los hechos y el trámite seguido al proceso laboral instaurado en su despacho contra Invías, hasta su culminación y posterior entrega de los títulos judiciales objeto de apoderamiento ilícito.

Ello, para demostrar, en sentir del tribunal, que se ejecutó el delito de peculado y ello radica en cabeza de la procesada, a quien se atribuyó el hecho objetivo de hacer entrega de los títulos ejecutivos que materializaron la defraudación.

A renglón seguido, el tribunal examinó la responsabilidad penal de la procesada, para cuyo efecto relacionó la que estimó prueba de incriminación, soportada en la declaración de quienes realizaban labores al interior del despacho regentado por la doctora Amparo Disney Vega Mendoza.

Dichas atestaciones fueron tomadas en cuenta por el a quo para precisar las que entiende conductas negligentes u omisivas de la funcionaria, que determinó inescindiblemente ligadas al resultado dañoso, al punto de sostener que fue gracias a ellas que se ocasionó la pérdida del dinero.

En concreto, el tribunal concluyó, luego de referirse a las pruebas previamente reseñadas en la sentencia, “que la juez no verificó, ni se detuvo a constatar la procedencia del pago de los títulos valores por la suma de mil cien millones de pesos...”.

Ello en el apartado fáctico de la definición de responsabilidad, porque en el jurídico se anotó que “la Dra. Amparo Disney Vega Mendoza con su accionar negligente, infringió el deber objetivo de cuidado ya que se encontraba en posición de garante respecto de los títulos judiciales, puesto que estos estaban bajo su custodia, con ocasión de sus funciones como juez”.

En sustento del aserto, el tribunal detalló las normas de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que gobiernan los deberes del juez, respecto del hecho específico atribuido.

Ahora, acerca del elemento subjetivo que dice echar de menos el apelante en el fallo impugnado, la sala observa que al momento de tildar el tribunal de “ligero, irresponsable y negligente” el actuar de la acusada, necesariamente se está refiriendo al factor de intervención culposa en el delito.

Mucho más, se acota, si para soportar el tópico se citó extensamente jurisprudencia de la Corte referida al tema.

Incluso, el fallador a quo referenció, conforme su apreciación, que existe nexo causal entre la actitud negligente o descuidada —delimitada en el hecho de “no verificar la procedencia del pago de los títulos judiciales”— y el resultado “que fue la pérdida del dinero”.

Y si bien, el fallo no contempla apartados específicos para referirse expresamente a cada uno de los elementos que configuran la conducta culposa objeto de condena, es claro que el contexto general de su motivación advierte de la postura adoptada por el tribunal al respecto, sin que pueda aducirse oscuridad u omisión trascendente a partir de las cuales pregonar que se violentó el debido proceso o se impidió el derecho de defensa en su doble connotación de saber las razones de la condena y posibilitar su adecuada controversia.

Por lo demás, la crítica planteada por el defensor de la acusada asoma bastante ligera, en tanto, por fuera de algunas precisiones jurisprudenciales y retóricas, nunca delimita de qué manera se configuraron las que dice omisiones importantes, a más que se ofrece gratuito advertir que no se detalló en el fallo la credibilidad otorgada a los testigos o cuál fue la prueba relevante, cuando de la sola lectura del texto de la providencia se advierte inconcuso el examen valorativo, junto con la forma en que el a quo concatenó lo dicho por los varios testigos para construir su tesis de negligencia u omisión en el actuar de la acusada. Tampoco define el impugnante cuáles son los documentos que pasó por alto examinar el tribunal o por qué ellos no se hallan contenidos en las estipulaciones que sirvieron de base inicial a la determinación de probados de varios hechos.

En tratándose de decisiones del tenor de las sentencias, lo que de su contenido se espera, en punto de motivación, es que cubra cabalmente la obligación de definir con claridad y suficiencia cuáles son las razones fácticas, jurídicas y probatorias que conducen a estimar cubiertos los presupuestos que permiten advertir, para el caso de condena, materializado el delito contenido en la acusación y demostrada la responsabilidad del procesado.

Para cubrir esos mínimos de sustentación son tantos los estilos como jueces se encargan de la función, sin que sea posible establecer criterios rígidos o inamovibles a partir de los cuales definir decantado el mejor modo, así pueda establecerse que en algunos casos no se satisfacen todas las expectativas del destinatario de la decisión.

Por ello, establecido que el fallo examinado cumple con mínimos de motivación y no afecta el derecho de defensa, se impone negar la nulidad deprecada por el defensor de la procesada.

2. La absolución por atipicidad de la conducta.

Que se diga debidamente motivado el fallo de primera instancia, no significa que se compartan sus argumentos o que estos de verdad consulten adecuadamente la prueba y los elementos jurídicos insertos en la acusación que por el delito de peculado culposo vinculó a la doctora Amparo Disney Vega Mendoza.

En efecto, la Sala advierte serias inconsistencias en la decisión impugnada y, particularmente, en la manera como se construye la definición de responsabilidad penal a partir de los hechos que se entienden probados, pues, incurre el a quo en vacíos argumentales profundos que parten de verdaderas peticiones de principio —yerro lógico que consiste en dar por probado lo que precisamente debe ser objeto de demostración— a partir de lo cual se llega a conclusiones carentes de soporte.

Así, no se entiende cómo el tribunal, a partir de determinar probado que efectivamente un abogado con poder espurio obtuvo la entrega de los títulos por valor de mil cien millones de pesos, advierte hecho probado e indiscutido el delito de peculado, pues, es claro que tratándose de terceros que con engaños accedieron al dinero, la conducta punible directamente relacionada con ello no es la referida.

La construcción lógico-jurídica del delito pasible de atribuir a la acusada no puede partir de ese hecho, sino que debe establecer cómo ese delito de estafa —y los medios, como el fraude procesal y las falsedades—, pudo ejecutarse a través del comportamiento omisivo o negligente de la titular del despacho, dado que en el asunto particular examinado el peculado se remite exclusivamente a la modalidad culposa.

Pero, además, el fallo obvia siempre delimitar el nexo causal existente entre los que dice comportamientos negligentes de la acusada y la materialización del desmedro patrimonial para el Estado, como si de verdad bastase con demostrar cualquier tipo de irregularidad en el cumplimiento de las funciones para automáticamente colegir su efecto.

Precisamente, la jurisprudencia citada por el a quo para soportar su tesis de responsabilidad penal, debió servir de faro en el cometido de delimitar todos y cada uno de los aspectos trascendentes para la decisión, a efectos de que esta no se construyera, como sucedió, a partir de demostraciones fácticas aisladas, jamás conectadas jurídicamente.

En este sentido, el fallo de primer grado dice demostradas circunstancias tales como que el despacho a cargo de la funcionaria se hallaba en absoluto desorden, con un clima laboral tenso y sin efectiva capacitación para los empleados acerca del manejo de los títulos judiciales.

Además, se delimitó en la sentencia que la procesada no leyó o verificó el contenido de los documentos presentados por su empleado para facultar la entrega de los títulos, que ordenó su entrega al abogado y no en favor de la entidad oficial por él representada de forma espuria y que extrañamente confirmó el pago en el mismo auto en el cual se dispuso atender lo solicitado por el profesional del derecho.

A renglón seguido, la providencia examinada concluye que este es un tipo de comportamiento negligente a partir del cual puede colegir que se perfecciona el delito de peculado culposo porque “al no verificar la procedencia del pago de los títulos judiciales”, el resultado “fue la pérdida y el apoderamiento del dinero”.

Nunca, sin embargo, el tribunal detalla cómo es que debió verificar la acusada esa “procedencia” del pago, o de qué manera influyó decisivamente en la aprobación del mismo el que se presentaran documentos que cumplían los presupuestos legales para el efecto, aunque falsificados.

En otros términos, el a quo se guardó de verificar en concreto cómo de no presentarse esas circunstancias determinadas probadas, se hubiese podido impedir el pago de los títulos, pues, huelga señalar, la responsabilidad penal opera no por virtud de desatender mínimos funcionales, sino en atención al efecto que ello produce.

La Sala, al respecto, en su jurisprudencia vigente ha postulado —CSJ SP, ago. 9/2011, rad. 36554—:

En tratándose del delito culposo, el artículo 37 del Decreto-Ley 100 de 1980, lo definía como el hecho punible realizado por el sujeto activo con falta de previsión del resultado previsible o con la confianza de poder evitarlo.

En esa acepción del delito culposo, se consideraba a la imprudencia como una forma de culpabilidad fundada en criterios subjetivos, como la “previsibilidad”(1), o en los mecanismos generadores de la culpa como la “negligencia” e “impericia”(2); sin embargo, como tal noción presentaba alguna dificultad para la construcción coherente de una teoría general del delito, la doctrina fue desplazando los criterios de realización del delito culposo hacia aspectos más objetivos, situados en la categoría de la tipicidad, con la introducción y consolidación del concepto de la “infracción al deber objetivo de cuidado”(3), noción que igualmente fue acogida en la jurisprudencia de la Corte, al señalar:

“El delito culposo, por su parte, consiste en que la comisión del punible se encuentra acompañada de la omisión del deber de cuidado ya sea por la negligencia, la imprudencia, la violación de reglamentos o la impericia del agente”(4).

Y que,

La violación al deber de cuidado objetivo se evalúa siempre dentro de un ámbito situacional determinado, es decir, por medio de un juicio de la conducta humana en el contexto de relación en el cual se desempeñó el actor, y no en el aislamiento de lo que este hizo o dejó de hacer”(5).

Al entrar en vigencia la Ley 599 de 2000, el legislador, atendiendo el desarrollo y avances de las dos aludidas fuentes generales de derecho —doctrina y jurisprudencia—, señaló en su artículo 23 que “La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”, concepción del delito imprudente que debe entenderse armonizada con dos postulados, aludidos en precedencia, erigidos como normas rectoras prevalentes y orientadoras de la interpretación del sistema penal, según las cuales “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” y “toda forma de responsabilidad objetiva” se encuentra proscrita o erradicada (arts. 9º, 12 y 13 ídem).

8.2. De acuerdo con lo anterior, el injusto culposo está integrado por componentes objetivos —descriptivos o normativos—, y por elementos o aspectos subjetivos.

Los componentes objetivos o normativos que lo integran son: sujeto activo —que es indeterminado o calificado, como sucede, por ejemplo, en el peculado culposo—; acción extratípica, constituida por la infracción al deber objetivo de cuidado; realización de un resultado lesivo y relevante —descrito en la norma penal imputada—, y la relación de causalidad o nexo de determinación —la transgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado típico deben estar vinculados por una relación de determinación, es decir, la vulneración del deber ocasiona el resultado—.

Hay que aclarar que la utilización del legislador de la expresión “infracción al deber objetivo de cuidado”, no significa que ese elemento de la culpa solo pueda concebirse objetivamente con prescindencia de lo subjetivo, pues la misma norma legal recalca la previsibilidad del agente respecto del resultado, lo cual va ligado a consideraciones eminentemente subjetivas.

Ahora bien, como no hay un catálogo de deberes para cada una de las actividades de interacción social, el operador jurídico está obligado, en cada caso particular, a remitirse a las fuentes que sirven de directrices para establecer si se configura o no el elemento en examen, desarrolladas tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, y que se resumen en las siguientes:

... El autor debe realizar la conducta como lo haría una persona razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de manera que si no obra con arreglo a esas exigencias infringirá el deber objetivo de cuidado. Elemento con el que se aspira a que con la observancia de las exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido.

... Las normas de orden legal o reglamentaria atinentes al tráfico terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, y a los reglamentos del trabajo, dirigidas a disciplinar la buena marcha de las fuentes de riesgos.

... El principio de confianza que surge como consecuencia de la anterior normatividad, y consiste en que quien se comporta en el tráfico de acuerdo con las normas puede y debe confiar en que todos los participantes en el mismo tráfico también lo hagan, a no ser que de manera fundada se pueda suponer lo contrario.

Apotegma que se extiende a los ámbitos del trabajo en donde opera la división de funciones, y a las esferas de la vida cotidiana, en las que el actuar de los sujetos depende del comportamiento asumido por los demás.

... El criterio del hombre medio, en razón del cual el funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola con la que hubiese observado un hombre prudente y diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del sujeto agente permanece dentro de esos parámetros no habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa procederá la imprudencia siempre que converjan los demás presupuestos típicos”(6).

Respecto de los elementos subjetivos en el delito imprudente, la presencia de contenidos de esa naturaleza es clara. En efecto, en cuanto al aspecto volitivo, el resultado típico debe corresponder a una causalidad distinta de la programada para el acto al que dirigió su voluntad el agente, y respecto del elemento cognoscitivo, es condición que el autor haya tenido la posibilidad de conocer el peligro que la conducta representa para los bienes jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa cognición.

Así, entonces, si se comprende que el delito imprudente puede ubicarse en la tipicidad, más concretamente en la acción, habrá que interactuar con el concepto de riesgo permitido, con la invariable constatación de elementos subjetivos que acompañan el punible en estudio, en su descripción subjetiva, como es el de conocer el riesgo y su consecuente cuidado debido, adicionándosele el desvalor de resultado o el daño propiamente ocasionado, siendo por ello que el código establece que la causalidad por sí sola no basta para la producción del resultado.

En conclusión, de acuerdo con la evolución doctrinaria y jurisprudencial del delito imprudente, lo esencial de la culpa no reside en actos de voluntariedad del sujeto agente, superando así aquellas tendencias ontologicistas que enlazaban acción y resultado con exclusivo apoyo en las conocidas teorías de la causalidad —teoría de la equivalencia, conditio sine qua non, causalidad adecuada, relevancia típica—, sino en el desvalor de la acción por él realizada, signado por la contrariedad o desconocimiento del deber objetivo de cuidado, siempre y cuando en aquella, en la acción, se concrete, por un nexo de causalidad o determinación, el resultado típico, es decir, el desvalor del resultado, que estuvo en condiciones de conocer y prever el sujeto activo.

8.3. En la doctrina penal contemporánea, la opinión dominante considera que la realización del tipo objetivo en el delito imprudente (o, mejor dicho, la infracción al deber de cuidado) se satisface con la teoría de la imputación objetiva, de acuerdo con la cual cuando un comportamiento ha creado un peligro para el objeto de la acción no abarcado por el riesgo permitido y a consecuencia de dicho peligro se realiza un concreto resultado lesivo, tal hecho le es jurídicamente atribuible al sujeto agente.

Lo anterior significa que si la infracción al deber de cuidado se concreta en el desconocimiento de la norma de cuidado inherente a actividades en cuyo ámbito se generan riesgos o puesta en peligro de bienes jurídicamente tutelados, es necesario fijar el marco en el cual se realizó la conducta y señalar las normas que la gobernaban, a fin de develar si mediante la conjunción valorativa ex ante y ex post, el resultado que se produjo, puede ser imputado al comportamiento del procesado.

En otras palabras, frente a una posible conducta culposa, el juez, en primer lugar, debe valorar si la persona creó un riesgo jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante, es decir, teniendo que retrotraerse al momento de realización de la acción y examinando si conforme a las condiciones de un observador inteligente situado en la posición del autor, a lo que habrá de sumársele los conocimientos especiales de este último, el hecho sería o no adecuado para producir el resultado típico(7).

En segundo lugar, el funcionario tiene que valorar si ese peligro se realizó en el resultado, teniendo en cuenta todas las circunstancias conocidas ex post.

8.4. En aras de establecer cuándo se concreta la creación de un riesgo no permitido y cuándo no, la teoría de la imputación objetiva integra varios criterios limitantes o correctivos que llenan a esa expresión de contenido, los cuales también han tenido acogida en la jurisprudencia de la Sala(8):

8.4.1. No provoca un riesgo jurídicamente desaprobado quien incurre en una “conducta socialmente normal y generalmente no peligrosa”(9), que por lo tanto no está prohibida por el ordenamiento jurídico, a pesar de que con la misma haya ocasionado de manera causal un resultado típico o incluso haya sido determinante para su realización.

8.4.2. Tampoco se concreta el riesgo no permitido cuando, en el marco de una cooperación con división del trabajo, en el ejercicio de cualquier actividad especializada o profesión, el sujeto agente observa los deberes que le eran exigibles y es otra persona perteneciente al grupo la que no respeta las normas o las reglas del arte (lex artis) pertinentes. Lo anterior, en virtud del llamado principio de confianza, según el cual “el hombre normal espera que los demás actúen de acuerdo con los mandatos legales, dentro de su competencia”(10).

En efecto, la organización de la sociedad actual se basa en el reparto de roles, cada individuo tiene asignado uno, y conforme a él se espera que se comporte de una determinada manera en cada concreta situación. Si cada sujeto espera que el otro actúe satisfaciendo la expectativa que de él se deriva, su actuación será una y no otra; es decir, no se puede esperar el actuar imprudente de los demás ya que esto llevaría a una situación caótica en la que el exceso de celo provocaría una paralización de cualquier actividad que entrañe riesgo, que no son pocas.

En otras palabras, si en una concreta situación se entiende que existe el principio de confianza, será lícito obrar como si los otros participantes (intervinientes) también obraran de modo correcto, aunque no lo hagan, pero siempre y cuando que quien se escuda en el principio de confianza haya acomodado su actuación a las normas que disciplinan la concreta actividad riesgosa.

8.4.3. Igualmente, falta la creación del riesgo desaprobado cuando alguien solo ha participado con respecto a la conducta de otro en una “acción a propio riesgo”(11), o una “autopuesta en peligro dolosa”(12), para cuya procedencia la Sala ha señalado los siguientes requisitos:

Para que la acción a propio riesgo o autopuesta en peligro de la víctima excluya o modifique la imputación al autor o partícipe es necesario que ella:

Uno. En el caso concreto, tenga el poder de decidir si asume el riesgo y el resultado.

Dos. Que sea autorresponsable, es decir, que conozca o tenga posibilidad de conocer el peligro que afronta con su actuar. Con otras palabras, que la acompañe capacidad para discernir sobre el alcance del riesgo.

Tres. Que el actor no tenga posición de garante respecto de ella”(13).

8.4.4. En cambio, “por regla absolutamente general se habrá de reconocer como creación de un peligro suficiente la infracción de normas jurídicas que persiguen la evitación del resultado producido”(14).

8.4.5. Así mismo, se crea un riesgo jurídicamente desaprobado cuando concurre el fenómeno de la elevación del riesgo, que se presenta “cuando una persona con su comportamiento supera el riesgo admitido o tolerado jurídica y socialmente, así como cuando, tras sobrepasar el límite de lo aceptado o permitido, intensifica el peligro de causación de daño(15).

No se requieren profundas lucubraciones jurídicas o elaboradas tesis, del tenor de las presentadas en su alegato por la defensa, para advertir que en la definición de responsabilidad penal por el delito culposo se erigen basamentos fundamentales los referidos a la creación del riesgo jurídicamente desaprobado y el nexo causal que ata esa circunstancia con el resultado dañoso.

Bajo esta perspectiva si se quiere simple, lo primero que obliga determinar es si, en efecto, la procesada creó un riesgo jurídicamente desaprobado, vale decir, en términos del tribunal, si efectivamente se advierte el desconocimiento de las normas funcionales que signan su labor, de cara al hecho específico por el cual se le acusó.

En este sentido, comparte la Sala, en lo fundamental, la crítica que hace la defensa a la forma ligera, incluso carente de fundamento sólido, en que se analizó el actuar de la procesada para colegirlo negligente, dado que jamás se detalló, en el plano estrictamente jurídico del mejor hacer o hacer adecuado, por qué, por ejemplo, debía esperarse un tiempo prudencial —no especificado— para atender la solicitud de entrega del dinero; o cuál es la norma que impide pagar al apoderado de la entidad oficial, cuando este presenta poder especial donde expresamente se le permite recibir; o en atención a qué precepto el auto ordenando el pago debía ser notificado a las “partes”, ya inexistentes en el proceso culminado y archivado; o dónde radica la necesidad legal de revocar el poder otorgado años antes a la representante del Invías, para así conceder personería a quien se presentó con documentos aparentemente legales que lo validaban en calidad de nuevo apoderado del ente oficial.

Los anotados, se erigen en elementos sustanciales que nutrieron el alegato final de la Fiscalía y la decisión del despacho a quo, pero carecieron de soporte jurídico, al punto que fueron soportados a partir de percepciones personales o incluso en contraste con lo que anteriormente se realizaba en la oficina a cargo de la funcionaria acusada.

Sobre este último tenor, se dice en la sentencia apelada, que varios testigos, empleados del despacho judicial regentado por la procesada, informaron cómo lo habitual era entregar los dineros contenidos en títulos judiciales, directamente a la empresa o entidad oficial y no a su apoderado judicial.

Nunca se detalló que alguna norma legal o los reglamentos propios del manejo de títulos impidieran hacer dicha entrega a favor del abogado, y ni siquiera se tuvo en cuenta, como lo demuestra la prueba documental, que en el caso a conocimiento de la funcionaria judicial acusada, existió una circunstancia que distinguía la solicitud de los procesos anteriores, precisamente referida a que en el poder especial aportado por quien se dijo apoderado de Invías, expresamente se introdujo la facultad de recibir.

No estima necesario la Sala, reproducir los fundamentos jurídicos presentados por la defensa en su alegato para significar apegado a la ley o los reglamentos, el comportamiento procesal adoptado por la procesada, dado que en contrario, como se anotó, nunca la Fiscalía, ni el a quo, delimitaron normas o acuerdos de obligatorio cumplimiento que fueran desconocidos o pasados por alto.

En este sentido, debe entenderse que el trámite desarrollado al interior del juzgado laboral para atender la solicitud del profesional del derecho supuestamente legitimado en razón al poder aportado, se ciñó a lo que las normas procedimentales diseñaban, tomando en consideración, con respecto a la naturaleza del auto emitido para ordenar el pago y el inmediato reconocimiento de personería al abogado, que ya el proceso ejecutivo laboral se encontraba archivado y lo decidido solo interesaba al solicitante, como así lo indicó la acusada en su declaración dentro del juicio oral, sin que ello fuera desvirtuado por la Fiscalía.

Dijo el fiscal en su alegato final, que no se midió con igual rasero la solicitud que llevó a la defraudación de los mil cien millones de pesos, de aquellas presentadas por la legítima representante del Invías, para obtener el pago de los remanentes.

Incluso, alcanzó a señalar el representante del ente investigador, que también la doctora Martha Rosa Barco Cárdenas, apoderada del Invías para solicitar remanentes, contaba con autorización expresa de recibir los dineros, no obstante lo cual, siempre se giraron ellos a nombre de la entidad oficial.

Sin embargo, el examen de la prueba indica algo bien diferente a lo postulado por el fiscal, en tanto, durante su declaración jurada la profesional del derecho Martha Rosa Barco, señaló cómo la dificultad y demora en atender sus solicitudes de pago de remanentes, estribó en que la institución estatal no contaba con registro de cuáles eran ellos y debió adelantar una especie de búsqueda a ciegas en cada expediente que tuvo como demandada a la entidad, a más que la oficina de apoyo judicial, donde reposaba esa información, no la entregaba en razón a principios de confidencialidad.

Así mismo, a pregunta expresa del fiscal, dijo no recordar si el poder general para obtener remanentes, incluía o no la facultad de recibir.

Nada desvirtúa, entonces, la afirmación de la defensa referida a que en el caso particular la entrega del dinero a quien se legitimó en calidad de apoderado de la entidad oficial, obedeció a la existencia de un poder especial que incluía expresamente la facultad de recibir.

Por lo demás, no ha sido objeto de reproche, acorde con las normas civiles que regulan el tema y las especiales expedidas por el Consejo Superior de la judicatura, la posibilidad de que el apoderado efectivamente reciba los títulos judiciales a su nombre.

Expresamente los artículos 6º y 7º del Acuerdo 1676 de 2002, que modificó en su integridad el Acuerdo 412 de 1998, detalla el trámite a seguir para el pago de títulos judiciales, de la siguiente manera:

Sexto. Orden de pago. Únicamente podrá disponerse de los depósitos judiciales en virtud de providencia judicial, comunicada al banco por medio de oficio.

El oficio será suscrito con la firma completa, antefirma, huella del magistrado o juez y del secretario, en los términos de los artículos 103 y 111 del Código de Procedimiento Civil, y elaborado según el formato DJ04, que hace parte del presente reglamento, el cual se entregará al interesado o a su apoderado, quienes firmarán las copias en señal de recibo.

Cuando hubiere título o títulos, estos se anexarán al oficio que ordene el pago, sin diligenciamiento alguno.

PAR.—La orden de pago de los depósitos judiciales por embargo de alimentos—cuota alimentaria, se expedirá por el funcionario judicial, por una sola vez, según el formato DJ05 que hace parte del presente reglamento, la cual conservará su vigencia mientras no sea modificada o revocada.

Séptimo. Pago de los depósitos judiciales. Los depósitos judiciales se pagarán según orden del funcionario judicial, quien la librará únicamente al beneficiario o a su apoderado, en los términos del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral anterior.

Debe acotarse, además, que para 2011, cuando se realizó la defraudación, el trámite también demandó de una o dos semanas, conforme lo narró el secretario del Juzgado 4º Laboral, mientras se obtenía el expediente, que se hallaba archivado, solo que lo referente a los títulos resultó más fácil, pues, el solicitante anexó extracto del Banco Agrario donde se individualizaban los mismos.

Ahora, evidencia la Sala que la alegación en la cual se funda la acusación vertida contra la funcionaria a cargo del despacho laboral, elude verificar el contexto general de su labor y los mecanismos utilizados para la elaboración, expedición y pago de títulos judiciales, remitiendo a asuntos si se quiere episódicos, que en lugar de definir en concreto la vulneración de lo que la ley o los reglamentos establecían para el efecto, busca mejor hallar algún tipo de desarmonía entre lo que habitualmente era realizado en esa oficina judicial y lo que ocurrió en el caso concreto, tópico que mejor refiere a la forma de culpabilidad dolosa y no a la específica definición de que fueron desatendidos los parámetros legales previamente establecidos para la función o se incurrió en palpable omisión, desatención o negligencia.

Así, entonces, asoma ajeno a la culpa pregonada en la acusada, señalar extraño que con diligencia se tramitara la solicitud de los títulos judiciales objeto de defraudación, cuando a la par no se define expresamente por qué ello es contrario a los reglamentos y normas que regulan dicha tarea o cómo puede asumirse comportamiento negligente.

Es que, a efectos de verificar el contexto de lo ocurrido con la defraudación, o mejor, de la conducta que se atribuye a la procesada, era menester para la Fiscalía y el a quo, establecer con claridad los pasos que deben seguirse a fin de atender la solicitud de pago o entrega de títulos judiciales al beneficiario, comoquiera que en el momento de presentarse el hecho objeto de examen, esa tarea no correspondía cumplirla exclusivamente al despacho judicial, y ni siquiera al interior del mismo toda la carga de verificación y expedición radicaba en su titular, así la norma general la encargue de la custodia, manejo y control de los mismos.

A ese efecto, debe significarse cómo los acuerdos 1676 de 2002 y 1857, de 2003, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, establecen un trámite combinado en el cual la oficina de apoyo judicial, en los lugares donde ella existe, cual sucede en el caso analizado, es la encargada de la administración de esos títulos.

Entre otras funciones, corresponde a la oficina de apoyo judicial(16):

1. Efectuar la custodia de los títulos y administrar los depósitos.

2. Dar el visto bueno, con sus firmas registradas y huellas dactilares, a los oficios que ordenan operaciones con los depósitos.

3. Elaborar y mantener actualizadas las tarjetas de control de firmas.

4. Verificar la autenticidad de las firmas y la veracidad de las órdenes sobre los depósitos judiciales.

5. Entregar a los beneficiarios las órdenes de pago; hacerlas firmar en señal de recibo, y remitir copia al despacho judicial.

6. Remitir al banco los oficios que ordenan movimientos.

7. Colaborar con los despachos judiciales en la realización de las conciliaciones y en la solución de los reclamos en cuanto al manejo de depósitos judiciales.

8. Recepcionar del Banco Agrario las constituciones de depósitos judiciales.

9. Recepcionar de los despachos judiciales las órdenes de movimientos de los depósitos judiciales.

En frente de tan amplias tareas otorgadas a las dependencias administrativas de los despachos judiciales, cuando menos resulta aventurado exigir del juez que verifique directamente todo el trámite atinente a los títulos o que se halle al tanto de las conciliaciones bancarias, como lo dejó deslizar el fiscal en su intervención.

No tiene claro la Corte, que de verdad correspondiera a la acusada conocer que existían dos títulos, por valor de mil cien millones de pesos, cuando es claro, con la información suministrada por los empleados del despacho, incluido el secretario, a quien también se defiere el directo control de los títulos, que en el respectivo expediente no existía certificación de que se hubiesen embargado varias cuentas.

Al efecto, importa destacar cómo por ocasión de la demanda ejecutiva laboral, el despacho ordenó a varios de los bancos donde podía tener cuenta el Invías, que se realizara el embargo de una suma correspondiente a quinientos cincuenta millones de pesos, entendida suficiente para satisfacer las exigencias de los demandantes.

Sucedió, empero, que ese embargo se materializó en tres instituciones financieras diferentes, pero apenas se tramitó uno de ellos por fraccionamiento, al punto que luego de pagarse las acreencias, la apoderada del Invías para reclamar remanentes, solo se refirió a ese título.

Si se atiende a las funciones que competen a las oficinas de apoyo judicial, puede verse cómo es a estas a las que el Banco Agrario envía los depósitos constituidos, no a los despachos judiciales que los ordenaron, lo que explica que, conforme lo relatado por los empleados del despacho y la abogada al servicio del Invías, en el expediente no se hallase rastro de esos títulos y fuera necesario que para la defraudación el que se dijo abogado de ese instituto aportara las colillas expedidas por el Banco Agrario, donde figuran los dos títulos a nombre del juzgado laboral.

En su declaración, la apoderada del Invías, Martha Rosa Barco Cárdenas, advirtió que en el expediente del proceso terminado solo existía constancia de un título, cuyos remanentes reclamó.

Agregó que en la carpeta de títulos judiciales nunca se hallaron las dos consignaciones objeto de defraudación años después, ni pudo obtener información de la oficina de apoyo judicial, en tanto, para esa época era información confidencial que no se entregaba.

El secretario del despacho laboral, José Rafael Rodríguez, confirma, a su vez, que ni en el expediente, ni en la carpeta, existía constancia de dichos títulos, aclarando que la información al respecto era suministrada periódicamente por la oficina de apoyo judicial, aunque en ocasiones pasaba por alto esa función y debía llamársele la atención.

Además, precisó el empleado que en los expedientes no eran incluidos los títulos nuevos, sino apenas los que constaban en la relación enviada por la oficina de apoyo, motivo por el cual no era factible detectar de entrada la existencia de exceso en los embargos.

Bajo estos postulados probatorios, no advierte la Corte posibilidad de atribuir a la procesada, conforme lo alegado por la Fiscalía, algún tipo de negligencia u omisión referida al exceso en el embargo o la detección de que fueron tres los títulos expedidos con ocasión del mismo, pues, no se probó por parte de la Fiscalía que, en efecto, la oficina de apoyo judicial haya informado de ello al despacho o siquiera hubiese incluido en su relación de títulos a nombre de este, los referidos al exceso.

Pero, igualmente, si bien, no es posible acudir al correctivo del principio de confianza en los casos en los cuales al jefe de la oficina judicial se le entrega la posición de garante, como ya ampliamente fue dilucidado en la primera instancia una vez fue examinado el tema a la luz de los postulados de la imputación objetiva, la Sala no puede pasar por alto que precisamente en atención a la división de funciones propias del despacho laboral y lo consignado en los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en la tramitación del pago de los títulos judiciales tenía particular injerencia el secretario del juzgado.

Por ello es que tanto la firma y huella del juez, como las del secretario, debían visarse ante el banco, y el pago de los títulos reclamaba la firma de ambos.

Además, como lo explicó José Rafael Rodríguez, en el trámite propio del despacho, al secretario le correspondía verificar la solicitud realizada por el beneficiario o supuesto beneficiario, al punto que, dentro del procedimiento formalizado verificado en el expediente, corroboraba la información y documentos presentados, para pasar al juez a efectos de que este emita la orden de pago.

Así en concreto lo registra la prueba documental y, en particular, la estipulación número 28, en la que se delimita parte del trámite adelantado en el despacho laboral frente a la solicitud de quien se dijo apoderado de la entidad oficial.

Con la firma del secretario, entonces, esto se anotó:

al despacho de la señorita juez, informando que la entidad demandada Instituto Nacional de Vías, a través del director general Carlos Alberto Rosado Zúñiga, ha conferido poder al Dr. William Alberto Márquez Perea fin de que sirve (sic) retirar los dineros de propiedad de dicha demandada, que se encuentran embargados en el presente proceso, el cual se encuentra archivado desde febrero 06/06, quedando facultado el señor apoderado para recibir y retirar títulos, y, demás facultades conferidas en él.

Fue precisamente por virtud del informe secretarial en cita, dado que gracias a la revisión realizada por el empleado del despacho se demostraron allegados los documentos que acreditan representación legal y, en especial “la facultad al señor apoderado para solicitar el retiro y pago de los dineros”, que a renglón seguido la jueza dispuso atender a lo solicitado, reconociendo personería jurídica al apoderado y disponiendo la entrega de los títulos al abogado “quien tiene la facultad expresa de recibir”.

Visto lo ocurrido al interior del proceso y, en especial, la intervención directa que en ello tuvo el secretario, resulta bastante particular que este mismo funcionario trate de excluir su responsabilidad en el trámite del pago o que incluso asuma extraña la entrega de títulos ordenada a favor del apoderado de la entidad y no directamente en cabeza de esta, cuando clara y expresamente su informe o certificación advierte que, como correspondía a la función secretarial desempeñada, no solo revisó la documentación presentada por el profesional del derecho, sino que advirtió de entrada —por ello lo dejó constar de manera precisa— que el abogado tenía facultades específicas de recibir los títulos.

De esta manera, si alguna crítica cabe hacer al hecho de ordenar el pago de un título con numeración diferente a aquel que reposaba en el Banco Agrario, ello debe atribuirse a fallas en la constatación realizada por el secretario, aunque finalmente resulte intrascendente para la materialización de la defraudación, pues, como lo sostiene el defensor en su alegato de apelación, con la presentación de las tirillas o certificaciones del Banco Agrario, se constató efectivamente cuáles eran los títulos solicitados.

La Sala advierte que en la acusación vertida contra la funcionaria judicial, jamás se tuvo en consideración el carácter compartimentado —al exterior de la oficina y dentro de la misma—, que signa el manejo de títulos, a cuyo amparo no es posible referenciar como pasible de realizar por la acusada todas y cada una de las múltiples tareas que configuran la expedición, custodia, administración, conciliación y pago de estos.

Así mismo, la naturaleza de la orden de pago, expedida en un auto de “Cúmplase”, de lo cual deriva su falta de notificación, estriba precisamente en que el proceso se hallaba archivado, luego de su terminación por pago a los trabajadores, y se trataba, por ello, de una manifestación de devolución de remanentes o dineros embargados que solo interesaba al peticionario, y constituía, en su esencia, a más de la aceptación de personería a quien se dijo apoderado de la entidad oficial, la orden de pago de los títulos en cuestión.

En igual sentido, carece de soporte legal demandar que la aceptación de personería del abogado supuestamente encomendado por el Invías para cobrar los títulos, fuese notificada o debiera exigir de la revocatoria formal de un profesional del derecho anterior, por la potísima razón que no existía dicho apoderado previo, en tanto, cualquier poder de antaño otorgado por la entidad para asumir su representación judicial en el proceso laboral, culminó materialmente cuando se decretó la terminación por pago y fue dispuesto el archivo.

Esa es la razón, huelga recordar, para que debiera presentar el profesional del derecho ocupado de la defraudación, un poder especial (véase el documento que lo contiene en la estipulación Nº 26), referido exclusivamente al cobro de los títulos judiciales insolutos.

Pero, incluso si se dijera que era menester cualquier tipo de actuación para dejar sin efecto el poder otorgado al abogado durante el proceso culminado, es lo cierto que expresamente el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, determina automática la revocatoria, cuando en su inciso primero detalla:

Terminación del poder. Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquel o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para recursos o gestiones determinados dentro del proceso.

En suma, dentro del espectro funcional examinado, nunca precisó la acusación, o el fallo, cuál en concreto fue la norma o reglamento que incumplió o pasó por alto la procesada, a cuyo tenor omisivo se produjo el resultado dañoso para la administración, aquí representado en el desfalco por la enorme suma de dinero.

En concreto, se limitó el fallo impugnado, además de lo referente a la celeridad en el trámite, el pago al apoderado, la falta de notificación de la orden, la ausencia de revocatoria del poder anterior y la cancelación de un título diferente al expresamente pedido, que ya fueron objeto de análisis en líneas anteriores, a referenciar impropio que la acusada reconfirmara el título de inmediato y que pasara por alto leer o examinar los documentos entregados por su empleado para la autorización del pago.

Respecto de lo primero, la confirmación inmediata del pago, apenas cabe referir que de ninguna manera el trámite propio de la entrega y pago de títulos judiciales, hace radicar en cabeza del juez algún tipo de obligación referida al tema, pues, claramente el Acuerdo 1676 de 2002, ya citado en precedencia, delimita cada una de las actividades que signan la solicitud, orden y efectivo pago de los títulos judiciales, detallando la competencia que cabe titular del despacho, la oficina de apoyo judicial y el Banco Agrario, a cuyo tenor literal fácil se advierte que en cabeza del juez se inscribe la tarea de ordenar el pago a través del correspondiente auto, en disposición que tramita administrativamente la oficina de apoyo judicial y después materializa el Banco Agrario.

De esta manera, a la oficina de apoyo judicial le compete la tarea de verificación —Ac. 1676, num. 19—, y al Banco Agrario, la de confirmación —num. 20—, en curso de la cual, cuando se trata de títulos por valor superior a 15 salarios mínimos legales mensuales, debe acudir personalmente un funcionario del banco, para determinar inconcuso que juez y secretario del despacho sí dieron la orden de pago.

En referencia a lo anotado, cualquier anotación adicional o firmas redundantes que plasmen el juez y el secretario, representa un trámite si se quiere anodino o, cuando menos, ajeno a la tarea que compete al banco, de lo que se sigue obvio que la omisión en cumplir la labor de verificación, no puede ser radicada en cabeza de quienes no poseen la obligación legal o reglamentaria.

En términos de imputación objetiva, entonces, no es posible derivar responsabilidad culposa en la acusada, dado que todos los comportamientos descritos por el despacho a quo se estiman avenidos con la ley o representativos del cumplimiento estricto de la labor funcional a ella asignada.

Por lo demás, carece de trascendencia jurídica afirmar de forma genérica que la acusada fue negligente o que su falta de cuidado condujo a la efectiva materialización de la defraudación, cuando tales manifestaciones no se acompañan de pautas precisas que permitan elucidar efectivamente creado un riesgo jurídicamente desaprobado.

Subsiste, sí, como se anotó al inicio, la afirmación referida a que la procesada desatendió los deberes mínimos contemplados en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en tanto, no leyó o examinó detenidamente los documentos presentados por su empleado para firma, que conducían al pago de los títulos judiciales.

No discute la Sala que efectivamente la Ley 270 de 1996, obliga del funcionario judicial prestar atención a sus labores, que debe realizar eficientemente; y tampoco examinará, como lo propone la defensa, si las pruebas de verdad advierten de la desatención de la funcionaria al momento de firmar la orden de pago.

Sucede que aún de estimarse cubierta esa omisión o negligencia, se torna evidente que el riesgo jurídicamente desaprobado no se concretó en el resultado.

En otras palabras, el examen detallado de los medios utilizados por los defraudadores para hacerse al pago de los dos títulos judiciales, permite advertir inconcuso que aún de haber tomado tiempo la funcionaria para revisar los documentos presentados por su empleado, hubiese tomado la misma determinación de ordenar el pago.

En efecto, como ya se anotó en líneas precedentes, la materialización de la estafa vino precedida de delitos medio completamente idóneos, referidos a los documentos con apariencia de autenticidad presentados por quien se dijo apoderado de la empresa, que contaban con todos los sellos y autenticaciones exigidos por la ley y, además, apelaban a una tramitación procesal por entero legal.

Esos documentos se introdujeron en el despacho y fueron sometidos a la revisión inicial de sus empleados, particularmente el secretario, quien consignó en la certificación o constancia por él firmada, su anuencia absoluta con los términos legales, razón para que diera el visto bueno y facultara de la acusada la correspondiente firma de la orden de pago.

Leer más detenidamente los documentos y, en especial, la constancia del funcionario encargado de la revisión, en nada hubiese cambiado el norte de la tramitación o habría generado decisión distinta a la conocida, pues, además, dichos documentos, incluido el formato pre elaborado de pago, contaban también con el aval del encargado directo de su elaboración, empleado del despacho de su confianza y quien, después se supo por la correspondiente condena penal, actuó maliciosamente en connivencia con los estafadores.

Es que, cabe relevar, la idoneidad de los medios utilizados por los estafadores para llevar a engaño a la administración de justicia, se erigió aquí en el elemento fundamental que condujo al daño patrimonial, y no algún tipo de comportamiento omisivo o negligente de la acusada, pues, realizada una evaluación ex ante de lo que ocurrió con los documentos falsos y el trámite dado dentro del juzgado a la solicitud, es posible verificar, puestos en la misma condición de la funcionaria procesada, que perfectamente cualquier otro juez avisado pudo haber firmado la orden de pago, en seguimiento de las pautas legales que rigen para la materia.

No cree la Corte que una adecuada manera de juzgar el asunto pueda partir de prejuicios fundados en la presunción de error o de criterios basados no en lo que la experiencia enseña de la labor judicial, sino en ideales de perfección sustentados en lo que finalmente ocurrió.

Siempre será posible, en el plano de lo abstracto y cuando los hechos ya se han consumado, advertir que una u otra actividades del funcionario pudieron evitar el daño, o incluso, cual sucede con la sentencia impugnada, pregonar sin precisión fáctica o jurídica que lo sucedido devino de negligencia u omisiones al deber objetivo de cuidado, pues, el resultado se alza como especie de comodín que respalda lo sostenido.

Sin embargo, basta acudir a lo que el día a día judicial enseña, para verificar que de ninguna manera el juez puede, agobiado como se halla por múltiples funciones y labores, advertir todas las complejidades del trámite y dedicar su tiempo a verificar lo que sus empleados, conforme las tareas a ellos asignadas, supuestamente decantaron previamente.

Independientemente del deber de garante que soporta la tarea del juez y a cuyo influjo el principio de confianza aparece inoperante, es lo cierto que la labor de un despacho judicial reclama necesaria la compartimentación de funciones, en el entendido, se repite, que resulta imposible para el director de la oficina verificar personalmente todos y cada uno de los procedimientos que llevan a la expedición de la decisión.

Dentro de este panorama, si se cumplieron los procedimientos que para proferir la orden de pago de títulos judiciales diseñan la ley y los reglamentos, cuando menos en lo que toca a lo asignado al juzgado; y si además se tiene claro que el factor fundamental que condujo a la ilícita apropiación lo fue la intervención de terceros coludados con un empleado del juzgado, quienes a través de documentos falsos con apariencia de verdad, engañaron al juez y al secretario, de ninguna manera puede verificarse, de un lado, que la acusada infringió el deber objetivo de cuidado, o mejor, creó un riesgo jurídicamente desaprobado; o, del otro, que no haber leído con detenimiento los documentos presentados para su firma, produjo el resultado dañoso.

En este sentido, se reitera, no entiende la Sala, ni el tribunal lo justifica, a que se refiere el fallo de primer grado cuando sostiene que la vulneración al deber objetivo de cuidado provino de que la funcionaria omitió “verificar la procedencia del pago de los títulos judiciales”.

El a quo nunca especificó en qué consiste, concretamente, la dicha verificación, o cómo opera la misma, en tanto, lo que legalmente se conoce indica que, en efecto, el apoderado especial del Invías, conforme el poder presentado para el efecto, estaba facultado para reclamar los títulos consignados en el despacho por consecuencia del embargo ocurrido en el proceso ejecutivo archivado.

Ahora, si lo que el tribunal estima es que la titular del despacho debió advertir la falsedad del poder y el fraude que con este se fraguaba, ya el asunto se torna delirante, comoquiera que ni siquiera se ha insinuado la falta de idoneidad de los documentos con apariencia de legítimos.

En fin, que de la alegación final de la Fiscalía y el fallo de primer grado, bien poco se extracta para soportar la condena objeto de impugnación, pero además, lo recogido probatoriamente verifica que el comportamiento de la acusada operó acorde a derecho y que si hubo algún tipo de desatención, ella ninguna influencia tuvo en el resultado dañoso.

En consecuencia, debe significarse completamente atípica su conducta, de lo cual se deriva necesaria la revocatoria del fallo de primer grado para, en lugar de la condena, absolver a la doctora Amparo Disney Vega Mendoza, del cargo que por el delito de peculado culposo le formuló la Fiscalía.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia condenatoria del 10 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta.

2. ABSOLVER a la doctora Amparo Disney Vega Mendoza, del delito de peculado culposo por el cual fue acusada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Carrara, Francesco, Programa de derecho criminal I, Temis, Bogotá, 1996, § 80.

(2) Reyes Echandía, Alfonso, Derecho penal. Parte general, Temis, Bogotá, 1987, pág. 218-222.

(3) Welzel, Hans, Derecho penal alemán. Parte general, Editorial Jurídica de Chile, 1970, pág. 187 y ss.

(4) Cfr. Sentencia de 23 de noviembre de 1995, radicación C9476.

(5) Cfr. Sentencia de 16 de septiembre de 1997, radicación 12655rc.

(6) Cfr. Sentencia de 24 de octubre de 2007, radicación 27325.

(7) Molina Fernández, Fernando, Antijuridicidad penal y sistema de delito, J. M. Bosch, Barcelona, 2001, pág. 378.

(8) Cfr. Sentencias de 4 de abril, 20 de mayo de 2003, y 20 de abril de 2006, radicaciones 12742, 16636 y 22941, respectivamente.

(9) Roxin, Claus, óp. cit., § 24, 45.

(10) Cfr. Sentencia de 20 de mayo de 2003, radicación 16636.

(11) Jakobs, Günther, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 293 y ss.

(12) Roxin, Claus, óp. cit. § 24, 45.

(13) Cfr. Sentencia de 20 de mayo de 2003, radicación 16636.

(14) Roxin, Claus, óp. cit., § 24, 17.

(15) Cfr. Sentencia de 7 de diciembre de 2005, radicación 24696.

(16) En cartilla Reglamento de depósitos judiciales, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, dirección ejecutiva de la rama judicial.