Sentencia 43427 de julio 10 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43427

Acta Nº 24

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El tribunal estimó “que la relación laboral y su terminación tuvieron ocurrencia con anterioridad a la Ley 100 de 1993, por lo tanto la normatividad aplicable al caso es la vigente antes del sistema integral de seguridad social, sin que por ello se sostenga, como equivocadamente lo razonó la juez de primera instancia, que es la Ley 50 de 1990 por haber modificado la Ley 171 de 1961, debe tenerse en cuenta que por dicha disposición desde 1961 regulaba la pensión en los dos sectores, y la Ley 50 solo la modificó en lo que tiene que ver con los trabajadores privados, quedando vigente para el sector publico (sic) a quienes no se les aplica la citada Ley 50 de 1990, como ya en reiteradas oportunidades lo ha precisado la Sala Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de julio 10 de 1996 con Radicación 8428” (fl. 393).

Por su parte la recurrente en casación reprocha que el tribunal la hubiese condenado a pagar al demandante la pensión sanción prevista en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, por estimar que debió aplicar el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, en razón de que aquel cumplió la edad requerida para el efecto en vigencia de esta última normatividad y era afiliado al Instituto de Seguros Sociales.

En torno de la denominada figura de la pensión sanción la jurisprudencia laboral, de manera uniforme y reiterada, ha sostenido que aquella se causa al momento en que el trabajador es desvinculado sin justa causa, previa aclaración de que el cumplimiento de la edad es solo una condición de exigibilidad de su pago, de modo que la derogatoria de los preceptos que regulaban esa prestación para trabajadores oficiales, como el demandante, no afecta las situaciones que se consolidaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Al respecto conviene recordar lo que expresó esta Sala de la Corte en la sentencia de 31 de marzo de 2009, Radicación 36224, a la que pertenece el siguiente fragmento:

“Frente al primer planteamiento, la Corte ha manifestado de manera reiterada que la pensión sanción, regulada en la norma antes citada, se causa a partir de la fecha del despido, es decir, en el caso sub judice el 31 de enero de 1990, siendo el cumplimiento de la edad una condición para su exigibilidad, pero en ningún modo este evento es la configuración del derecho”.

Vistas así las cosas el tribunal no incurrió en los dislates jurídicos que la impugnante le endilga en el ataque, por cuanto la exégesis plasmada en el fragmento de la sentencia reproducido consulta los antecedentes jurisprudenciales y el sentido de los preceptos denunciados.

El cargo, en consecuencia, no sale avante.

Cargo segundo:

Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, los artículos 70 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 67, 68 y 69, ibídem, 1491 y 1602 del Código Civil.

Para su demostración afirma que ese juzgador incurrió en los siguientes errores de hecho, que califica como manifiestos:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que en el acuerdo de sustitución patronal entre Electranta y Electricaribe (fls. 28 a 43), concretamente en los folios 33, 34 y 35, expresamente se convino que Electranta asumiría el 90% del valor de las condenas judiciales dictadas en procesos de carácter laboral originados en demandas que, a partir de la fecha efectiva de la sustitución, presente un trabajador o un pensionado contra Electricaribe por hechos u omisiones ocurridos con anterioridad a la fecha de sustitución.

“2. No dar por demostrado, estándolo, que solo el 10% del valor de las condenas judiciales antes referidas está a cargo de Electranta (sic)”.

Dice que esos yerros se produjeron por la equivocada estimación del convenio de sustitución patronal, especialmente las cláusulas 3 y 4 (fls. 28 a 43 y 116 a 130).

Para su demostración asevera que el tribunal valoró el convenio de folios 33 a 35 y 120 a 121, del que transcribe las cláusulas 3 numeral 2º, y 4 numeral 2º, y añade que entre Electranta y Electricaribe se produjo una sustitución patronal con efectividad a partir de 16 de agosto de 1998, por lo que la condena impuesta es posterior a la denominada “fecha efectiva”.

Explica que pese a haber considerado ese convenio el ad quem incurrió en el error de apreciación de no haber dado por establecido que la obligación contraída por Electranta, materia de la condena, tuvo su génesis en un contrato de trabajo que se ejecutó íntegramente entre el 7 de abril de 1971 y el 30 de septiembre de 1981, es decir, antes de la sustitución patronal, y no vio en él cómo las demandadas asumieron proporcionalmente las obligaciones laborales, en los términos de las cláusulas a que aluden los numerales 2º y 3º.

Sostiene que el ad quem vulneró el artículo 70 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual reproduce, y agrega “que la figura de la sustitución de empleadores implica que el nuevo empleador, frente a los trabajadores asume solidariamente las obligaciones del antiguo causadas antes de la fecha efectiva, sin perjuicio de que si el nuevo empleador las reconoce, pueda repetir contra el antiguo”, por lo que la condena que le impuso debe incluir a Electranta en el 90%, tal como lo estipularon el antiguo y nuevo empleador en el convenio de sustitución patronal (fls. 28 a 43 y 116 a 130), particularmente las cláusulas 3 y 4 de ese acuerdo.

Asevera que en los términos del artículo 70 del Código Sustantivo del Trabajo el antiguo y nuevo empleador pueden acordar modificaciones, lo que no afecta a los trabajadores, sin que exista razón para que ese juzgador hubiese desconocido el referido acuerdo, máxime cuando existe evidencia del cumplimiento del nuevo patrono respecto de las exigencias convenidas, al tenor de lo previsto en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, para que se resuelva en el mismo proceso lo que las partes del convenio acordaron.

Consideraciones de la Corte

En los casos de sustitución de patronos, las obligaciones del antiguo y el nuevo empleador frente a sus trabajadores, se encuentran establecidas en el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo y, especialmente, en lo que respecta a los pensionados, dispone el ordinal 3º de esa norma, lo siguiente:

“3. En los casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa sustitución deben ser cubiertas por el nuevo patrono, pero éste puede repetir contra el antiguo”.

Por su parte, el artículo 70 del mismo ordenamiento, dispone que:

“El antiguo y el nuevo patrono pueden acordar modificaciones de sus propias relaciones, pero los acuerdos no afectan los derechos consagrados en favor de los trabajadores en el artículo anterior”.

En el presente caso, aunque como lo señala la recurrente, entre el anterior empleador y el nuevo hubo un convenio de sustitución patronal, en donde éstos establecieron unas reglas diferentes para las obligaciones surgidas con anterioridad al 16 de agosto de 1998, la verdad es que ese convenio solo tiene efectos entre los contratantes, de modo que no afecta al actor y, por lo tanto, conforme al ordinal 3º del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, es al nuevo empleador, esto es, Electricaribe S. A. ESP, a quien corresponde asumir el pago de la pensión, pues éste fue ordenado por el tribunal a partir del 28 de noviembre de 1998, posterior a la fecha fijada por las partes para la sustitución patronal. Lo anterior sin perjuicio de que la entidad pagadora pueda repetir contra la entidad sustituida, en la forma establecida en el acuerdo, de asistirle tal derecho.

Por otro lado, debe señalarse que aunque la demandada Electricaribe S.A. ESP, en su oportunidad hizo el llamamiento en garantía de su codemandada Electrificadora del Atlántico S.A. ESP, tal llamamiento no fue aceptado por el a quo, de modo que en el fallo no había que regular las relaciones entre el llamante y el llamado, por lo que tampoco incurrió el tribunal en ninguna omisión por este aspecto.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Cargo tercero:

Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por aplicación indebida, los artículos 8º de la Ley 171 de 1961, en su versión original, 378 de la Ley 50 de 1990, 11, 14, 21, 35 y 133 de la Ley 100 de 1993, 1530, 1536, 1537, 1539, 1542, 1613 a 1617, 1626 y 1927 del Código Civil, y 53 de la Constitución Política.

Para su demostración dice que el ad quem, en la sentencia recurrida, le ordenó pagar la pensión sanción “debidamente indexada” y copia un breve pasaje de la Sentencia C-891 de 1º de noviembre de 2006, para luego expresar que la Corte Suprema de Justicia, en sentencias de 20 de abril de 2007, Radicación 29470, 28 de mayo de 2007, Radicación 27242, 26 de junio de 2007, Radicación 28452, y 31 de julio de 2007, Radicación 29022, modificó su posición y señaló que el ingreso base de liquidación de las pensiones causadas a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991 deben actualizarse.

Afirma no discrepar de lo que halló probado el juzgador de segundo grado, es decir, que el contrato de trabajo que hubo entre las partes terminó el 21 de septiembre de 1981, después de 10 años de servicios, con vigencia anterior a la Constitución Política de 1991, por lo que no hay “indexación” para esa pensión.

Insiste en que si se pretendiera aplicar la versión del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, vigente el 28 de noviembre de 1998, tendría que considerarse lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, en cuyo caso habría que absolverla porque no cabe aplicar pensión sanción en la fecha de terminación del contrato cuando el trabajador está afiliado al Instituto de Seguros Sociales, como en efecto ocurrió.

Reitera que no hay lugar a aplicar el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 sino la versión original del 8 de la Ley 171 de 1961, y que este fue aplicado indebidamente al fulminar el ad quem una “indexación” no prevista en ese precepto, sobre la cual tampoco existe sustento constitucional, como lo ha sostenido la Corte.

Consideraciones de la Corte

La censura controvierte la decisión del ad quem por haber ordenado indexar el ingreso base de liquidación de la pensión sanción del demandante, en razón de que ella se causó antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991.

Al respecto cumple anotar que le asiste razón a la impugnante, al señalar que el tribunal se equivocó al condenarla a pagar, indexada, la pensión sanción ordenada, como se advierte de lo que expresó esta Sala de la Corte en la sentencia de 31 de marzo de 2009, Radicación 36649:

“En cuanto al recurso formulado, le asiste razón al recurrente en su premisa de que la Corte ha ordenado la indexación de la primera mesada de pensiones legales en virtud de la Constitución de 1991, pero, que dicha actualización es predicada solo para las pensiones causadas en vigencia de dicha constitución y no en fechas anteriores, como sería el sub examine donde la pensión se causó desde el 21 de noviembre de 1988. Cabe destacar, entre otras, las sentencias con Radicado 31277, y más recientemente en el 2009 las de Radicación 33531, 34082 y 36194, en las que la Sala Laboral dijo que:

“Lo anterior es suficiente para establecer que esta Sala ha modificado, en razón a las sentencias aludidas, su criterio en torno a la procedencia de la corrección monetaria al valor de la primera mesada pensional, de origen legal o convencional, como en el caso bajo examen; pero en el contexto jurídico de la vigencia de la Carta de 1991, en virtud a la estirpe constitucional de los fundamentos en los cuales se levanta la decisión y a partir del momento en el que surge a la vida jurídica, 7 de julio de 1991.

“En el sub lite se establece que la pensión de la cual es acreedor el recurrente fue reconocida por la demandada en octubre 17 de 1983, a partir del 8 de enero de 1979, es decir con anterioridad a la vigencia de la norma constitucional que consagra el derecho reclamado.

“En consecuencia y por no corresponder al demandante la indexación pretendida, el tribunal no se equivoca y la acusación no prospera”.

En conformidad con el criterio jurisprudencial plasmado en la sentencia trascrita, es claro que el tribunal incurrió en la aplicación indebida que le reprocha la censura, al ordenar la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión sanción reconocida al demandante, toda vez que esta se causó antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991.

En consecuencia se casará parcialmente la sentencia impugnada, pero solo en cuanto condenó a indexar la pensión sanción proporcional reconocida al demandante, y no la casará en lo demás.

En sede de instancia son suficientes las razones esgrimidas en la etapa de casación para confirmar parcialmente la sentencia del a quo en cuanto absolvió de la pretensión de indexación de la primera mesada pensional.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral de Descongestión, de fecha 30 de junio de 2009, proferida en el proceso ordinario que Juan Pablo Manotas Gaitán le sigue a Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe S.A. ESP” y Electrificadora del Atlántico S.A. ESP, pero solo en cuanto revocó la decisión absolutoria de primer grado para condenar a la demandada a pagar la indexación de la primera mesada de la pensión sanción. NO LA CASA en lo demás.

En sede de instancia confirma parcialmente la sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, de fecha 15 de junio de 2004, en cuanto absolvió de la pretensión de indexación de la primera mesada pensional.

Sin costas en casación, dada la prosperidad parcial del recurso.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».