Sentencia 43446 de noviembre 19 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43446

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

SL 828-2013

Acta 38

Bogotá, D. C., diecinueve de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Propuesto por el demandado, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte; pretende que se case totalmente la sentencia del Tribunal, y en instancia, confirme la del a quo, proveyendo sobre costas como corresponda. En subsidio, que se case parcialmente la providencia impugnada, y en instancia, modifique la de primer grado y declare que la demandante tiene derecho al acrecimiento de la pensión desde el 16 de febrero de 2002.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formuló un cargo principal y dos “subsidiarios” que no fueron replicados.

Cargo primero

Textualmente lo plantea así: “Acuso la sentencia de violar por vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 14 y 16 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado mediante Decreto 3041 del mismo año; artículo 230 de la Constitución Nacional; lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 28 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 del mismo año”.

Expone que el Tribunal, a pesar de indicar que para la fecha en que murió el pensionado se encontraba vigente el Acuerdo 224 de 1966, aprobado mediante el Decreto 3041 del mismo año, no aplicó dicha normatividad, y concedió el reajuste pensional según el Acuerdo 49 de 1990, no obstante que el asunto debió resolverlo a la luz de los artículos 21 a 23 del primero de los acuerdos mencionados; que también pasó por alto el fallador, los artículos 14 y 16 del C.S.T., en cuanto disponen que las normas que regulan el trabajo humano son de orden público y su efecto es general e inmediato, por lo cual reitera que los preceptos aplicables al caso eran los vigentes al momento en que se causó la pensión.

Se considera

Conforme a la vía directa por la que se dirige el cargo, no se discute sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que el Instituto de Seguros Sociales hizo tanto a la demandante como a Jorge Eduardo Londoño Restrepo, a través de la Resolución 3001 de 1989, en su condición de beneficiarios del pensionado fallecido Jorge Eduardo Londoño Londoño, a partir del 13 de febrero del citado año.

Tampoco genera controversia que cuando se extinguió el derecho de la cuota parte de la pensión que recibía Restrepo Londoño (sic) por el cumplimiento de su mayoría de edad, la demandada le negó a la actora la reclamación que hizo del acrecimiento de su prestación económica, prevalida de que no tenía razón por cuanto las normas vigentes al momento del fallecimiento del pensionado no contemplaban esa posibilidad.

En las condiciones anteriores, la discusión se centra, en primer lugar, en determinar si a pesar de que el derecho de la demandante a recibir la pensión de sobrevivientes se causó en vigencia del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, a raíz del fallecimiento del pensionado, es posible que la cuota parte que recibía su hijo Jorge Eduardo, se agregue a la suya, bajo la tesis de que si aquel llegó a la mayoría de edad el 23 de julio de 1990, es el Acuerdo 49 de 1990 el que regula la situación.

Al respecto cabe señalar que la jurisprudencia de esta Sala de la Corte ha sido enfática, en que al ser la pensión de sobrevivientes un derecho derivado, y en esta específica circunstancia una sustitución de la prestación adquirida, la legislación que debe resolver la controversia es la que estaba en vigor al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, sin que sea dable predicar que la normativa que gobierna el caso es la que corresponde al momento en que se extinguió el derecho de uno de los beneficiarios, como lo pregonó el ad quem, pues es evidente que esa nueva disposición no puede alterar o incidir una garantía consolidada en una norma anterior.

En tal sentido no era posible, en los términos que hizo el juez de apelación, acudir a dicha teoría, y escindir la ley, para acoplarla a la controversia, dado que ello altera el espíritu y la cohesión del ordenamiento jurídico y entraña una dificultad adicional y evidente, pues la pensión de sobrevivientes estaría sujeta a la modificación ulterior, proporcional al número de beneficiarios, en tanto según la fecha en que cada uno de ellos extinga su derecho, se regularían los de los demás, aspecto nocivo que no se aviene a la filosofía que inspira el derecho.

Analizar de manera fraccionada, en proporción de cada beneficiario, implica además afectar las reglas respecto de las cuales se les reconoció a los otros, sin justificación, de allí que el Tribunal no podía remitirse a lo dispuesto por el Acuerdo 49 de 1990 para resolver la controversia.

Sin embargo, aunque fundada la acusación, lo cierto es que la Sala llegaría a la misma conclusión absolutoria, pero basada en los siguientes argumentos:

La incorporación paulatina de la población a un régimen asegurador que se previó, en principio, para garantizar principalmente la cobertura de las contingencias de la vida en sociedad, a los trabajadores y a sus familias, se patentizó con la expedición de la Ley 90 de 1946 en la que se intentó recoger una legislación dispersa, lo que tuvo como resultado la adopción de un modelo asegurador, caracterizado porque su estructura, como se anotó, se circunscribió a la protección, preeminentemente de los asalariados y de su núcleo familiar.

Una de las primeras manifestaciones, de ese primer Estatuto Orgánico, fue la de contemplar la división de las pensiones causadas por la muerte del asegurado, en tanto preveía la de viudedad y la de orfandad, y contemplaba la posibilidad de que los ascendientes dependientes alcanzaran un porcentaje de la prestación, junto con los otros beneficiarios.

Por ejemplo, la regla que se planteaba cuando la muerte acaecía por accidente o enfermedad profesional era la de que la “renta vitalicia” percibida se legaría siempre a la viuda en distintos porcentajes que eran variables si era o no inválida, dado que en el primer caso le correspondía el 30% y en el restante el 25%; a los hijos que quedaran solo “huérfanos de padre o madre” se les otorgaba el 15% del salario base y a los “huérfanos de padre y madre”, el 25%.

La normativa, obviamente previó que si tales porcentajes, sumados, excedían el 100% de la prestación, debían reducirse proporcionalmente y que, por el contrario cuando no alcanzaran tal medida era admisible que los ascendientes que dependían exclusivamente del asegurado, tuvieran derecho, por partes iguales “y por cabeza a la fracción disponible de dicha pensión, sin que ninguno de ellos pueda recibir una renta superior al veinte por ciento (20%) del salario de base del difunto”, es decir, su finalidad no fue otra que la de proteger a todo el núcleo familiar dividiendo la totalidad de la masa pensional del asegurado.

El Decreto 3041 de 1966 acuñó tiempo después, el término de “pensión de sobrevivientes”, y contempló, en su artículo 21, que serían beneficiarios la cónyuge y los hijos, variando la ecuación porcentual, en tanto a la primera le asignó el 50% y a cada hijo con derecho el 20% de la pensión de invalidez o de vejez, del causante y dispuso que a los “huérfanos de padre y madre” se les asignaría el 30%.

El referido precepto 21 nada contempló respecto del acrecimiento pensional, en la medida en que únicamente enlistó las eventualidades que podían acontecer al momento del reclamo de la prestación, siendo que en algunos de tales casos únicamente podría concurrir la viuda, o simplemente los hijos.

Por su parte el artículo 23 de la reseñada disposición, al que se ha acudido para predicar sobre la imposibilidad de acrecer en todos los casos regulados por el decreto es como sigue: “Si las pensiones de sobrevivientes atribuidas a los beneficiarios de un mismo causante han sido reducidas proporcionalmente por aplicación de lo dispuesto en la primera parte del artículo 61 de la Ley 90 de 1946, y luego se redujere posteriormente al grupo de beneficiarios por muerte o extinción del derecho de cualquiera de sus integrantes, el monto de la pensión disponible por este motivo crecerá proporcionalmente a las pensiones de los beneficiarios restantes sin que tales pensiones reajustadas puedan sobrepasar las cuantías porcentuales indicadas en el artículo 21 de este reglamento”.

La lectura de tal disposición lleva a predicar que la restricción de los porcentajes solo está dada en el caso en que la pensión de sobrevivientes se hubiese reducido proporcionalmente; ello significa que se aplica únicamente en los eventos en que dado el número de beneficiarios de la prestación, todos sumados, alcanzaran un porcentaje superior al 100%, en tanto lo que el artículo 61 de la Ley 90 de 1946 contemplaba era que en ese caso se debía reducir proporcionalmente a todos su derecho, el cual se recobraría paulatinamente a medida en que se fuera extinguiendo, fuera por muerte, o por haber llegado a la edad límite, en el caso de los hijos.

Lo que de allí se deriva es que esa fórmula procuró proteger a la familia en su conjunto, específicamente a los hijos, pues garantizaba que por número, estos podrían disminuir el valor de la pensión de la viuda, sin que ello mantuviera un porcentaje fijo lo que resguardaba cierta equidad en los núcleos caracterizaos por hijos numerosos; ello tiene una explicación, pues esa normativa fue una acción afirmativa que equiparó los derechos de los descendientes con los extramatrimoniales, anteriormente llamados naturales, pues los incorporó sin distinción como beneficiarios.

Tal premisa jurídica está edificada, no obstante, en que se divida el 100% de la pensión entre los múltiples beneficiarios al punto que, como se vio, se hace necesario su reducción proporcional.

Ahora bien en lo que existe vacío es en el quehacer cuando queda un porcentaje sin adjudicar, esto es, cuando los beneficiarios sumados sus porcentajes no superan el 100% del valor de la pensión, sea porque solo esté la cónyuge, o esta y un hijo huérfano, o cualquier otra eventualidad, pues no es legítimo, proporcional, ni menos lógico que esa porción se pierda, ni pudo ser el propósito de la norma, menos del sistema general de protección al trabajador y a su familia, máxime cuando lo que se ampara es la contingencia de que estos hayan quedado desprovistos de la ayuda, en todos los órdenes de la vida, que les daba el afiliado o pensionado.

Incluso, si se acude al artículo 25 del plurimencionado Decreto 3041 de 1966, se evidencia que allí lo que se pregona es que esos porcentajes de las pensiones de “viudez y de orfandad” de 50% si se es cónyuge, 20% si se es hijo huérfano de padre y madre, o 30% si se es huérfano de ambos, no podían nunca disminuirse como se explicó, salvo cuando los beneficiarios superan el 100% asegurado en ambos eventos la imposibilidad de que recibieran una cuota mínima en cada caso.

En tal sentido la hermenéutica favorable que considera esta Corte debe darse es la de que, en esas circunstancias, es decir cuando quienes comparezcan no alcanzaron el 100% los beneficiarios mantenían el porcentaje del artículo 21, pero la proporción excedente, es decir la que está sin adjudicar debía repartirse proporcionalmente entre ellos, ecuación que varía en cada evento y que en modo alguno implicaría la pérdida de una parte de la prestación cuando esta quedara sin beneficiario pues contraría la naturaleza de la pensión, y de hecho de que debe haber un acrecimiento proporcional.

Así las cosas y comoquiera que el resultado final de esta ecuación no se distancia a la (sic) que finalmente se adoptó en la determinación acusada, es por lo que el cargo es fundado, pero no prospera.

Segundo cargo

Lo expuso así: “Por la vía directa acuso la sentencia recurrida de violar por aplicación indebida el artículo 50 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año; la infracción directa del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; violaciones que lo condujeron a la aplicación indebida, por darle alcance que no tiene al artículo 28 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año”.

Destacó que teniendo en cuenta la modalidad del cargo no discute los aspectos relacionados con que la pensión otorgada a la demandante y a su hijo ocurrió en el año 1989, que la reclamación administrativa tuvo lugar el 11 de septiembre de 2000, y que la demanda se presentó el 16 de diciembre de 2005.

Adujo que la norma llamada a regular lo concerniente a la prescripción y que no fue observada por el Tribunal, era el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual de manera clara establece que “las acciones que emanen de leyes sociales prescribirán en tres años”, por lo que como el derecho pretendido es un reajuste pensional que tiene carácter de social, era necesario aplicar dicha preceptiva, tal como lo ha señalado la Corte en la sentencia del 22 de agosto de 2005, radicación 25426, cuyo aparte pertinente transcribió.

Concluyó, que la anterior violación condujo a la aplicación indebida del artículo 28 del Acuerdo 49 de 1990, por cuanto al concebir el término de prescripción de 4 años y ordenar la cancelación del retroactivo a partir del 16 de diciembre de 2001, extendió el pago de la obligación a unas mesadas ya prescritas, que excede el alcance de la disposición.

Tercer cargo

Denunció por la vía directa y en la modalidad de aplicación indebida las mismas normas que se relacionaron en el cargo anterior, solo que indicó que tales violaciones condujeron a la interpretación errónea del artículo 28 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 de ese año.

En el desarrollo del cargo exhibió iguales argumentos a los expuestos en la acusación que antecede, solo que su dialéctica la adecúa a la modalidad de violación de la interpretación equivocada de tales preceptivos, lo cual hace innecesario reproducirlos.

Se considera

Tal como lo pone de presente el recurrente, y según la vía de ataque seleccionada, no se discute que la reclamación administrativa tuvo lugar el 11 de septiembre de 2000 y la presentación de la demandada el 16 de diciembre de 2005; es así como, lo que genera el distanciamiento del censor con la sentencia recurrida, gira única y exclusivamente en torno a la norma que debió aplicarse para efectos de la prescripción de los reajustes pretendidos por la demandante, esto es, si el término de extinción de esos derechos corresponde al de 3 años como lo aduce el impugnante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, o si por el contrario, es de 4 años como lo dedujo el Tribunal, en virtud al 50 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Razón le asiste a la entidad recurrente en cuanto aduce que la norma llamada a regular lo concerniente a la prescripción de los reajustes reclamados en este proceso, es de 3 años con arreglo a lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad, y no de 4 como equivocadamente lo infirió el sentenciador de alzada al aplicar indebidamente el artículo 50 del Acuerdo 49 de 1990, en tanto que tiene definida la Corte que esta última normativa opera solo para reclamaciones ante el ISS mas no para efectos de accionar ante los jueces.

En efecto, en la sentencia del 10 de marzo de 2009, con radicado 35506, reiterada en la del 23 de octubre de 2012, radicación 46312, esta Sala dijo sobre el particular:

“Al respecto se ha de precisar que tiene sentado la Corte el criterio de que la prescripción del artículo 50 del Acuerdo 49 de 1990, opera para las reclamaciones ante el Instituto de Seguros Sociales y no para acudir ante la justicia ordinaria laboral, toda vez que en este último evento se aplica el término de prescripción de tres años previsto en los artículos 448 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

“En sentencia de 25 de julio de 2002, rad. Nº 17771, reiterada recientemente en fallo de 5 de noviembre de 2008, rad. Nº 32749, sostuvo la Sala textualmente:

‘No obstante el contenido de las disposiciones acusadas que establecen una prescripción de 4 años para el reconocimiento de la mesada pensional, estima la Corte que no son las que gobiernan el tema que se debate, pues debe entenderse que tal regulación impera frente a reclamaciones ante el ISS, pero no, como en el presente caso en que son de aplicación los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P. del T., que son las normas que regulan la prescripción para las acciones judiciales, las cuales no fueron denunciadas en el cargo’”.

De acuerdo con lo destacado, no hay duda de que el tribunal infringió los preceptos legales denunciados al aplicar la prescripción de 4 años prevista para los trámites administrativos del ISS y no el término trienal previsto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

Por lo visto, el cargo prospera y por consiguiente, se casará parcialmente la sentencia acusada en lo que respecta a la fecha de efectividad de las condenas por reajustes pensionales.

En instancia, a más de ser suficientes las anteriores consideraciones, se tiene que la reclamación administrativa se efectuó el 11 de septiembre de 2000 y la demanda se presentó el 16 de diciembre de 2005, luego la prescripción de los incrementos deducidos por concepto del derecho de acrecer, corresponde a los que se hubieren causado antes del 16 de diciembre de 2002, por lo que la condena por concepto de los retroactivos será a partir del 17 del mismo mes y año, y de ese modo, se mantiene la información del fallo de primer grado con la modificación de la fecha desde la cual operó el fenómeno prescriptivo.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Según la petición que obra a folios 44 a 45 del cuaderno de la Corte, acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías Colpensiones, en los términos del artículo 60 del C.P.C., aplicable a los procesos laborales y de la Seguridad Social, por expresa remisión del artículo 145 del C.PL. y la S.S.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 30 de abril de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Margarita Restrepo de Londoño contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto condenó al pago de la pensión de sobrevivientes a la demandante por virtud del acrecimiento, a partir del 16 de diciembre de 2001, para en su lugar, disponer que se haga desde el 17 del mismo mes de 2002; se declaran extinguidas las mesadas anteriores por la prescripción. En ese sentido se mantiene la revocatoria del fallo de primera instancia, pero en los términos aquí dispuestos.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».