Sentencia 43379 de abril 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación 43379

Aprobado Acta 123

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., abril treinta de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta colegiatura es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la magistrada de control de garantías de la sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá, por cuyo medio denegó la sustitución de la medida de aseguramiento solicitada por Jhon Jairo González Nieto.

Tal como se ha dilucidado en anteriores oportunidades (CSJ AP jun. 19/2013, Rad. 41442), el objetivo de la Ley 975 de 2005 es “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, conforme con el artículo 2º de dicha preceptiva.

La dejación de armas y la incorporación al proceso de justicia y paz pueden originarse en una decisión colectiva, como la surgida de los acuerdos con los grupos paramilitares, o en una individual, como la adoptada por integrantes de organizaciones de autodefensa y de guerrilla que a lo largo de los años se han ido integrando al proceso. Según se trate una u otra, deben seguirse las pautas trazadas en los cánones 10 y 11 de la ley de justicia y paz donde se indican las reglas en cada evento.

Acorde con el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 36 de la Ley 1592 de 2012, desmovilizado individual es aquel “cuyo acto de desmovilización sea certificado por el comité operativo para la dejación de las armas (CODA)” en contraposición con el desmovilizado colectivamente que según el artículo 10 ibídem es el que “se encuentre en listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación” y reúna las condiciones allí previstas.

En ese orden, según el artículo 11 ibídem, las condiciones para acceder a los beneficios de la justicia transicional por parte de quienes dejaron las armas de forma individual, esto es, producto de una decisión personal, autónoma y voluntaria, desligada del proceso de negociación del gobierno con el grupo ilegal al que perteneció, son las siguientes:

“ART. 11.—Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

11.1. Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.

11.2. Que haya suscrito acta de compromiso con el Gobierno Nacional.

11.3. Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional.

11.4. Que cese toda actividad ilícita.

11.5. Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima.

11.6. Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación” (destacado fuera de texto).

(...).

En consecuencia, los desmovilizados en forma individual pueden acogerse al trámite de justicia y paz y optar por el beneficio de la pena alternativa, siempre y cuando cumplan las exigencias previstas en la norma transcrita y sean postulados por el Gobierno Nacional, por manera que dicho acto constituye condición esencial para ingresar a justicia transicional, pues sin él, así se haya producido la desmovilización, no hay posibilidad de acceder a dicha jurisdicción.

En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-015 de 23 de enero de 2014,

4.5.7. En el caso sub examine se cuestiona de manera específica el hito temporal a partir del cual se debe contar los ocho años de reclusión en el establecimiento carcelario. Se argumenta en la demanda que para este cálculo debe tenerse en cuenta todo el tiempo que la persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario. Este argumento es inadmisible en tanto y en cuanto pasa por alto uno de los elementos comunes anotados, el de haber sido miembro de un grupo armado al margen de la ley que se ha desmovilizado. Y es que si no hay desmovilización, no existe fundamento fáctico para aplicar la Ley 975 de 2005 y, por ende, para solicitar la audiencia prevista en el artículo 18 A de esta ley, agregado por el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012. El tiempo que una persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario antes de la desmovilización, es irrelevante para efectos de la Ley 975 de 2005. Y lo es, porque obedecía a la aplicación de la ley ordinaria y no implicaba nada distinto a lo que las demás personas, fuesen o no miembros de tales grupos, experimentaban. En ningún evento es posible, pues, que el hito temporal en comento sea anterior a la fecha de la desmovilización.

4.5.8. De manera deliberada se omitió en su momento aludir a un tercer elemento común de los supuestos de hecho comparados, que es determinante para este caso. En las primeras líneas del primer inciso del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, se precisa que para poder solicitar la sustitución de la aludida medida de aseguramiento, es menester que la persona, además de haberse desmovilizado, haya sido postulada para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005. Este es el sentido unívoco de la norma al decir: “El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad (...)”. Con esta precisión normativa, es evidente que en ningún caso los ocho años de permanencia en un establecimiento carcelario pueden contarse antes de que la persona haya sido postulada para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005. En el caso de las personas postuladas que se desmovilicen estando en libertad, este término se cuenta a partir de su posterior reclusión en establecimiento carcelario. En el caso de las personas postuladas cuyo grupo se desmovilice, y estén en ese momento privadas de su libertad, este término se cuenta a partir de su postulación. No es, pues, la mera circunstancia de estar recluido en un establecimiento carcelario la determinante para fijar el hito temporal, sino que, por el contrario, lo verdaderamente relevante es la confluencia de esta circunstancia con las de la postulación y la desmovilización.

4.5.9. El que en el caso de las personas que se encontraban libres el término comience a partir de su reclusión en el establecimiento carcelario, previa su postulación y desmovilización, es apenas una consecuencia lógica de su anterior estado de libertad, pues no sería posible contar ningún tiempo anterior por sustracción de materia. En el caso de las personas que estaban recluidas en el establecimiento carcelario, sin haber sido postuladas y sin haberse desmovilizado el grupo al que pertenecían, no habría ningún fundamento para aplicarles la Ley 975 de 2005, de la cual hace parte la norma demandada, hasta que tanto no sean postuladas y se desmovilice dicho grupo. La secuencia lógica en el primer evento es: postulación y desmovilización previas, reclusión posterior, mientras que en el segundo evento es: reclusión previa, postulación y desmovilización posterior. Y es que en el primer evento la reclusión es posterior en el tiempo, en tanto resulta ser una consecuencia de la postulación y de la desmovilización, porque la persona se somete a la justicia estando libre; mientras que en el segundo evento la reclusión es anterior en el tiempo, en tanto resulta ser una consecuencia de la acción de la justicia, que obró a pesar de la voluntad de la persona e incluso en contra de ella y que, en realidad, la sometió (destacados propios).

Entonces, en los eventos donde la dejación de armas fue individual, el momento a partir del cual el desmovilizado puede acceder a los beneficios de la ley de justicia y paz es el de la postulación por parte del Gobierno Nacional, pues solo desde entonces adquiere la expectativa razonable de obtener el beneficio de la pena alternativa.

Lo anterior aun considerando las precisiones del artículo 38 del Decreto Reglamentario 3011 del 26 de diciembre de 2013, por cuanto en ellas se recogen los criterios jurisprudenciales decantados en torno al artículo 18 A(1), sin que resulte viable pregonar su favorabilidad respecto de la ley que reglamenta, como lo aduce el impugnante, pues ello constituye un contrasentido en la medida que ese tipo de decretos no puede alterar o modificar el contenido de la ley reglamentada.

Los decretos reglamentarios, establecidas en el artículo 189-11 superior, carecen de fuerza de ley por tratarse de simples actos administrativos sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, en la medida que con ellos el ejecutivo ejerce la potestad reglamentaria de las leyes para su cabal ejecución (C-979 nov. 13/2002).

En consecuencia, la hermenéutica del numeral 2º del artículo 38 ibídem que se ajusta al contenido del artículo 18A de la Ley 975 de 2005 y a la interpretación de la Corte Constitucional, implica que el decreto reglamentario no establece nuevas hipótesis fácticas sobre la forma como debe contarse el término de 8 años para la sustitución de la medida de aseguramiento: simplemente dilucida cómo debe determinarse el tiempo de reclusión en una de las hipótesis fácticas de la desmovilización colectiva. Por ende, no se refiere a la dejación de armas de carácter individual, la cual está regulada en el inciso 5º de la citada preceptiva.

En efecto, se repite, el numeral 2º no está dirigido a los eventos de desmovilización individual sino exclusivamente a la desmovilización colectiva llevada a cabo antes del 25 de julio de 2005. Ello porque muchos bloques y frentes de grupos organizados al margen de la ley, como consecuencia de los diálogos con el Gobierno Nacional, dejaron las armas con antelación a la expedición de la ley y sus integrantes quedaron en libertad hasta que la autoridad judicial competente dispuso su reclusión en centros penitenciarios sometidos a las reglas del Inpec, también antes de la promulgación de dicha normatividad y, por ello, se precisa que en ningún caso el término puede ser anterior a la expedición de la ley.

Lo anterior, además, porque con amplitud la Corporación ha explicado (CSJ AP feb. 24/2009, Rad. 30999; mar. 6/2013, Rad. 40603) cómo la dejación de armas realizada al amparo de la Ley 782 de 2002 difiere de la realizada a la luz de la Ley 975 de 2005, de forma que la desmovilización individual al amparo de ese estatuto no permite acceder en forma automática a la ley de justicia y paz, siendo indispensable la postulación del Gobierno Nacional como condición sine qua non.

Aún más, cuando el grupo ilegal permanece alzado en armas solo puede hablarse de desmovilización individual y, acorde con las reglas previstas en el compendio normativo de la justicia transicional, los ocho años se contabilizan a partir de la postulación, pues solo entonces se adquiere la expectativa de acceder a los beneficios de la justicia transicional.

En el anterior contexto, la Sala reafirma cómo la interpretación sistemática del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, reglamentada en el canon 38 del Decreto 3011 de 2013, implica que para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, el postulado debe haber estado detenido mínimo 8 años en centro de reclusión sujeto a las reglas de control penitenciario, así:

En los eventos de desmovilización colectiva, desde el inicio de la privación de la libertad en centro de reclusión sujeto a las reglas de control penitenciario, cuando el postulado se hallaba libre al momento de la dejación de armas de la estructura armada a la que perteneció, fecha que en todo caso deberá ser concomitante o posterior a la expedición de la Ley 975 de 2005.

Y a partir de la postulación por el Gobierno Nacional en todos los eventos de desmovilización individual, sea que el grupo al que perteneció el desmovilizado haya desaparecido, haya abandonado las armas o permanezca en el uso ilegal de las mismas, con independencia de que se hubiese entregado con antelación al amparo de otros ordenamientos jurídicos como el contendido en la Ley 782 de 2002.

Del caso concreto

Según se infiere de los documentos anexos al expediente y de las intervenciones de las partes en la audiencia respectiva, Jhon Jairo González Nieto,

i) Se desmovilizó individualmente del frente 1º de las FARC el 10 de diciembre de 2002 a fin de obtener los beneficios de la Ley 782 de ese año.

ii) El 11 de diciembre de 2003 el CODA certificó su desmovilización individual.

iii) Fue condenado el 25 de agosto de 2006 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio por los delitos de homicidio, terrorismo, secuestro extorsivo y hurto, decisión modificada por el Tribunal Superior de Villavicencio el 1º de junio de 2009, que fijó la pena en 25 años y 10 meses de prisión.

iv) Solicitó ingresar a justicia y paz mediante oficio del 6 de noviembre de 2007, siendo efectivamente postulado por el Gobierno Nacional el 19 de agosto de 2009.

El anterior recuento fáctico permite evidenciar cómo Jhon Jairo González Nieto se desmovilizó de un grupo armado al margen de la ley que aún permanece alzado en armas. Por tanto, solo hasta su postulación adquirió la expectativa de obtener los beneficios de la ley de justicia y paz, por manera que ese es el hito a partir del cual debe contarse el término de 8 años para la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva de que trata el artículo 18 A de la Ley 1592 de 2012.

En consecuencia, el peticionario no satisface la exigencia fundamental contenida en dicha preceptiva para obtener la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad y por ello se confirmará la decisión confutada.

Por último, en torno al debate suscitado sobre el aporte de las certificaciones mencionadas en el artículo 37 del decreto reglamentario, la Sala reafirma que constituye deber del postulado y de su defensor demostrar la concurrencia de todas y cada una de las exigencias que debe cumplir para obtener la sustitución de la medida de aseguramiento (CSJ AP 14 febrero 2013, Rad. 40508 y 29 mayo 20013, Rad. 40561). No obstante, la concurrencia de los requisitos enlistados en el artículo 18 A debe ponderarse sin el rigorismo excesivo consagrado en la reglamentación, tal como lo señaló la Sala en pretérita oportunidad (CSJ AP 9 abril 2013, Rad. 43178).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del 7 de marzo de 2014 emitida por la magistrada de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá, conforme a los argumentos expuestos.

2. DEVOLVER la actuación al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede el recurso alguno

Notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Fernando Alberto Castro Caballero—José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Eugenio Fernández Carlier—María Del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuellar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) De la Ley 975 de 2005, adicionado por el canon 19 de la Ley 1592 de 2012.